Sala de Prensa

127
Mayo 2010
Año XI, Vol. 6

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S Página principal
 


Recibe nuestras noticias diarias sobre periodismo y comunicación. ¡Únete a SdP en Facebook!

CIDH - Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2009

Violencia y coerción contra la prensa

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Al igual que en anteriores oportunidades, la Relatoría Especial culmina su Informe Anual con un capítulo de conclusiones y recomendaciones. El objetivo de esta práctica es entablar un diálogo fluido con los Estados miembros que permita convertir a las Américas en un ejemplo para el resto del mundo en materia de respeto, garantía y promoción del derecho a la libertad de expresión.

A. Violencia contra periodistas y medios de comunicación

2. Al menos trece periodistas fueron asesinados en la región por razones que estarían vinculadas al ejercicio de su labor durante 2009. A estos lamentables hechos se sumaron, al menos, dos centenares de denuncias sobre actos de agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

3. Es importante resaltar que, durante 2009, se produjeron también avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad.

4. En relación con este punto, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. También deben investigarse estos crímenes cuando son cometidos con el propósito de silenciar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de cualquier individuo.
  2. Juzgar por tribunales imparciales e independientes a todos los responsables de los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación por causa del ejercicio de la libertad de expresión, y reparar adecuadamente a sus víctimas y familiares.
  3. Condenar públicamente estos hechos para prevenir acciones que fomenten estos crímenes.
  4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes son agredidos y amenazados por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ya sea que estos actos provengan de agentes del Estado o que sean cometidos por particulares.
  5. Adoptar las medidas necesarias para que los comunicadores sociales en situación de riesgo que debieron desplazarse o exiliarse puedan retornar a sus hogares en condiciones de seguridad. Si estas personas no pudieran regresar, los Estados deben adoptar medidas para que puedan permanecer en el lugar elegido en condiciones dignas, con medidas de seguridad y con el apoyo económico necesario para conservar su trabajo y sus relaciones familiares.

B. Criminalización de la expresión e impulso de la proporcionalidad en las sanciones ulteriores

5. En 2009 se produjeron importantes avances para la reforma de las normas sobre difamación criminal en cuanto a los discursos sobre asuntos de interés público. No obstante, en algunos Estados miembros todavía se registraron denuncias penales presentadas por funcionarios estatales por la publicación de opiniones o informaciones relacionadas con cuestiones de interés público. Es cierto que en varios de los casos estudiados, los procesos penales habrían sido finalmente desestimados. Empero, en otros, los jueces condenaron a los periodistas y, al menos, en dos oportunidades este año, las condenas penales se hicieron parcial o totalmente efectivas. La Relatoría Especial verifica que existen todavía normas penales en nuestros países que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión, y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática. En el mismo sentido, la Relatoría Especial recibió información en cuanto a la necesidad de adecuar las normas en materia civil para evitar el uso desproporcionado de las sanciones pecuniarias.

6. Asimismo, la Relatoría Especial observa que resulta necesario que los Estados diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social. Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que, cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado.

7. En relación con las normas que sancionan penal o civilmente la expresión, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Promover la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana y restringen el debate público, elemento esencial del funcionamiento democrático.
  2. Promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer cargos públicos.
  3. Incorporar en sus ordenamientos jurídicos estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad ulterior de quienes difunden opiniones o ideas sobre asuntos de interés general o de crítica política, incluyendo el estándar de la "real malicia" y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, de forma tal que los procesos seguidos por esta causa no generen un efecto silenciador que afecte el debate democrático.
  4. Promover la modificación de las leyes sobre injuria de ideas o de instituciones a fin de eliminar el uso de procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre todos los asuntos.
  5. Establecer regulaciones claras que garanticen el ejercicio legítimo de la protesta social y que impidan la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes.

C. Manifestaciones de altas autoridades estatales con base en la línea editorial

8. En 2009 la Relatoría Especial continuó recibiendo información en cuanto a las declaraciones de altas autoridades estatales que descalificaron la labor periodística de algunos comunicadores y medios críticos de su gestión, acusándolos de actos ilícitos como conspiración, terrorismo o traición a la patria. Resulta particularmente preocupante que, en algunos de estos casos, a tales declaraciones le hayan seguido actos violentos contra periodistas o la apertura de procedimientos administrativos que amenazarían con el retiro de las concesiones, permisos o licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos. La Relatoría Especial exhorta a las autoridades estatales a contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.

9. En relación con las manifestaciones de altas autoridades estatales, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas públicas que promuevan la tolerancia y el respeto a los periodistas y comunicadores, cualquiera sea su pensamiento o ideas.
  2. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. En particular, evitar las declaraciones que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.

D. Censura previa

10. La Relatoría Especial tomó conocimiento de algunas decisiones judiciales que prohibieron la circulación de información de interés público este año. Los Estados miembros deben tomar en cuenta que el artículo 13.2 de la Convención Americana señala explícitamente que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa.

11. En este sentido, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, y también cualquier calificativo que pueda implicar censura a la libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e imparcialidad en la información.

E. Asignación discriminatoria de la publicidad oficial

12. Por otra parte, la Relatoría Especial también recibió denuncias en cuanto a la asignación de publicidad oficial con el objetivo de castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Resulta necesario que los Estados miembros cuenten con marcos normativos que establezcan criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial.

13. Sobre este punto, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

F. Avances en materia de acceso a la información

14. En este período la Relatoría Especial observó positivamente la incorporación de los estándares del sistema interamericano sobre acceso a la información en las decisiones de algunos tribunales nacionales, así como la implementación de medidas desde el poder público para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en dicha materia. No obstante, todavía se pudo advertir que en varios Estados miembros persisten las dificultades en cuanto a la regulación de las excepciones para el ejercicio de este derecho.

15. En relación con el derecho de acceso a la información, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Continuar promulgando leyes que permitan el acceso efectivo a la información y normas complementarias que regulen su ejercicio, de conformidad con los estándares internacionales en dicha materia.
  2. Garantizar efectivamente, tanto de iure como de facto, el hábeas data a todos los ciudadanos, por ser elemento esencial de la libertad de expresión y del sistema democrático.

G. Asignación de frecuencias radioeléctricas

16. Durante este período, la Relatoría Especial continuó enfatizando la necesidad de que la autoridad competente en materia de radiodifusión en los Estados miembros sea un órgano técnico independiente del gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales, y que se encuentre sometido a todas las garantías del debido proceso y a un estrecho control judicial. Asimismo, la Relatoría Especial pudo observar la utilización de los poderes de regulación y fiscalización del Estado, sin que se cumplieran con todas las garantías establecidas en el artículo 13.2 de la Convención Americana. Finalmente, este año la Relatoría Especial observó que, en la mayoría de los casos, los marcos regulatorios estatales continuaron sin establecer procesos de asignación de licencias o frecuencias abiertas, públicos y transparentes, sometidos a reglas claras y preestablecidas y a requisitos estrictamente necesarios, justos y equitativos.

17. En vista de las consideraciones anteriores, la Relatoría Especial recomienda a los Estados miembros:

  1. Adoptar legislación que asegure criterios transparentes, públicos y equitativos para la asignación de frecuencias radioeléctricas y del nuevo dividendo digital. Esta legislación debe tomar en cuenta la situación actual de concentración en la propiedad de los medios de comunicación, y asignar la administración del espectro radioeléctrico a un órgano independiente, sometido al debido proceso y al control judicial.
  2. Promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas. Asimismo, adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar el pluralismo, incluyendo leyes antimonopólicas.
  3. Legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine una parte equitativa del espectro y del dividendo digital a las radios y canales comunitarios. Al asignar estas frecuencias deben tomarse en cuenta criterios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los individuos en el acceso y la operación de estos medios en condiciones de equidad, sin restricciones desproporcionadas o irrazonables, conforme al principio 12 de la Declaración de Principios y la "Declaración Conjunta sobre diversidad en la radiodifusión" (2007).
  4. Iniciar esfuerzos regionales para la regulación de las facultades estatales de control y vigilancia y de asignación de bienes o recursos públicos relacionados directa o indirectamente con el ejercicio de la libertad de expresión. En este punto, la tarea es ajustar los marcos institucionales a dos propósitos fundamentales: prevenir la posibilidad de que las facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial y, de otra parte, fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público.

18. La Relatoría Especial agradece a los diferentes Estados miembros que han colaborado con ésta durante 2009, y a la CIDH y a su Secretaría Ejecutiva por su constante apoyo. La Relatoría Especial también agradece a aquellos periodistas independientes y trabajadores de los medios de comunicación social que diariamente cumplen con la valiosa tarea de informar a la sociedad. Finalmente, la Relatoría Especial lamenta profundamente los asesinatos de comunicadores sociales, que perdieron la vida por defender el derecho de todos a la libertad de expresión e información. A ellos, con admiración y respeto, están dedicadas estas páginas.

Descarga el Informe completo en PDF aquí


* A


Suscríbete a Saladeprensa.org
Correo-e:
Consulta el grupo de SdP en Google

Tus comentarios, sugerencias y aportaciones
nos permitirán seguir construyendo este sitio.
¡Colabora!



| Volver a la página principal de SdP |
|
Acerca de SdP | Periodismo de Investigación | Etica y Deontología |
|
Derecho de la Información | Fuentes de Investigación |
|
Política y gobierno | Comunicación Social | Economía y Finanzas |
|
Academia | Fotoperiodismo | Medios en Línea | Bibliotecas |
|
Espacio del Usuario | Alta en SdP |
|
SdP: Tu página de inicio | Vínculos a SdP | Informes |
|
Indice de Artículos | Indice de Autores |
|
Búsqueda en Sala de Prensa |
|
Fotoblog |

© Sala de Prensa 1997 - 2010


IMPORTANTE: Todos los materiales que aparecen en Sala de Prensa están protegidos por las leyes del Copyright.

SdP no sería posible sin la colaboración de una serie de profesionales y académicos que generosamente nos han enviado artículos, ponencias y ensayos, o bien han autorizado la reproducción de sus textos; algunos de los cuales son traducciones libres. Por supuesto, SdP respeta en todo momento las leyes de propiedad intelectual, y en estas páginas aparecen detallados los datos relativos al copyright -si lo hubiera-, independientemente del copyright propio de todo el material de Sala de Prensa. Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de Sala de Prensa sin la autorización expresa del Consejo Editorial. Los textos firmados son responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente el criterio institucional de SdP. Para la reproducción de material con copyright propio es necesaria, además, la autorización del autor y/o editor original.