Sala de Prensa


15
Enero 2000
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Más allá de la filtración

El derecho a la información en México

Claudia Fernández *

I.- UNA FOTOGRAFIA

Hace unas semanas, un grupo de ingenieros retirados denunció que Pemex había ocultado información y había utilizado criterios de confidencialidad en un magno proyecto de alto costo que afecta los campos petrolíferos del país. De hecho, en febrero solicitaron, a través del Derecho de Petición constitucional una copia de la tabla de flujo de efectivo de este proyecto, llamado Cantarell, para poder fortalecer su argumento sobre el elevado costo del proyecto. En junio no habían obtenido respuesta.

Apenas hace un mes, durante una costosa auditoría sobre la situación de la banca nacional, un grupo de diputados solicitó a las autoridades financieras del país información sobre las instituciones crediticias. Esta les fue negada bajo el argumento de que no se podía violar el secreto bancario. De esta manera, los ciudadanos se quedaron sin saber por qué el sistema bancario mexicano está en una situación crítica y quiénes son responsables.

Cuatro años atrás, la organización ciudadana Alianza Cívica solicitó información al Presidente de la República -también a través del Derecho de Petición- sobre su salario mensual, incluyendo bonos y compensaciones. En 1996, después de un año de haber ejercido su derecho, no recibieron respuesta por lo que iniciaron un juicio de amparo en su contra. La sentencia del juez les fue favorable y la Presidencia respondió a su petición pero la información fue insuficiente. Alianza Cívica lo intentó una vez más, sin resultados.

Estos son sólo algunos de los recientes intentos por parte de ciudadanos mexicanos de obtener información que debiera ser pública, sin mayor éxito. ¿Usaron correctamente los instrumentos legales existentes para obtener la información? Sí. ¿Se trataba de información que fuera considerada como secreto de Estado? No. Entonces ¿por qué no pudieron obtenerla?

Este reporte, auspiciado por The Dallas Morning News, buscará dar respuesta a esta interrogante a través de una fotografía sobre la situación actual del acceso a la información en México. Para trazarla, se utilizarán diversas herramientas: una breve comparación de las experiencias legislativas en otros países, una revisión de la legislación mexicana vigente en materia de libertad y derecho a la información, y el pulso de aquéllos que hacen del acceso a la información su tarea cotidiana: los periodistas. Diversos testimonios de reporteros, editores y directivos mexicanos en activo fueron recolectados mediante una encuesta nacional sobre este tema  y también a través de dos grupos de enfoque -conducidos por la empresa Mori de México-, uno con reporteros y otro con editores , que con sus comentarios enriquecieron enormemente este trabajo.

¿Qué es el Derecho a la Información?

En un régimen democrático, el derecho a la información es el conjunto de normas sistematizadas que garantizan a cualquier ciudadano tener un libre acceso a la información de interés público, y que al mismo tiempo establece las obligaciones de su uso responsable. Su campo de estudio comprende "los principios de libertad de prensa, expresión e información; el régimen informativo del Estado; las normas que regulan las empresas y las actividades de comunicación; el estatuto de los profesionales de la información; y el régimen de la responsabilidad civil y penal".

El derecho a la información dice Ernesto Villanueva, profesor de la Universidad Iberoamericana y Coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho de la Información, "es producto de la sociedad contemporánea, del ejercicio de la pluralidad y de la práctica de la diversidad y la tolerancia".

Este derecho tuvo sus raíces en Suecia, en 1766, donde se reconoció a todos los particulares el derecho a leer y fotocopiar los expedientes sin necesidad de acreditar legitimación alguna en el expediente que deseaban conocer. Posteriormente, este principio ha sido recogido a nivel legal, e incluso constitucional, en varios países de tradición democrática que han valorado la importancia de exigir que la administración pública funcione de manera transparente.

A diferencia de la libertad de expresión, que fue conceptualizada en el siglo XVIII y que está contenida como garantía constitucional en el 94% de un total de 186 países, la libertad de información es relativamente nueva. Se reconoció legalmente, por primera vez, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, expedida por la ONU en 1948: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información e ideas, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión". Sólo el 37% de una muestra de 186 países, reconoce esta libertad en sus constituciones. Entre otros: Azerbaiyán, Belice, Fiji, Liberia, Turquía y Zimbabwe. No México.

Respecto al derecho a recibir información de interés público, éste es incluído en 43% de las constituciones de los países de la muestra como Jamaica, Croacia o Burkina Faso; no en México. El derecho a difundir información es regulado en las leyes de 39% del total de 186 países y nuevamente, México no aparece.

Por su parte, el derecho de acceso a los documentos en poder de entidades públicas -que surge como contrapartida del deber de informar de los aparatos de Estado-, contribuye a que los ciudadanos tengan mayores elementos para poder evaluar mejor el desempeño de sus gobernantes. Entre los países que han recogido este derecho en su Constitución está Costa Rica, Chechenia, Haití y Malawi; en total, un 16% de los países en cuestión. No es el caso de México.

A diferencia de países como Costa Rica, Colombia o Paraguay, en México los secretos de Estado y las filtraciones son regla general en la información y son excepciones los casos en los que el poder público proporciona información de manera abierta.

Según los resultados de una encuesta nacional sobre derecho a la información, levantada en varias redacciones del país por The Dallas Morning News el pasado mes de julio, obtener información en México es, en general muy difícil:

Considera que en México obtener información de:

Fácil Difícil No sé
a) Gobierno federal 17 74 2
b) Gobierno local 37 54 3
c) Policía 25 65 7
d) Congreso federal 54 30 8
e) Congreso local 33 52 9
f) Iglesia 24 66 5
g) Empresas públicas 24 68 3
h) Empresas privadas 4 82 8
i) Ejército 71 16 7
j) ONG's 42 15 38

Según la encuesta, un 86% de los periodistas de la muestra aseguró que en México es más fácil obtener información importante a través de filtraciones que a través de los canales oficiales.En cambio, casi 40% consideró que obtener información en Estados Unidos es más fácil,  contra 18% que cree que es difícil. Aunque, 38% dijo no saber.

"Es más fácil conseguir información pública allá (en Estados Unidos)", comentó una reportera de 27 años de edad que trabaja en la sección metropolitana de un diario capitalino. "Aquí nos convertimos en espías. Hay una cultura de ocultar la información".

Respecto a si su medio basa sus notas y reportajes en filtraciones, los periodistas encuestados en su área de trabajo respondieron que lo hacen:

En gran medida 3%
En cierta medida 51%
Nada 5%
No sé 3%

Pese a admitir que las filtraciones son frecuentemente utilizadas, reporteros y editores que participaron en los grupos de enfoque organizados como parte de la elaboración de este reporte mostraron un consenso sobre los riesgos de estas filtraciones: ser utilizados. "Hay gente que te da información por conveniencia", admite una editora con una larga trayectoria periodística, quien asistió a uno de los grupos de enfoque. "Pero hay que pensar si es mayor el interés público que el privado (de esta fuente), y entonces sí publicar".

No obstante, un 77% de los periodistas aprueba las filtraciones como vía para obtener información, mientras que un 19% las desaprueba. El otro 1% no sabe. Diversos comentarios en los márgenes de los cuestionarios señalan que sólo de esa manera los reporteros pueden obtener información importante y significativa en México.

Señalan que recurren al uso de fuentes anónimas en sus notas o reportajes porque no obtienen la información en las instancias oficiales. "Para solicitar una entrevista en cualquier parte, creo que el grave problema es que se maneja como una cuestión más de amigos y no como una cuestión institucional; la mentalidad del jefe de prensa no es la de un servicio, ellos se asumen sólo como cuidadores de la imagen de un funcionario", comenta una veterana reportera que participó en uno de los grupos de enfoque organizados para este reporte.

Para varios reporteros, hay que "nadar a contracorriente" con las oficinas de prensa que concentran la información de las dependencias públicas, ya que son más un obstáculo que un facilitador de información que es de interés público.

"Para muchos periodistas, las oficinas de comunicación social son medios de control de la información. Dentro de los organismos oficiales se controla a los propios funcionarios para no dejar libre flujo a la información y en la relación con los medios, se controla al periodista por medio de llamados, dádivas o rejuegos sutiles con sus jefes. Los periodistas consideran que las relaciones con las entidades de poder que se significan en las oficinas de prensa o de relaciones públicas, son turbias," señaló hace unos años en un simposio, Sergio Téllez, entonces director de comunicación social de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Por otra pare, "la emisión de los boletines ha "aflojado" el espíritu de investigación y de saber de los reporteros. Por ello, se tienen que restablecer las relaciones ente las oficinas de comunicación social y los periodistas desde otras bases," dijo.

Las cosas no han cambiado gran cosa. Un reportero con varios años de experiencia en la cobertura de la fuente política que también asistió al grupo de enfoque, dice: "Los funcionarios (públicos) nos consideran ignorantes, chayoteros, corruptos". Y agrega: "Hay cierta relación, demasiado perversa, entre los jefes de prensa y muchos reporteros hasta encontrar compadrazgo de amistad. Esto va generando, desde mi punto de vista, un círculo en el que todos nos vemos envueltos".

En febrero pasado, el suplemento "Enfoque" del diario Reforma llevó a cabo el sencillo pero tardado ejercicio de solicitar información a las áreas de comunicación social de las 18 secretarías de Estado en un lapso de poco más de dos meses. El resultado fue significativo: pese a haber cumplido con todos los requisitos solicitados, ninguna de las dependencias cumplió satisfactoriamente con su tarea de facilitar la información al reportero. Algunos de los directores de información de las dependencias se disculparon por no poder dar la información, otros prometieron entregarla y no cumplieron, varios explícitamente se negaron a dar la información y los menos dieron respuestas escandalizantes: "yo nada más hago el boletín" o "no se le puede sacar sangre a las piedras".

La falta de una institucionalidad en el acceso a la información, y/o la cerrazón de las instituciones ha provocado que se tenga que recurrir al cultivo de amistades o compadrazgos para obtener la información que debería ser pública y a la cuál debería tener acceso cualquier ciudadano.

Ha habido ya varios intentos por regular el derecho a la información y transparentar esta situación. Uno de los más importantes fue el de 1977 cuando el presidente José López Portillo reformó la Constitución y estaba decidido a reglamentar el derecho a la información para lo que organizó una serie de audiencias públicas. Sin embargo, la propuesta no precisaba los términos de la reglamentación y fue recibida con suspicacia y malestar por todos: los concesionarios de la radio y la televisión porque sintieron amenazados sus privilegios; los periodistas porque creyeron amenazado su derecho de expresarse libremente; los partidos políticos y las organizaciones sociales porque pensaron que se convertiría en la institucionalización de la censura. Ante el estrecho margen político para lograr su aprobación, en 1981, López Portillo decidió abandonar su idea y conservar el status quo.

También ha habido al menos dos propuestas de ley recientes para regular este derecho y de manera más amplia, la prensa en México. Una, impulsada por la diputada panista Teresa Gómez Mont hace unos años y otra, lidereada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 1997.  Sin embargo, cada vez que una nueva propuesta ve la luz, de inmediato es desechada por todos los actores de los procesos informativos que de alguna manera ven afectados sus intereses y privilegios.

Algunos académicos dedicados al estudio de este derecho, explican esta situación a partir de varias causas que van de la supervivencia del mismo régimen de un partido único en el poder durante 70 años y la ausencia de una política de comunicación social que permita estructurar de manera coherente el régimen jurídico de la información, hasta los intereses empresariales de los dueños y concesionarios de los medios, y la desorganización del gremio.

Hasta la fecha, y a pesar de largos e intensos debates que han tenido, y tienen lugar respecto a la regulación de la información en México, las reticencias siguen en el mismo tono y no se han alcanzado consensos que permitan una revisión de la regulación de la materia.

II.- UN ACERCAMIENTO A LA LEGISLACION

La comunidad periodística y académica en México se familiarizó con el concepto de derecho a la información a partir de la adición al artículo 6º. constitucional en diciembre de 1977. Sin embargo, esta nueva modalidad de garantía individual ha dado origen a un intenso y prolongado debate. Primero por encontrar una definición válida que corresponda a la experiencia legislativa y a la particular transición democrática del país. Segundo, sobre la forma de aterrizar este abstracto concepto en derechos concretos.

Hoy, el debate continúa y el país aún no tiene las normas que faciliten el acceso a la información de interés público. No de manera explícita y reglamentada. Lo único que existe son referencias abstractas al concepto contenidas en unas cuantas leyes:

· La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  -particularmente los artículos 6º y 7º así como el Derecho de Petición contenido en el artículo 8º.
El Artículo 6º dice: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado. (Adición en diciembre, 1977 por JLP). [Este artículo consagra la libertad de expresión y sólo menciona el derecho a la información].
Artículo 7º: Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Artículo 8º: Todo funcionario público tiene la obligación constitucional de dar respuesta por escrito, a toda petición que formulen los ciudadanos mexicanos de manera pacífica y respetuosa, mediante un escrito que dé conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Los funcionarios están obligados a responder dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación del escrito en las oficinas de la autoridad. En caso de que transcurran los cuatro meses y la autoridad no haya emitido una respuesta escrita, se entenderá que la autoridad ha negado lo que el solicitante pide en su escrito y entonces se pude recurrir al juicio de amparo.

· La Ley de Imprenta, que data de 1917. El problema con esta ley, señalan algunos abogados, es que se expidió con carácter provisional, pero nunca se reglamentó por lo que pasó a ser competencia de las legislaturas estatales.

· Los Pactos Internacionales firmados por México respecto a derechos civiles o derecho a la información como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El principio jurídico del acceso a los documentos administrativos no está desarrollado en la legislación mexicana lo que permite una mayor discrecionalidad en el manejo de la información gubernamental. Sin embargo, recientemente, algunas leyes mexicanas han establecido tímidamente este principio. Por ejemplo:

· La Ley Federal de Procedimiento Administrativo que en su artículo 16 establece como obligación de la administración pública federal, el acceso de los particulares a sus registros y archivos. Sin embargo, en el mismo artículo se dice que este acceso es "en los términos previstos en ésta y otras leyes". La ley es tan vaga que prácticamente anula el principio de acceso.

· La Ley de Comercio Exterior. Regula el acceso a la información en los procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y las medidas de salvaguardas. Sin embargo, en su reglamento plantea varios límites a este acceso.

· El Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. En su capítulo V, los artículos 39 y 40 regulan, por ejemplo, la consulta a los expedientes.

· La Ley Federal de Competencia Económica. Establece en su artículo 31 la facultad de la Comisión Federal de Competencia de requerir informes o documentos para el desempeño de sus atribuciones. Esta información se considera "estrictamente confidencial" y los servidores públicos que tienen acceso a ella están sujetos a responsabilidad en caso de divulgarla, excepto cuando medie una orden de autoridad competente.

* Aunque no son leyes, es importante mencionar dos tesis de jurisprudencia que se refieren al derecho a la información en México:

1) Alianza Cívica quizá no obtuvo la información que solicitó en su intento, pero consiguió algo mucho más importante: sentar un precedente jurídico respecto al derecho a la información. El 24 de junio de 1996, como respuesta a el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, votó por unanimidad con 11 votos, la aprobación de la siguiente tesis de jurisprudencia, derivada del caso del organismo cívico:

El artículo 6o. constitucional, in fine, establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Del análisis de los diversos elementos que concurrieron en su creación se deduce que esa garantía se encuentra estrechamente vinculada con el respeto de la verdad.Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas, elegidas o designadas para servir y defender a la sociedad, asumen ante ésta actitudes que permitan atribuirles conductas faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas, que le vede la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo, pues su proceder conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y hacerla del conocimiento de los gobernados.

2) Otra tesis de jurisprudencia que también afecta el derecho a la información fue publicada en agosto de 1992:  "el derecho a la información no crea a favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía para obtener datos de la actividad realizada por las autoridades."

La legislación que de alguna manera se refiere al derecho a la información en México sólo existe a nivel federal. Es decir, no hay legislaciones o reglamentos de ley estatales que modifiquen las leyes federales a este respecto. Hay algunas entidades que hicieron suyo el artículo 6º. constitucional y solamente en la Constitución de Querétaro se desarrolló la idea de este artículo, sin llegar a una reglamentación. El único otro estado del país que cuenta con una ley de prensa local es Tamaulipas. Sin embargo, no prevé el derecho a la información en su contenido, y es más bien de carácter punitivo y penal.

Respecto al acceso a los documentos públicos y la posibilidad de utilizarlos, éste depende de su conservación en archivos públicos. Pero la legislación mexicana no cuenta con un ordenamiento general que permita la constitución de archivos públicos cuya misión sea la conservación y consulta de los documentos públicos. Sólo hay disposiciones en cuanto a algunos archivos como el Archivo General de la Nación, el Archivo de Notarías y el Archivo del Poder Judicial de la Federación.

Las reglas de consulta son muy generales y más bien están orientadas a limitar el uso de los documentos a través de restricciones a su acceso (se requieren autorizaciones de los funcionarios del archivo, sólo se permite consultar un archivo o expediente a la vez, y las secretarías de Estado determinan que documentos son reservados).

¿Conocen los periodistas la legislación?

Los resultados de la citada encuesta muestran que en general, los periodistas mexicanos desconocen la legislación y la impresión que tienen, de nuevo, en general, es que la Ley de Imprenta es "vieja, obsoleta, e ineficaz" por lo que no les interesa conocerla.

Al preguntarles si sabían qué artículos constitucionales regulan el derecho a la información, los periodistas de las diferentes redacciones contestaron:

37%
No 27%
NC 36%

Varios de los reporteros y editores participantes en la encuesta confundían los artículos constitucionales y casi nadie pudo mencionar, correctamente, dos recursos legales para obtener información pública que no es fácil conseguir.

"Un gran problema de los reporteros mexicanos es nuestra ignorancia ya que no hacemos valer nuestros derechos (constitucionales)", comenta una reportera de un diario de amplia circulación con más de cinco años de experiencia.

De este desconocimiento legislativo hay varios ejemplos: Una reportera de un periódico de la capital, con menos de 25 años de edad y con menos de tres años de experiencia respondió en su cuestionario que la reglamentación que regula el derecho a la información es "el Código de Etica de Chapultepec", y agregó que no sabía que existía el Derecho de Petición.

Cuando a un veterano editor, con más de 10 años de experiencia se le preguntó si conocía qué artículos constitucionales regulan el derecho a la información, éste respondió: "no en este momento".

Conocer las leyes facilita la labor de recolección de información. En la medida en que el reportero sepa qué herramientas puede utilizar para solicitar información, en esa medida, podrá buscar y conseguir la información con mayor eficiencia.

Bastaría con que supieran si su medio cuenta con un abogado a quien consultar sobre aspectos legales respecto al acceso a la información. Según la encuesta, 38% de los periodistas cuestionados sí cuenta con un abogado en su espacio de trabajo; pero 31% no sabe si cuenta con él o no y 29% no tiene un abogado a quien acudir.

Aunque el derecho a la información no está reglamentado, saber cómo funcionan las leyes vigentes puede ser de gran ayuda en la tarea de recoger la información para transmitirla al público. "Nos hace falta, como gremio, ponernos a estudiar las necesidades que tenemos y las cosas que tenemos que demandar para que se legisle. Tenemos que mejorar nuestra preparación", reconoció una joven reportera presente en el grupo de enfoque.

Algunas de las preguntas respecto al conocimiento de las leyes que fueron incluídas en la encuesta muestran que varios reporteros o editores saben en general dónde buscar información o cómo aplicar las leyes existentes en su favor, pero muchos otros no:

-Si usted quisiera saber cuántas casas tiene el Secretario de la Reforma Agraria ¿a dónde acudiría para investigarlo? R: Registro Público de la Propiedad

a) Secretaría de la Contraloría 19%
b) Secretaría de Hacienda 3%
c) Registro Público de la Propiedad 69%
d) Contaduría Mayor de Hacienda en la Cámara de Diputados 1%
e) Todas las anteriores 6%
f) Otro (especifique)* 1%
*La única respuesta que eligió la opción f) fue: a sus adversarios políticos o al sindicato de la Secretaría.

- La solicitud de información en el Registro Público de la Propiedad cuesta:
R: b) Más de 50 pesos.

a) Menos de 50 pesos 16%
b) Más de 50 pesos 34%
c) Nada, es gratuito 35%

- ¿Sabe si cualquier ciudadano puede conocer la declaración patrimonial de cualquier funcionario público?
R: No

  Fácil Difícil No sé
a) A nivel local 35% 43% 17%
b) A nivel estatal 34% 43% 17%
c) A nivel federal 17% 55% 22%

- ¿Puede cualquier ciudadano tener acceso a la lista de los contribuyentes individuales a campañas políticas?
R: No

8%
No 80%
No sé 12%

- ¿Cualquier ciudadano puede obtener en forma desglosada las fuentes de financiamiento a una campaña política?
R: No

14%
No 78%
No sé 7%

- ¿Es posible rastrear un vehículo con sólo tener la matrícula?
R: No

50%
No 39%
No sé 10%

* Uno de los encuestados respondió "A veces"; otro dijo "sí para las autoridades"; y otra dijo "sí, si se tienen amigos en la policía".

- ¿Es público el registro de conductores de vehículos en el país?
R: No

21%
No 58%
No sé 19%

- ¿Puede usted tener acceso a las declaraciones ministeriales en un caso mientras está abierta la investigación?
R: No

264%
No 62%
No sé 10%

* Dos reporteros respondieron que sí por filtraciones.

- ¿Puede tener acceso a esas declaraciones una vez que se dicte auto de formal prisión?
R: Sí

44%
No 36%
No sé 19%

- ¿Son públicas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia?
R: Sí

76%
No 14%
No sé 9%

III.- ENFRENTANDO LA REALIDAD

La vaga y escasa legislación en materia de prensa en el país y la experiencia de los periodistas aquí vertida, demuestran que el acceso a la información en México es muy limitado. ¿Cómo hacen entonces su trabajo los reporteros mexicanos?

Al no estar garantizado el derecho a la información, además de las filtraciones, los reporteros recurren a diversas vías para allegarse información. Una de esas fórmulas es el uso de fuentes anónimas con el fin de obtener más información de mayor profundidad; sin embargo, hay preocupación por un abuso cada vez más frecuente de este recurso.

"En muchos momentos uso las fuentes anónimas. Estaba prohibido en el periódico, pero hemos argumentado que hay cosas...que no hay otra manera de corroborarlas. Ahorita...básicamente la información que estoy manejando...si alguna de mis fuentes da su nombre, se los ejecutan", cuenta una joven reportera que asistió a uno de los grupos de enfoque que condujo Mori de México.

Una editora participante en otro grupo de enfoque indica que la única manera de utilizar las fuentes anónimas es "cotejando la información". "Siempre hay que pensar, ¿a quién quiere pegarle (la fuente anónima)?, y tratar de buscar a la contraparte".

Otra vía que cada vez es más utilizada por los periodistas mexicanos para vencer la cerrazón en el país es la solicitud de información en Estados Unidos; y cada vez más a través del Acta de Libertad de Información. Aunque 90% de los encuestados en las redacciones del país dijeron nunca haber utilizado este recurso, 9% sí lo ha hecho. De aquéllos que lo utilizaron 13% dijeron haber tenido una experiencia positiva, 5% negativa y 82% no respondió.

"Dependiendo del tema es el grado de dificultad para obtener información bajo el Acta de Libertad de Información", indicó uno de los reporteros encuestados, con más de 10 años de trabajo como periodista, quien dijo haber tenido experiencias positivas en Estados Unidos.

Otro veterano reportero del mismo medio, quien también ha usado ese recurso dijo que "aunque se trata de un procedimiento relativamente prolongado se puede tener la certeza de que al menos, habrá una respuesta".

Algo que no sucede necesariamente con el Derecho de Petición, plasmado en el artículo 8º de la Constitución mexicana. Prácticamente nadie lo ha utilizado directamente, salvo un reportero del sureste del país, con más de 5 años de experiencia, quien contó que en 1991 utilizó este derecho para solicitar a la contraloría estatal información sobre la liquidación henequenera. "Contestaron, pero no me dieron la información solicitada", dice el reportero.

Un 10% de los periodistas que participaron de la encuesta en las redacciones del país señaló conocer a alguien que había utilizado el Derecho de Petición. Un 70% de esos casos tuvo una experiencia negativa y 20% fue positiva; el resto no supo evaluarla.

Entre las solicitudes de información que se hicieron a través de esta vía, destaca una sobre la participación del ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968; otra sobre gastos de representación de funcionarios; y una más al ejército. Las respuestas, en todos los casos, no fueron satisfactoria.


* Claudia Fernández es una periodista mexicana con una amplia trayectoria en medios de primer nivel y fue una de las coordinadoras del estudio realizado por The Dallas Morning News. Actualmente reside en Australia. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.


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