Informe de Agresiones contra la
Libertad de Expresión en México 2009
Entre
la Violencia y la Indiferencia
ARTICLE
19 Oficina para México y Centroamérica
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
La
alternancia política en el año 2000 marcó una
nueva etapa en la historia de México. En el
proceso de consolidación democrática que se
prolonga hasta hoy, el ejercicio de la libertad
de expresión, a través de la libertad de
prensa, es un elemento indispensable a fin de
forjar instituciones y un pacto social que
implique, más allá de los procedimientos
electorales, la consolidación de una democracia
representativa, participativa y, por ende,
efectiva.
 México atraviesa por una crisis
en materia de seguridad pública sin precedentes.
El saldo de la “guerra contra el crimen
organizado” es de por lo menos 16 mil
personas en lo que va del sexenio y, según datos
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), 8 mil muertes en 2009. Este clima se ha
generado por la presencia del crimen organizado
en las diferentes esferas de la vida nacional y
por una política de Estado que se ha reducido a
acciones aisladas de uso de la fuerza por parte
de los cuerpos de seguridad. En un ambiente de
“violencia generalizada” la libertad de
prensa ha sido afectada, provocando la ausencia
de información objetiva y veraz.
Existen avances
innegables en los últimos años en el país. Hoy
se cuenta con mayores canales para disentir, para
difundir y recibir información plural. Sin
embargo, la violencia y la impunidad siguen
siendo un mecanismo para silenciar. Los intereses
económicos y políticos se imponen sobre la
capacidad de desarrollar un periodismo ético y
crítico. Los llamados “delitos contra el
honor” se utilizan como herramienta para
obstaculizar las investigaciones periodísticas.
Mientras tanto, la respuesta del Estado mexicano
es la indiferencia, la inacción y la
simulación.
Hoy, el
recurrente discurso gubernamental sobre la
culpabilidad del narcotráfico en las agresiones
contra las y los periodistas es no sólo
insuficiente, sino falaz. La evidencia muestra
que agentes del Estado continúan siendo los
principales perpetradores de agresiones contra la
libertad de expresión. Desde la perspectiva de
los derechos humanos debe enfatizarse que las
responsabilidades del Estado mexicano en materia
de libertad de expresión no sólo contemplan el
abstenerse de interferir directamente en el
ejercicio de este derecho, sino también, la
obligación de garantizar las condiciones
necesarias para la libre circulación de ideas,
opiniones o informaciones.
ARTICLE 19 y
Cencos han desarrollado una metodología para
monitorear, registrar y documentar de manera
permanente las agresiones a la libertad de
expresión y prensa en México. A través del
análisis desarrollado entre enero y diciembre de
2009, el presente informe describe los diversos
acontecimientos en torno a dichas agresiones, las
cuales se constituyen en actos de censura que
suponen no sólo la vulneración del derecho a la
expresión de la víctima, sino también del
derecho a la sociedad a recibir información
veraz, plural y equilibrada.
2009 se
caracterizó por una diversidad en los tipos y en
las formas de agresiones a la libertad de
expresión. ARTICE 19 y Cencos registraron y
confirmaron 244 ataques a la libertad de
expresión en el marco del ejercicio
periodístico. En este escenario, no sólo hay un
notable incremento de las agresiones registradas
respecto a años anteriores, sino que se degradan
de manera preocupante las condiciones para el
ejercicio de la libertad de prensa en varios
estados de la República.
Agresiones
a la libertad de expresión
En 2009 se
registraron once homicidios de periodistas. El
70% de estos asesinatos están ligados
directamente con la labor periodística de la
víctima. Respecto al 30% restante, aún no se
puede descartar esa posibilidad.
En el año, se
registraron cinco casos de acusaciones ante
instancias judiciales por el contenido de una
publicación. El aparato de justicia se utilizó
así como medio de coerción e intimidación a
comunicadores y comunicadoras. Asimismo, se
registraron 47 casos de amenazas, motivados en la
mayor parte (70%) por los contenidos publicados,
así como 23 detenciones, 47 actos de
intimidación y presión, los cuales van desde
despidos injustificados, impedimentos
informativos como la entrada en eventos públicos
a algunos medios o diferentes tipos de presiones
económicas. Aunado a lo anterior, se registraron
109 agresiones físicas o materiales, que son
acciones mediante las cuales él o la periodista
reciben algún daño corporal, a su equipo de
trabajo o a las instalaciones de los medios de
comunicación. De las cuales más de la mitad
fueron en contra de reporteros o reporteras
durante el ejercicio de su labor.
Presuntos
responsables
Destaca por un lado que grupos del crimen
organizado son presuntos responsables de una
parte de los ataques, en general los más
violentos, pero las estadísticas muestran que el
principal responsable se concentra entre
funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del
Estado. En el universo de las agresiones
registradas, los presuntos responsables son en un
65.57% funcionarios públicos y 6.15% actores del
crimen organizado. El 7.79% de los presuntos
responsables corresponden a personas
identificadas como militantes o simpatizantes de
algún partido político, 2.05% al empresariado,
1.23% a los sindicatos, 2.87% a sujetos
particulares. En 14.34% no se logró determinar
el sujeto activo de la agresión.
De las
agresiones a cargo de funcionarios públicos, el
59.38% fueron cometidas por las fuerzas de
seguridad del Estado, mientras que 40.63%
corresponden a funcionarios y cargos de elección
popular. La problemática tiene mayor intensidad
en los ámbitos estatal (36.25% de los casos) y
municipal (35.63% de los casos). En los que se
refiere a las agresiones de funcionarios
federales, un 88.89% tuvieron como responsable a
las corporaciones policiales y militares.
Sujeto
agredido
Los sujetos que recibieron las agresiones son en
su mayoría periodistas (83.61%). También se
registraron acciones en contra de los medios y
sus trabajadores y trabajadoras (5.74%). Las
mujeres representan un 25.23% de las personas
agredidas. Los más vulnerables son quienes
buscan y cubren las noticias donde se producen,
particularmente, para la cobertura de asuntos de
corrupción a nivel local, así como los
operativos policiales y de combate al crimen
organizado en las diferentes regiones.
Tipo de
medio de comunicación y cobertura
Los medios escritos son los más agredidos (75%
de los casos). Destacan además siete agresiones
a radios de carácter comunitario. La mayoría de
los medios agredidos tienen cobertura local,
estatal o regional (78.05%), lo que pone en
evidencia las mayores dificultades para el
ejercicio periodístico en los estados y
municipios. El 43.62% de las agresiones fueron
motivadas por los contenidos publicados y
difundidos. En un 53.91% de los casos, los y las
periodistas son agredidos mientras desarrollan
tareas de recopilación de la información o
difusión. Así, las agresiones no sólo violan
derechos individuales, sino el derecho de la
sociedad en su conjunto a recibir información.
Geografía y
métodos de censura
Prácticamente en todas las entidades federativas
se registraron casos de agresiones en contra de
periodistas, comunicadores y comunicadoras. Si
bien existen semejanzas en los tipos de
agresión, éstas cuentan con características
particulares en cada entidad federativa. El nivel
de riesgo varía de una entidad a otra, ya que
los presuntos responsables responden a intereses
diferentes. El número de agresiones no refleja
en su complejidad el grado de violencia imperante
en la entidad. Por eso es necesario tomar en
cuenta otros factores, como el número de
agresiones y asesinato por cada 100 mil
habitantes.
Los estados de
la República donde se registran mayor cantidad
de agresiones son Oaxaca, Veracruz y Chihuahua,
aunque por el grado de violencia sobresalen
Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Quintana
Roo.
En Durango
fueron registrados el mayor número de homicidios
(de las 11 agresiones registradas en el estado,
tres fueron asesinatos). En Sinaloa, el grado de
incertidumbre en el que se ejerce el periodismo
ha llevado a restringir los espacios de
reflexión y análisis ante constantes amenazas e
intimidación. En Guerrero, la impunidad
continúa presente en la mayoría de los casos
investigados por la Procuraduría de Justicia. En
Michoacán han tenido lugar tres de las nueve
desapariciones de periodistas registradas en el
país desde el año 2000, destacando la de María
Esther Aguilar en 2009. En Chihuahua se impide el
ejercicio periodístico apelando a la seguridad
nacional, los medios de comunicación han optado
por dar información superficial sobre hechos de
violencia. Oaxaca y Veracruz son ejemplo de la
resistencia imperante en los círculos de
gobierno para garantizar y respetar el ejercicio
del periodismo crítico y sobre asuntos de
interés público.
Conclusiones:
preocupaciones, retos y perspectivas
Hoy en México no puede establecerse una
vinculación entre las agresiones a la libertad
de expresión y una afiliación política o
ideología determinada, o identificar un solo
actor responsable de los ataques. Sin embargo,
también hoy es claro que existe en el país un
contexto caracterizado por un patrón de
violencia en contra de quienes ejercen el derecho
a la libertad de expresión a través de la
libertad de prensa.
Preocupa el
crecimiento de las agresiones a la libertad de
expresión en un contexto no sólo de violencia
en diversas entidades del país, sino además, en
el escenario electoral venidero. De los siete
estados donde el indicador de violencia es mayor,
cinco de ellos tendrán elecciones para
gobernador el próximo cuatro de julio, por lo
que habrá que seguir de cerca la tensión que
pueda darse entre las campañas electorales y el
ejercicio periodístico.
Pese a la
evidente falta de voluntad política de las
autoridades de los distintos ámbitos de
gobierno, ARTICLE 19 y Cencos continuaremos
construyendo estrategias para encontrar una
respuesta efectiva por parte del Estado.
Ninguna medida
por sí sola resolverá el problema, sin embargo,
visualizamos cuatro líneas de acción urgentes
por parte del Estado: la federalización de los
delitos a la libertad de expresión; la
reestructuración de la Fiscalía Especializada;
la despenalización de los delitos contra el
honor en las entidades federativas que aún lo
mantienen y la creación de un mecanismo de
protección y prevención desde el Poder
Ejecutivo. Respecto a este último punto, con
base en las mejores prácticas internacionales,
la creación de un Comité de Protección a
Periodistas se presenta como un mecanismo
potencialmente efectivo. Estas cuatro líneas de
acción se inscriben en el marco del cumplimiento
de las obligaciones y compromisos internacionales
del Estado mexicano.
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