Sala de Prensa

125
Marzo 2010
Año XI, Vol. 6

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

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Informe de Agresiones contra la Libertad de Expresión en México 2009

Entre la Violencia y la Indiferencia

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

La alternancia política en el año 2000 marcó una nueva etapa en la historia de México. En el proceso de consolidación democrática que se prolonga hasta hoy, el ejercicio de la libertad de expresión, a través de la libertad de prensa, es un elemento indispensable a fin de forjar instituciones y un pacto social que implique, más allá de los procedimientos electorales, la consolidación de una democracia representativa, participativa y, por ende, efectiva.

Recibe nuestras noticias diarias sobre periodismo y comunicación. ¡Únete a SdP en Facebook!México atraviesa por una crisis en materia de seguridad pública sin precedentes. El saldo de la “guerra contra el crimen organizado” es de por lo menos 16 mil personas en lo que va del sexenio y, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 8 mil muertes en 2009. Este clima se ha generado por la presencia del crimen organizado en las diferentes esferas de la vida nacional y por una política de Estado que se ha reducido a acciones aisladas de uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. En un ambiente de “violencia generalizada” la libertad de prensa ha sido afectada, provocando la ausencia de información objetiva y veraz.

Existen avances innegables en los últimos años en el país. Hoy se cuenta con mayores canales para disentir, para difundir y recibir información plural. Sin embargo, la violencia y la impunidad siguen siendo un mecanismo para silenciar. Los intereses económicos y políticos se imponen sobre la capacidad de desarrollar un periodismo ético y crítico. Los llamados “delitos contra el honor” se utilizan como herramienta para obstaculizar las investigaciones periodísticas. Mientras tanto, la respuesta del Estado mexicano es la indiferencia, la inacción y la simulación.

Hoy, el recurrente discurso gubernamental sobre la culpabilidad del narcotráfico en las agresiones contra las y los periodistas es no sólo insuficiente, sino falaz. La evidencia muestra que agentes del Estado continúan siendo los principales perpetradores de agresiones contra la libertad de expresión. Desde la perspectiva de los derechos humanos debe enfatizarse que las responsabilidades del Estado mexicano en materia de libertad de expresión no sólo contemplan el abstenerse de interferir directamente en el ejercicio de este derecho, sino también, la obligación de garantizar las condiciones necesarias para la libre circulación de ideas, opiniones o informaciones.

ARTICLE 19 y Cencos han desarrollado una metodología para monitorear, registrar y documentar de manera permanente las agresiones a la libertad de expresión y prensa en México. A través del análisis desarrollado entre enero y diciembre de 2009, el presente informe describe los diversos acontecimientos en torno a dichas agresiones, las cuales se constituyen en actos de censura que suponen no sólo la vulneración del derecho a la expresión de la víctima, sino también del derecho a la sociedad a recibir información veraz, plural y equilibrada.

2009 se caracterizó por una diversidad en los tipos y en las formas de agresiones a la libertad de expresión. ARTICE 19 y Cencos registraron y confirmaron 244 ataques a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico. En este escenario, no sólo hay un notable incremento de las agresiones registradas respecto a años anteriores, sino que se degradan de manera preocupante las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en varios estados de la República.

Agresiones a la libertad de expresión

En 2009 se registraron once homicidios de periodistas. El 70% de estos asesinatos están ligados directamente con la labor periodística de la víctima. Respecto al 30% restante, aún no se puede descartar esa posibilidad.

En el año, se registraron cinco casos de acusaciones ante instancias judiciales por el contenido de una publicación. El aparato de justicia se utilizó así como medio de coerción e intimidación a comunicadores y comunicadoras. Asimismo, se registraron 47 casos de amenazas, motivados en la mayor parte (70%) por los contenidos publicados, así como 23 detenciones, 47 actos de intimidación y presión, los cuales van desde despidos injustificados, impedimentos informativos como la entrada en eventos públicos a algunos medios o diferentes tipos de presiones económicas. Aunado a lo anterior, se registraron 109 agresiones físicas o materiales, que son acciones mediante las cuales él o la periodista reciben algún daño corporal, a su equipo de trabajo o a las instalaciones de los medios de comunicación. De las cuales más de la mitad fueron en contra de reporteros o reporteras durante el ejercicio de su labor.

Presuntos responsables
Destaca por un lado que grupos del crimen organizado son presuntos responsables de una parte de los ataques, en general los más violentos, pero las estadísticas muestran que el principal responsable se concentra entre funcionarios públicos y fuerzas de seguridad del Estado. En el universo de las agresiones registradas, los presuntos responsables son en un 65.57% funcionarios públicos y 6.15% actores del crimen organizado. El 7.79% de los presuntos responsables corresponden a personas identificadas como militantes o simpatizantes de algún partido político, 2.05% al empresariado, 1.23% a los sindicatos, 2.87% a sujetos particulares. En 14.34% no se logró determinar el sujeto activo de la agresión.

De las agresiones a cargo de funcionarios públicos, el 59.38% fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que 40.63% corresponden a funcionarios y cargos de elección popular. La problemática tiene mayor intensidad en los ámbitos estatal (36.25% de los casos) y municipal (35.63% de los casos). En los que se refiere a las agresiones de funcionarios federales, un 88.89% tuvieron como responsable a las corporaciones policiales y militares.

Sujeto agredido
Los sujetos que recibieron las agresiones son en su mayoría periodistas (83.61%). También se registraron acciones en contra de los medios y sus trabajadores y trabajadoras (5.74%). Las mujeres representan un 25.23% de las personas agredidas. Los más vulnerables son quienes buscan y cubren las noticias donde se producen, particularmente, para la cobertura de asuntos de corrupción a nivel local, así como los operativos policiales y de combate al crimen organizado en las diferentes regiones.

Tipo de medio de comunicación y cobertura
Los medios escritos son los más agredidos (75% de los casos). Destacan además siete agresiones a radios de carácter comunitario. La mayoría de los medios agredidos tienen cobertura local, estatal o regional (78.05%), lo que pone en evidencia las mayores dificultades para el ejercicio periodístico en los estados y municipios. El 43.62% de las agresiones fueron motivadas por los contenidos publicados y difundidos. En un 53.91% de los casos, los y las periodistas son agredidos mientras desarrollan tareas de recopilación de la información o difusión. Así, las agresiones no sólo violan derechos individuales, sino el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información.

Geografía y métodos de censura
Prácticamente en todas las entidades federativas se registraron casos de agresiones en contra de periodistas, comunicadores y comunicadoras. Si bien existen semejanzas en los tipos de agresión, éstas cuentan con características particulares en cada entidad federativa. El nivel de riesgo varía de una entidad a otra, ya que los presuntos responsables responden a intereses diferentes. El número de agresiones no refleja en su complejidad el grado de violencia imperante en la entidad. Por eso es necesario tomar en cuenta otros factores, como el número de agresiones y asesinato por cada 100 mil habitantes.

Los estados de la República donde se registran mayor cantidad de agresiones son Oaxaca, Veracruz y Chihuahua, aunque por el grado de violencia sobresalen Durango, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.

En Durango fueron registrados el mayor número de homicidios (de las 11 agresiones registradas en el estado, tres fueron asesinatos). En Sinaloa, el grado de incertidumbre en el que se ejerce el periodismo ha llevado a restringir los espacios de reflexión y análisis ante constantes amenazas e intimidación. En Guerrero, la impunidad continúa presente en la mayoría de los casos investigados por la Procuraduría de Justicia. En Michoacán han tenido lugar tres de las nueve desapariciones de periodistas registradas en el país desde el año 2000, destacando la de María Esther Aguilar en 2009. En Chihuahua se impide el ejercicio periodístico apelando a la seguridad nacional, los medios de comunicación han optado por dar información superficial sobre hechos de violencia. Oaxaca y Veracruz son ejemplo de la resistencia imperante en los círculos de gobierno para garantizar y respetar el ejercicio del periodismo crítico y sobre asuntos de interés público.

Conclusiones: preocupaciones, retos y perspectivas
Hoy en México no puede establecerse una vinculación entre las agresiones a la libertad de expresión y una afiliación política o ideología determinada, o identificar un solo actor responsable de los ataques. Sin embargo, también hoy es claro que existe en el país un contexto caracterizado por un patrón de violencia en contra de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa.

Preocupa el crecimiento de las agresiones a la libertad de expresión en un contexto no sólo de violencia en diversas entidades del país, sino además, en el escenario electoral venidero. De los siete estados donde el indicador de violencia es mayor, cinco de ellos tendrán elecciones para gobernador el próximo cuatro de julio, por lo que habrá que seguir de cerca la tensión que pueda darse entre las campañas electorales y el ejercicio periodístico.

Pese a la evidente falta de voluntad política de las autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, ARTICLE 19 y Cencos continuaremos construyendo estrategias para encontrar una respuesta efectiva por parte del Estado.

Ninguna medida por sí sola resolverá el problema, sin embargo, visualizamos cuatro líneas de acción urgentes por parte del Estado: la federalización de los delitos a la libertad de expresión; la reestructuración de la Fiscalía Especializada; la despenalización de los delitos contra el honor en las entidades federativas que aún lo mantienen y la creación de un mecanismo de protección y prevención desde el Poder Ejecutivo. Respecto a este último punto, con base en las mejores prácticas internacionales, la creación de un Comité de Protección a Periodistas se presenta como un mecanismo potencialmente efectivo. Estas cuatro líneas de acción se inscriben en el marco del cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales del Estado mexicano.

Descarga el informe completo en pdf


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