Sala de Prensa

124
Febrero 2010
Año XI, Vol. 5

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S  
   


México

Proyecto de Ley de Periodismo de Alto Riesgo

Mario López Valdez, Fernando Castro Trenti y Carlos Lozano de la Torre, senadores por Sinaloa, Baja California y Aguascalientes, respectivamente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXI Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo y adiciona el Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen como libertades fundamentales de los individuos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas. El reconocimiento de los derechos específicos de los profesionales de la información, que el orden constitucional consagra, es fundamental para la consolidación de un estado de derecho pleno y democrático.

Los medios de comunicación juegan un papel cada vez más determinante en los procesos sociales, políticos, económicos y culturales de una sociedad. Influyen en la formación del pensamiento del colectivo y es por esto que la sociedad les reclama mayor confiabilidad y compromiso en la búsqueda y difusión de la verdad, acciones en las que indiscutiblemente el periodismo encuentra su plena justificación.

El derecho a la información en un estado participativo incide directamente en el proceso de formación de la opinión pública. Cualquier interferencia en este proceso, bien sea que provenga del poder político, del poder económico, de los medios de comunicación o del crimen organizado, atenta no sólo contra los derechos individuales de los periodistas, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático.1

A nivel internacional sabemos que la actividad periodística es, en muchas ocasiones, de alto riesgo. Hay corresponsales que cubren la fuente de información de una guerra, un estallido social, de acciones terroristas, de rebeldes políticos, de movimientos sociales, y también en ocasiones se cubre por parte de los medios de comunicación los fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, deslaves y terremotos, entre otros fenómenos.

En el caso específico de nuestro país, nos enfrentamos en la actualidad a la fuerte presencia del crimen organizado y muy en especial al poder del narcotráfico que ha permeado en diversas actividades, las cuales van desde la participación empresarial, control de bandas delictivas de secuestradores, robo de vehículos, hasta la participación en política.

La presencia del crimen organizado en México también se refleja en las muertes de periodistas, amenazas y atentados contra medios de comunicación.

El ejercicio de un periodismo de alto riesgo, por sus características, afecta intereses de terceros, lo que pone en peligro la integridad física de los profesionales de la información, de las instalaciones del medio de comunicación en el que laboran y hasta de sus familiares y conocidos.

Es por tal motivo que nuestra propuesta incorpora el concepto de "periodismo de alto riesgo", concepto que reconoce el peligro constante en que ejercen su profesión.

En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas que sean considerados "de alto riesgo" deben de tener el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona, de su familia y, de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se vea amenazado, y si llegara a ocurrirle un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas contarán con la prestación de servicios médicos por parte del sistema nacional de salud.

También los periodistas deben contar con el derecho al secreto profesional con el que se otorga la garantía jurídica que asegure su anonimato y así evitar las posibles consecuencias que puedan derivar después de haber revelado una información sobre el sujeto primero que la ha proporcionado.2

El interés público de la noticia que justifica su difusión prevalece sobre la identidad del confidente, por ello, podemos decir que las razones que subyacen a mantener en secreto las fuentes son básicamente:

  • a) Protegerlas de posibles represalias por haber transmitido la información.
  • b) Salvaguardar la credibilidad en la discreción del periodista.
  • c) Garantizar que la continuidad en el flujo de la información de interés público que es transmitida a los periodistas para su publicación no se vea interrumpida y, con ello, puedan verse disminuidos el ejercicio de los derechos a comunicar y a recibir información.

La necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas se debe a que vemos con preocupación que las agresiones, intimidaciones, asesinato de periodistas y atentados en contra de instalaciones de los medios de comunicación son cada vez más frecuentes.

Debemos reconocer que hay avances en este tema, como lo demuestra la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas3, varias iniciativas de ley que se han presentado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, recomendaciones de organismos internacionales, de los medios de comunicación organizados y de expertos académicos.

Por su parte, la Cámara de Diputados ha aprobado adiciones al Código Penal Federal con la finalidad de sustraer del ámbito local los delitos contra periodistas y medios de comunicación, así como fortalecer el ejercicio periodístico, amenazado de manera notable en las regiones donde la delincuencia organizada ha querido imponerse a la autoridad.4

El espíritu que anima esta iniciativa de ley es el de salvaguardar el derecho a la información de nuestra sociedad y sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística. Su fortalecimiento significa la consolidación de la democracia y del estado de derecho.

La situación que viven los comunicadores y el periodismo de investigación a escala nacional es muy grave. Vemos como organismos nacionales e internacionales le exigen al gobierno federal y al Congreso de la Unión que se tomen medidas serias para hacer frente a la violencia contra los comunicadores. La fragilidad de los periodistas en México es cada vez mayor.

Con el homicidio de Alberto Velázquez, reportero del periódico Expresiones de Tulum, el pasado martes 22 de diciembre, se elevó a 12 el número de periodistas asesinados en 2009, y a 57 los que han perdido la vida del año 2000 a la fecha.

Los estados con mayor incidencia en delitos contra periodistas son: Veracruz, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

En Sinaloa, el 7 de septiembre de 2009 estalló una granada de fragmentación en las instalaciones del semanario Río Doce, en Culiacán y, también en 2009, fue asesinado Fabián Ramírez López, locutor de Mega Radio México.

En Durango fueron tres los periodistas muertos el año pasado; el más reciente, Vladimir Antuna García y antes Carlos Ortega Samper, los dos del diario El Tiempo; además de Gerardo Esparza Mata, vocero de Seguridad Pública de la capital del estado.

En Guerrero fueron ultimados Jean Paul Ibarra Ramírez, de Diario 21, en Iguala; Juan Carlos Hernández y Daniel Martínez Gil, locutor de Radiorama de Acapulco.

La lista se completa con Luis Daniel Méndez, de La Poderosa, de Huayacocotla, Veracruz; Eliseo Barrón, de La Opinión Milenio, de Torreón, Coahuila; Martín Javier Miranda, del periódico Panorama, de Michoacán; Ernesto Montañés, de la revista Enfoque; Norberto Miranda, de Radio Visión, y Omar Gándara, los tres últimos de Chihuahua.5

Para cerrar 2009, el miércoles 30 de diciembre, el periodista José Luis Romero, reportero del noticiero radiofónico Línea Directa de Los Mochis, Sinaloa, fue levantado por varios sujetos armados en una calle céntrica de la ciudad y hasta el momento se teme por su vida. Con este hecho lamentable suman nueve desapariciones de comunicadores y siete atentados con explosivos a instalaciones de medios de comunicación en nuestro país en 2009.

Por desgracia, hemos iniciado 2010 con el asesinato de Valentín Valdés Espinosa, reportero del periódico Zócalo de Saltillo de Coahuila, quien fue acribillado el pasado viernes 8 de enero, y también el asesinato de Óscar Torres Carrillo, hijo de la gerente regional del Grupo Radiofónico ACIR de Culiacán, Sinaloa, quien había sido levantado a finales de 2009.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), México se ha convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico, situación que se demuestra en el conteo de expedientes:

En el año 2000 se radicaron 13 expedientes; en 2001, 21; en 2002, 43; en 2003, 29; en 2004, 43; en 2005, 72; en 2006, 74; en 2007, 84; en 2008, 80; y al mes de noviembre de 2009 la cifra era de 78.6

Se ha generado miedo entre los periodistas y directivos de sus medios. Han optado por la autocensura, antes de que se cumplan las amenazas de muerte de las que son objeto ellos y sus familias. Los ataques a los reporteros son constantes y muchos de ellos ni siquiera son registrados ante el temor de que se cumplan las amenazas.

Esta situación ya se califica como fuera de control y pone al país a la cabeza de las naciones de mayor riesgo, no sólo en América Latina, sino a escala internacional para el ejercicio del periodismo.

Debemos de hacer mención de la 65 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se llevó a cabo la segunda semana de noviembre de 2009, en Buenos Aires, Argentina. Uno de sus principales resolutivos trata sobre la "impunidad en México", en el que insta al presidente de México, Felipe Calderón, a combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de la prensa, y exhorta al Congreso de la Unión a defender la libertad de expresión e investigar los asesinatos.

El 28 de noviembre del mismo año, diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM se pronunciaron por atender las agresiones a periodistas, recordando el exhorto que el Congreso de la Unión hizo a la CNDH y a la Procuraduría General de la República para que resuelva, investigue y dictamine lo antes posible los casos pendientes de las amenazas, extorsiones y asesinatos a periodistas.

Ante esta situación, como Grupo Parlamentario del PRI estamos dispuestos a asumir nuestro compromiso con los profesionales de la información y trabajar para el fortalecimiento de una verdadera libertad de expresión.

Estamos conscientes que no es posible en esta relatoría de poder enumerar a todos los profesionales de la comunicación que han sido agredidos, secuestrados y hasta asesinados; por lo que les ofrezco a los miembros de los medios de comunicación una disculpa a nombre de mi grupo parlamentario porque no ha sido suficiente lo realizado para contrarrestar esta problemática, pero también les pido que se sumen en apoyo de esta propuesta.

Ya es hora de reconocer su papel en el desarrollo democrático de nuestro país y reconocer también el sacrificio que han vivido los periodistas caídos.

  • No podemos solamente seguir contando los asesinatos de periodistas.
  • No aceptamos que las intimidaciones, ataques y agresiones a los medios de comunicación vayan en aumento.
  • No podemos permitir que el secuestro de profesionales de la información siga creciendo.
  • No debemos permitir tanta impunidad. En cada aniversario luctuoso de un periodista asesinado, se suma a la tristeza de la pérdida de un ser querido, la rabia e impotencia que siente toda una sociedad lastimada al ver que no hay avances en las investigaciones.
  • No aceptamos que los delitos en contra de los periodistas y medios de comunicación se vean como una cifra estadística que simplemente va creciendo.

Es tiempo de que se reconozca su labor, es tiempo de que el Estado y nosotros como Congreso asumamos con responsabilidad la defensa de los medios de comunicación. Todos queremos un México sin mordazas, sin miedo.

Basta de ser uno de los principales países que a nivel internacional cuenta con el mayor número de agresiones, secuestros, asesinatos de periodistas y de atentados en contra de los medios de comunicación, basta de tanta impunidad.7

¿Por qué no pasar de ser un país clasificado a nivel internacional de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, con una legislación deficiente, a ser un modelo internacional en el respeto a los medios de comunicación y a la vanguardia en la legislación en materia?

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo y adiciona el Código Federal de Procedimiento Penales

Primero. Se expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, para quedar como sigue:

Ley de Periodismo de Alto Riesgo

Capítulo I  
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la República Mexicana, sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2. El objetivo de la presente ley es el de salvaguardar el derecho a la información y comunicación en México y dotar de los instrumentos necesarios que permitan sentar las bases para el buen desempeño de la actividad periodística de alto riesgo y de investigación, y:

  • I. Fortalecer las normas jurídicas que regulan la actividad periodística a fin de preservar las libertades y los derechos que correspondan al desempeño de esta profesión.
  • II. Fomentar el periodismo de investigación, mediante el fortalecimiento de la ley y el respeto a la investigación periodística y de opinión.
  • III. Fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión, en un marco plural y participativo que coadyuve a la conformación de una opinión pública bien informada.
  • IV. Reconocer la función del periodismo, y en especial el periodismo de alto riesgo, como parte fundamental del desarrollo social y democrático de nuestra sociedad.
  • V. Fomentar el respeto y colaboración por parte de los servidores públicos de la actividad periodística de alto riesgo.
  • VI. El derecho a la seguridad, mediante la protección y apoyo por parte del estado a la actividad periodística de alto riesgo.
  • VII. El derecho de los periodistas al secreto profesional.
  • VIII. El derecho a la asistencia social y de salud de los periodistas de alto riesgo.
  • IX. El derecho a la seguridad económica de las familias de los periodistas de alto riesgo.

Artículo 3. Las amenazas, intimidaciones, agresiones y asesinatos de periodistas; así como atentados contra instalaciones de medios de comunicación, sustracción de material, equipo periodístico y daño a información digitalizada son considerados delitos graves del fuero federal.

Artículo 4. Son autoridades competentes para aplicar el presente ordenamiento, dentro de sus respectivas atribuciones conforme a esta ley:

  • I. La Secretaría de Gobernación.
  • II. La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Artículo 5. El Congreso de la Unión contará con la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación, que nombrará como observadores a dos representantes de los medios de comunicación y dos representantes de los periodistas organizados.

Artículo 6. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de República deberá presentar un informe de avances y resultados ante la Comisión Bicamaral de Seguimiento y Atención de Delitos en contra de Periodistas y Medios de Comunicación del Congreso de la Unión, de manera trimestral.

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

  • I. Periodista. Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión e información su actividad principal, entendida como la actividad de buscar y difundir información a la sociedad, de manera permanente y en forma remunerada.
  • II. Profesional de la información. Cualquier persona física que lleve a cabo una función periodística de manera permanente que consista en la elaboración, tratamiento o difusión de información por cualquier medio impreso, electrónico o audiovisual.
  • III. Periodista de alto riesgo. Cualquier persona física o moral que lleve a cabo una función periodística de manera permanente, que por sus características maneje información que afecte intereses de terceros, de hechos delictivos, de denuncia o relacionados con el crimen organizado y ponga en riesgo su integridad física, de su familia o las instalaciones del medio de comunicación.
  • IV. Periodismo de investigación. Es la etapa periodística de búsqueda e investigación en la que el material a utilizarse es base de la información, su clasificación, análisis y seguimiento.
  • V. Libertad de expresión. Es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier medio.

Capítulo II  
Del Derecho a la Seguridad

Artículo 8. Se entenderá como "periodista de alto riesgo" a quien desarrolle una función periodística y de investigación de manera permanente, que por sus características maneje información que afecte o trate sobre intereses creados, hechos delictivos, de denuncia o relacionados con el crimen organizado y ponga en riesgo su integridad física, la de su familia, o de las instalaciones de un medio de comunicación.

Artículo 9. En caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas podrán solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona y de su familia.

Las empresas, medios de comunicación y organizaciones de profesionales de la comunicación que se vean amenazados, también contarán con el apoyo de las autoridades correspondientes para la protección de sus instalaciones.

Artículo 10. Los periodistas de alto riesgo deberán contar con:

  • I. Un registro ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
  • II. Capacitación y profesionalización en el ámbito de seguridad personal.
  • III. Capacitación y profesionalización en el ámbito de investigación y búsqueda de información.
  • IV. Un seguro de vida, además de las prestaciones necesarias que les permitan la seguridad física y económica de sus familias.
  • V. Una bitácora personal en la cual deberán de llevar el seguimiento de las investigaciones de alto riesgo.

Artículo 11. En caso de agresión, atentado o accidente, los periodistas de alto riesgo gozarán de los beneficios del sistema nacional de salud.

Capítulo III  
Del Secreto Profesional

Artículo 12. Los profesionales de la información tienen el derecho jurídico y el deber ético de mantener en secreto la identidad de las fuentes que hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva. La protección de las fuentes informativas constituye una garantía del derecho de los ciudadanos a recibir una información libre y veraz.

Este derecho es oponible frente a su empresario y las autoridades públicas, incluidas las judiciales, y no podrá ser sancionado por ello ni deparársele ningún tipo de perjuicio.

Artículo 13. Los demás miembros involucrados en el proceso informativo están obligados, asimismo, a amparar el secreto profesional de sus compañeros, absteniéndose de revelar la identidad de las fuentes utilizadas por los demás.

Artículo 14. El periodista de alto riesgo citado a declarar en una investigación prejudicial o en un procedimiento judicial podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, y excusar cualquier respuesta que pudiera revelar la identidad de las fuentes reservadas.

Artículo 15. El derecho al secreto alcanza las notas, equipo de grabación, documentos profesionales, soportes electrónicos y digitales, que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos policial ni judicialmente.

Artículo 16. El derecho al secreto profesional asiste igualmente a cualquier otro profesional de la información involucrado en el proceso informativo que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada.

Capítulo IV  
De la Observancia de esta Ley

Artículo 17. Para todo lo no previsto se atenderá de manera supletoria a lo dispuesto en la Ley del Federal del Trabajo, el Código Penal Federal y el Código Civil.

Artículo 18. La violación u omisión en la aplicación de esta ley por parte de servidores públicos, se considerará una falta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos respectiva.

Segundo. Se adiciona una fracción XVII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

  • I. a XVI.
  • XVII. De la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, el previsto en el artículo 3.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a las normas previstas en la presente ley.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de enero de 2010.

Senadores: Mario López Valdez (rúbrica), Fernando Jorge Castro Trenti, Carlos Lozano de la Torre (rúbrica). 

_____
Notas
:

1. El derecho a la información aparece por vez primera en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."
2. El derecho al secreto profesional se define según el Consejo de Europa de 1974 como "el derecho del periodista a negarse a revelar la identidad del autor de la información, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o judiciales".
3. Acuerdo A/031/06 del procurador general de la República, por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. DOF, 15 de febrero de 2006.
4. Esta iniciativa debe de continuar el proceso legislativo hasta su aprobación. Será de competencia federal, el caso de un delito penal que se cometa "con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística", se establece en el artículo 430 del Código Penal Federal.
Los diputados aprobaron la adición de un Título XXVII al Libro Segundo del Código Penal Federal, "De los delitos cometidos contra la libertad de expresión ejercida mediante la actividad periodística", buscando su federalización.
5. La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2010/01/02/index.php?section=estados&article=021n2est
6. El Universal, Redacción, Ciudad de México, viernes 25 de diciembre de 2009.
7. En lo que ha transcurrido del año van 12 homicidios que representan más de dos terceras partes del total de asesinatos que hay en América Latina a profesionistas del ramo, por lo que México es el primer lugar en agresiones contra comunicadores.


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