Sala de Prensa

121
Noviembre 2009
Año XI, Vol. 5

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   


La política comunicativa de Alfonsín en Argentina

Ana Isabel Bernal Triviño *

“Yo soy yo y mis circunstancias.”
Ortega y Gasset

1. Introducción

Como añade Ortega y Gasset, un individuo está determinado no sólo por sí  mismo; sino también por sus circunstancias. Lo mismo sucede con los países, en función de las decisiones que tome cualquier dignatario político y que determina las actuaciones que se desarrollen en ese entorno. En este sentido, dentro de la industria cultural, la política comunicativa es un hilo muy fino del que derivan derechos tan fundamentales para como la libertad de expresión y de información de toda una sociedad. Argentina, una de las sociedades más prósperas a comienzos del siglo XIX, ha vivido una ajetreada política mediática en función de cada uno de los gobiernos que han imperado en cada etapa. Uno de esos periodos fundamentales se produjo con el desarrollo de la política comunicativa que desarrolló el ex presidente Alfonsín, actualmente fallecido, en la difícil tarea de iniciar el proceso democrático en el país. Por lo tanto, como balance de su trabajo y aportación a la estructura comunicativa de Argentina, este trabajo aporta un análisis retrospectivo de las medidas legislativas y económicas que impuso, así como los antecedentes con los que se encontró y las consecuencias que se produjeron de sus decisiones.

2. La llegada de la democracia

La Constitución argentina de 1853, atribuía al Congreso la responsabilidad de organizar y regular los medios de comunicación, responsabilidad que, en aquella época, se refería al telégrafo y al sistema postal. En el año y medio que transcurrió entre la invasión de las Malvinas y las elecciones, los partidos políticos argentinos no llegaron a nuevos acuerdos relativos a la organización o la regulación de los medios de comunicación bajo la democracia, aparte de los que afirmaba la Constitución. Durante la primera etapa de la transición a una Administración democrática, incluso antes de las elecciones, el público se convirtió en un ávido consumidor de los programas de opinión, los debates radiofónicos, películas, libros, revistas y folletos que hablaban de los excesos de la dictadura y de las plataformas de los partidos políticos enfrentados. Algunos partidos se consideraban herederos del régimen militar y casi todos contemplaban como única salida viable a la dictadura la de crear alguna forma de Gobierno junto con los militares.

Los sondeos demostraban que la mayoría de las personas esperaban importantes beneficios culturales del nuevo Gobierno civil.  Querían la reapertura de las universidades públicas, la eliminación de la censura, la autorización de numerosos films y libros prohibidos por los militares y cambios significativos en el contenido de la televisión.

Con una deuda sin precedentes, Argentina celebró elecciones presidenciales en octubre de 1983. El ganador fue Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR),  un partido fuerte en las elecciones, pero débil como institución, y que estaba a mal equipado para la práctica real de las tareas de Gobierno. Con él volvió la democracia y se firmaron acuerdos que impulsaron el comercio entre los países, con un menor coste en aranceles. Con él se creó también el MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y se renegoció la deuda externa, se instauraron reformas fiscales y se estableció una nueva moneda (la austral).

3. Situación educativa y comunicativa. Búsqueda de soluciones

Debido a las restricciones educativas que impuso el régimen, la administración de Alfonsín se encontró  con que Argentina, un país que gozaba de un sistema de educación universal desde comienzos de siglo, tenía cerca de 6, 5 millones de analfabetos en una población total de 30 millones. Esa restricción hizo que la circulación de los diarios y las revistas cayera casi a la mitad, y la edición de libros y la producción de películas registrasen descensos similares.

Cuando el gobierno civil recién elegido entró en funciones en 1984, era heredero de un sector de comunicaciones que consistía en numerosas posesiones de tipo feudal: el Secretariado de Comunicaciones (SECOM), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), la empresa nacional de telégrafos y servicios postales, una emisora de televisión en color, la Compañía Argentina de Teléfono a Larga Distancia, la Oficina Provincial de Telecomunicaciones de Entre Ríos, numerosas cooperativas telefónicas, todas ellas bajo el control del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, secretariado de Información Pública (SIP)  y Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), ambos bajo el control de la Presidencia.

La creciente liberalización de la sociedad argentina, el aumento de la demanda de información y el surgimiento de voces silenciadas durante la larga dictadura posibilitaron que los medios de comunicación desempeñasen un papel importante, informando a la sociedad, legitimando determinados temas y organizando la escena política. De modo gradual, muchas de las historias que se mantuvieron ocultas durante el régimen vieron la luz en los diarios. Las nuevas tecnologías de la comunicación, en combinación con las formas tradicionales de censura,  dificultaron al Gobierno civil y a los medios de comunicación la construcción de una imagen verídica del estado de la economía, la envergadura de la deuda nacional y la suerte de los millares de personas secuestradas, torturadas y asesinadas por los militares. Las pruebas habían sido destruidas o estaban almacenadas en bancos de datos secretos y en sistemas de información bien ocultos dentro de la burocracia militar.

Durante la transición, los políticos argentinos, que durante años habían considerado a los medios instrumentos de la propaganda gubernamental, continuaron a utilizar esos medios, especialmente la televisión. Los periódicos, las revistas, las radios y los programas de televisión argentinos no tardaron en adoptar un papel activo en numerosos aspectos del proceso político: discutían problemas, cubrían informativamente asambleas políticas, daban a conocer candidatos. En este sentido, refleja su opinión Óscar Landi:

“En el año 83, Alfonsín introdujo la publicidad política televisiva y un uso sistemático de la pantalla. La nueva mediatización de la política se hizo desde sus propios ámbitos: el acto, la conferencia de prensa, el mensaje presidencial o la sesión parlamentaria. Desde ese momento, los políticos comenzaron a adiestrarse frente a las cámaras, pero desde espacios institucionales que les correspondían. (...) Alfonsín había constituido el discurso político como género cultural propio de la democracia, pero con su caída pierde credibilidad su discurso. Entonces se produce un fenómeno relativamente inverso: la política sigue funcionando, pero cada vez más a partir de los géneros propios de la televisión, disuelta o sometida a sus reglas.”

La radiodifusión y la prensa, sin embargo, se interesaban más por los políticos y los partidos que estos últimos por ellas. Los dirigentes políticos mencionaban raras veces los medios de comunicación en sus plataformas políticas, y raras veces anunciaban planes para aplicar nuevas políticas de comunicación. Precisamente, surgieron voces nuevas en el panorama de los medios como fue el caso del diario Página 12, que se caracterizó por su forma, estilo y recursos; asociándose habitualmente a la denuncia.

4. Objetivos de la política comunicativa de Alfonsín

En las primeras etapas del Gobierno de Alfonsín se había previsto que había que realizar dos cambios en la política de comunicaciones:

  1. Realizar una nueva Ley de Radiodifusión
  2. Reorganizar la Administración pública del sector de comunicaciones

Sin embargo, no se llevó a cabo ninguno de estos objetivos durante los primeros años de democracia. El obstáculo era que no existía un consenso frente al problema. Los políticos, los funcionarios, la industria y los anunciantes tenían intereses convergentes y divergentes. Todos ellos compartían serias reservas acerca de la posibilidad de nuevas normas de juego definidas por el Congreso.

La transición política en Argentina, después de 1983, fue diferente de las transiciones de otras épocas. Los políticos tenían objetivos diferentes para los medios de comunicación.  En esa época, los políticos querían eliminar la dependencia que existía entre los medios y los países desarrollados, restaurar una cultura nacional y utilizar los medios como instrumentos de concienciación y organización política contra las fuerzas del  imperialismo y sus aliados. Esos objetivos estaban  orientados por el Estado, y el sector público era considerado el autor más adecuado de la política cultural. La mayoría de los políticos excluían al sector privado de sus políticas y sus planes, debido a los vínculos sospechosos del sector privado con los mercados y los inversores internacionales. De esta forma, los acuerdos de políticas comunicativas se basaban en pactos entre intereses diferentes; unos acuerdos que se producían al margen de las instituciones del gobierno y en el marco de una estructura industrial y comercial que cambiaba rápidamente en el campo de las comunicaciones.

El Congreso, el poder ejecutivo y la industria privada se neutralizaban entre sí en la definición de la política de comunicación y la política cultural del país. Además, la industria cultural mostraba indicios de estancamiento. Cuando la Administración de Alfonsín entró en funciones, las industrias argentinas de la radio y, en cierta medida, la televisión mostraban indicios de decaimiento. Durante los diez años anteriores, el número de emisoras de televisión había subido de 35 a 40, mientras el número total de emisoras radiofónicas (gubernamentales y privadas) había pasado de 148 a 155. Este crecimiento era muy lento, tomando en consideración la superficie y la población de Argentina y el hecho de que el 84% de esa población tenía acceso a la televisión y la totalidad de la población oía la radio.

La televisión por cable aumentaba en el interior del país, sin embargo, la situación jurídica era confusa. Los responsables de la televisión por cable reclamaban que el cable se incluyese en los servicios regulares de radiodifusión, así como el permiso para contratar publicidad comercial. La industria editorial nacional había sufrido las consecuencias de la supresión de los impuestos sobre la importación de libros desde 1979, y había experimentado una fuerte caída en la producción. Se publicaban más revistas nacionales, pero la circulación de cada revista iba en descenso. La producción de la industria discográfica también bajó durante el régimen militar debido a la importación masiva de cassettes grabadas y vírgenes. Aunque la demanda y las ventas de bienes de consumo habían aumentado en el sector de la electrónica, especialmente en televisores en color, aparatos de video y cassettes, la mayor parte de esos productos eran importados. La industria electrónica nacional, en realidad, había decrecido durante el régimen militar. Tres factores, sin embargo, diferenciaban la estructura reguladora argentina: 1.- La relación insondable entre propietarios de radios, productores y agencias de publicidad 2.- La maraña de la radiodifusión privada y estatal 3.- La identificación histórica del sector público con el gobierno en el poder. Por ejemplo, en Argentina, aunque los canales de televisión eran propiedad del gobierno, no se había recursos de producción televisiva que fuesen propiedad suya o estuviesen subvencionados por él. Los canales vendían o alquilaban programas directamente a las agencias de publicidad o a las empresas que deseaban anunciar sus productos. Los canales de televisión establecían el precio del tiempo de emisión en función del volumen de ventas y de las fórmulas de pago. Aquel sistema era discriminatorio para los pequeños compradores, que se veían obligados a pagar precios más altos.

Uno de los grandes desafíos planteados a los políticos argentinos consistió en resolver la neutralización mutua entre el control estatal y el control privado en los medios de comunicación. La solución estaba en limitar la tendencia casi monopolista de los medios privados y, al mismo tiempo, alentar el desarrollo de un sistema de comunicación nacional fuerte, apropiado tanto cultural como tecnológicamente. El sector privado aprendió a temer los posibles efectos, en sus actividades futuras, de una nueva Ley de Radiodifusión o de medidas antimonopolistas. Mientras, la derecha tradicional contemplaba con horror el auge de la pornografía y de aquello que consideraba la “destrucción de los valores de la civilización occidental.”

Después de 1983 el debate sobre los medios tuvo lugar en un contexto radicalmente diferente. Los anteriores objetivos habían perdido fuerza como consecuencia de la enorme deuda exterior y otros problemas económicos del país. Esos objetivos fueron reemplazados por una preocupación por el pluralismo y la protección tanto de los medios de comunicación como de sus públicos frente a la interferencia gubernamental. El nuevo contexto político y económico no era precisamente favorable al desarrollo de políticas culturales orientadas por el Estado. Los políticos regionales estaban preocupados por la centralización de la comunicación y los recursos culturales en la capital, Buenos Aires, y por la relativa escasez de esos recursos en la periferia.

Otros dos temas muy debatidos a escala nacional eran la incorporación de un nuevo tipo de radio privada sin fines lucrativos en la radiodifusión comercial y el papel del Congreso en el control del flujo informativo. En referencia  a lo primero, cabe citar que  desde 1983, teniendo su culmen en 1986, hasta 1989, nacieron alrededor de tres mil radios sin papeles, un hecho que obligó al Estado a abrir un registro especial y a otorgar algunos permisos a estas radios, de las cuales unas 500 eran comunitarias. En 1986, las iniciativas en torno a la legislación sobre los medios de comunicación en Argentina saltaron repentinamente a la cifra de alrededor de veinte nuevos proyectos de ley. En respuesta a ello, el sector privado aumentó sus actividades defensivas (mediante campañas de publicidad, conferencias y encuentros en el ámbito de las comunicaciones) para proteger el sistema de los medios privados contra posibles intervenciones gubernamentales.

Generalmente, el sector privado pudo trabajar conjuntamente en defensa de sus intereses, aunque debajo del consenso había un gran número de discrepancias. Por ejemplo, las diferentes posturas entre los grandes empresarios de media de Buenos Aires y los pequeños propietarios del interior del país, y entre las tecnologías establecidas y las tecnologías de reciente introducción, como la televisión por cable. Los propietarios de media locales temían caer en manos de grandes empresas multinacionales que utilizaban nuevas tecnologías de comunicación.

La mayoría de los propietarios privados se sentían amenazados por las nuevas tecnologías. Los medios privados tenían tanto miedo de la competencia del gobierno como de un mercado abierto, sin protección o regulación gubernamental.

El programa del nuevo gobierno civil con relación a los medios de comunicación no estaba claro. La plataforma política del presidente Alfonsín incluía medidas relativas a los medios: preservación de la libertad de expresión y la libertad de prensa, defensa de la cultura y la identidad nacionales, y modernización del sistema de comunicación. Su Gobierno cubrió inmediatamente el primer objetivo, suprimiendo la censura impuesta por el régimen militar. Los objetivos segundo y tercero, especialmente la modernización del sistema informativo, implicaban la renovación de gran parte de la infraestructura de comunicación existente en el país. La crisis económica nacional y la aplastante deuda exterior hacían extremadamente difícil conseguir eso. Las mismas limitaciones financieras obligaban al gobierno a mantener la financiación comercial de los medios de propiedad estatal mediante la publicidad, limitando gravemente, con ello, el desarrollo de una programación educativa y cultural.

Con el tiempo, las diferentes facciones que formaban el partido gobernante  se concienciaron aún más de la importancia de los medios de comunicación en las campañas electorales. Por ejemplo, el gobierno retrasó el debate en torno a una Ley de Radiodifusión hasta después de las primeras elecciones al Congreso, por temor a perder el apoyo de los medios de comunicación privados. Y es que durante todo su mandato las empresas editoras de prensa gráfica luchaban por tener participación el mundo de la radio y a la televisión.

El gobierno siguió controlando una porción considerable de los medios de comunicación del país: 67 emisoras radiofónicas y 17 canales de televisión, incluyendo 3 de los 4 canales de la capital. El control gubernamental de los medios desempeñó un papel crucial en la actuación del gobierno ante el intento de golpe de estado militar en la primavera de 1987.

Una de las medidas más importantes del nuevo gobierno en política cultural fue atribuir la responsabilidad de la compañía de televisión en color argentina al Secretariado Nacional de Cultura.  El Secretariado era una estructura modesta, con un bajo presupuesto, y aproximadamente el 90% de sus actividades se desarrollaba en Buenos Aires. La política cultural del Gobierno de Alfonsín no tardó en tener problemas. En 1984, el Secretario de Cultura dio a conocer su plan cultural nacional para 1984-1989, en el que expresaban preocupaciones relativas a su nuevo cargo. Su primera preocupación era la contradicción entre la propiedad pública y la financiación comercial; la segunda, las limitaciones impuestas por el patrocinio comercial a la calidad del contenido de la ATC (Argentina Televisora Color) y a la veracidad de sus servicios informativos; y la tercera, la escasez de programación para el interior del país.  La ATC era una novedad para el Secretariado de Cultura, pero no para el sector público. Bajo el régimen militar, la ATC había combinado los peores elementos de la represión y la corrupción; bajo el Secretariado, inició una política de mayor libertad de expresión y más alto nivel artístico. Muchos de sus programas, sin embargo, eran de baja calidad y, a menudo, tenían poca aceptación pública. De esta forma, quedó claro  que el Secretariado era incapaz de administrar una empresa de televisión en la que las decisiones importantes relativas a la programación eran adoptadas por el sector privado. En agosto de 1986, la ATC dejó de ser competencia del Secretariado y quedó sometida directamente al secretariado de Información Pública de la Presidencia.

Las demandas de grupos de artistas e intelectuales, en su mayoría actores, periodistas y profesores universitarios, semiempleados o desempleados, se referían a aumentos salariales y a la estabilidad en el trabajo. Las demandas de los empresarios de los medios se canalizaban a través de una comisión de medios de comunicación independiente formada por la Asociación Argentina de Editores de Revistas, la Asociación de Periódicos de Provincias, la Asociación de Editores de Buenos Aires, la Asociación de Emisoras de Radio Privadas y la Asociación de Radiodifusión. Los empresarios privados demostraron ser los más fuertes. Pudieron impedir la aprobación de una ley que hubiese concedido a los individuos el derecho a réplica en determinadas publicaciones y programas radiofónicos, y bloquearon una nueva ley de doblaje que hubiese hecho aumentar los costos de la producción televisiva. Los propietarios privados de medios de comunicación propusieron con éxito una serie de medidas proteccionistas que prohibían las transmisiones, vía satélite, desde el extranjero. Los propietarios privados se resistían a permitir la intervención de nuevos actores en su campo, por ejemplo, a través de la concesión de licencias radiofónicas a organizaciones públicas de fines no lucrativos. El Gobierno se resistía a permitir que parte de los recursos de radiodifusión de propiedad estatal quedasen sometidos a una organización pública no-gubernamental.

Los partidos de oposición, especialmente los partidos peronistas, presionaron para que se abriese en el Congreso el debate en torno a la Ley de Radiodifusión y consideraron al presidente responsable del retraso. La oposición dependía casi enteramente de los medios privados para la publicidad política y no quería perder el apoyo de ellos sugiriendo una nueva legislación.  

En cierta medida, el papel indeciso de los partidos políticos en la discusión sobre los medios era consecuencia de las debilidades de los propios partidos  y de su falta de experiencia en el ejercicio de las tareas gubernamentales y en la utilización de los medios modernos. (Argentina sólo había conocido diez años de gobiernos civiles en el curso de los cincuenta años anteriores a la toma de posesión de Alfonsín) Después de muchos años de una actividad política limitada, los partidos apenas empezaban a renovar sus vínculos con las organizaciones de base, la Iglesia, los sindicatos y las demás fuentes de apoyo. Los partidos desarrollaban lentamente sus propios medios dé comunicación a través de sus militantes.

En lo económico, el gobierno quiso frenar la inflación reduciendo el gasto público y lanzando el Plan Austral, que congeló precios, tarifas de servicios y estableció una nueva moneda, el austral, inicialmente más valiosa que el dólar. Sin embargo, el fracaso del Plan Austral llevó a que entre diciembre de 1983 y abril de 1989 se perdieran miles de empleos, el salario experimentara una drástica reducción y unos 10 millones de habitantes – en torno al 30% de la población-quedarán virtualmente marginados del mercado de consumo. Hubo catorce paros generales y se realizaron saqueos a comercios en distintos barrios de la capital y en ciudades del interior del país.

5. Conclusiones

Raúl Alfonsín tuvo la dificultad de encauzar una nueva política comunicativa en un momento tenso políticamente tras la salida de la dictadura. Las normas instauradas en la sociedad eran nuevas y ello exigía en el entorno de la democracia una apertura de los medios. Las iniciativas impulsadas por Alfonsín se encontraron con el obstáculo de la falta de consenso, producto indispensable junto al diálogo en la actividad democrática. Los medios privados no querían perder su poder y la programación cultural tan solo podía darse por parte del sector público.

Sin embargo, la situación económica que atravesaba el país no permitía el desarrollo de políticas culturales orientadas por el Estado. Por ello, finalmente, se establecieron en materia de comunicación medidas que se habían extinguido con la dictadura y que constituyen la base de la democratización de los medios: la instauración de la libertad de expresión y del pluralismo.

La inseguridad, el fracaso del plan económico del Gobierno, huelgas, saqueos, la pérdida de empleos, una reducción de salarios y casi cerca de un 30% de la población en índice de pobreza fueron algunas de las consecuencias de este Gobierno. En las elecciones de 1989, el peronista Carlos Seúl  Menem se hizo con el poder.

Mientras tanto, en Europa, la caída del muro de Berlín trasformó el mapa político y económico del mundo. La globalización, las empresas trasnacionales convocaron un nuevo orden en el mapa mundial. Y en esas nuevas circunstancias llegaron las ideas de privatización del peronista Carlos Saúl Medem y su política neoliberal, junto con una reforma basada en la reducción de funciones y personal. A partir de entonces, el sistema de medios de Argentina se definiría por la irrupción de grandes masas de capital financiero internacional, rápidos procesos de concentración tecnológica, deficiencia del marco regulador y ausencia de debate sobre las comunicaciones en la sociedad civil y los partidos políticos.

Para la realización de este trabajo, que se integra en una amplia investigación desarrollada en los cursos de Doctorado de la Universidad de Málaga sobre la política comunicativa en Argentina, se contó  con la colaboración del profesor de la Universidad Austral de Buenos Aires, Federico Rey Lennon.

__________
Bibliografía:

“Argentina”, en Enciclopedia Microsoft Encarta 2003, (CD-ROM) Microsoft Corporation, 2003
Beck, Ingrid y Rodríguez, Paula. “Menem es capaz de hacer una reunión de gabinete de Fechoría”, entrevista a Óscar Landi. En http://www.lamaga.com.ar/www/area2/pgnota.asp?id nota=5076
García Lucero, Dafne, “El periodismo de investigación en Argentina”, en Sala de prensa, nº27, enero 2001, Año III, Vol.2
Landi, Óscar. “Medios de comunicación, procesos culturales y sistemas políticos’” en Elisabeth Fox, Medios de Comunicación y Política en América Latina: la lucha por la democracia, Gustavo Gili, Barcelona, 1989
Muraro, Heriberto. “Dictadura y transición Argentina 1973-1986”, en Elisabeth Fox, Medios de Comunicación y Política en América Latina: la lucha por la democracia, Gustavo Gili, Barcelona, 1989


*Ana Isabel Bernal Triviño es licenciada y doctora en Periodismo por la Universidad de Málaga. Obtuvo el Diploma en Estudios Avanzados tras terminar el programa de doctorado “La globalización en el espacio cultural iberoamericano”, dedicado a las políticas comunicativas de América Latina. Actualmente acaba de publicar un libro relacionado con su tesis doctoral, Los nuevos medios de comunicación y los jóvenes. Una aproximación al modelo ideal del medio. Trabaja para el grupo de investigación Labcom, de la Universidad de Málaga y colabora en diversos medios españoles. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.


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