Sala de Prensa

121
Noviembre 2009
Año XI, Vol. 5

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   


El ejercicio periodístico desde la óptica de la libertad de expresión,
el derecho a la información y la libertad de prensa

Constantino Rojas Burgos * y Gunnar Zapata Zurita *

Realizar actividades de periodismo, involucra el ejercicio de un conjunto de derechos que van desde el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, cuyo ejercicio es cuestionado por investigadores de esta actividad, e incluyen los derechos al trabajo, a un salario y a la libertades laborales en una actividad profesional.

En el ejercicio periodístico influyen los derechos mencionados y en este artículo, el autor se habrá de referir a la incidencia de los tres primeros: la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa.

I La libertad de expresión y el derecho a la información

La libertad de expresión fue reconocida como un derecho universal en el comportamiento de todo ser humano a partir del siglo XVIII. Si bien con anterioridad, las Cámaras de Lores y Comunes del parlamento de Inglaterra en la Declaración de Derechos de Westminster, suscrita en fecha 13 de febrero de 16891, reconocían las libertades de expresión, discusión y actuación, para miembros del parlamento inglés. Tuvieron que pasar 100 años para que, en Francia, el 26 de agosto de 1789, este derecho sea reconocido como propio de toda persona, dentro de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano2. Mientras Francia debatía y se adaptaba a la nueva visión de país que se construyó a partir de la revolución Francesa, el 15 de diciembre de 1791, era promulgadas las diez enmiendas a la Constitución propuestas en las Cámaras de Senadores y Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando reconocida dentro de la Primera Enmienda3: las libertades de culto, de expresión, de prensa, petición, y de reunión.

El Estado Boliviano reconoció el ejercicio y la defensa de este derecho, al reconocer la vigencia en su legislación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos4 la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre5, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos6 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos7.

Como todo derecho, la libertad de expresión tiene sus límites, en la medida en que no afecte el derecho a la intimidad, la honra, la reputación personal, la vida familiar y privada, precautelando la protección de la seguridad nacional, el orden y la moral pública. El derecho a la libertad de expresión concluye cuando el mismo afecta a los derechos de los demás.

Considerando el ejercicio del periodismo, todo periodista parte del desarrollo de esta facultad, expresión sin censura ni temor a represión, sin embargo, las limitaciones de la libre expresión, comienzan también por otro derecho, el derecho a la información, en la medida que incluye la facultad de recibir información.

“El de la Información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones, y más aún, como ya se dijo, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas. (Fuente: CORTE COLOMBIANA DE JUSTICIA Sentencia No. T-512-92, 18 de junio de 1992)

En las Declaraciones, Pactos y Protocolos reconocidos por el Estado Boliviano la acción de recibir información entendida como derecho a la información, está  derivada al derecho de la libertad de pensamiento, opinión y expresión, empero no toda expresión representa necesariamente una información. Quien ejerce el derecho a la libre expresión puede señalar una posición u opinión respecto a un tema en particular, que puede no tener garantías de veracidad, decir una mentira inclusive representa ejercer este derecho a la libertad de pensamiento, expresión u opinión. Sin embargo la información no parte de supuestos, corazonadas u posiciones subjetivas, la información parte de datos con garantías de veracidad, pues está orientada a que el sujeto quien recibe esta información pueda asumir una posición y generar conocimientos. Por ello el sujeto del derecho a la información no es la persona quien expresa una opinión sino quien percibe la información.

La información responde a esa necesidad de la persona de saber lo que los demás han expresado, ella se refiere a escuchar la manifestación de ideas o conocimientos necesarios para adoptar decisiones. La información sin embargo no responde directamente a la necesidad de ser humano de expresarse, debido a que toda expresión del ser humano puede no ser una información.

“El derecho a la información, que es el derecho de quien recibe… el derecho a la información es, pues, ontológica y temporalmente anterior al derecho de informar, es el que le da sentido y equilibrio, sin ese necesario peso el acto de informar se convierte en un arbitrario y abusivo uso del poder de la información. (Fuente: http://www.saladeprensa.org/art588.htm. Consultado en fecha 26 de julio de 2006)

El sujeto activo del derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión es la persona quien emite y difunde su opinión. El sujeto activo del derecho a la información, entendido como el derecho que faculta a recibir información, es la audiencia. Por tanto el ejercicio del derecho a la información implica la garantía para que la audiencia no sea engañada. Bajo este aspecto, el sujeto activo del derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión no es el mismo que el sujeto activo del derecho a la información.

“… la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, establecen este contenido no sólo a difundir información sino a recibir información; y en esa dimensión pasiva los ciudadanos tenemos el derecho de ser debidamente informados”. (Fuente: http://www.palestra.pucp.edu.pe/pal_com/?file=seminario/carrillo.htm Consultado en fecha 13 de octubre de 2006)

La libre expresión no implica de manera obligatoria, la difusión de información, una persona promedio puede expresar su opinión, la cuál no representa necesariamente una información aunque sea difundida.  La información recibida, de acuerdo a su definición semántica, debe generar un conocimiento en la audiencia mas la opinión no está condicionada a generar un conocimiento sino a difundir una posición o percepción de cualquier ciudadano ante un público, en el cuál algunos estarán a favor de esta posición, algunos en contra y otros responderán con la indiferencia.

Una opinión puede ser información siempre y cuando sea opinión pública, es decir, la opinión de una persona cuya posición o decisiones sean de interés sectorial o total. Es necesario distinguir que no toda opinión difundida en medios puede ser definida como opinión pública, debido a que pueden darse comentarios de personajes que no representan a una población e incluso autoridades que opinen o expresan su posición respecto a temas que no sean relevantes para la audiencia. La opinión pública no tiene el rango de pública simplemente por haber sido expresado por una persona calificada como pública, sino por la temática abordada que es de interés sectorial o general.

La acción de recibir información está relacionada con el derecho de libertad de pensamiento, expresión y opinión, puesto que toda opinión y expresión ideal debe ser construida a partir de una selección de datos e informaciones. La información con la que fue generada una opinión representa el fundamento o argumentación de ésta última. La información distorsionada (desinformación) o reducida (subinformación) al contrario generará conocimientos equivocados y opiniones no fundamentadas. Por ende es necesario defender la vigencia de un derecho que se preocupe por la veracidad de una información, que se preocupe porque la población no sea engañada.

II La libertad de prensa y el derecho a la información

La Libertad de Prensa es la facultad del trabajador de prensa para acceder a toda información de interés público, con el propósito de difundirla entre la población. En sentido más amplio, el derecho a la información, considerada como la facultad que tiene todo ser humano y no sólo un periodista para acceder, investigar y recibir información. La libertad de prensa es vital para el ejercicio periodístico, por lo que, compromete el ejercicio del derecho al trabajo de todo periodista. El derecho a la información es importante para todo ser humano, en la medida que toda información recibida influye en la toma de decisiones personales y sociales.

Por otro lado, se diferencia el “derecho de la información” respecto al “derecho a la información”. El primero es concebido como una disciplina jurídica, de manera similar al derecho civil, derecho penal, derecho administrativo y otros, cuyo objeto jurídico es exclusivamente el manejo de la información. Por esta razón, cuando se refieren al derecho a la información enfatizan aseverando el derecho humano de la información.

La definición del derecho a la información, además mantiene un debate saludable entre los investigadores respecto a definirlo como la facultad del ser humano de difundir, recibir e investigar hechos, opiniones e ideas de utilidad o interés social, o simplemente como la facultad de recibir información. Los responsables de este artículo, consideran las tres facultades: acceder, investigar y recibir información, sin embargo priorizan en su definición a la última facultad recibir información.

Retomando la definición del derecho de la Información, determinados autores utilizan “Derecho de la información” como “Derecho a la Información”. Las diferencias entre el ejercicio del derecho a la información y el derecho de la información va más del simple uso literal de las preposiciones “a” y “de”, ambas tienen un significado distinto. Semánticamente la preposición “de” denota pertenencia u origen, en cambio, la preposición “a”, en cambio, esta referida a la dirección o trayectoria. La concepción norteamericana, el derecho de la Información esta referida como “Information’s Rights” mientras el derecho a la información es concebido como “Right to the Information”.

La libertad de información es el contrapunto del derecho a la información. Si éste corresponde a los ciudadanos, la primera pertenece a los medios y a los periodistas. La correcta combinación de ambas es lo que da lugar a la una información realmente libre y eficaz. Sin el adecuado ejercicio de las libertades de información y expresión por parte de los periodistas y de los medios, la opinión pública queda secuestrada. (Fuente: http://www.elotrodiario.com/a/imp/EEEZkElZpyRNBeardJ.php Consultado en fecha 14 de septiembre de 2007).

Derecho de la Información prioriza a la información sobre el sujeto, atribuyendo una importancia a la difusión y acceso a tal. Este derecho está relacionado a la cualidad de la información para no ser ocultada; la información, por naturaleza, nace para ser conocida, el propósito de la misma es generar en el sujeto que la recibe una posición referente a un tema o una decisión, referente a una acción a desarrollar. Toda información que no es difundida puede no ser considerada como tal, pudiendo ser considerada como un contenido confidencial o un secreto. El derecho de la información por tanto, más que una facultad es una disciplina jurídica.

El derecho que faculta el acceso y la investigación de la información y la libertad de prensa, se refieren a la derivación del derecho a la libertad de pensamiento, opinión pero sobretodo expresión, considerando la información como parte de ella. Se constituyen en la facultad para informar que tiene una persona, en caso de la libertad de prensa un periodista; ello conlleva además la libertad de acceso que tiene una persona a una fuente de información o a la información como tal para adoptar una posición o tomar una decisión. Esta libertad de acceso puede dar origen a la acción de informar. El derecho de la información y sobretodo la libertad de prensa defiende el acceso a la misma de manera irrestricta, siempre y cuando conocer tal información dañe otros derechos legítimos también, de otras personas.

El 31 de enero de 2004, fue aprobado el Decreto Supremo 27.329. Algunas organizaciones pidieron la revisión de la norma al Presidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, pues contenía restricciones como una prohibición a los fiscales de entregar información sobre la investigación judicial y daba la condición de clasificadas a actividades militares, económicas, de integridad territorial y de negociaciones comerciales. (Fuente: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4454.pdf Consultado en fecha 16 de agosto de 2007)

La libertad de prensa tiene un deber importantísimo para con la sociedad, el cual, es el contribuir al derecho de la sociedad de recibir información, que vayan conforme al bienestar de la misma, según la definición de información y el ambiente que pretende formar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la información, o la manera que se tiene de presentarla atenta, al bienestar de la comunidad, o no cumple su función, ésta debería modificar su manera de expresión, de tal forma que contribuya a sus fines. El propósito de la libertad de prensa y de pensamiento no es un  fin en sí mismo para estas libertades, sino un medio para que el hombre en sus sociedades pueda ser feliz. Puesto que la libertad de prensa, como la libertad de expresión tienen límites8, esto demuestra las libertades también son para algo y no son un fin en sí mismas, son para usar de ellas en el camino hacia la felicidad humana. En sí, las libertades son para hacer al hombre libre y feliz.

“La información adquiere valor cuando consciente y apropiadamente se desea, busca y utiliza para construir una visión y un sentido particular de desarrollo, de futuro, en definitiva, de mundo. La información por sí sola no basta, se requiere de su análisis e interpretación para poderla convertir en conocimiento útil (informar es transmitir un saber a quien no lo posee), que brinde seguridad y dirección en el accionar cotidiano. El ciudadano es, en última instancia, el que le otorga valor a la información —frente a la entropía, el caos o la casualidad—, por tanto, es quien determina si la considera como ruido o como herramienta válida”. (Fuente: http://www.usuariosyusuarias.org.ve/articulos/articulo.php?id=4 Consultado en fecha 6 de agosto de 2007)

III La ética y el respeto a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información en el rjercicio periodístico: Un “mea culpa” de los trabajadores de prensa

En abril de 2006, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la carrera de Comunicación Social organizaron el Primer Encuentro Interuniversitario de Investigadores sobre el Derecho a la Información. El mismo evento contó con la participación del Defensor del Pueblo mediante la exposición del Representante Departamental Arq. Augusto Siles. La premisa de los participantes en el evento estaba centrada en observaciones sobre la ética9 demostrada en el manejo de la información, en el trabajo periodístico desarrollado en los medios locales y las redes nacionales de medios, atribuyendo a la “falta de profesionalismo” e incluso la ignorancia de las normas del Código de Ética del Periodista Boliviano publicado por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Prensa, lo que involucraba vulneraciones al derecho a la información de su audiencia..

Mayúscula fue la sorpresa de los investigadores cuando, en el transcurso del evento, los mismos trabajadores de prensa reconocieron haber cometido faltas contra la ética periodística de manera voluntaria, sin embargo, a criterio de ellos, esta acción fue originada por un conjunto de presiones ajenas al trabajo periodístico, como intereses comerciales, políticos de quienes son propietarios de los medios.

Al respecto, Juan Jorge Faundes, docente universitario y periodista, en el año 2.003 presenta en su libro “Periodismo de Investigación en Sudamérica: Obstáculos y Propuestas”, señala los resultado de la iniciativa del capítulo chileno de Transparencia Internacional, quienes realizaron la investigación “Periodismo Investigativo en Sudamérica, propuestas de fortalecimiento”. Los propósitos de este trabajo era indagar sobre dos interrogantes ¿cuáles son los principales obstáculos al periodismo investigativo en Sudamérica y cómo se jerarquizan? ¿Qué soluciones se proponen desde la experiencia para superarlos?. En este presente acápite se detallarán los resultados obtenidos en la respuesta a la primera pregunta, considerando la segunda en el acápite tercero de esta ponencia: Propuestas de Políticas Públicas dentro de la inclusión del Derecho a la Información en la Constitución Política del Estado.

La investigación consistió en un conjunto de entrevistas personales, in situ, a 48 informantes claves (periodistas investigadores, dueños de medios y académicos expertos en el tema, de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay), así como la revisión de fuentes secundarias (bibliografía, sondeos y opiniones de otros expertos). A lo anterior, se incorporaron los datos de otras consultas a periodistas investigadores. (Fuente: http://www.saladeprensa.org/art475.htm. Consultado en fecha 14 de septiembre de 2007)

Considerando los obstáculos identificados en el desarrollo del periodismo de investigación, el 27% de los entrevistados respondió que los propietarios de los medios eran el principal factor obstaculizador, el 26% señaló al Estado, el 14% acusó la falta de acceso a la información, el 12% dijo que la violencia contra los periodistas; otro 5% habló de la necesidad de formar y capacitar a los periodistas y 16% a subtemas diversos.

Considerando este macrocontexto, en Bolivia, el periodista Javier Hurtado Yañez realizo una investigación denominada “Ejercer El Periodismo ¿Bien Público O Negocio?10.En la misma, se realizaron entrevistas a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, en la gestión 2.006, quienes revelaron los siguientes datos:

  • En la señalada gestión existían 368 afiliados, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos.
  • Aproximadamente 25% de los afiliados estaba desocupado. Este porcentaje desde hace años que no baja y existe la tendencia al incremento por la contratación de practicantes o estudiantes de últimos semestres de las carreras de Comunicación Sociales.  Por tanto es considerado endémico en el gremio.
  • El 40% de los trabajadores del sector percibe 50 $us de salario/mes promedio.
  • El 20% de los afiliados recibe tratamiento salarial, de regular a bueno, considerando el salario mínimo nacional establecido por el Gobierno Nacional en el año 2.006. ($us. 62,50)
  • El 40% son subcontratistas con espacios alquilados o por intercambio de servicios, es decir no son trabajadores de los medios, estos trabajadores de la prensa alquilan espacios de la programación de los medios, buscando anunciantes que permitan financiar su trabajo a razón de difusión de publicidad.
  • El 80% de los afiliados no cuenta con ningún tipo de seguro médico.

En cuanto al cumplimiento del Código de Ética establecido a partir del Estatuto Orgánico del Periodista, la cabeza del sector señaló de manera textual, “que siendo demasiado generosos, no sobrepasa el 25% el grupo de periodistas que intenta enmarcarse y cumplir el código de ética”.

El incumplimiento del Código de Ética vigente para los trabajadores de prensa es un conducta muy entendida, a juicio de Luis Ramiro Beltrán, puesto que se depone la ética en el periodismo por otros intereses es un mal continental, no sólo local, afectando no sólo al trabajo periodístico sino a los derechos como la libertad de prensa, el derecho a la información e inclusive a la libertad de expresión: 

En un estudio de 1994 sobre el porvenir de la prensa en las Américas, Andrés Oppenheimer (1994, p. 37) advirtió sobre indicios de deterioro de la ética periodística en Latinoamérica en estos términos: “Hoy en día, una de las principales amenazas a la libertad de prensa – y a la defensa de los derechos humanos – es la censura y la autocensura que es fruto de la corrupción de los propios medios periodísticos.”  Pocos años después, John Virtue (1998, p. 13) coincidiría plenamente con esa apreciación al afirmar lo siguiente: “La amenaza más fuerte que enfrentan los medios de comunicación en América Latina no son los esfuerzos gubernamentales o de otra índole para restringir la libertad de prensa, sino la corrupción interna.” (Fuente: Luis Ramiro Beltrán, ÉTICA PERIODÍSTICA EN BOLIVIA. Sucre. Editorial CSJ - GTZ 2003, 7.)

Raúl Peñaranda, director y fundador del semanario La Época, dirigió una investigación a mediados de 2.001, la cuál es presentada en la primera parte del libro “Retrato del Periodista Boliviano”. Esta investigación establece las principales características de los periodistas bolivianos considerando su desempeño profesional e incluyó el desarrollo de un cuestionario anónimo, los resultados obtenidos señalan que, el 53.7% confesó que ha recibido ocasionalmente proposiciones de soborno para manipular información. Estas propuesta de desinformación provenían de políticos en 74%, de empresarios en 15% y de líderes sindicales en 4.7%. Cuando se interrogó al periodista si conocía de manera directa a un colega que haya aceptado un soborno, la respuesta afirmativa subió a 59.5%.

El 65% de los periodistas interrogados por este autor y su equipo, señaló conocer a un colega que ha recibido regalos autoridades o empresarios, en una situación donde su ética resultaba comprometida. El 45.4% de los dijo conocer a algún colega que ganaba indebidamente un sueldo paralelo al que ganaba en su medio de comunicación.  Las respuestas a la cuestionante sobre la posibilidad de que, en el medio en que trabajaba el periodista, se debatían asuntos de ética, 53.2% contestó que “nunca” o “rara vez” ocurría aquello.

“Periodistas que no entienden a cabalidad de lo que escriben. Periodistas que admiten que se equivocan al elaborar notas. Periodistas que reconocen que son pasibles de ser sobornados. Periodistas que admiten que autocensuran sus materiales. Con ese cúmulo de características uno podría suponer que los reporteros y redactores tienen una actitud autocrítica en su desempeño diario. Por el contrario, pese a las fallas mencionadas aquí, los hombres y mujeres de prensa muestran una actitud acrítica. El 50.7% de los encuestados dice que sus colegas tienen ese rasgo. El 46.8% restante, por el contrario, cree que son ‘autocríticos’.” (Fuente: Rául Peñaranda, RETRATO DEL PERIODISTA BOLIVIANO, La Paz, Editorial CEBEM, 2002.47.)

Retomando la investigación realizada por el periodista Javier Hurtado, de acuerdo a las entrevistas realizadas a la dirigencia del gremio periodístico local señala que los factores más determinantes para este comportamiento tiene que ver con los bajos salarios, cuyos indicadores fueron mencionados anteriormente, la política partidista de los propietarios de los medios y el Estado.

Con esta respuesta, se plantea una explicación a este incumplimiento, reconocido por los trabajadores de prensa de Cochabamba, sin embargo no se puede tapar el sol con un dedo, es presumible la existencia de otras causas que generan este comportamiento “no ético” reconocido por los mismos periodistas.

IV Conclusiones

Después de conocer la normativa nacional e internacional sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa desde el ejercicio periodístico, es importante señalar sobre la necesidad de un cambio de actitud en los distintos sectores de la sociedad boliviana involucrada en el tema de la información.

Por un lado, el Estado tiene del deber de respetar y garantizar la libertad de expresión como un derecho natural que tiene todo ser humano, garantizando el derecho a la información que tiene el público y la libertad de prensa con el acceso libre y oportuno a las fuentes de información —tanto pública como privada—  para que los periodistas desarrollen su trabajo sin barreras de ninguna naturaleza. Los periodistas son “mediadores” entre los medios y la sociedad, los periodistas han recibido simbólicamente “el mandato” de la sociedad para que los represente ante las distintas instancias donde se genera información noticiosa y en esta perspectiva es importante que el Estado contribuya y garantice el ejercicio periodístico.

Las normas también se refieren a los propietarios de los medios de comunicación social que han asumido la decisión de poner al servicio de la sociedad, sus recursos económicos, equipamiento, recursos materiales y humanos que contribuyan a generar y difundir información noticiosa dirigida a crear conciencia nacional en el marco de la legislación vigente. En esta noble misión, los propietarios de los medios no deben olvidar la función social que tienen sus medios con el público, obviamente que de por medio hay intereses económicos, políticos e ideológicos, pero también está la responsabilidad social de contribuir a través de los medios en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, la creación de la opinión pública y el bienestar social.

El público, el oyente, el lector, el televidente, el “ciudadano común” tiene el derecho a la información, entendido como el derecho a recibir información confiable, verificada, contrastada, sin engaños ni manipulación. El ciudadano tiene el derecho a ser debidamente informado, conlleva el derecho a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión.

Ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, el público debe estar consciente  sobre la importancia del ejercicio y la defensa de este derecho que admite que ningún ciudadano sea silenciado o perseguido por pensar diferente

Por su parte el periodista ejerce la libertad de prensa para acceder a la información de interés público, tiene acceso ejerciendo su derecho de la información que pertenece precisamente a los medios y a los periodistas, por tanto este derecho prioriza la información que tiene relación con las personas.

La ética y el respeto a la libertad de expresión desde la normativa es también una tarea importante del periodista en la medida en que su trabajo esté ceñido al Código Deontológico que señala los principios y los valores éticos y morales que deben ser la pauta que tienen que desarrollar en el ejercicio del periodismo.

El periodista tendrá que estar consciente que en su trabajo recibirá permanentemente amenazas a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la censura y la autocensura, el soborno para manipular la información, bajos salarios, etc., pero ante todo debe primar la necesidad de precautelar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa desde su trabajo periodístico, independientemente de intereses políticos ideológicos e ideológicos.

Para concluir es importante señalar que existen normas nacionales e internacionales que regulan el ejercicio del periodismo, y las mismas normas incorporan artículos que protegen el derecho y la dignidad de las personas. En ese sentido la sociedad y los ciudadanos debemos sentir que están amparados.

La libertad de expresión constituye la piedra angular en la existencia de la misma sociedad, condición necesaria para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales puedan desarrollarse plenamente.

_____
Notas:

1 Artículo IX de la Declaración de Derechos de Westminster: “Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el Parlamento”.
2 Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
3 “Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.
4 Articulo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.”
5 Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agrarios”.
6 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada y suscrita por los representantes del Estado Boliviano y otros 47 países en la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París, en el Palacio de Chaillot, el 10 de diciembre de 1948.
7 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en el seno de la Novena Conferencia Internacional Americana, por los Países Miembros de la Organización de Estados Americanos, desarrollada en Santa Fé de Bogota desde marzo a mayo de 1948.
8 El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, el 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976. El estado Boliviano se adhirió a este pacto el 12 de agosto de 1982.
9 La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, fue ratificada por el Estado Boliviano el 20 de junio de 1979. Asimismo el Estado Boliviano reconoció la competencia de esta Convención, al sancionar y promulgar la Ley 1430 de 11 de febrero de 1989.
10 Es una consecuencia de las libertades de pensamiento y de opinión, pero, así como éstas constituyen un derecho absoluto y sin límites (cada uno es libre de pensar u opinar de una determinada manera), la libertad de expresión implica exteriorizar lo que se piensa u opina, y por ello tiene unos límites que la propia ley establece. Tales límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como los derechos de la sociedad en su conjunto a que no se divulguen opiniones o pensamientos atentatorios contra el orden público o el orden de convivencia establecido. De esta forma, la libertad de expresión no puede permitir la divulgación incontrolada de expresiones vejatorias contra una persona o institución, o que supongan una intromisión ilegítima en la intimidad de las personas, pero tampoco la difusión de ideas que constituyan apología del terrorismo, o que supongan una agresión contra la infancia. Diccionario Real Academia de la Lengua Española.
11 La presentación de noticias cuyo contenido es desinformante o subinformante, buscando el interés particular de un grupo en ligar del bienestar social.
12 Investigación realizada en el primer semestre de la gestión 2006 dentro del Proyecto de Investigación “Derecho a la Información: Situación Actual y propuesta de Reformas a la Legislación Boliviana” ejecutada por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Carrera de Comunicación Social.

__________
Bibliografía
:

BELTRÁN Luis Ramiro “Ética Periodística En Bolivia”.Sucre. Editorial CSJ- GTZ 2003, 7.
CAMACHO Azurduy Carlos Democratización de la sociedad: Entre el derecho a la información y el ejercicio de la ciudadanía comunicativa http://www.usuariosyusuarias.org.ve/articulos/articulo.php?id=4 (Consultado en fecha 6 de agosto de 2007)
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Informe Anual De La Relatoría Para La Libertad De Expresión 2004” http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4454.pdf (Consultado en fecha 16 de agosto de 2007)
FAUNDES Juan Jorge “Periodismo de Investigación en Sudamérica: obstáculos y propuestas”. http://www.saladeprensa.org/art475.htm. (Consultado en fecha 14 de septiembre de 2007)
PEÑARANDA Rául, “Retrato Del Periodista Boliviano”, La Paz, Editorial CEBEM, 2002.47.
RESTREPO Javier Darío “El derecho a la información en la agenda del ombudsman”. http://www.saladeprensa.org/art588.htm. (Consultado en fecha 26 de julio de 2006)
ROYO-VILLANOVA Ricardo “Por la retirada de Jiménez Losantos". http://www.elotrodiario.com/a/imp/EEEZkElZpyRNBeardJ.php (Consultado en fecha 14 de septiembre de 2007)
ZAPATA Gunnar, “Administración de Empresas de Comunicación”, Cochabamba, UMSS Publicaciones  2004,45

Normativa Internacional y Boliviana Consultada
Declaración Universal de los Derechos Humanos
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Convención Americana de Derechos Humanos
Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano, del 9 de mayo de 1984
Primera Enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos 1791

Sentencias, Resoluciones y Otros Pronunciamiento Judiciales  Consultadas
CORTE COLOMBIANA DE JUSTICIA Sentencia No. T-512-92, 18 de junio de 1992
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre 1985
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, Sentencia Constitucional 0112/2004 de 11 de octubre de 2004
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA Sentencia Constitucional 0083/2005 de fecha 25 de octubre de 2005

Artículos y Documentos de Apoyo
LA PRENSA  Artículo “Periodistas en Apuros” , 11 de marzo de 2005
BELTRAN Luis Ramiro “EL NOII: El Sueño en la Nevera”. http://chasqui.comunica.org/beltran70.htm 18/07/06
CARLSON Ulla “Informe McBride: Visto en Perspectiva”
OYEZ Project. “U.S Supreme Court Multimedia”. http://www.oyez.org/oyez/resource/case/321/   17/07/06
EPIC “Electronic Private Information Center” http://www.epic.org/free_speech/red_lion.html   17/07/06
GUMUCIO D. Alfonso, “Comunicación para el Cambio Social: Clave del Desarrollo Participativo”. http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/clave_del_desarrollo_participativo.doc. 18/07/06
MAUSMODI Mustafa “Rehabilitación de la Comisión McBride: 25 años después”
PELLINI Claudio “La caída Mundial del crecimiento”  http://www.portalplanetasedna.com.ar/el_mundo12.htm  18/07/06


* Constantino Rojas Burgos es comunicador social y educador, candidato al grado doctoral en Educación, actual director de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Mayor de San Simón y vicepresidente del Colegio de Comunicadores de Cochabamba. * Gunnar Zapata, es administrador de empresas y comunicador social, candidato al grado doctoral en Gestión Educativa, responsable de las investigaciones "Nuevas políticas para la gestión para el fortalecimiento de las investigaciones en ciencias sociales de la Universidad Mayor de San Simón, patrocinada por el Centro de Planificación y Gestión (CEPLAG), y “Derecho a la información: situación actual y propuestas de reformas a la legislación boliviana”, adscrita al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Este texto es producto de este último estudio, cuyo propósito es presentar en el seno del H. Congreso Nacional de Bolivia un proyecto de ley para la defensa de este derecho. Los primeros resultados de este proyecto han sido plasmados con la inclusión de la defensa de este derecho en el proyecto de la Constitución Política del Estado aprobado por la Asamblea Constituyente de Bolivia.


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