Enero - Junio de 2009

Estado de la libertad de prensa en Colombia

Fundación para la libertad de Prensa, FLIP ¹

1. LIBERTAD DE PRENSA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2009

La primera mitad de 2009 muestra un leve aumento de las violaciones a la libertad de expresión en Colombia, en comparación con el primer semestre del año anterior. La amenaza se mantiene como la forma más común para atentar contra la prensa, mientras que continúa el incremento de de agresiones por parte de funcionarios públicos.

Los casos registrados por la FLIP entre enero y junio de 2009 sumaron un total de 90 violaciones a la libertad de prensa que dejaron 138 víctimas.² Estas cifras denotan un aumento en relación con mismo periodo en 2008, cuando se registraron 63 violaciones con 74 afectados.

Este incremento en las cifras no es general. Las estadísticas de la mayoría de los indicadores se mantuvieron, pero el aumento se dio específicamente en el número de obstrucciones al trabajo periodístico. Este indicador pasó de 7 casos en el primer semestre de 2008 a 28 en lo que va del 2009.

La razón de este aumento fue la revelación de las actividades de espionaje ilegal y hostigamientos contra periodistas, magistrados y políticos opositores al gobierno que desde hace años adelantaba el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República. Esta obstrucción e intimidación contra algunos periodistas fue, sin duda, el hecho más grave que se registró durante este semestre.

CUADRO COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2008 - 2009 

 Por otro lado, en este periodo se presentó el asesinato de un periodista en el municipio de Patía, Cauca, a raíz de las constantes denuncias de corrupción que éste venía haciendo desde hacía varios meses. José Everardo Aguilar, corresponsal de Radio Súper en ese municipio, es el primer caso de homicidio por razones de oficio que registra la FLIP en Colombia luego de 20 meses.

Durante este semestre se registraron también 41 amenazas, de las cuales 25 al parecer estuvieron motivadas por informaciones que los comunicadores habían publicado sobre conflicto armado o corrupción. Estos son los dos temas periodísticos que generan un mayor número de intimidaciones a la prensa en Colombia, como dan cuenta los informes de la FLIP año tras año.

Las regiones de mayor riesgo

Las zonas del país donde se presentaron mayor número de casos son Bogotá como capital, con 30, y los departamentos de Valle del Cauca, con 11; Atlántico, con 5; Córdoba, con 5, y Huila, con 5. La gran diferencia en las cifras de Bogotá con respecto a las demás regiones está relacionada con dos factores: en esta ciudad se registraron los 15 casos conocidos de interceptaciones y seguimientos ilegales por parte del DAS y, por otro lado, Bogotá es la ciudad con mayor concentración de medios de comunicación y periodistas en el país.

En el caso de Valle del Cauca, el principal factor de riesgo para los comunicadores son los carteles del narcotráfico, cuyas acciones delincuenciales también afectan a la prensa. Estas intimidaciones están representadas principalmente en amenazas contra los comunicadores.

En cuanto al departamento del Atlántico, una oleada de amenazas se presentó en este periodo. La aparición de varios panfletos intimidantes, firmados por presuntos paramilitares, que mencionaban los nombres de algunos periodistas, se sumó a las amenazas en contra de otros tres comunicadores. En la mayoría de estos casos los afectados venían investigando hechos de corrupción administrativa en el nivel local.

En el departamento de Córdoba las situaciones de riesgo de los periodistas han estado relacionadas con el manejo de temas políticos. Varios comunicadores recibieron amenazas y agresiones por publicar informaciones referentes a la campaña de revocatoria del mandato del Alcalde de Montelíbano, la investigación judicial contra el ex alcalde de San Antero William Pérez y su posterior asesinato, y la detención de la diputada Blanca Nelly Márquez.

Otros departamentos que siguen siendo de alto riesgo para el trabajo de los periodistas locales son Huila (5 casos), Tolima (4) y Arauca (2). En estas zonas la presencia de la guerrilla de las FARC ha sido desde hace muchos años un obstáculo para la realización de cubrimientos rurales, además de ser una fuente constante de amenazas para los periodistas, quienes terminan optando por la autocensura para proteger sus vidas.

Principales agresores de la prensa

La FLIP continúa registrando de manera preocupante el aumento de los casos en que los autores de las violaciones son funcionarios públicos o miembros de la fuerza pública, incluso por encima de los grupos armados ilegales.

En la mayoría de los casos no se ha logrado determinar la identidad del agresor, por lo tanto el primer lugar lo sigue ocupando el autor desconocido, con 29 casos, seguido por los funcionarios públicos (26), la fuerza pública (14), los particulares (9), los paramilitares (8), la guerrilla de las FARC (2) y los narcotraficantes (2).

La mayoría de los casos cuyo autor es desconocido (23 del total de 29) fueron amenazas, pues es común que los comunicadores sean intimidados a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o panfletos anónimos.

De las 26 violaciones perpetradas por servidores públicos, cuatro fueron amenazas, tres fueron tratos inhumanos o degradantes (agresiones) y 19 fueron obstrucciones al trabajo periodístico (entre las que figuran los 15 casos conocidos de interceptaciones ilegales por parte del DAS).

Así mismo, una práctica nociva para la libertad de prensa usada de manera cada vez más frecuente por parte de los funcionarios es la estigmatización a los periodistas. Los señalamientos y descalificaciones públicas, realizadas de manera frecuente por miembros del gobierno nacional, se han extendido a los servidores públicos locales. Esto trae como consecuencia tanto impedimentos para el libre ejercicio del periodismo como riesgos para la vida del comunicador, pues en muchas ocasiones las estigmatizaciones generan amenazas por parte de terceros.

En este mismo sentido también han actuado algunos miembros de la fuerza pública, quienes demostrando poca tolerancia frente al trabajo de la prensa, especialmente durante las manifestaciones públicas, agredieron físicamente a los periodistas en siete oportunidades. Así mismo, cometieron cinco obstrucciones al trabajo periodístico y dos arrestos ilegales.

Los particulares, por su parte, son presuntos responsables de tres agresiones en el desarrollo de protestas públicas, lo que demuestra que el poco respeto por el trabajo de la prensa en estos eventos no solo viene por parte de la fuerza pública sino de todos los actores involucrados en ellos. También se registraron tres casos de amenazas, dos de obstrucciones y uno de secuestro por parte de particulares.

De otro lado, los grupos armados ilegales son presuntos autores de un gran número de amenazas: los paramilitares (7), la guerrilla de las FARC (2) y las bandas de narcotraficantes (2). En uno de los casos un grupo de periodistas se vio obligado a salir del país, razón por la cual se registró un exilio cuya responsabilidad fue de paramilitares.

El presente informe incluye también una referencia específica al departamento del Huila, zona que la FLIP visitó durante este semestre y que resume, de alguna forma, el difícil panorama de la libertad de prensa en las regiones del país.

2. INTERCEPTACIONES Y SEGUIMIENTOS ILEGALES CONTRA PERIODISTAS

El pasado 21 de febrero de 2009, la revista ‘Semana’ denunció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República, continuaba haciendo interceptaciones y seguimientos ilegales a periodistas, magistrados de la Corte Suprema y miembros de la oposición, situación que se había conocido desde 2007, cuando el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, reveló que habían detectives del DAS y la Policía realizando grabaciones telefónicas de forma irregular.

La denuncia de la revista provocó la apertura de una investigación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación, que el pasado 23 de febrero allanó  las oficinas del DAS e incautó computadores, documentos, carpetas y material probatorio para la investigación.

Tanto las revelaciones de ‘Semana’ como las informaciones que posteriormente ha dado a conocer la Fiscalía muestran cómo se estaban realizando las interceptaciones ilegales de correos electrónicos, teléfonos fijos y celulares. Igualmente detallan la forma como las acciones cotidianas de periodistas, líderes sociales y jueces se documentaban celosamente para obtener datos personales y familiares.

Según informaciones de la Fiscalía, los espionajes comenzaron en 2004 bajo la administración de Jorge Noguera Cotes, quien salió de la dirección del organismo en 2006 cuando se conoció que presuntamente habría entregado información confidencial de la entidad a paramilitares. Actualmente se encuentra en prisión y enfrenta varios procesos judiciales, entre ellos homicidio agravado y concierto para delinquir. En el asunto de las interceptaciones y seguimientos, al parecer Noguera actuó de la mano del subdirector del organismo, José Miguel Narváez, contra quien existen serias acusaciones de paramilitarismo.

En 2008 Narváez fue mencionado en versión libre del paramilitar desmovilizado Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’ como presunto determinador del asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. Aunque actualmente Narváez no ha sido vinculado a la investigación por el crimen del comunicador, se cree que próximamente la Fiscalía lo llamará a dar su versión.

En la misma diligencia, ‘El Iguano’ señaló que Narváez era cercano a Carlos Castaño, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y que como ideólogo de esa organización dictaba en los campamentos paramilitares una cátedra denominada “Por qué es lícito matar comunistas en Colombia”.

Actualmente, por el escándalo de las interceptaciones ilegales la Fiscalía está investigando a cerca de 40 funcionarios del DAS. El pasado 31 de julio les dictó orden de captura a 10 de los de más alto nivel, al encontrar pruebas suficientes en su contra. Se trató del ex subdirector Narváez; el ex director de Inteligencia Fernando Tabares Molina; el ex director de Contrainteligencia Jorge Alberto Lagos; la ex subdirectora de Análisis Marta Inés Leal; los ex subdirectores de Operaciones Luz Marina Rodríguez, Hugo Daney Ortiz y Carlos Alberto Arzayús (quien ya había confesado su responsabilidad en estas actuaciones), y los ex directores seccionales Jacqueline Sandoval, Jorge Armando Rubiano y José Alexander Velásquez.

En el caso del ex director de inteligencia en 2005, Enrique Alberto Ariza, hacía una semana la Fiscalía también le había dictado orden de captura al no presentarse para atender una declaración tras ser citado por ese organismo judicial.

Los primeros hallazgos de la investigación explican que en el DAS existían grupos – conocidos como G-3 y GONI – encargados de estas labores de espionaje. El G-3, por ejemplo, funcionaba en el edificio principal del organismo en Bogotá y estaba a cargo de Jaime Fernando Ovalle Olaz, coordinador del Grupo de Inteligencia Política del DAS hasta octubre de 2008. Ovalle Olaz renunció junto con la entonces directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, debido a las denuncias que hizo el senador de la oposición Gustavo Petro acerca de las interceptaciones y seguimientos de los que estaba siendo objeto. Las investigaciones por estos hechos nunca tuvieron avances importantes.

Según lo narró a la revista ‘Semana’ un detective de la subdirección de Operaciones del DAS, el objetivo de las interceptaciones y los seguimientos era tener controladas posibles “amenazas” para el gobierno. Señaló: “acá se trabaja por ‘blancos políticos’ y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, bandas criminales, algunos narcos. Pero dentro de esos ‘blancos’ también están algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia (…) Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte”.

Particularmente en el caso de los periodistas, el entrevistado manifestó: “Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en situaciones críticas (…) Se monitorean esporádicamente a algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'línea editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la información y las fuentes 'duras'. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, sobre todo, lo más importante, con quién hablan".

Otro detective comentó: "la prioridad es conocer la información de aquellos (medios) que le inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos, o porque a diferencia de otros medios no los puede controlar a su antojo".

Un primer informe del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) basado en los documentos y pruebas incautadas al DAS, señala que se encontró un memorando enviado por el detective Jorge Armando Rubiano al señor Arzayús, en el cual responde a una orden de éste último para que se hagan “seguimientos a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar”.

El objetivo de “neutralizar el accionar” de opositores tenía varios frentes. Por un lado, obtener información que permitiera judicializar a toda costa a las personas espiadas, como consta en un documento encontrado por el CTI en el allanamiento. Se trata del acta de una reunión celebrada el 8 de marzo de 2005 en la que el director Noguera citó a los funcionarios del G-3 para hacer un balance de la gestión del grupo. Como resultado, Noguera expresó su inconformismo por la no judicialización de los casos conocidos. Por otro lado, el G-3 también buscaba conocer las “debilidades” (composición familiar, hábitos, rutinas) de las personas espiadas, con el fin de fabricar amenazas o intimidaciones en su contra.

Frente al tema el gobierno ha sido ambiguo en sus declaraciones. Desde que el escándalo salió  a la luz pública, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez se refirió al tema de manera escueta. Luego de que las altas Cortes solicitaran abiertamente un pronunciamiento suyo frente al tema, la Presidencia emitió un comunicado a través de su oficina de prensa donde se limitó a afirmar que el gobierno ha mantenido una buena interlocución con las Cortes. "El Gobierno continuará de esta manera, en diálogo presencial, sincero, abierto, constructivo, en busca de la mejor relación institucional con todas las Cortes, para el bien de la democracia colombiana”, afirmó la Casa de Nariño.

Espionaje desde los esquemas de seguridad

Uno de los asuntos más delicados que quedaron al descubierto con este escándalo es que el espionaje hecho a personalidades que tenían medidas de protección del gobierno se hizo a través de los escoltas que hacían parte de sus respectivos esquemas de seguridad. Es decir, algunos agentes del DAS, en vez de brindar protección, realizaban labores de inteligencia en contra de sus protegidos.

Uno de los documentos que demuestran la realización de estas prácticas es un memorando de 4 de marzo de 2004 en el que Ovalle Olaz solicita al subdirector de Fuentes Humanas del DAS que, con propósitos de inteligencia, se adelanten actividades para “reclutar fuentes que hacen parte de los esquemas de seguridad” de varias personas que eran espiadas. Periodistas como Hollman Morris y Claudia Julieta Duque habían manifestado a la FLIP desde hace varios años que detectaban irregularidades constantes en las actividades de sus escoltas.

Así mismo, información confidencial sobre los comunicadores, propia de las labores de protección que cumple el DAS dentro del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior, fue filtrada al G-3 para la realización de las labores de inteligencia. Esto quedó en evidencia con varios documentos encontrados en el allanamiento de la Fiscalía. El informe del CTI declara que “existen anexos de carpetas que son propias de la oficina de Protección Especial y de la coordinación de Seguridad a Instalaciones y Avanzadas, donde encontramos estudios de seguridad, informes de los detectives que hacen parte del esquema de seguridad de estas personalidades, donde se indican los desplazamientos rutinarios y fuera de la sede de los protegidos y datos que detallan la constitución de esquemas (vehículos, armas, número de escoltas, turnos, etc.)”.

Los periodistas espiados

La FLIP ha recolectado información de 15 casos de periodistas que han sido víctima de las interceptaciones y seguimientos, sin embargo, se cree que la lista puede ser más extensa:

1. Hollman Morris, director del programa 'Contravía'
2. Claudia Julieta Duque, periodista de 'Radio Nizkor'
3. Daniel Coronell, director de 'Noticias Uno'
4. Ignacio Gómez, subdirector de ‘Noticias Uno’
5. Juan Luis Martínez, periodista de ‘Noticias Uno’
6. Norbey Quevedo, editor de investigaciones de 'El Espectador'
7. Ramiro Bejarano, columnista de 'El Espectador'
8. Alejandro Santos, director de 'Semana'
9. Edulfo Peña, editor político de 'El Tiempo’
10. Jineth Bedoya, periodista de 'El Tiempo'
11. Salud Hernández, columnista de 'El Tiempo'
12. Félix de Bedout, periodista de 'W Radio'
13. Julio Sánchez Cristo, director de 'W Radio'
14. Darío Arizmendi, director de 'Caracol Radio'
15. Carlos Lozano, director del semanario 'Voz'

Así mismo, el informe del CTI señala que dentro de los documentos encontrados en la oficina del G-3 había una lista de periodistas de diferentes medios de comunicación nacionales como RCN, Caracol, noticiero ‘CM&’, revista ‘Semana’, ‘Radio Todelar’, entre otros. Sin embargo, aún no se ha determinado si los periodistas allí referenciados también eran objeto de interceptaciones y seguimientos.

Algunos de los casos:

Hollman Morris, director del programa ‘Contravía’

Dentro de los documentos incautados por el CTI, se encontraron carpetas rotuladas con nombres ficticios para denominar el seguimiento a determinadas personas. Una de las carpetas tenía como nombre “Caso Puerto Asís”, que recogía todo el trabajo de espionaje sistemático y minucioso a Morris. ‘Contravía’, es un programa especializado en investigación periodística de derechos humanos, con una postura crítica frente al gobierno.

En el “Caso Puerto Asís” se encontró un estudio detallado del comunicador, tanto de su vida personal y profesional como de sus actividades. El folder contenía una hoja de vida con datos personales: número de cédula, pasaportes, actividades profesionales, estudios realizados y centros educativos, premios recibidos, números telefónicos de oficina, residencia y celular, correo electrónico, y composición familiar, donde se destacan los nombres y fotografías de sus padres, hijos y esposa. También había un registro de “hábitos, vicios y debilidades” de Morris, quien es descrito en los informes como “periodista beligerante, que presenta el programa ‘Contravía’, a través del cual cuestiona las actividades de las autoridades”.

Otra sección de la carpeta contenía una extensa lista de contactos del periodista con nombres, teléfonos, direcciones y correos electrónicos. Esta lista había sido obtenida a través de las interceptaciones de sus teléfonos y correo electrónico.

Este compilado también tenía un completo informe migratorio del periodista, donde estaban registradas sus salidas del país desde 1996 hasta 2005. Así mismo, se encontró un documento titulado “Control Técnico de Actividades”, que es un registro detallado de las actividades diarias del periodista, con hora, fecha, lugares de reunión, direcciones, personas frecuentadas e incluso placas de los vehículos en que se movilizaba. Gracias a la interceptación de sus comunicaciones, los detectives del DAS podían conocer con anterioridad reuniones del periodista, para de esta manera cubrir – “en tiempo real”, como se refiere el informe del CTI – las labores de Morris.

Una de las principales preocupaciones manifestadas por el comunicador a la FLIP es el hecho de que muchos de estos seguimientos fueron realizados con la colaboración de los escoltas del DAS que hacían parte su esquema de seguridad, como se mencionó anteriormente.

Por otra parte, la FLIP también conoció que varias de las amenazas proferidas contra el periodista en los últimos años habrían salido de la oficina del G-3. En abril de 2006, un supuesto grupo autodenominado “Frente Social por la Paz”, elaboró y difundió en el exterior un video en el cual se señala a Morris como “vocero internacional de las FARC”. Este video le ocasionó al comunicador varias amenazas en su contra. Según lo denunció Morris, un detective del DAS le confirmó recientemente que el G-3 fue quien elaboró dicho video.

Desde hace varios años el periodista venía denunciando que sus teléfonos estaban interceptados. En mayo de 2007, el comunicador solicitó a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) que explicara si había algún tipo de intervención de su teléfono. En una contestación ambigua, la ETB reconoció que al realizar una inspección técnica se encontró una irregularidad, pero que no podía determinar si se trataba de una interceptación o de un fraude para hacer llamadas internacionales. Esta segunda opción fue descartada por Morris al manifestar que “eso se hubiera visto reflejado en la factura, pero no fue así”.

Claudia Julieta Duque, periodista de ‘Radio Nizkor’

Claudia Julieta Duque es corresponsal en Colombia de la emisora de Internet de derechos humanos ‘Radio Nizkor’ y ex investigadora del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), organización especializada en el litigio y la investigación de violaciones de derechos humanos. Duque ha sido otra de las periodistas interceptadas de forma exhaustiva. El informe del CTI revela varias actividades de inteligencia contra ella, que coinciden con denuncias que la comunicadora había hecho ante la FLIP desde hace varios años donde aseguraba que estaba siendo objeto de interceptaciones y seguimientos.

Duque comenzó a recibir amenazas en 2001 desde que comenzó a trabajar con el CCAJAR en una investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999. Su seguimiento al caso Garzón la condujo a denunciar que el DAS había realizado un montaje para desviar la investigación que la Fiscalía llevaba por el homicidio, debido a la presunta participación de agentes de esa organización en el crimen.

Desde entonces las amenazas se intensificaron y la han obligado a salir del país en varias ocasiones. Además, desde ese mismo año la periodista comenzó a notar seguimientos constantes en sus desplazamientos, los cuales eran hechos con diferentes automóviles y taxis. Debido a que Claudia Julieta hizo un registro de las placas de los vehículos que la venían siguiendo, con el tiempo descubrió que había automotores que ya le habían hecho seguimientos en oportunidades anteriores.

Según el informe del CTI, dentro de la información incautada al DAS se encuentra una completa bitácora de actividades de la periodista durante diferentes periodos, con especificaciones de fechas, horas, sitios y personas con las que se había reunido. También se encontró un informe de inteligencia de seis páginas que cuenta con datos biográficos de la periodista, experiencia laboral, anotaciones sobre quejas presentadas por Duque acerca de su esquema de protección y comunicados relacionados con ella, entre el 24 de febrero y el 22 de noviembre de 2004. Así mismo, se encontró un memorando en el que se solicita adelantar labores de contrainteligencia por posible fuga de información relacionada con la señorita Duque y una lista de placas de los vehículos que habían realizado los seguimientos a la periodista.

Claudia Julieta también aparecía referenciada en los informes de inteligencia hechos al Colectivo de Abogados, por el trabajo que ella había realizado con esa organización. El nombre que el G-3 le había dado a las labores de inteligencia contra el CCAJAR era “Caso Transmilenio”. Dentro de las carpetas rotuladas de esa manera se encontró evidencia de interceptaciones y seguimientos a 14 personas pertenecientes al Colectivo, en particular a su presidente, Alirio Uribe Muñoz. De estas personas había datos biográficos, números de teléfonos, direcciones, correos electrónicos, fotocopias de sus cédulas, registros migratorios, información financiera de las centrales de reporte (Data Crédito, Cifín), antecedentes judiciales e información de padres, hermanos, conyugues e hijos. También había fotografías de familiares de las personas espiadas, incluyendo la hija de Claudia Julieta Duque.

Al igual que Hollman Morris, Duque contaba con un esquema de seguridad del Programa de Protección del gobierno y había expresado antes sus sospechas de que algunos de sus escoltas realizaban labores de inteligencia en su contra. Finalmente lo confirmó cuando conoció informes internos que sus escoltas remitían al DAS, donde se informaban sus actividades y le hacían falsas imputaciones. A pesar de que los escoltas fueron cambiados varias veces por solicitud de la comunicadora, estas prácticas se volvían a presentar, razón por la cual decidió renunciar al esquema de seguridad en 2008.

En octubre de 2007, la periodista Claudia Julieta Duque presentó acción de tutela contra el Ministerio del Interior por estos hechos. En diciembre de 2008 la Corte Constitucional revisó los dos fallos de instancias anteriores que ordenaban al Ministerio del Interior restablecer el esquema de seguridad de la periodista. En la sentencia, la Corte no sólo confirmó ambas decisiones, sino que adicionalmente sentó jurisprudencia sobre varios asuntos fundamentales del Programa de Protección y de los esquemas de seguridad de los periodistas. Diez meses después, el gobierno aún no ha cumplido con la totalidad del fallo.

Daniel Coronell, Ignacio Gómez y Juan Luis Martínez de ‘Noticias Uno’

El CTI afirma en su informe que dentro de las carpetas del DAS se encontró una orden para interceptar varios correos electrónicos, entre ellos el de Daniel Coronell, director ‘Noticias Uno’, noticiero de televisión crítico del gobierno.

Sin embargo, la FLIP conoció que no sólo el correo electrónico de Coronell estaba interceptado, sino también todo el servidor de correos de ‘Noticias Uno’. Adicionalmente, hubo seguimientos a Ignacio Gómez Gómez, subdirector de ‘Noticias Uno’ y actual presidente del consejo directivo de la FLIP, y Juan Luis Martínez, periodista que cubre la fuente de la Presidencia de la República.

Daniel Coronell ha sido víctima de múltiples amenazas desde abril de 2002, luego de que en su noticiero se publicara una nota en la que se cuestionaban algunas actuaciones del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez, cuando era director de la Aeronáutica Civil y donde se hablaba de presuntos vínculos del candidato con el narcotráfico. En agosto de 2005, Coronell se vio obligado a salir del país debido a la continuidad de estas intimidaciones.

En el caso de Ignacio Gómez Gómez, el 23 de febrero de 2009 el periodista fue víctima de una intrusión de extraños a su residencia en Bogotá, en un aparente intento por sustraer información propia de sus investigaciones. Dentro del apartamento había varios objetos de valor que no fueron hurtados, lo que sí sucedió con el computador portátil del periodista, dos cámaras fotográficas de bajo valor comercial y una libreta de apuntes. Además, la mayoría de objetos que fueron esculcados eran archivadores, carpetas o lugares donde el periodista guardaba documentos. Es posible que este hecho esté relacionado con el espionaje en su contra, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Félix de Bedout, periodista de ‘La W Radio’

El 5 de noviembre de 2008 a las 11:30 de la mañana, un periodista de la revista ‘Semana’ le escribió un correo electrónico a De Bedout, relacionado con la investigación que ‘Semana’ y ‘La W Radio’ ya venían realizando sobre las interceptaciones ilegales del DAS. El texto del mensaje es el siguiente.

“Félix, hay en el DAS una oficina secreta llamada GONI dependiente de la Subdirección de Contrainteligencia que es la encargada de hacerle vueltas sucias al gobierno como lo es vigilancias, seguimientos a usted, a Coronell, a Petro y demás personajes ‘amenazantes’. Por favor investigue. Esa oficina está bajo el mando de un funcionario llamado Fernando Tabares Molina, es un capitán retirado de la armada, experto en estos trabajos macabros. Ahí le dejo la chiva, explótela y verá lo que encuentra”.

Una hora después De Bedout respondió el mensaje agradeciendo a su colega el dato. Pocas horas más tarde, dos funcionarios del DAS llamaron a ‘Semana’ a preguntar por el contenido de dicho mensaje. Uno de los funcionarios narró exactamente el contenido de éste, sin embargo, sólo cayó en cuenta de su error hasta que se le preguntó por qué conocía el contenido del correo electrónico. Según el informe de la revista, “la ingenuidad del funcionario fue producto de su afán por conocer los detalles de la información manejada por los periodistas” debido a la magnitud de los señalamientos referentes a Tabares.

Según el informe del CTI, en una diligencia ante la Fiscalía, Jorge Alberto Lagos dio una versión acerca de este incidente que no concuerda con lo manifestado por Óscar Galvis, jefe de Prensa del DAS, frente al mismo tema.

Carlos Lozano Guillén, director del semanario ‘Voz’

Otro de los periodistas víctimas de los seguimientos más minuciosos fue Lozano, director del semanario de oposición ‘Voz’. Dentro de la información recolectada por el CTI se encontraron 117 páginas de las labores de inteligencia al periodista. En ella hay todo tipo de datos biográficos, personales y profesionales, incluyendo información financiera de las centrales de reporte (Data Crédito, Cifín). Así mismo, estaban referenciados sus números telefónicos y direcciones, y había fotos de la fachada de su residencia y oficina. Incluso, se encontró su cartilla decadactilar.

También se encontró  un memorando, con fecha del primero de julio de 2004, en que Ovalle Olaz le solicita al subdirector de operaciones del DAS, Hugo Daney Ortíz García, adelantar labores de inteligencia contra el periodista Lozano.

Al igual que en los casos de Morris y Duque, se encontraron fotocopias de documentos propios de la oficina de Protección Especial acerca de las medidas de protección de las que era beneficiario Lozano, como los estudios de nivel de riesgo del periodista, informes de su esquema de seguridad, quejas acerca del mismo presentadas por Lozano, entre otros.

Norbey Quevedo, editor de investigaciones del diario ‘El Espectador’

El periodista Quevedo también fue víctima de interceptaciones a su correo electrónico, tal como lo denunció el mismo periódico capitalino, uno de los dos diarios de circulación nacional en Colombia.

El pasado 23 de febrero, un mensaje fue enviado desde el correo electrónico de Quevedo al periodista Julio Sánchez Cristo, director de ‘La W Radio’, en el cual se hablaba sobre una nota publicada recientemente en el diario. Según Quevedo, él nunca escribió ese mensaje, además, a la hora del envío se encontraba en la Universidad de El Rosario dictando clases.

Directivos de ‘El Espectador’ denunciaron este hecho ante las autoridades. Según la revista ‘Semana’, Quevedo está en la lista de comunicadores interceptados ilegalmente por el DAS.

Jineth Bedoya Lima, periodista del diario ‘El Tiempo’

Según lo manifestó  la periodista a la FLIP, desde hace más de dos años tiene la certeza de que su teléfono celular y sus correos electrónicos están intervenidos. Bedoya comentó que en varias oportunidades han escuchado ruidos y voces extrañas a través de su celular, antes de que sea contestada la llamada.

Además, una fuente suya de Inteligencia Militar le comentó que debía tener cuidado porque en el Ejército había una orden de hacerle seguimientos e interceptaciones a ella, debido a los temas periodísticos que maneja. Este caso pondría sobre la mesa el hecho de que no solamente el DAS estaría detrás del espionaje a periodistas. Actualmente, la Procuraduría General de la Nación investiga estos hechos. La FLIP no pudo comprobar esta información a través de una fuente independiente.

En abril de 2000, la periodista fue víctima de un secuestro por parte de presuntos paramilitares que la torturaron y abusaron sexualmente de ella como represalia por algunos de sus trabajos periodísticos. Se cree que hubo algunos miembros de la Policía involucrados en estos hechos, pero nunca hubo resultados en las investigaciones judiciales.

3. OTROS ACONTECIMIENTOS DESTACADOS

3.1. Continúan las estigmatizaciones contra periodistas por parte de funcionarios públicos

Cada vez se siguen presentando con mayor frecuencia las estigmatizaciones y descalificaciones públicas por parte de servidores del Estado. Estos señalamientos han sido utilizados en repetidas ocasiones por el gobierno, y en febrero de este año se presentaron de nuevo. Lo más preocupante es que este discurso se ha extendido a los funcionarios públicos locales como gobernadores, alcaldes y concejales, quienes en sus declaraciones tildan a los comunicadores de pertenecer a grupos armados ilegales, ser terroristas, estar parcializados con alguna afiliación política, o ser “enemigos del Estado” o de una administración local o departamental.

Estas estigmatizaciones pueden convertirse en un obstáculo para que los periodistas ejerzan libremente el derecho fundamental a la libertad de expresión, así como puede ocasionarles inconvenientes de seguridad por parte de terceros. De hecho, en los últimos años la FLIP ha registrado varios casos de periodistas que recibieron amenazas luego de declaraciones presidenciales en las que se les acusa de ser simpatizantes de la guerrilla de las FARC.

De acuerdo con la Corte Constitucional, en su condición de garantes de los derechos fundamentales, los funcionarios públicos deben “abstenerse de emitir cualquier declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de derechos. Esta obligación adquiere mayor relevancia tratándose de sujetos de especial protección constitucional”, como lo son los periodistas.

A. Declaraciones del gobierno contra periodistas durante liberaciones de las FARC

Durante el proceso de liberación de secuestrados en poder de la guerrilla de las FARC que se llevó a cabo en febrero, miembros del gobierno hicieron señalamientos estigmatizantes contra periodistas, situación que incrementó el riesgo de los comunicadores.

Los primeros hechos se presentaron el domingo primero de febrero, día de la liberación. El periodista Jorge Enrique Botero, hizo parte de la comisión que acudió a la entrega de los secuestrados en condición de garante. Durante la liberación, Botero tomó varias fotografías, las cuales fueron dadas a conocer a través de la agencia de prensa internacional AP. Las imágenes provocaron el malestar del gobierno, que calificó el hecho como “prestarse al juego publicitario del terrorismo”.

Por otro lado, el periodista Hollman Morris, director del programa periodístico ‘Contravía’ y corresponsal de medios extranjeros; su camarógrafo, Leonardo Acevedo, y Camilo Raigozo, ex colaborador del semanario ‘Voz’, estuvieron en el lugar de la entrega de los plagiados. La comisión no sabía que un equipo periodístico estaría presente en el lugar. Según lo manifestó Morris, había contactado días antes a las FARC para una entrevista y, por diferentes motivos, terminó presenciando la entrega.

Morris entrevistó  a los secuestrados antes de la entrega, pero – según él – se percató de que estaban ‘libreteados’. El periodista aseguró que por esta razón no publicó ningún informe periodístico con las declaraciones de los uniformados. En rueda de prensa con el presidente Uribe, uno de los liberados afirmó que habían hecho las entrevistas bajo presión de la guerrilla, y que el periodista estaba al tanto de esto.

Frente a este incidente, la Vicepresidencia de la República emitió un comunicado el 3 de febrero, donde cuestionó duramente a los periodistas y señaló  que Morris utilizó su condición de periodista para “hacerle apología a la violencia”. El comunicado también señalaba a Morris como el responsable de haber manipulado con chantajes y amenazas las entrevistas hechas a los militares secuestrados. En el mismo sentido el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos dijo en diálogo con La W Radio que Morris “le estaba haciendo juego a la guerrilla” y lo calificó como “cómplice de las FARC”.

Esa noche, el presidente Álvaro Uribe hizo serias acusaciones contra Morris y Botero. Refiriéndose a los periodistas dijo: “una cosa son aquellos amigos del terrorismo que fungen como periodistas, y otra cosa son los periodistas”. Uribe también señaló que Botero engañó al gobierno e hizo “una exaltación al terrorismo” por la difusión de las fotografías de la liberación.

El periodista Morris se defendió de las acusaciones y señaló que él en ningún momento pretendió hacer apología a las FARC: “simplemente actué como periodista y estuve en el lugar de la noticia”, comentó. El comunicador señaló que las acusaciones del gobierno aumentaron su riesgo y por esos días recibió un gran número de llamadas y correos electrónicos amenazantes.

B. Estigmatizaciones del Alcalde de Pasto contra los periodistas locales

En declaraciones públicas reproducidas por un comunicado de prensa del pasado 17 de junio de 2009, el alcalde de Pasto, Eduardo Alvarado Santander, señaló que hay dos tipos de periodistas: “los que se la pasan diciendo mentiras todo el tiempo y a quienes se les ha perdido toda clase de credibilidad, y los que se dedican a defender la verdad y a causas sociales”.

El Alcalde hacía referencia a unas críticas que sobre su gestión han sido publicadas recientemente por los algunos medios de comunicación locales.

Las declaraciones de Alvarado produjeron malestar entre los comunicadores de la ciudad, pues consideraron que estos señalamientos pretendían dividir a los periodistas en dos bandos de acuerdo a las informaciones que publiquen sobre a la Alcaldía. “Esto deslegitima nuestro trabajo y nos pone en riesgo”, señaló uno de los comunicadores.

Al respecto, la FLIP envió una carta al Alcalde en la que manifestó su preocupación por estos mensajes y solicitó que aclarare lo sucedido. Pese a que esta comunicación fue recibida por la Alcaldía el pasado 17 de julio, la FLIP no ha recibido respuesta alguna por parte de ese despacho.

3.2. Constantes amenazas a periodistas en Barranquilla

En los últimos meses se ha presentado una ola de amenazas contra la prensa de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Los primeros hechos ocurrieron en marzo cuando circuló en la ciudad un panfleto en el que se amenazaba de muerte a 14 periodistas locales. Posteriormente, tres comunicadores más recibieron amenazas al parecer por otros hechos.

Según informaciones recogidas con la FLIP, la reaparición de grupos delincuenciales en Barranquilla, así como la crisis política que vive la ciudad por la denuncia de casos alarmantes de corrupción, ha derivado en estas intimidaciones contra la prensa.

Debido a estos hechos, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, emitió un comunicado en el que rechazó estas intimidaciones y solicitó a la Policía y al DAS reforzar las medidas de seguridad para los comunicadores y medios de comunicación.

A continuación, algunos de los casos ocurridos:

A. Grupo de periodistas Barranquilla 2009

La primera semana de marzo de este año, circularon en Barranquilla varios panfletos en los que se da a conocer una supuesta ‘lista negra’ de personas declaradas objetivo militar por bandas emergentes de paramilitares. Los mensajes estaban dirigidos a un amplio número de periodistas, sindicalistas, empresarios del transporte y veedores ciudadanos.

Los panfletos aparecieron firmados por un supuesto "Frente Común de la Ultraderecha Militar", adscrito a las 'Águilas Negras', en el cual se menciona a 14 comunicadores, a quienes castigarán “con el poder de las armas si no cierran la boca de una vez por todas”, y si realizan críticas sobre la Alcaldía municipal.

Recién se conoció  la lista, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y las autoridades policiales, aseguraron que no había indicios de que los panfletos provinieran realmente de paramilitares. Según la Policía, se trata de “documentos apócrifos” porque se considera que ninguna de las bandas mencionadas operan en Barranquilla. No obstante, las autoridades anunciaron investigaciones y se coordinaron algunas medidas de seguridad.

B. José Granados

José Granados Fernández, editor de Investigación y Judiciales del diario ‘El Heraldo’ de Barranquilla denunció haber recibido amenazas de muerte el pasado 2 de abril de 2009. Según el comunicador, a su oficina entró una llamada en la que un desconocido le dijo a una empleada del diario: “dígale a Granados que se cuide porque lo queremos ‘quebrar’ (asesinar) por la noticia sobre la CRA”. Desde hace varios meses, el periódico viene denunciando hechos de corrupción en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), autoridad ambiental del departamento.

La CRA se encuentra en medio de una intensa polémica por denuncias de corrupción relacionadas con la ejecución de un contrato millonario por la siembra de árboles, caso que llevó a la renuncia del entonces director Rafael Pérez Jubiz. Fuentes cercanas a la FLIP aseguraron que detrás de estos millonarios fraudes habría intereses de políticos y de grupos paramilitares que operan en la zona.

Una vez el periodista puso en conocimiento de las autoridades estas amenazas, la Policía y el mismo medio de comunicación coordinaron medidas de protección para el comunicador.

C. Luis Camacho Montaño

El coordinador general del diario ‘La Libertad’ de Barranquilla fue asaltado el primero de julio por desconocidos que hurtaron su celular y lo amenazaron refiriéndose explícitamente a su trabajo periodístico.

Hacía las nueve de la noche, cuando Camacho salía de su oficina, fue abordado por dos individuos armados que le arrebataron su teléfono celular. Los desconocidos le dijeron en varias oportunidades que era un “sapo” y que él y otros periodistas, a quienes mencionaron con nombres propios, merecían morir. La mayoría de los comunicadores a los que se refirieron eran los que aparecían en el panfleto amenazante del mes de marzo. Los delincuentes huyeron sin llevarse otros objetos de valor ni el dinero en efectivo que el periodista portaba en ese momento.

Al respecto, el coronel Marlon Aux, jefe de la Seccional de Policía Judicial (Sijín), dijo a la FLIP que la Policía ordenó medidas de protección para el periodista, así como inició la investigación correspondiente. Por otra parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, emitió un comunicado respaldando al periodista y comprometiéndose con su seguridad.

D. Daniel Castro

El periodista, que actualmente reside en Miami, denunció haber recibido amenazas en su contra a través de un panfleto que llegó a la residencia de su familia en Barranquilla. Castro escribe para el periódico barranquillero ‘El Sol’.

El mensaje conmina al periodista a no "hablar mal" del integrante del secretariado de las FARC alias 'Mono Jojoy': "Despreciar a nuestro jefe militar con escritos cargados de resentimiento que embargan la lejana esperanza de verlo muerto (...) no puede quedar impune”, señala el mensaje.

Castro manifestó  que el mensaje llegó la misma semana que él publicó en el 'El Sol' un artículo sobre el estado de salud crítico por el que presuntamente atraviesa el líder guerrillero. El mensaje amenazante no es firmado por las FARC y además difiere del estilo que esa guerrilla usa en sus comunicados, por lo cual Castro consideró que se trataba de simpatizantes urbanos del grupo armado. El periodista manifestó a la FLIP su temor por la seguridad de su familia en Barranquilla, por lo que se solicitaron algunas medidas de protección para sus allegados.

3.3. Persisten amenazas de las FARC contra la prensa en Arauca

El pasado 30 de marzo, varias emisoras del departamento de Arauca fueron amenazadas por la guerrilla de las FARC a través de panfletos dejados en sus respectivas sedes. Las radio estaciones intimidadas fueron ‘La Voz del Cinaruco’, filial de la cadena Caracol, ‘La Voz del Río Arauca’ y ‘Meridiano 70’. El panfleto tilda a las emisoras de “oficialistas” y las declara objetivo militar.

Según lo manifestó  Carmen Rosa Pabón, directora de noticias de ‘La Voz del Cinaruco’ estos hechos están relacionados con un paro armado que había decretado desde hacía una semana ese grupo ilegal.

Históricamente, los periodistas el departamento de Arauca ha sido objeto intimidaciones, persecuciones, e incluso asesinatos, por parte de las FARC, debido a la fuerte presencia que esa guerrilla tiene en la zona. En los últimos siete años han ocurrido dos asesinatos, 26 amenazas y siete secuestros contra comunicadores araucanos, siendo las FARC el presunto autor de la mayoría de estos hechos.

3.4. Asaltos a residencias de periodistas por buscar información

La FLIP registró  este semestre tres casos en que desconocidos ingresaron a las residencias de comunicadores con el aparente fin de extraer información periodística. Esta modalidad, de la cual no se tenía registro en los últimos años, ha sido relacionada por algunos de los afectados con las interceptaciones y seguimientos ilegales conocidos este año, sin embargo, esta hipótesis no se ha podido confirmar. Los casos presentados fueron Gustavo Álvarez Gardeazábal, Ignacio Gómez Gómez y un columnista regional que prefirió mantener su nombre en reserva.

A. Gustavo Álvarez Gardeazábal

El 23 de abril de este año el periodista, columnista y escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, del programa de opinión ‘La Luciérnaga’ de Caracol Radio, fue atacado, encañonado y amenazado por desconocidos que ingresaron a su residencia y robaron su material periodístico. Los hechos aún no son esclarecidos.

Un grupo de seis hombres armados ingresaron de forma abrupta a su residencia en Tulúa, Valle del Cauca. Lo encañonaron a él y a su empleada e inicialmente le dijeron que se trataba de un secuestro. Sin embargo, luego dijeron que había un cambio de planes y comenzaron a esculcar los archivos donde Álvarez guardaba información fruto de sus investigaciones. El periodista afirma que mientras los sujetos revisaban su material recibían órdenes vía telefónica.

Luego de un rato, los desconocidos afirmaron no encontrar lo que buscaban por lo cual decidieron llevarse los dos computadores del periodista y sus dos teléfonos celulares. Álvarez Gardeazábal señala que todos los sujetos tenían corte de cabello estilo militar y que dos minutos antes del ataque una camioneta del Ejército se estacionó frente a su residencia.

Al respecto, el comandante de la regional de inteligencia del Ejército en el Valle del Cauca, capitán Leonel Suéscun, aseguró que ese mismo día uno de sus hombres prestó “ingenuamente” el vehículo a una familia campesina. Sin embargo, el oficial no hizo referencia a un informe de la Policía que aseguraba que varios de sus agentes detuvieron la camioneta militar que rondó la residencia y en ella encontraron a tres hombres, al parecer informantes del Ejército. También se supo que, posteriormente, el vehículo fue reclamado por militares vestidos de civil.

B. Ignacio Gómez Gómez

El periodista Ignacio Gómez, subdirector del noticiero de televisión ‘Noticias Uno’ y presidente del consejo directivo de la FLIP, fue víctima del ingreso de extraños a su residencia en Bogotá, en un aparente intento por sustraer información propia de sus investigaciones. Los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de febrero.

Ninguna cerradura fue violentada. No hay explicación sobre la forma en que fue abierta la puerta del edificio ni la del apartamento. Del lugar extrajeron el computador portátil del periodista, una libreta de apuntes, dos cámaras fotográficas, 2.600 euros en efectivo y una pulsera avaluada en un millón de pesos. Sin embargo, la hipótesis de que los intrusos buscaban información parece ser más consistente que la teoría de que se trataba de un hurto.

En primer lugar, hubo varios artículos de valor que no fueron hurtados, como un teléfono inalámbrico que estaba al lado del computador, un televisor, una grabadora y un equipo de sonido, entre otros. Además, la mayoría de objetos que fueron esculcados eran archivadores, carpetas o lugares donde el periodista guardaba documentos. El robo de la libreta de apuntes no tendría más sentido que buscar información.

Adicionalmente, una de las cámaras robadas tenía un valor comercial muy bajo, como si a los intrusos les interesara más su contenido que la cámara en sí. En cuanto al dinero en efectivo y la pulsera, éstos se encontraban en cajones donde Gómez guardaba documentos, daba la impresión que el encuentro de estos objetos hubiera sido casual en un afán por encontrar información. Por otro lado, el hecho sucedió uno de los días de la semana que no va la empleada de la casa, por lo que se presume que al periodista ya le venían haciendo seguimiento desde hace varios días.

El comunicador comentó  a la FLIP que este hecho podría estar relacionado con las interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas, escándalo que salió a la luz pública esa misma semana. Según la Fiscalía, Gómez Gómez es uno de los periodistas que aparecen como espiados ilegalmente por el DAS.

3.5. Procesos judiciales contra periodistas

Cada vez es más frecuente el uso de demandas por injuria y calumnia contra periodistas y medios de comuncación. El uso de estas acciones legales no, es de ninguna manera, una violación a la libertad de expresión per se. No obstante, preocupa que estas acciones han sido utilizadas de manera sistemática por parte de funcionarios públicos y, principalmente, contra columnistas de opinión. A continuación, algunos casos destacados.

 A. Alfredo Molano Bravo

El 24 de febrero de 2007 el periodista y sociólogo Alfredo Molano publicó una columna en el periódico ‘El Espectador’ titulada ‘Araújo Et al’ en la que hace referencia a la reconocida familia Araújo de Valledupar, Cesar. Este artículo de opinión generó el malestar de los Araújo, por lo cual cuatro miembros de la familia interpusieron una querella penal contra el comunicador.

Los Araújo imputaron al periodista los delitos de injuria y calumnia, debido a qué, según ellos, Molano los calumnió en su artículo al señalarlos de realizar conductas ilícitas tipificadas en el ordenamiento penal, como contrabando, tráfico de estupefacientes y fraude en inscripción de cédulas.

Adicionalmente, acusaron a Molano del delito de injuria, debido a que afirmó en su artículo que una vez le proporcionaban alcohol a algunos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Araújo los llevaban a “donde necesitan inclinar a su favor la votación y una vez que, abrazo de por medio, los indígenas votan, los empujan en cualquier esquina para que amanezcan botados, vomitados y sin saber cómo devolverse a su tierra”.

No obstante, el periodista afirma que la intención de la columna “fue la de pintar el clima social y político donde los Araújo viven y actúan”. Según Molano, cuando en el artículo hizo referencia a “los notables de Valledupar”, no son sólo se refería a los Araújo, pues son “un sujeto genérico e indeterminado en el tiempo”. El columnista asegura que su nota hace referencia al comportamiento de la elite local en general.

Actualmente, aunque el proceso penal sigue su curso, la audiencia pública ha sido aplazada varias veces causando que el periodista no tenga un espacio para defenderse judicialmente. Según la última convocatoria, la audiencia debió haber tenido lugar el pasado 15 de julio; sin embargo, ésta fue nuevamente fue postergada por solicitud de la Fiscalía. La audiencia ya había sido pospuesta en una ocasión por petición de la Fiscalía y en otra por petición de los demandantes.

B. Semanario ‘Boyacá 7 días’

En su edición del 17 de marzo de 2009, el periódico ‘Boyacá 7 Días’ publicó un artículo sobre presuntos ‘falsos positivos’ (asesinatos extrajudiciales por parte de integrantes de las fuerzas militares), ocurridos en Boyacá, a manos de la Primera Brigada del Ejército. El artículo molestó al coronel Luis Fernando Rojas, comandante de la Brigada quien solicitó al periódico rectificar los titulares “Macabros casos de falsos positivos” y “Escándalo en las filas de la Primera Brigada”, entre otros, por considerar que los términos empleados eran "amarillistas", "falaces" y "peyorativos”.

Al no haber rectificación por parte del medio, la Brigada Primera instauró una acción de tutela contra aquel, que le correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja.El juez encargado falló a favor del demandante. La sentencia hizo referencia al derecho a la información, los principios de veracidad e imparcialidad y los derechos al buen nombre y a la rectificación. En el fallo el juez le reprochó al periódico que dé por hecho que los homicidios correspondan a ‘falsos positivos’, toda vez que la responsabilidad de los militares aun no ha sido determinada judicialmente, así como tampoco se ha probado que los autores de los delitos pertenezcan a la Primera Brigada.

Finalmente, el fallo establece que la falta del periódico fue haber mezclado la opinión con los hechos, pues, según el juez, los titulares mencionados incluían juicios de valor, lo cual afecta la imagen del Ejército ante la opinión pública.

C. Revista ‘Semana’ y otros periodistas demandados por José Alfredo Escobar Araujo

El magistrado José  Alfredo Escobar Araújo ha adelantado diversas acciones legales contra medios de comunicación, periodistas y columnistas por cuenta de las denuncias periodísticas sobre sus supuestos vínculos con el ciudadano italiano Giorgo Sale, acusado de narcotráfico. Entre estos están la revista ‘Semana’ y su director, Alejandro Santos; los columnistas de ese medio Daniel Coronell y María Jimena Duzán, el columnista de ‘El Tiempo’ Mauricio Vargas, y el director de la revista ‘Cambio’ Rodrigo Pardo.

Contra cada uno de estos periodistas el magistrado instauró acciones de tutela (recurso de amparo), al considerar que la rectificación que dichos medios realizaron respecto al tema era insuficiente.

Varias de estas acciones han resultado favorables en segunda instancia a los medios de comunicación. La más reciente de ellas fue la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el incidente de desacato contra Alejandro Santos que iba a desembocar con un arresto a pesar de que ya se había producido una rectificación. En este momento, es posible que Rodrigo Pardo sea castigado con cárcel por el supuesto desacato.

En en caso del revista ‘Cambio’, se trató de un artículo, publicado en la edición de 27 de noviembre de 2008, sobre este mismo tema. Escobar Araújo interpuso una acción de tutela contra Rodrigo Pardo. Siguiendo la decisión del juez, el pasado 25 de febrero la revista rectificó algunas de las afirmaciones hechas en el artículo. No obstante, el afectado inició un incidente de desacato por considerar que ‘Cambio’ no había rectificado de manera satisfactoria. El juez penal 53 del circuito de Bogotá notificó orden de arresto por incumplir la decisión.

3.6. Diez años del asesinato de Jaime Garzón

Diez años después del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Forero, ocurrido en Bogotá el 13 de agosto de 1999, no hay un solo detenido por el crimen. El único condenado por los hechos fue el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, desaparecido desde abril de 2004.

Durante el proceso adelantado por la Fiscalía estuvieron detenidos Juan Pablo Ortiz y Edilberto Sierra Ayala, como sospechosos de ser los autores materiales del homicidio. Sin embargo, en marzo de 2004 fueron absueltos al considerarse que se trató de un montaje hecho por terceros con el propósito de desviar la investigación.

Ortiz y Sierra habían sido judicializados por la versión de una testigo falsa. Según un concepto del Instituto Nacional de Medicinal Legal y Ciencias Forenses, la mujer dio una descripción física muy detallada de los sicarios, algo imposible de lograr desde el lugar donde dijo haber presenciado los hechos, a dos calles de distancia. Por esta razón se desestimó la veracidad de la versión que implicaba a estas personas. Sin embargo, es inexplicable que el testimonio se anulara sólo cinco años después del crimen.

Varios investigadores independientes han manifestado que detrás de este montaje con testigos falsos habrían miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), debido a la presunta participación de algunos de sus funcionarios en el crimen de Garzón.

A lo largo de la investigación de la Fiscalía, varios testigos acusaron a las AUC como responsables del hecho. Un jefe paramilitar desmovilizado aseguró que Carlos Castaño señaló a Garzón como objetivo militar. Castaño fue condenado a 38 años de prisión como autor intelectual del asesinato, sin embargo, ese mismo año el jefe paramilitar fue asesinado y no se condenaron autores materiales ni a otros posibles determinadores.

En 2008 el ex jefe del Bloque Bananero de las AUC, José Éver Veloza, alias ‘H.H.’, confesó en versión libre ante un juez de la Unidad de Justicia y Paz su participación en el crimen de Garzón y confirmó que la orden de asesinarlo había sido impartida por Carlos Castaño. No obstante, Veloza no dio detalles ni habló de otras personas que estuvieran vinculadas al homicidio.

Así mismo, en versión libre rendida el 17 de junio de 2008, el paramilitar desmovilizado Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, manifestó que José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS que se encuentra detenido por el escándalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales, había instigado a Castaño para que asesinara a Garzón. ‘El Iguano’ también aseguró que Narváez visitaba con frecuencia los campamentos paramilitares de Córdoba y el sur del Bolívar, con el fin de dictar una cátedra que denominaba “Por qué es lícito matar comunistas en Colombia”.

Otro desmovilizado que se refirió al homicidio de Garzón fue Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’ quien aseguró que, acatando la orden de Castaño, contactó a sicarios de la banda ‘La Terraza’ de Medellín para que realizaran el crimen.

A raíz de estas versiones, la Fiscalía anunció el pasado 10 de agosto de 2009 que interrogará a los ex jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’ y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, por el caso del periodista, buscando recoger pruebas que permitan encontrar a otros responsables materiales e intelectuales del magnicidio.

Jaime Garzón Forero fue un periodista que usaba el humor y la sátira para criticar la política y la realidad colombiana y sus protagonistas. Dentro de sus espacios televisivos y radiales interpretaba personajes cómicos con los que cuestionaba al gobierno, a los grupos armados ilegales, a los periodistas y a políticos y funcionarios de la vida nacional. Su muerte enluto a todo el país, pues se trataba de una persona muy querida por la opinión pública en general. Su labor como mediador en la liberación de secuestrados de las guerrillas colombianas y sus críticas periodísticas fueron, al parecer, el motivo por el cual los paramilitares habrían determinado su muerte.

4. ASESINATOS DE PERIODISTAS

En el primer semestre de 2009 se registraron tres asesinatos de personas vinculadas a los medios, sin embargo, en sólo uno de ellos se ha encontrado un nexo causal entre sus actividades periodísticas y el crimen. Se trata de José Everardo Aguilar, periodista de Patía, Cauca, quien se ha convertido en el primer asesinato por razones de oficio en Colombia luego de 20 meses, según los registros de la FLIP. La FLIP continuará documentando estos casos.

José  Everardo Aguilar

El periodista fue asesinado el 24 de abril de 2009 en el municipio de Patía, Cauca, al sur occidente del país. Aguilar era corresponsal de ‘Radio Súper’ y periodista de 'Bolívar Estéreo'.

El sicario se presentó  en la residencia del comunicador haciéndose pasar por un mensajero que iba a entregarle unas fotografías. "Por eso mi papá le contestó 'mostrame las fotos que traes', entonces el tipo se le acercó y ahí fue cuando le disparó y salió caminando como si nada", relató a la FLIP la hija del comunicador, quien presenció los hechos.

Ovidio Hoyos, director de noticias de ‘Radio Súper’ en Popayán, Cauca, comentó a la FLIP que Aguilar hacía un programa donde abordaba temas de la política local y hacía denuncias constantes de corrupción en la administración municipal y departamental. "Por eso estamos más que seguros que su asesinato se debe precisamente a su labor periodística", señaló.

Hacía varios meses había denunciado públicamente amenazas. Nunca lo hizo ante alguna autoridad, solamente por los micrófonos. Aseguraba: "a mí no me van a callar, y si me quieren callar tendrán que ir hasta mi casa a matarme".

Posteriormente, el 8 de julio la Policía capturó a Arley Manquillo Rivera, alias ‘Huracán’, sindicado de ser el autor material del crimen de Aguilar. La aprehensión se realizó en un puesto de control ubicado en la vía Popayán - Timbío, en el Cauca. Según lo manifestó a la FLIP el mayor Edward Medina, comandante del Primer Distrito de la Policía en el Cauca, la Seccional de Policía Judicial (Sijín) logró identificar a alias ‘Huracán’ a partir de las declaraciones de testigos. “Esto permitió que la Fiscalía emitiera una orden de captura contra el sujeto, la cual se hizo efectiva el pasado miércoles”, señaló Medina.

Respecto a las posibles pistas que permitan identificar a los autores intelectuales, el Comandante admitió que hay buenos indicios que aún no pueden revelarse por hacer parte de la reserva de la investigación.

Según informaron otras fuentes de la Policía, Manquillo habría recibido una suma de 15 millones de pesos (cerca de 7 mil dólares) por parte de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, de origen paramilitar, para efectuar el homicidio. La Policía corrobora que el trabajo periodístico de Aguilar habría sido la razón del crimen.

José Everardo Aguilar tenía 72 años de edad, era casado, tenía diez hijos y llevaba más de diez años ejerciendo la corresponsalía de ‘Radio Súper’ en Patía. Es el primer caso en 20 meses de un periodista asesinado en Colombia por razones de oficio.

Hernando Salas Rojas

El pasado 20 de mayo de 2009 fue asesinado Hernando Salas Rojas, director del canal local de televisión del municipio de Curillo, departamento de Caquetá. Según las fuentes consultadas por la FLIP, Salas fue atacado por desconocidos que irrumpieron de forma violenta en su casa y le propinaron varios disparos.

Salas era líder comunitario y presidente del comité que promueve la revocatoria del mandato del Alcalde de este municipio, Esneider Mayorga. Varias fuentes consultadas por la FLIP afirmaron que su muerte estaría más relacionada con sus actividades políticas que con su labor como periodista.

Esta versión fue confirmada por Melquisedec Salas, hermano y compañero de programa del comunicador asesinado, quien recibió amenazas luego del crimen. Melquisedec afirma que el trabajo periodístico que los dos realizaban estaba relacionado con información de tipo comunitario, mas no con temas de política. Por eso considera que el crimen de su hermano y las amenazas en su contra tienen que ver con su participación política, puntualmente en la campaña de la revocatoria del mandato.

María Eugenia Guerrero

El jueves 5 de febrero de 2009 fue hallado el cadáver de María Eugenia Guerrero, colaboradora de la emisora ‘Integración Estéreo’ de la ciudad de Ipiales, departamento de Nariño, cerca a la frontera de Colombia con Ecuador. El cuerpo de Guerrero fue encontrado en la ciudad ecuatoriana de Tulcán, muy cercana de Ipiales.

El informe forense indicó que los despojos mortales de la mujer fueron encontrados con signos de agresión sexual y de violencia, pues el estado en que se encontró el cuerpo hace presumir que fue asesinada a golpes, posiblemente con un objeto contundente. En una de sus manos se encontró cabello de otra persona, como evidencia de que trató de defenderse.

Según las primeras versiones publicadas por la prensa colombiana y ecuatoriana, Guerrero laboraba como periodista de la emisora. Sin embargo, la FLIP logró  establecer que la mujer se desempeñaba como colaboradora de un espacio musical de dicha radio, pero no ejercía el periodismo como tal. Guerrero había sido reina de belleza de Ipiales hace algún tiempo.

Por su parte, el oficial de la Policía ecuatoriana Ómar Muñoz, aseguró que esa institución inició la correspondiente investigación en coordinación con el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS). Sin embargo, hasta la fecha no se conocen mayores avances.

5. LIBERTAD DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA³

Si bien en el Huila no se registran tantas violaciones a la libertad de prensa como en otras zonas del país, el conflicto armado y la corrupción son fuentes de amenaza e intimidación, y hay presencia de diferentes grupos armados. Entre ellos se encuentra la guerrilla de las FARC⁴ que ha utilizado el departamento como zona de repliegue de los frentes que operan en el sur y el oriente del país.⁵ Existen zonas rurales donde la presencia de las FARC imposibilita el ingreso de los periodistas, que basan sus informes en comunicados oficiales del Ejército, con serias consecuencias para la independencia periodística.

Igualmente, hay presencia de grupos paramilitares, cuyas acciones se han reducido ostensiblemente desde 2003, aunque muchos de sus miembros siguen delinquiendo desde su desmovilización.

Un grave problema es que la zona constituye un corredor de droga estratégico entre el Putumayo, Caquetá y la bota caucana, convirtiéndose el sur del departamento en ruta del narcotráfico, causando graves problemas sociopolíticos como desplazamiento forzado, homicidios selectivos por autores no identificados, y altos índices de violencia generalizada.

Norte del Huila

En municipios como Algeciras la situación es crítica por ser un fortín de las FARC en el Huila, que por su posición geográfica suele ser afectada por paros armados y atentados. En ese municipio ocurrió el homicidio del concejal y periodista Manuel Arturo Macías, el 9 de febrero de 2008, quien se desempeñaba como periodista de la emisora ‘Radio Surcolombiana’. Según fuentes de la Defensoría del Pueblo, aunque se presumía que el crimen estaba relacionado con su labor como concejal pues las FARC iniciaron un ‘Plan Pistola’ contra alcaldes y concejales, consideran que su asesinato estaría motivado también por su condición de periodista, debido su cercanía con los problemas locales. Esta opinión fue corroborada por periodistas consultados en Pitalito y Neiva.

Pitalito y el sur del Huila

Aunque los comunicadores de Pitalito y de San Agustín aseguran que la situación ha mejorado, el cubrimiento de los temas de corrupción y conflicto armado es aún delicado, y existen antecedentes de violencia contra periodistas. El 17 de abril de 1998 fue asesinado Nelson Carvajal Carvajal, director del programa ‘Momento Regional’ de Radio Sur, quien denunció la millonaria compra de la finca ‘El Topacio’ durante la administración del alcalde Ramiro Cuenca Falla. También denunció supuestas fallas estructurales de la urbanización Prado de las Acacias, propiedad del ex-concejal y representante a la Cámara Fernando Bermúdez Ardila. Se presume que varios ex funcionarios públicos tienen relación con el crimen; sin embargo, hasta el momento se desconocen los autores del homicidio.⁶

En la actualidad, Álvaro Pérez Pérez, periodista de la emisora La Poderosa, ha sido amenazado desde enero de 2008, por denuncias contra entidades públicas por manejo irregular de recursos públicos. Otro caso es el de José Irnet Rubio, corresponsal del ‘Diario del Huila’ en el municipio de Garzón. Desde febrero de 2009 ha recibido amenazas por la publicación de un artículo en el cual denuncia que un desmovilizado de las AUC estaba estafando a desplazados en nombre del INCODER. Tras la publicación del artículo, comenzó a ser víctima de amenazas de parte del estafador. Pese a que denunció ante la Fiscalía, la Personería y la Policía, el sujeto no ha sido judicializado y continúa en libertad.

Relación de los periodistas con las autoridades

Para los comunicadores, las investigaciones de corrupción son un tema delicado pues muchos han recibido amenazas por criticar la administración de recursos públicos o informar anomalías en contratación pública. Esto ha causado que los medios se dediquen a informar el día a día, dejando de lado el periodismo investigativo y su papel de veeduría ciudadana.

Este es el caso del periodista Germán Hernández. En marzo de 2007, abandonó la ciudad de Neiva y la coordinación de la unidad investigativa del ‘Diario del Huila’ debido a amenazas de muerte por una serie de informes en que denuncia irregularidades en el manejo de recursos del Hospital Universitario de Neiva, que culminaron en la investigación judicial y condena en febrero de 2009 del director del hospital, Jorge Mauricio Escobar, por el delito de enriquecimiento ilícito. El periodista no pudo regresar a la zona por temor a represalias.

Acerca de la relación con los funcionarios de la rama ejecutiva y legislativa del departamento, los comunicadores han afirmado que algunos funcionarios públicos acuden a la persuasión, restricciones en el acceso a información pública y presiones a través de la asignación de la pauta publicitaria para evitar que publiquen notas que afecten la imagen de los gobiernos locales. Aunque los periodistas notan altos niveles de corrupción en la función pública, procuran tener una relación cordial con los gobernantes y evitan publicar notas que puedan afectar la relación con ellos. 

Este es el caso de Juan Guillermo Rodríguez, corresponsal del ‘Diario del Huila’ en Campoalegre, quien fue agredido el 29 de mayo de 2008 por el concejal Alirio León Avella, debido a un artículo que publicó el 28 de mayo, donde se reseñó la decisión judicial que declaró nula su elección y decretó la cancelación de su credencial como concejal del municipio.

Por otra parte, los periodistas evitan publicar notas que afecten la imagen de la Policía y el Ejército para evitar que les nieguen el acceso a información pública o que sean cometidos abusos en su contra. Un ejemplo es el caso de Diógenes Cadena, corresponsal del 'Canal RCN', quien el 18 de mayo de 2008 iba a entrevistar al futbolista Rodrigo Marangoni antes de un partido, cuando fue retenido ilegalmente por el sargento de Policía José Manuel Amaya Puentes. Gracias a la intervención del personal de la seguridad privada del estadio, el periodista fue liberado. Otro caso ocurrió el tres de enero de 2007 cuando César Velandia, corresponsal del canal RCN en Neiva y su camarógrafo Norbey Poloche, fueron agredidos por agentes del ESMAD mientras cubrían el desalojo de un grupo de desplazados que había llegado a la ciudad y había ocupado un sector residencial.

Por otra parte, de manera reiterada la Policía y la Fiscalía se niegan a recibir denuncias formales de los ataques y violaciones contra periodistas, generando niveles altos de subregistro. Los periodistas no parecen tener mayores problemas con la seccional del DAS, y este organismo ha tenido una actitud favorable frente a su protección.

Problemas con el acceso a la información y la censura indirecta

Los periodistas de la región manifiestan tener dificultades en el acceso a información pública, sea porque no hay procedimientos definidos de parte de las instituciones, porque esta obligación está centralizada en el gobierno nacional, o porque la política institucional promueve que no se facilite información a los medios críticos al gobierno local. Aunque los diferentes medios han intentado acercarse a las autoridades, deben remitirse a sus fuentes dentro de las instituciones para obtener información.

Los comunicadores reportan ser objeto de presiones de la gobernación y las alcaldías municipales, que buscan controlar la información por medio de la distribución de pauta publicitaria oficial. Ricardo Areiza y varios periodistas del diario ‘La Nación’, comentaron que la adjudicación de pauta oficial depende de la relación que el Alcalde de Neiva o el Gobernador del Huila tenga con cada medio. Igualmente, denunciaron como práctica recurrente la de adjudicación de contratos de obra o de suministro a los periodistas que publican información benéfica para el gobierno local. Estos contratos causan gastos pero nunca son ejecutados. Aunque esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Contraloría y la Procuraduría departamental, no se han realizado acciones.

Por otra parte, los comunicadores independientes de la Asociación de Periodistas del Huila; Ricardo Areiza, director del diario ‘La Nación’, y Nelson Rojas, editor general del ‘Diario del Huila’, manifestaron que la Procuraduría y la Contraloría regionales se niegan sistemáticamente a pronunciarse públicamente y a dar información de su competencia. Generalmente los remiten a las oficinas de prensa de la dirección central, de donde les envían comunicados de prensa institucionales.

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Notas:

^[1] Fundada en 1996, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) es una organización no gubernamental que monitorea sistemáticamente las violaciones a la libertad de prensa en Colombia, desarrolla actividades que contribuyen a la protección de los periodistas y de los medios de comunicación, y promueve el derecho fundamental a la información.
^[2]  El número de violaciones (casos) no coincide necesariamente con el número de víctimas, pues en un mismo caso pueden haber varios periodistas afectados.
^[3] La FLIP visitó el departamento del Huila entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2009. Estuvo en las ciudades de Neiva y Pitalito. Se entrevistó con periodistas de Neiva, Pitalito, San Agustín, Algeciras y Garzón; con los Personeros de esas dos ciudades; con la Defensoría Regional del Pueblo, y con las autoridades locales (Alcaldía, Policía y DAS).
^[4] Medios Para la Paz- Nyria a. Ramírez Ortega. La libertad de prensa en Huila y Caquetá. 2006.
^[5] Presidencia de la Republica. Observatorio de Derechos Humanos. Diagnóstico Departamental del Huila 2003-junio de 2008.
^[6] FLIP. Estado de la Libertad de Prensa en Colombia 1998. Actualización 2008. Pág.6.  El 6 de abril de 2001, la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Huila confirmó la sentencia absolutoria que había sido dictada el 15 de diciembre de 2000 por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Neiva a favor del ex-concejal y ex-congresista Fernando Bermúdez Ardila. El ente judicial declaró la inocencia de Bermúdez en el caso del asesinato del periodista Nelson Carvajal argumentando que se demostraron contradicciones en los testimonios utilizados por la Fiscalía. Posteriormente, el 12 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar una indemnización equivalente a 230 salarios mínimos mensuales a Bermúdez por los prejuicios morales ocasionados “por la privación injusta de la libertad desde el 5 de enero de 1999 al 26 de julio de 2001”. No obstante, el 27 de agosto de 2008, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía emitió un nuevo fallo en el que le pidió a la Procuraduría "revisar la decisión adoptada por el Juzgado Especializado de Neiva, que el 15 de diciembre del 2000 absolvió a Fernando Bermúdez, ex concejal de Pitalito, y a Ramiro Falla, ex alcalde de la misma población" y actual funcionario de la Alcaldía de Neiva. Según la Fiscalía, en el expediente existen testimonios y pruebas que vincularían a Bermúdez y a Falla con el asesinato de Carvajal. La decisión final estará en manos de la Corte Suprema de Justicia. En el mismo fallo, la Fiscalía ordenó la captura de Carlos Augusto Rojas, presidente de la Asamblea Departamental del Huila, al encontrar pruebas que lo sindican como presunto autor intelectual del crimen del periodista.