Sala de Prensa

118
Agosto 2009
Año XI, Vol. 5

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   


Análisis del seguimiento contra
la libertad de expresión en México

Karina Coronado Cruz, Nubia C. Salas Lizana y Karla E. Aguilar Padilla *

A lo largo de 2008 se registraron 223 actos contra periodistas y medios informativos, cifra abrumadora considerando que en el Informe Buendía 2007 se consignaron 113 casos. Es decir: se duplicaron las agresiones y los actos inhibitorios contra el trabajo periodístico. No es gratuito, por ello, que se catalogue a 2008 y al primer semestre de 2009 como uno de los periodos más violentos y con mayor número de ataques para el periodismo mexicano en los últimos tres lustros.

En tal contexto una vertiente central es que no sólo se duplicó la cantidad de casos, sino que de manera alarmante aumentó el número de asesinatos: si en 2007 se consignaron cinco homicidios, en 2008 se ultimaron a 12 periodistas. En al menos siete casos existen  indicios de que su muerte se debió a su quehacer periodístico. Del total de homicidios, ocho ocurrieron en zonas donde la delincuencia organizada y el narcotráfico han logrado una gran influencia y parecen tener el control. En 2009, el panorama tampoco es alentador, pues hasta junio se han registrado cinco homicidios, una tendencia similar a 2008: un asesinato por mes.

Otro punto no menos importante es el aumento de demandas contra periodistas y medios de comunicación. En 2008 se registraron 14 demandas contra el ejercicio informativo, cuando en el año anterior únicamente fueron consignadas dos, lo cual evidencia el crecimiento de la judicialización periodística a fin de mantener un clima de acecho, presión e intimidación contra algunos informadores que suelen tocar fibras sensibles en torno al poder político y económico. Y es que ocho de esas demandas fueron interpuestas por funcionarios públicos y seis por empresas privadas.

Para ubicar lo delicado del escenario periodístico, conviene contrastar los datos de sexenios precedentes. Durante el primer bienio del gobierno de Ernesto Zedillo (1995-1996), por ejemplo, se registraron seis asesinatos; en el de Vicente Fox (2001-2002) también hubo seis, y durante los dos primeros años de Felipe Calderón se contabilizaron 17: casi se triplicó el número de asesinatos, lo que refleja un panorama desalentador para la profesión periodística en los últimos tres sexenios, particularmente en el más reciente.

En cuanto al total de agresiones registradas, el análisis comparativo con los sexenios anteriores demuestra que en los dos primeros años de las administraciones zedillista y foxista, los casos totales contra el ejercicio periodístico fueron 240 y 227, respectivamente. De manera contrastante, en los primeros 24 meses del gobierno de Felipe Calderón sumaron 336 actos contra periodistas y medios de comunicación. Lo anterior demuestra un aumento de cerca del 50% en las agresiones contra el quehacer informativo durante el primer bienio de gobierno.

Un tópico más fue el aumento desmedido de cierres, embargos y clausuras de diversas radios comunitarias e indígenas por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las cuales bajo el argumento de que tales medios carecen de licencia para transmitir, agreden, decomisan y hasta pretenden encarcelar a los trabajadores de dichas emisoras. Durante 2008 fueron cerradas 36 frecuencias radiofónicas con dispositivos de entre 40 y 100 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) altamente armados, como si los trabajadores de las radiodifusoras fueran delincuentes y requirieran de esa fuerza excesiva para cerrar sus instalaciones. Las radiodifusoras fueron clausuradas, a pesar de que anteriormente algunas de ellas habían solicitado al Estado el permiso necesario para la utilización del espacio radioeléctrico, pero por razones de trámites prolongados les ha sido negado.

En un acercamiento preliminar a los primeros seis meses de 2009, el panorama no ha sido nada promisorio, pues hasta el 30 de junio se habían sumado a la lista 147 agresiones directas (es decir, agresiones, acosos, allanamientos, intimidaciones, asesinatos, atentados y bloqueos informativos) e indirectas contra periodistas y medios de comunicación (tales como demandas, denuncias, arrestos, despidos, detenciones y citas a comparecer). En este aspecto, no hay que soslayar que de esa cifra se contabilizan cinco asesinatos.

Con tal escenario podemos destacar que México es el país del continente Americano más riesgoso para ejercer la profesión periodística, cuyas autoridades mantienen una postura aparentemente dispuesta pero poco efectiva, eficaz y ejecutiva para hacer frente al problema de actos contra la libertad de expresión.

Los asertos anteriores se desprenden del presente Informe Buendía 2008 realizado por la Fundación Manuel Buendía, el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

1.1 Perspectiva global

De acuerdo con los criterios metodológicos de la Fundación Manuel Buendía, en 2008 se registraron 223 casos en todo el país. De tal universo, la mayor parte correspondió a agresiones directas a periodistas1 con 73% (el porcentaje más alto que se recuerde en ese rubro en los últimos tres lustros), seguido por agresiones indirectas a periodistas2, 12.1%; agresiones directas contra medios3, 8%; y agresiones indirectas contra

Medios4, 6.7%. Lo anterior evidencia el aumento de la violencia contra informadores, pues en fechas precedentes no se había alcanzado esa tendencia.

Del total de incidentes, las embestidas con mayor recurrencia fueron las agresiones físicas con 31.8%; en este caso, los más afectados fueron los reporteros; más de la mitad de los ataques fueron realizados por las fuerzas del orden: paradójicamente quienes se encargan de la seguridad de los ciudadanos son quienes más agreden a los reporteros al momento de realizar sus labores.

A las agresiones físicas le siguieron las amenazas e intimidaciones con 21%, los allanamientos con 10%, las demandas con 6.2%, los atentados con 5.8%, los asesinatos y los actos de censura cada uno con 5.3%. Con menores cuantías figuran las detenciones (4.9%), la clausura (3.1%), el bloqueo informativo y el publicitario (2.2% cada uno), y el robo (1.7%).

Casi una cuarta parte de los actos registrados en 2008 fueron amenazas a periodistas, principalmente por parte de elementos de las fuerzas del orden y funcionarios de gobierno. Este tipo de intimidación ha generado mayor autocensura. Actualmente no pocos reporteros temen firmar sus notas, algunos medios han cancelado el tratamiento de ciertos temas, otros se limitan a transmitir los informes oficiales por temor a represalias, y se ha llegado al caso del autoexilio.

Si bien es grave y repudiable lo anterior, asombrosamente la censura no es el más peligroso enemigo de la libertad de expresión, sino la autocensura generada por la intimidación, la amenaza y los asesinatos, cuyo fin es silenciar el trabajo de los medios de comunicación. La autocensura no sólo daña a un medio informativo en particular o al periodista: fundamentalmente afecta el derecho de todos los ciudadanos a estar informados.

El año 2008 fue un periodo sin duda violento no sólo por lo que muestran los datos aquí consignados, sino porque además hubo un desaparecido, Mauricio Estrada Zamora, reportero de La Opinión de Apatzingán, y 12 asesinatos: Francisco Ortiz Monroy, corresponsal de El Diario de México; Bonifacio Cruz Santiago y Alfonso Cruz Cruz, director y editor del periódico El Real, respectivamente; José Luis Villanueva, reportero de El Gráfico; Felícitas Martínez y Teresa Bautista Flores, locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio; Candelario Pérez Pérez, periodista de la revista Sucesos; Alejandro Zenón Fonseca Estrada, locutor de EXA FM; David García Monroy, columnista de El Diario; Miguel Ángel Villagómez, director de La Noticia de Michoacán; Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario; y Raúl Martínez López, reportero del periódico Noreste.

Los datos anteriores contrastan con el Informe 2008 de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), que refiere 198 casos de febrero de 2006 a noviembre de 2008, menos de los registrados por organismos sociales como el presente estudio.5

Ahora bien, con todo y las numerosas agresiones contra medios y periodistas, existe una forma que sin ser tan directamente violenta puede causar el mismo efecto de inhibir la libertad de expresión. Tal es el caso de las demandas por daño moral. Durante 2008 se registraron 14 demandas. De ellas seis fueron interpuestas por empresas o particulares, mientras otras ocho las realizaron funcionarios públicos contra reporteros, comentaristas o empresas que escudriñan, rastrean, analizan o cuestionan vertientes sensibles del poder político y económico para dar más información a los ciudadanos.

Varios de esos periodistas pretenden denunciar actos de corrupción, de ilegalidad, de inepcias o de omisión, y es evidente que con ello se dejan expuestos los intereses de las empresas, de la delincuencia organizada y de funcionarios de gobierno. En tal contexto, las demandas pretenden inhibir el ejercicio periodístico y el derecho a la información.

Paradójicamente quienes deben encargarse de la seguridad de los ciudadanos son los que más agreden a los profesionales de la información, pues el poder público continúa acumulando el mayor porcentaje como presuntos responsables de las agresiones contra periodistas y medios (60.1%) al englobar las fuerzas del orden (35.8%), funcionarios de gobierno (23.4%) e instituciones de gobierno (0.9%). A pesar de ello, no podemos olvidar que 14.4% de los responsables de atentar contra la tarea de informar lo constituyeron actores anónimos. Aunque se redujo tal cifra en comparación con 2007 (23%), en 2008 un nuevo ingrediente salió a la luz: son los particulares quienes ocuparon el tercer lugar con 11.7%, cuando en el año anterior fue de 6.2%.

Quienes rastrean la información continúan siendo los más afectados al momento de cubrir las fuentes. En esa lógica, los reporteros ocuparon 33.3% del total de los afectados y los fotorreporteros 10.8%, y le siguen de forma descendente los directores (11%), corresponsales (10%), columnistas (5.7%), locutores (4.7), entre otros.

A lo anterior hay que agregar que los informadores que cubren las fuentes policiaca (46.8%), política (38.7%) e información general (8.1%) fueron los más afectados. Lo anterior indica que el trabajo de los reporteros que cubren las fuentes policiaca y política pueden resultar incómodos para algunos actores políticos.

En lo que concierne a los motivos de los actos contra las libertades de expresión e información, en primer lugar figura “por ejercer la labor”, con 41.8%, y le siguen “por contenidos” (22.4%), “desconocidos” (13%), “posibles contenidos” (12.1%), “denuncias” (7.2%), “por no contar la licencia para operar” (3.1) y “posibles críticas” (0.1%).

De lo anterior se desprende que entre las principales causas por las que se agreden a los periodistas son: por cubrir las notas periodísticas y por lo que escriben en sus medios ya sean críticas, denuncias o dar a conocer hechos.

Durante 2008, los medios impresos fueron los más perjudicados en cuanto a su libertad de expresión. En ese sentido, la prensa acumuló 71.6% del total de los casos (223), y le siguieron la radio y la televisión con 13.9% y 7.6%, respectivamente.

Al analizar la procedencia de los actos contra periodistas y medios informativos, advertimos que los estados que más incidencias concentraron en 2008 fueron: Distrito Federal (15.3%), Oaxaca (11.7%), Veracruz (9.9%), Chiapas (7.2%), Tamaulipas e Hidalgo (4%) cada uno, entre otras. Estos cinco últimos destacan por las circunstancias adversas impuestas desde las esferas del gobierno, aunque no pueden olvidarse las amenazas y presiones de los cárteles del narcotráfico en el norte del país, que suelen presentarse en entidades como Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

1.2 Conclusiones

1.- A lo largo de 2008, se registraron 223 casos contra las libertades de expresión e información: 85.1% fueron agresiones directas e indirectas contra periodistas, en tanto que 14.7% lo constituyeron agresiones directas e indirectas contra medios. Con ello se evidencia una ascendente escala de violencia contra informadores y representa el porcentaje más alto que se recuerde en los últimos tres lustros en México.

2.- En 2008 sobresalió la violencia contra el quehacer informativo, lo cual se reflejó tanto en asesinatos como en amenazas, intimidaciones y agresiones físicas. Así, del universo de casos registrados (223), 31.8% fueron agresiones físicas, 21% lo constituyeron amenazas e intimidaciones y 5.3% asesinatos.

3.- Lo más preocupante fue la cifra de homicidios. Si en el primer bienio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox se registraron seis muertes de periodistas, respectivamente, en 2008 fueron 12: el número más alto que se recuerde en los últimos 20 años.

4-. Los reporteros sumaron 33.3% del total de los actos contra el quehacer periodístico y los fotorreporteros 10.8%; le siguieron directores (11%), corresponsales (10%) columnistas (5.7%), locutores (4.7), entre otros.

5.- Un tema que salió a la palestra de forma frontal fue el condicionamiento gubernamental en la asignación publicitaria hacia los medios que podían resultar “incómodos”. En tal situación se engloban las revistas Fórum, Síntesis, Contralínea, Fortuna y La Tijereta.

6.- Otro tópico fue el aumento desmedido de cierres y clausuras de diversas radios comunitarias e indígenas por parte de dependencias públicas, que bajo el argumento de que carecen de licencia para transmitir han confiscado el material de trabajo de los operadores de las frecuencias radioeléctricas. Durante 2008, fueron cerradas con lujo de violencia 36 frecuencias radiofónicas. Por lo anterior es necesario que el Estado mexicano provea el marco normativo que permita el funcionamiento adecuado y eficaz de las radios comunitarias, que las autoridades regulen el funcionamiento de dichos medios mediante el otorgamiento de los permisos respectivos.

7.- Un recuento preliminar de los ataques contra periodistas y medios informativos a lo largo del primer semestre de 2009, arroja datos que mueven a la zozobra: hasta el 30 de junio se registran 147 actos. De ese total destacan cinco homicidios y seis demandas, 32 amenazas e intimidaciones, 10 atentados, 46 agresiones físicas, 14 detenciones, entre otros. En decir: de acuerdo con las tendencias, las cifras para el presente año podrán superar a las de 2008, en que se consignaron 223 agresiones directas e indirectas.5

_____
Notas:

1. En esta categoría se agrupan aquellas tipificaciones que impactan de manera inmediata a los periodistas. La mayoría de ellas suelen ser ataques a su persona y también al ejercicio profesional que desempeñan. Por ejemplo: acoso u hostigamiento, agresión física, allanamiento, amenazas / intimidación, asesinato, desaparición, entre otras.

2. En este apartado se presentan aquellos ataques que de manera sutil -o que no son inmediatamente identificados como agresiones- sufren los periodistas. En tales casos, el ataque no es inmediato e incluso se utilizan medidas sofisticadas tales como demandas o denuncias temerarias con la intención de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Entre este tipo de agresiones destacan: arbitrariedad en edición, auto de formal prisión, anuncio de demanda, cita a comparecer, robo y despido.

3. Aquí se incluye tanto a la persona física (persona: empleado o empresario del medio) como a la persona moral (empresa o grupo de empresarios en sociedad). Por este motivo varios indicadores coinciden con los ya presentados en el caso de los periodistas: agresión física, allanamiento, amenazas / intimidación, anuncio de bloqueo informativo / publicitario, decomiso, etcétera.

4. En este último bloque destaca lo que en los últimos años se viene presentando a través de procedimientos administrativos como la revisión de aspectos de seguridad social o de corte hacendario, lo cual puede terminar en el cierre temporal e incluso permanente del medio informativo. Tales casos son: anuncio de demanda, aseguramiento, auto de formal prisión, cierre temporal o clausura, cita a comparecer, confiscación, entre otros.

5. Además se ha desechado o regresado al fuero común la mayoría de los casos y de los cuales existen sólo siete consignaciones de los presuntos responsables. Ese mismo informe también ha dejado de lado la investigación de varios homicidios, pues afirma: “Con base a lo que reflejan las investigaciones públicas hasta el momento, de los asuntos registrados en el 2008, nueve homicidios hasta el momento no acreditan elementos de relación con el ejercicio periodístico, sino con otras circunstancias, son los siguientes: Felícitas Martínez, Teresa Bautista, Bonifacio Cruz, Alfonso Cruz, David García Monroy, Candelario Pérez Pérez, Claudia Rodríguez Lleras, Francisco Ortiz Monroy, Miguel A. Villagómez Valle. Un caso, el de Carlos Ulises Domínguez Mijangos es investigado bajo la competencia de otro país. Otro más, el de Luis Villanueva Berrones, se ha confirmado que se trató de un suicidio. Y los dos que se investigan con una posible relación al ejercicio periodístico son los de Alejandro Zenón F. y Armando Rodríguez Carreón”.


* Karina Coronado Cruz es coordinadora de la Unidad de Información y Análisis de la Fundación Manuel Buendía; Nubia C. Salas Lizana es jefa de documentación e internet del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo A.C (CCPNP), y Karla E. Aguilar Padilla es jefa operativa del CCPNP. Este texto forma parte del Informe Buendía 2008, análisis hemerográfico sobre los obstáculos a la libertad de expresión en México, difundido el pasado mes de julio.


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