Sala de Prensa

118
Agosto 2009
Año XI, Vol. 5

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   


Los 21 puntos clave para una nueva ley de comunicación

Carlos A. Camacho *

La comunicación interesa y preocupa a toda la sociedad porque es inherente a nuestra naturaleza y condición de seres humanos

La comunicación es un asunto demasiado importante como para dejarlo sólo en manos de comunicadores y periodistas. Cuando hablamos de comunicación, no nos referimos únicamente a los medios -aunque reconocemos su importancia en la sociedad-, ni sólo al acceso o producción de información. Queremos destacar que lo comunicativo es para nosotros una dimensión básica de la vida y de las relaciones humanas y socioculturales; es el reconocimiento de personas que interactúan en igualdad de condiciones y oportunidades, y se relacionan dinámicamente entre sí, a través de medios o no. No hay hecho de la vida y el desarrollo humano que no comprometa, de una u otra forma, la comunicación.

Por todo aquello, no sólo es necesario, sino urgente, construir de forma ampliamente participativa y democrática una ley orgánica que respete, garantice y promocione el derecho de cada persona a la comunicación, lo cual supone una serie de derechos como el acceso universal a la información, a las tecnologías de información y comunicación (TIC) y al uso de frecuencias de radio y televisión, a la creación de medios, a la gestión del conocimiento y a la libre expresión de ideas y opiniones, así como el derecho a establecer modelos, instituciones, sistemas y procesos comunicacionales desde las cosmovisiones y prácticas de los diferentes grupos que integran la sociedad.

Reivindicamos la comunicación y la información como bienes públicos, no como mercancía y propiedad privada de unos pocos

Todas las personas somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos y oportunidades, así como de las responsabilidades que esto conlleva para cada uno de nosotros. La comunicación y la información son derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución (Arts. 16, 17, 18, 19, 20 y otros) y que, por lo tanto, se pueden ejercer, promover y exigir, tanto de forma individual como colectiva. Ningún tipo de discriminación o distinción puede menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de estos derechos. El Estado tiene el deber constitucional de respetar y hacer respetar nuestro Derecho Humano a la Comunicación y a la Información, de garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones a través de un marco regulatorio democrático que se sustente en los siguientes principios:

La comunicación  como un derecho humano

  1. La comunicación no es una cuestión técnica/tecnológica, comercial/empresarial o meramente instrumental, que está aislada de la estructura política, social, económica y cultural de la sociedad. Es, ante todo, interacción entre individuos y grupos, núcleo de la sociabilidad, necesidad humana básica, pilar de toda organización social, eje del desarrollo humano, asunto de poder y, sobre todo, patrimonio de la población y derecho humano fundamental. Por tanto, la comunicación concebida en sus diversas formas visual, auditiva, sensorial y otras, como una relación dialógica, entre iguales, debe ser libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social.

Por la democratización de la comunicación

  1. La democratización de la comunicación supone que el Estado respete, garantice, promueva y promocione procesos de interacción social democrática en todos los ámbitos bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Así, coadyuvará a la democratización de la sociedad en su conjunto.

El valor del diálogo

  1. Se reconoce el valor del diálogo como medio fundamental para la convivencia pacífica y armónica de la sociedad y como instrumento central para su desarrollo humano integral; por consiguiente, descarta cualquier práctica que privilegie o favorezca el verticalismo, autoritarismo y las acciones unilaterales en el uso de la palabra.

Respeto a la libertad de expresión

  1. Toda persona tiene derecho al ejercicio pleno e irrestricto de su libertad de expresión en los distintos ámbitos sociales de su existencia y en aquellos que considere oportunos para la construcción de su identidad. Entonces, podrá producir, emitir, intercambiar, recibir y difundir libremente sus ideas, opiniones, conocimientos y saberes de toda índole, por cualquier medio, de acuerdo a sus matrices culturales, en condiciones de equidad, y dentro de un marco de pluralidad y respeto a la diversidad.

Restricciones a la libertad

  1. Las restricciones a la libertad de expresión deben aplicarse únicamente cuando exista una amenaza política o militar directa que ponga en peligro la integridad del sistema democrático en su conjunto o la integridad territorial del país, respectivamente. Asimismo, éstas aplican cuando se afecta u ofende los derechos que permiten el desarrollo de la personalidad humana (imagen, honra, buena reputación).

Comunicación sin censura

  1. El ejercicio del derecho humano a la comunicación y a la libre expresión no pueden estar sujetos a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las mismas que deben estar expresamente fijadas por ley. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de periódicos, frecuencias radioeléctricas o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.

Comunicación y derechos humanos

  1. La comunicación es la base para el ejercicio de todos los demás derechos humanos; sin su práctica, no es posible el cumplimiento ni la exigibilidad de los mismos. Por tanto, a través del derecho a la comunicación se vela por el respeto y cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como por los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas y campesinos, fortaleciendo y revitalizando sus prácticas, su cosmovisión  y su identidad cultural.

Protección de la persona

  1. La sociedad respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. Por ello, los derechos al honor y al buen nombre, la imagen y la voz de la persona, la intimidad personal y familiar, no serán vulnerados por ninguna información sin pruebas, incorrecta o agraviante difundida por cualquier medio. Toda persona afectada por informaciones de este tipo tiene derecho a réplica y rectificación en forma obligatoria, inmediata, gratuita y proporcional al daño por el mismo órgano de difusión. En ningún caso, la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.

Contraloría social

  1. El derecho a la comunicación está directamente relacionado con la participación ciudadana; sin embargo, ésta debe ejercerse de manera permanente y organizada a través de observatorios de comunicación y/o veedurías de medios para garantizar que la labor de los medios se ejerza con responsabilidad social. De este modo, se ejerce una auditoría ciudadana permanente que asegura el cumplimiento de las garantías y derechos relacionados con la comunicación.

Acceso a la información pública

  1. Toda información que generen y posean los órganos públicos pertenece a la colectividad y es pública, por lo tanto, debe manejarse conforme con los principios de dominio público, oportunidad, accesibilidad, publicidad, economía y buena fe. El acceso a la información pública es requisito indispensable para el funcionamiento y fortalecimiento de la democracia y del ejercicio pleno de la ciudadanía. De ahí que la apropiación y uso de información, en función de la producción de conocimiento, conlleva cambios en las dinámicas sociales y políticas promoviendo la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de la cosa pública.

Distribución equitativa

  1.  Cada medio de comunicación y su programación constituye un capital cultural de costumbres, preferencias y valoraciones que está en permanente proceso de producción simbólica. Según la Constitución, existen tres tipos de medios de comunicación: públicos, privados y comunitarios, entre los cuales el Estado debe distribuir equitativamente las frecuencias: 33% para cada sector. En todos los casos, tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el proyecto comunicacional presentado por el medio. Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse.

El espectro es patrimonio de la humanidad

  1.  El espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad y su administración por parte del Estado está sujeta a la legislación nacional, así como a los estándares internacionales de derechos humanos. Bajo esta concepción, se garantizará el acceso democrático y pluralista a todos los sectores sociales y políticos, en igualdad de condiciones y oportunidades, a la creación y gestión de medios de comunicación, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (TIC) y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Queda prohibido todo tipo de discriminación a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos.

Promoción  ética y estética

  1. En función a su responsabilidad social, los medios de comunicación deben implementar y participar en procesos educativos integrales orientados al desarrollo, respeto, protección, promoción cultural y preservación de valores éticos y estéticos de la sociedad, en especial para las personas y grupos de atención prioritaria y para las personas y colectividades que carezcan de acceso a los medios y/o las TIC, o lo tengan de forma limitado.

Publicidad y propaganda

  1.  El Estado adoptará todas las medidas legales necesarias para proteger los derechos de la comunicación de cada persona. En tal sentido, se prohibirá por ley toda propaganda o publicidad que por cualquier medio o modo esté orientada en favor de la guerra o toda apología del odio nacional que constituya, promueva o incite a la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política o cualquier otra acción ilegal similar que afecte la dignidad de cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo.

Interculturalidad

  1. El Estado reconoce y sostiene la comunicación intercultural como condición básica para la existencia plural e igualitaria de la sociedad ecuatoriana y como expresión de su diversidad, por tanto, garantiza que su práctica sea dada en las mayores condiciones de libertad e igualdad.

Ejercicio periodístico

  1. La sociedad ha delegado implícitamente en comunicadores y periodistas el ejercicio de su derecho a difundir e investigar información, por tanto, su labor debe realizarse en un marco ético y de responsabilidad social. El periodismo debe estar, fundamentalmente, al servicio de la sociedad. Se reconoce y garantiza la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de comunicadores, periodistas y de quienes emiten opiniones públicas como colaboradores de los medios.

Anti-monopolio

  1. La diversidad tiene una importancia fundamental para el libre intercambio de la información y las ideas en la sociedad, en términos de satisfacer las necesidades de comunicación de todas y todos. Esta diversidad incluye medios de comunicación (tipos de medios) y de fuentes (propiedad de los medios), así como la diversidad de contenido (producto de los medios). La concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación, directa o indirecta, así como el control gubernamental sobre los mismos, constituyen una amenaza a la diversidad de los medios. Por tanto, la propiedad y control de los medios de comunicación no asumen carácter monopólico ni oligopólico.

Rompiendo la brecha digital

  1. Promover tecnologías de bajo costo que sean extensamente accesibles con miras a asegurar el amplio acceso a las nuevas plataformas de comunicación. Se deben explorar y promover soluciones tecnológicas a los problemas tradicionales de acceso, inclusive los relacionados con discapacidades auditivas o visuales. En esta dirección es importante fomentar un amplio acceso a educación pública y otros esfuerzos se deben llevar a cabo para promover la adquisición de conocimientos sobre los medios de comunicación, de forma tal que se asegure que todos los miembros de la sociedad puedan entender y aprovechar las nuevas tecnologías con miras a superar la brecha digital.

Medios públicos y comunitarios fortalecidos

  1. Se requieren medidas especiales para proteger, preservar y fortalecer los medios públicos en el nuevo espacio radioeléctrico. Su mandato debe incluir, entre otros, el de contribuir a la diversidad, la cual debe ir más allá de ofrecer diferentes tipos de programación, amplificar la voz y satisfacer las necesidades de información e intereses de todos los sectores de la sociedad Se deben explorar mecanismos innovadores para el financiamiento de los medios públicos, de forma tal que éste sea suficiente para permitirles cumplir con su mandado de servicio público.

Promoción de la comunicación comunitaria

  1. Los medios de comunicación comunitarios son actores privados que tienen una finalidad sociocultural y se caracterizan por ser gestionadas de forma participativa por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Estos medios deben beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias, no deben tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole para la obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y debe tener acceso a publicidad.

Gestión del conocimiento

  1. A través de procesos educativos, la ciudadanía requiere construir capacidades para generar nuevos conocimientos a partir del adecuado manejo de datos, experiencias e información, además de organizar, distribuir, ordenar y usar adecuadamente los conocimientos ya existentes. En la llamada “sociedad de la información”, la conversión de los datos en información y de ésta en conocimiento, es fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. El acceso universal y la adecuada capacitación en relación a las TIC, permitirá y facilitará la modelización de procesos para optimizar los flujos de creación, compartición, aplicación y retroalimentación de conocimiento crítico para la resolución de problemas concretos y la toma de decisiones u operaciones que esto conlleva.

* Carlos A. Camacho Azurduy es comunicador social boliviano, coordinador del Área de Formación Profesional del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), con sede en Quito, Ecuador, y colaborador de SdP.


Tus comentarios, sugerencias y aportaciones
nos permitirán seguir construyendo este sitio.
¡Colabora!



| Volver a la página principal de SdP |
|
Acerca de SdP | Periodismo de Investigación | Etica y Deontología |
|
Derecho de la Información | Fuentes de Investigación |
|
Política y gobierno | Comunicación Social | Economía y Finanzas |
|
Academia | Fotoperiodismo | Medios en Línea | Bibliotecas |
|
Espacio del Usuario | Alta en SdP |
|
SdP: Tu página de inicio | Vínculos a SdP | Informes |
|
Indice de Artículos | Indice de Autores |
|
Búsqueda en Sala de Prensa |
|
Fotoblog |

© Sala de Prensa 1997 - 2009


IMPORTANTE: Todos los materiales que aparecen en Sala de Prensa están protegidos por las leyes del Copyright.

SdP no sería posible sin la colaboración de una serie de profesionales y académicos que generosamente nos han enviado artículos, ponencias y ensayos, o bien han autorizado la reproducción de sus textos; algunos de los cuales son traducciones libres. Por supuesto, SdP respeta en todo momento las leyes de propiedad intelectual, y en estas páginas aparecen detallados los datos relativos al copyright -si lo hubiera-, independientemente del copyright propio de todo el material de Sala de Prensa. Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de Sala de Prensa sin la autorización expresa del Consejo Editorial. Los textos firmados son responsabilidad de su autor y no reflejan necesariamente el criterio institucional de SdP. Para la reproducción de material con copyright propio es necesaria, además, la autorización del autor y/o editor original.