Hacia la libertad de expresión en Bolivia

Gunnar Zapata *

I. La Libertad de Expresión en la Normativa Internacional y Nacional

La libertad de expresión fue reconocida como un derecho universal en el comportamiento de todo ser humano a partir del siglo XVIII. Si bien con anterioridad, las Cámaras de Lores y Comunes del parlamento de Inglaterra en la Declaración de Derechos de Westminster¹, suscrita en fecha 13 de febrero de 1689, reconocían las libertades de expresión, discusión y actuación, para miembros del parlamento inglés. Tuvieron que pasar 100 años para que, en Francia, el 26 de agosto de 1789, este derecho sea reconocido como propio de toda persona, dentro de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano². Mientras Francia debatía y se adaptaba a la nueva visión de país que se construyó a partir de la revolución Francesa, el 15 de diciembre de 1791, era promulgadas las diez enmiendas a la Constitución propuestas en las Cámaras de Senadores y Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando reconocida dentro de la Primera Enmienda³: las libertades de culto, de expresión, de prensa, petición, y de reunión.

El Estado Boliviano reconoció el ejercicio y la defensa de este derecho, al reconocer la vigencia en su legislación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos⁴, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre⁵, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos⁶ y la Convención Americana sobre Derechos Humanos⁷.

Instrumentos Normativos Internacionales que incluyen la defensa a la Libertad de Expresión Reconocidos por el Estado Boliviano 

Sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de acuerdo al libro de Record Guinnes de 2.003, el documento que fue traducido a la mayor cantidad de idiomas en el mundo, existen ciertos aspectos a considerar:

• Se incluye a la potestad de emitir libremente opiniones y expresiones, el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, sin establecer textualmente de límites sobre el alcance de este derecho. Sin embargo, la defensa de este derecho debe considerar necesariamente el ejercicio del artículo 12 de la mencionada declaración “Nadie será objeto…de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Bajo esta consideración es posible considerar que toda persona puede ser limitada en sus expresiones y opiniones,  cuando ellas deriven en un ataque a la honra y reputación de otras personas.
• Se incluye también a la libertad de expresión el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones. Este derecho involucra a más de una acción, puesto que expresar opiniones, investigar información y sobretodo recibir información no se involucran de manera obligada en un solo proceso. Un sujeto puede emitir libremente sus opiniones sin necesidad de haber investigado o recibido información previa, mientras que otro sujeto puede recibe informaciones difundidas en los medios de comunicación, sin la obligatoriedad de difundir la posición adoptada a raíz de escuchar tal información.
• Finalmente se faculta a la persona a difundir libremente sus expresiones por cualquier medio de expresión, incluido claramente los medios de comunicación masiva. No toda expresión es información, la veracidad de hechos informados, es el requisito “sine qua non” de todo mensaje que es considerado como información. Sin embargo una expresión o una opinión difundida libremente en un medio puede no partir ni considerar datos veraces, con fines de interés particular. Esta situación, común en nuestro medio,  en materia periodística es conocida como Desinformación⁸ y Subinformación⁹.  Una problemática surge a partir de la recepción de mensajes falsos pero que son difundidos como información, bajo esta perspectiva, el hecho de recibir información puede ser contrariado por la acción de emitir  y difundir expresión. ¿Quién tendrá mayor derecho, la persona que emite y difunde libremente sus expresiones, aunque no sean ciertas, o las personas que reciben tales considerando que son informaciones verídicas?

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, documento anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala en primera instancia el derecho a la libertad de investigación, entendida ésta como, realizar actividades intelectuales y experimentales, sistemáticamente, con la finalidad de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia, asunto o tema. La libertad de investigación señalada, en esta declaración favorece el ejercicio de la libertad de prensa, entendida como el acceso irrestricto a fuentes de información, sin embargo el ejercicio de este derecho puede estar contrariado con el ejercicio del derecho a la intimidad, ligado a la protección de la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar, señalado en el artículo 5, inmediatamente posterior al artículo sobre la libertad de expresión.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece límites al ejercicio de este derecho, señalando la aplicación de posibles restricciones al ejercicio de este derecho, precautelando el respeto a los derechos o a la reputación de los demás  y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Bajo este instrumento, es posible señalar que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión concluye cuando el mismo afecta a los derechos de los demás.

La Convención Americana de Derechos Humanos, señala posibilidad de restricción al ejercicio de este derecho, por los motivos señalados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adicionando la necesidad de prohibición legal de mensajes en favor de la guerra y odio nacional, racial o religioso.

En el marco de la normativa nacional, la Constitución Política del Estado Boliviano reconoce en el artículo 7 inciso b¹⁰, el derecho a emitir libremente ideas y opiniones, posibilitando además la libertad de hacerlas públicas, por cualquier medio de difusión. Esta definición tan corta pero tan abierta en su significado, como en el caso de los primeros instrumentos normativos internacionales, dar lugar a diversas interpretaciones de juristas que puede incluso ser contradictorias.

II. La Libertad de Expresión: Dichos y Entredichos acerca de su definición y ejercicio.

La libertad de Expresión es un derecho reconocido en la mayoría de los pactos y convenciones internacionales como en las constituciones políticas de los diversos estados.  La importancia del ejercicio y la defensa de este derecho admiten que ningún ciudadano¹¹ sea silenciado o peor aún perseguido por las opiniones emitidas y difundidas.

“Un principio del Derecho Positivo señala que entre dos males hay que escoger el mal menor: entre una población amordazada es preferible una población con voz, con todos los riesgos de abuso de la libertad de expresión que esto puede conllevar, puesto que donde hay silencio hay que tener la seguridad de hay ‘escarnio de derechos humanos’ ”. Rossana Zapata, DERECHO DE LA COMUNICACIÓN EN BOLIVIA”, Cochabamba, Editora JV  2005,66

La intolerancia regida en la época colonial fue reproducida sobretodo en gobiernos totalitarios o gobiernos de facto, en los que diversas personas fueron perseguidas, encarceladas, torturadas o asesinadas. Se corre el riesgo de una omisión “imperdonable” al enumerar la lista de nombres de personas que encontraron la muerte por pensar de manera diferente a los gobernantes de turno de nuestro país, sin embargo la historia confirma la existencia y la labor de estas personas y el recuerdo de las memorias de las mismas.

El ser humano se caracteriza por su individualidad, este término no está referido a aislamiento sino a la existencia y la tolerancia de las diferencias del ser humano. Mantener un pensamiento distinto al expresado por una mayoría o por un grupo colectivo es una situación normal por ser un hecho lógico resultante de la diversidad de personas. El problema no es pensar de manera diferente, el problema es no tolerar criterios diferentes.

“…la libertad de expresión significa no sólo poder emitir un criterio, una opinión o una idea sobre algo sino que en términos de la constitución de los poderes públicos, la libertad de expresión es el fundamento del poder mismo…”. Rossana Zapata, DERECHO DE LA COMUNICACIÓN EN BOLIVIA”, Cochabamba, Editora JV  2005,66

La muerte, el daño físico o la persecución no son los únicos medios para vulnerar el derecho a la libre expresión, también representa censurar opiniones o generar ruidos (rechiflar) para que éstas no sean escuchadas. El respeto a las diferencias más que un mensaje de campañas de difusión masiva o un contenido de programa curricular un valor que debe ser asimilado desde el entorno familiar.

“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”. CIDH Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre 1985

Las vulneraciones al derecho a la libre expresión, opinión e inclusive el derecho a la información, lastimosamente dan lugar a la sucesión de crímenes contra la vida del ser humano. En regiones conflictiva del mundo acallar voces representa liquidar vidas, sea en tiempos de guerra e inclusive en tiempos de paz

• Cuarenta y siete periodistas cayeron en el mundo en cumplimiento de su trabajo en 2005. De éstos, 37 (el 79 por ciento), fueron asesinados. Cinco periodistas cayeron víctimas del fuego cruzado durante la guerra y otros cinco como consecuencia de tareas informativas peligrosas.
• La guerra en Irak causó 22 muertes. De este total, 16 muertes (el 73 por ciento), fueron asesinatos.
• Por lo menos ocho periodistas en Irak fueron secuestrados antes de ser ejecutados. Sólo hubo un caso de esta índole el año pasado.
• Veintiuno de los 22 periodistas caídos en Irak eran iraquíes. El único extranjero caído en Irak fue el periodista estadunidense Steven Vincent.
• Sesenta periodistas han caído en Irak desde el principio de la invasión liderada por Estados Unidos en marzo del 2003, superando los 58 periodistas caídos en el conflicto argelino entre 1993 y 1996.
• Filipinas tuvo el segundo número de muertes más alto en el mundo en el 2005 con cuatro periodistas caídos por su labor, 50 por ciento menos que el año anterior.
• Dos destacados columnistas libaneses, críticos del gobierno sirio, murieron en Beirut ambos víctimas de carros bomba.
• El número de periodistas caídos por su labor en América Latina disminuyó a cuatro de los ocho registrados en el 2004. Algunos periodistas atribuyeron esta baja a la autocensura, particularmente en Colombia y México. http://www.saladeprensa.org/art651.htm (Consultado en fecha 22 de abril de 2007)

En Bolivia, en los gobiernos de dictadura, diversos medios de  comunicación fueron el blanco de múltiples ataques; la finalidad de tales ataques fue censurar la información y sobretodo la opinión de periodistas de pensamiento contrario a la ideología de los gobernantes. El atentado al derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión, incluyó desde la toma de estaciones, la captura de medios e incluso el saqueo de los mismos.

“Durante las jornadas de abril de 1952 (del 9 al 12) la estatal Radio Illimani fue instrumento clave para la consolidación del inicial golpe de Estado, pues transmitió el comienzo del levantamiento, incitó a la población a plegarse a la revuelta, hizo llegar la información a distintos puntos del país – hasta donde llegaba su señal-, y torció en cierta manera la opinión pública a pesar de haber suspendido sus emisiones por casi cuarenta y ocho horas debido al corte de energía eléctrica que soportó la urbe paceña. Cristóbal Coronel, …EN UN ESTADO DE COMA…La Paz, Ed. Univ. Andina Simón Bolívar 2003, 45

Bolivia celebra veinticinco años de democracia ininterrumpida y a lo largo de este período de han manifestado serias denuncias referidas al control de la información y vulneraciones a la libertad de expresión en medios de comunicación.

• El 12 de octubre, tan sólo unos días antes de que Sánchez de Lozada abandonara su cargo, cinco periodistas de la estación estatal Canal 7 renunciaron, denunciando intentos del gobierno de manipular la cobertura informativa durante la Guerra del Gas. Los periodistas, quienes sostuvieron que la gerencia del canal y el departamento de prensa gubernamental les habían dicho que no mostraran imágenes de violencia, también citaron amenazas de manifestantes que estaban enojados por la cobertura informativa que brindaba el canal.
• Varios periodistas y medios fueron atacados o amenazados durante la Guerra del Gas. El Canal 13 de televisión y la radioemisora católica Radio Pío XII, dos medios de la ciudad de Oruro que habían dado amplia cobertura a las masivas protestas, fueron blanco de ataques con explosivos perpetrados por manifestantes no identificados contra sus transmisores. Un periodista fue atacado y amenazado por el ejército, en tanto que varios reporteros fueron acosados o golpeados por manifestantes. Aun cuando los funcionarios gubernamentales insistían en que habían respetado la libertad de prensa, declararon que algunos medios habían incitado a la población a cometer actos ilegales, entre ellos actos de «sedición». Sin embargo, el gobierno no tomó ninguna acción legal ni contra los periodistas ni contra los medios.
• El semanario Pulso de La Paz informó que algunos ejemplares de su edición especial del 15 de octubre, que traía un editorial donde se instaba a Sánchez de Lozada a renunciar, habían sido confiscados. Según varios individuos en una camioneta verde que fingieron ser empleados de Pulso se llevaron ejemplares del semanario en un área del sur de La Paz. Los vendedores de diarios más tarde confirmaron esta información. http://www.cpj.org/attacks03/lang/AtaquesPrensa2003.pdf  (consultado en fecha 26 de julio de 2006)

Ningún exceso es bueno. Privar al ser humano del derecho a expresar libremente sus pensamientos e ideas, representa vejar el derecho a ser escuchados. Una voz silenciada es una voz inexistente,  y mantener la apatía ante vulneración al derecho a la libre expresión representaría ignorar el sacrificio de innumerables vidas, quienes han logrado la consagración y el reconocimiento¹² mundial de este derecho. El derecho a la libertad de expresión más que la libertad para decir que uno piensa, representa el derecho que garantiza respeto a la opinión del otro, por lo que la censura a la libre expresión no tiene argumento alguno.

No obstante, la libertad de expresión como todo derecho tiene sus limitaciones cuando afecta los derechos de otras personas. Este es el caso, cuando una opinión se hace pública, dañando la dignidad, honorabilidad e intimidad de otras personas. El Código Penal de Bolivia tipifica este tipo de  acciones: difamación, calumnia, ofensa a la memoria de difuntos, propalación de ofensas e injurias,   como delitos señalados y penados en el Título IX del citado código¹³.

III. La Libertad de Expresión, El Derecho a la Información y el Ejercicio Periodístico

Este acápite va dirigido a desarrollar un espacio de reflexión entre el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico comenzando para ello con una cuestionante sobre el papel de este derecho en esta ocupación.

1. ¿El Trabajo Periodístico implica en el 100% de sus operaciones el ejercicio de la Libertad de Expresión?

El sujeto del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión es cualquier persona, por lo que la vigencia de este derecho no está reservada a un determinado sector de la población. Cualquier persona tiene la libertad de emitir sus opiniones, por lo que éstas, pueden ser sometidas a una escala de valores para ser privilegiadas o no por las personas que las escuchan.

El ejercicio de la libertad de expresión se ha visto reconocido en el desarrollo del trabajo periodístico,  tal punto de que el periodismo se debate a lo largo de los últimos años de ser una actividad profesional a una actividad propia en el ejercicio de este derecho. Considerando que la libertad de expresión es propia de cualquier persona, si se cataloga al periodismo como ejercicio pleno de este derecho, cualquier persona puede ser periodista. Sin embargo diversas personas naturales, empezando desde los actuales periodistas, y personas jurídicas discrepan con este sentido de plenitud de la libertad de expresión del periodismo. A continuación se exponen puntos contrapuestos en la relación libertad de expresión y periodismo.

En marzo de 2005, en el matutino “La Prensa” se encontró una nota periodística cuyo encabezado versaba de manera textual:

“El Tribunal Constitucional declaró hace dos meses que para ejercer el periodismo no hace falta ser profesional colegiado. La argumentación se basa en que la libertad de expresión no debe ser privativa de los periodistas profesionales. La noticia causó inquietud en la dirigencia del gremio. Sólo el Ejecutivo del sindicato de periodistas de La Paz celebró la noticia. Hay muchos colegas que no tienen título, dijo. Se abre el debate ¿sólo los periodistas pueden hacer comunicación masiva?” Periodistas en Apuros, LA PRENSA, 11 de marzo de 2005.

Habiendo a la fuente citada, en fecha 11 de octubre de 2004, el Tribunal Constitucional de Bolivia dio lectura a la Sentencia Constitucional 0112/2004 referente al recurso interpuesto por Jerjes Justiniano Talavera, demandando la inconstitucionalidad de la Ley 1449 de 15 de febrero de 1993 y del Decreto Supremo 26582 de 3 de abril de 2002, referido al Reglamento del Ejercicio Profesional del Ingeniero. En esta sentencia que concluyó con la inconstitucionalidad de determinados términos y no así los artículos de la citada ley y el decreto supremo, sin embargo involucró en su fundamentación el siguiente argumento:

Advierte, sin embargo, la Corte Interamericana que las razones de orden público, que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de determinadas profesionales, como la medicina, la abogacía, y podríamos decir la ingeniería, no pueden invocarse en el caso del periodismo, por ejemplo, pues limita de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de la libertad de expresión. TCB, Sentencia Constitucional 0112/2004 de 11 de octubre de 2004.

En fecha 25 de octubre de 2005, nuevamente el Tribunal Constitucional emitió esta misma argumentación de manera textual en la Sentencia Constitucional 0083/2005. En tales resoluciones, se establece que el ejercicio del periodismo involucra el uso pleno del derecho de la libertad de opinión, tomando como referencia las opiniones consultivas y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica.

La Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre 1985, emitida por la mencionada corte ante la consulta solicitada por el Gobierno de Costa Rica, bajo encargo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que la obligatoriedad de la Colegiatura de los Periodistas “en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“… el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano”. CIDH Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre 1985

Tales resoluciones conciben al periodismo como la máxima representación del derecho a la libre expresión, cuestionando la obligatoriedad de la afiliación de los periodistas a los gremios respectivos, así como la formación universitaria de los mismos, aspectos que están señalados en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano, del 9 de mayo de 1984.

“Ningún medio de comunicación social, sea diario, periódico, semanario, revista de circulación permanente, radioemisoras, canales de televisión y corresponsalías de agencias periodísticas, nacionales e internacionales, podrá contar en sus tareas específicamente periodísticas, con personal que no posea título profesional que no este inscrito en el Registro Nacional de Periodistas.” Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano, Artículo 27.

A semejanza de Bolivia en Nicaragua se constituyó el Colegio de Periodistas, con lo que se dio aplicación plena de la Ley 372 del año 2000, donde se exige la Colegiación Obligatoria. Por otro lado, en un país cuyo gobierno es afín al actual régimen boliviano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Venezolano dictó una resolución ordenando la Colegiación Obligatoria de Periodistas.  Sin embargo, la vigencia de la norma no implica necesariamente su cumplimiento puesto que, por razones de mercado, un grueso sector de la población periodista en Bolivia no ha estudiado la carrera de la Comunicación Social en la universidad y mucho menos, fue afiliado a los gremios respectivos, como se demostrará más adelante.

Considerar al periodismo como el ejercicio pleno del derecho a la expresión, es una visión parcial, puesto que no incluyen solamente al género periodístico de la opinión sino considera además el desarrollo de actividades de carácter informativo. Por esta razón, en el periodismo, no sólo confluye el derecho a la libertad de expresión, el oficio periodístico conlleva el desarrollo del derecho a la información y la libertad de prensa, comprendida de manera general como el derecho del acceso a la información.

a. Diferencias entre la Acción de Opinión y la Acción de Informar: Conceptos orientados a comprender el ejercicio de la Libertad de Expresión en la actividad periodística.

Libertad de opinión no es sinónimo de libertad de información. La libertad de opinión es realizada sobre hechos, sucesos, opiniones, ideas establecidas y válidas para una persona, pudiendo diferir la audiencia que percibe tal expresión. La libertad de información, por otro lado es referida sobre la publicación de hechos de interés público. La diferencia radica en la intensión, la libertad de opinión es importante sobretodo para quien la emite, pues todo ser humano no puede dejar de comunicarse, sin embargo la libertad de información es necesaria para quienes perciben la información, pues a partir del conocimiento de ella, podrán tomar decisiones y adoptar posiciones respecto a temas importantes para ellos.

Las opiniones¹⁴ representan la realización de consideraciones, expresión de impresiones respecto a un determinado tema o asunto. Formar o tener opinión representa desarrollar un dictamen o un juicio que se forma de algo cuestionable. De acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Boliviano y al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los ciudadanos tienen la libertad de emitir y difundir sus opiniones, asumiendo las consecuencias que originen éstas.

Una opinión detalla una impresión percibida por el aparato sensorial del ser humano. Las opiniones detallan percepciones que pueden tener un cierto grado de certeza, certidumbre, veracidad o pueden no tenerlo. Pueden ser el resultado de la reflexión de conocimientos científicos o el resultado de la intensidad de sentimientos en un determinado estado de ánimo¹⁵.

Al ser expresada una opinión, el sujeto quien escucha la misma puede estar o no de acuerdo con ella y manifestar esta posición afín o contraria. Una opinión manifiesta una posición subjetiva respecto a un tema, quien percibe esta opinión, puede ser compartida o no.  El derecho a la libertad de expresión protege al individuo quien emite la opinión sin embargo no está dirigido al sujeto quien la percibe.

Una opinión puede expresarse en el proceso de comunicación interpersonal, en el marco de un diálogo, entre dos o más personas. Sin embargo, la opinión puede ser desarrollada en un proceso de comunicación impersonal, es decir puede ser difundida por medios de comunicación masiva. Diversos programas, sobretodo en radioemisoras, difunden las opiniones y demandas de radioescuchas. La audiencia identifica tales participaciones como posiciones subjetivas, por lo que pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con las opiniones difundidas.

Informar¹⁶, en cambio, es sinónimo de enterar; significa transmitir datos considerados como información, que produce conocimiento en las personas, quienes lo escuchan. La información está sujeta a niveles de objetividad, oportunidad y veracidad, comprendidas como confianza y certeza, caso contrario se transforma en desinformación o subinformación.

Temas de interés colectivo, como aquellos referidos al alza de precios de divisas extranjeras y bienes de consumo, intransitabilidad en caminos y rutas, la situación conflictiva en una región, son entre muchos otros temas, informaciones cotidianas que permiten tomar decisiones, posturas e incluso modos de vida¹⁷.

En efecto, se trata, hoy por hoy, de un poder gigantesco que domina en nuestros días. Hasta hace unas décadas el punto de referencia que permitía hacerse una idea de ese poder era la oleada de pánico desatada por Orson Welles con su emisión radial sobre la invasión de los extraterrestres. Hoy ese episodio parece inocente frente a la invasión permanente de los medios que cambian hábitos de consumo, arrasan culturas y homogeneizan audiencias mundiales, estimulan guerras, orientan la economía y la política, cambian la visión de la vida, imponen modas y logran que sea verdad lo que ellos mantienen como tal, y desaparecen como hechos los acontecimientos que los medios de comunicación silencian. Esas colosales empresas reúnen a la vez periódicos, canales de televisión, estaciones de radio, estudios de cine, televisión por cable, agencias de publicidad, juegos de video, páginas y portales de Internet, producción de DVD y todo cuanto la tecnología de las comunicaciones ha permitido crear. Reunidas todas estas actividades por poderosas empresas, desaparecen las fronteras que las separaban y, desde luego, se convierten en cosa del pasado las incompatibilidades éticas que mantenían fronteras entre periodistas y publicistas, por ejemplo, o entre periódicos y empresas distribuidoras de películas. http://www.saladeprensa.org/art588.htm (Consultado en fecha 12 de noviembre de 2006)

La información difundida debe estar alejada de la subjetividad de quien la expresa, debido a que sólo por el hecho de ser percibida en medios de comunicación social, como la radio, televisión, prensa e Internet, goza de una credibilidad otorgada por la audiencia, quienes asumen los datos emitidos en un medio como certeros. En un sondeo de opinión realizado a 2.580 personas, por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón, entre el período mayo- agosto de 2006, en las ciudades de Santa Cruz, Oruro, La Paz, El Alto y Cochabamba, pudo recoger opiniones de personas, quienes libremente escribieron opiniones:

• “…si algo salio en la tele, la gente piensa que entonces es cierto.”
• “…una vez a mi amigo Marco lo mostraron como un ladrón trepándose una barda, sin saber que era la barda de su casa y que se había olvidado la llave y a raíz de esto, lo amarraron a un palo e’ diablo como maleante y lo pelaron…”
• “…a mi tío lo sacaron en TV como delincuente, cosa que él fue víctima mas bien de la delincuencia.”
• “…una amiga enfermera perdió todo al difundirlo o mostrarlo (un hecho sobre negligencia médica), acusando de algo que nada tenía que ver.”
• “…a mi primo lo acusaron injustamente de algo que hizo y eso fue injusto porque el tuvo que abandonar el país por ese escándalo sin fundamento.”
• “…cuando existía el caso en la UMSS del incremento del 4,4% a los docentes, mi persona participa (en actividades de protesta) para contrarrestar esta situación. Al día siguiente me enteré que una fotografía en primera plana decía lo siguiente ‘Estudiante y Docente pelean por tomar la universidad’. Mi persona nunca ha pensado esta consigna que saca el periódico, al contrario yo peleaba por razones justas.”
• “…a uno de mis amigos lo quemaron por error, por venganza, y un canal lo trató de violador y ladrón.”
• “...en casos de un presunto delincuente que lo muestran a las cámaras y resulta de que es inocente esta persona ya esta estigmatizada.”
• “…el caso del señor al que mordieron unos perros, y los del informativo dijeron que eran perros asesinos.” (Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DERECHO A LA INFORMACIÓN SITUACIÓN ACTUAL Y  PROPUESTAS DE REFORMA A LA LEGSILACIÓN BOLIVIANA, septiembre de 2006.)

El derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión garantiza la libre expresión y difusión de las ideas pero este derecho no garantiza que la certeza y confiabilidad de los datos expresados. Si bien la certeza puede considerarse como relativa, la información difiere de la libre expresión en la medida de que pueda ser comprobada. Es necesario precisar que la información es asimilada en la audiencia como conocimiento, permitiendo a quien la escucha o ve, adoptar una posición.

b. Diferenciaciones realizadas en el periodismo entre la Opinión de los Periodistas y la Opinión de los Pobladores.

“Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla.” http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/cautelar.html (Consultado en fecha 20 de octubre de 2007)

Bajo la percepción de que la libertad de expresión que incluye a la emisión de una opinión, es un derecho natural de toda persona, sin algún tipo de exclusiones en su ejercicio, la opinión emitida por una autoridad referente a un tema no ligado a sus funciones debiera tener la misma valoración¹⁸ que la opinión de otro cualquier habitante, sea o no sea autoridad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado velan por las garantías contra la censura de toda opinión, sin embargo el tratamiento en la cobertura o difusión pública, realizada en los medios no tiene esa misma amplitud.

En lo referente a la difusión de las opiniones, las personas que trabajan en medios de comunicación tienen mayores oportunidades para que sus expresiones sean escuchadas por una población mayor, respecto a las opiniones de personas que no trabajan en estos medios. La cobertura de opiniones a periodistas representa, incluso, el contenido central de programas; la opinión de personas que no trabajan en medios de comunicación o que no son autoridades o personajes conocidos del arte y la farándula no tienen lugar en la programación de los canales.

“.. Sin embargo sólo cuando unas cuantas personas tienen voz pro los medios, y se impide la emisión de las palabras a otros ya sea por motivos técnicos, económicos, políticos o ideológicos, es harto preocupante, porque, no hay libertad de expresión como derecho sino como un privilegio. Unos cuantos pueden decir lo que quieran por los medios, en tanto que los demás tenemos que pelearnos con la pantalla de televisión…” Rossana Zapata, DERECHO DE LA COMUNICACIÓN EN BOLIVIA”, Cochabamba, Editora JV  2005, 95

El hecho de que las personas que trabajan en medios de comunicación tienen mayores oportunidades para que su opinión sea considerada pública, esto ha tenido una repercusión importante sobretodo en el campo de la política. Diversos trabajadores de prensa fueron y son actores importantes en la política boliviana, saliendo de las cámaras de televisión a las cámaras de congresistas.

Considerando que el periodismo es el ejercicio pleno de la libertad de expresión, tal como atribuyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y El Tribunal Constitucional de Bolivia, ¿Acaso todos no deberíamos tener el mismo derecho de acceso a los medios para emitir nuestra opinión? Importantes contradicciones pueden ameritarse en esta postura porque existe una gran diferencia entre “lo que es” y “lo que debe ser”.

2. La Libertad de Expresión, el Derecho a la Información y la Libertad de Prensa: derechos que confluyen en el ejercicio del periodismo.

“El de la Información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones, y más aún, como ya se dijo, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas. CORTE COLOMBIANA DE JUSTICIA Sentencia No. T-512-92, 18 de junio de 1992 

En las Declaraciones, Pactos y Protocolos reconocidos por el Estado Boliviano la acción de recibir información entendida como derecho a la información, está derivada al derecho de la libertad de pensamiento, opinión y expresión, empero no toda expresión representa necesariamente una información. Quien ejerce el derecho a la libre expresión puede señalar una posición u opinión respecto a un tema en particular, que puede no tener garantías de veracidad, decir una mentira inclusive representa ejercer este derecho a la libertad de pensamiento, expresión u opinión. Sin embargo la información no parte de supuestos, corazonadas u posiciones subjetivas, la información parte de datos con garantías de veracidad, pues está orientada a que el sujeto quien recibe esta información pueda asumir una posición y generar conocimientos. Por ello el sujeto del derecho a la información no es la persona quien expresa una opinión sino quien percibe la información.

La información responde a esa necesidad de la persona de saber lo que los demás han expresado, ella se refiere a escuchar la manifestación de ideas o conocimientos necesarios para adoptar decisiones. La información sin embargo no responde directamente a la necesidad de ser humano de expresarse, debido a que toda expresión del ser humano puede no ser una información.

“El derecho a la información, que es el derecho de quien recibe… el derecho a la información es, pues, ontológica y temporalmente anterior al derecho de informar, es el que le da sentido y equilibrio, sin ese necesario peso el acto de informar se convierte en un arbitrario y abusivo uso del poder de la información. http://www.saladeprensa.org/art588.htm. (Consultado en fecha 26 de julio de 2006)

El sujeto activo del derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión es la persona quien emite y difunde su opinión. El sujeto activo del derecho a la información, entendido como el derecho a recibir información, es la audiencia. Por tanto el ejercicio del derecho a la información implica la garantía para que la audiencia no sea engañada. Bajo este aspecto, el sujeto activo del derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión no es el mismo que el sujeto activo del derecho a la información.

“… la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, establecen este contenido no sólo a difundir información sino a recibir información; y en esa dimensión pasiva los ciudadanos tenemos el derecho de ser debidamente informados”. http://www.palestra.pucp.edu.pe/pal_com/?file=seminario/carrillo.htm (Consultado en fecha 13 de octubre de 2006)

La libre expresión no implica de manera obligatoria, la difusión de información, una persona promedio puede expresar su opinión, la cuál no representa necesariamente una información aunque sea difundida.  La información recibida, de acuerdo a su definición semántica, debe generar un conocimiento en la audiencia mas la opinión no está condicionada a generar un conocimiento sino a difundir una posición o percepción de cualquier ciudadano ante un público, en el cuál algunos estarán a favor de esta posición, algunos en contra y otros responderán con la indiferencia.

Una opinión puede ser información siempre y cuando sea opinión pública, es decir, la opinión de una persona cuya posición o decisiones sean de interés sectorial o total. Es necesario distinguir que no toda opinión difundida en medios puede ser definida como opinión pública, debido a que pueden darse comentarios de personajes que no representan a una población e incluso autoridades que opinen o expresan su posición respecto a temas que no sean relevantes para la audiencia. La opinión pública no tiene el rango de pública simplemente por haber sido expresado por una persona calificada como pública, sino por la temática abordada que es de interés sectorial o general.

La acción de recibir información está relacionada con el derecho de libertad de pensamiento, expresión y opinión, puesto que toda opinión y expresión ideal debe ser construida a partir de una selección de datos e informaciones. La información con la que fue generada una opinión representa el fundamento o argumentación de ésta última. La información distorsionada (desinformación) o reducida (subinformación) al contrario generará conocimientos equivocados y opiniones no fundamentadas. Por ende es necesario defender la vigencia de un derecho que se preocupe por la veracidad de una información, que se preocupe porque la población no sea engañada.

a) Orígenes del Derecho a la Información:

A pesar de ser ligado al ejercicio libre del pensamiento, opinión y sobretodo libre expresión, el derecho a la información, el derecho de la ciudadanía a recibir información, se ha diferenciado del primero, principalmente por dos sucesos históricos: La Sentencia 395 de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, más conocida como la sentencia Red Lion, y la publicación del Informe “Muchas Voces, Un Mundo. Comunicación y Sociedad, Hoy y Mañana de la Comisión para el Estudio de Problemas de Comunicación en el Mundo”, más conocido como el Informe McBride.

• La Sentencia 395 U.S. 367: Red Lion Broadcasting Co. vs. Federal Communications Commission¹⁹

En la década de los años sesenta, la Red Lion Broadcasting fue autorizada operar, en el estado de Pennsylvania, con una radio estación denominada WGCB. El 27 de noviembre de 1964, la WGCB en el marco de una “Cruzada Cristiana” realizó una transmisión de 15 minutos de los comentarios del Reverendo Billy James Hargis referente a un libro escrito por Fred J. Cook titulado “Goldwater - Extremista en el Derecho".  Durante esa transmisión Hargis señaló que Cook trabajaba para una publicación comunista donde había defendido a Alger Hiss y publicó cargos falsos contra J. Edgar Hoover y la Agencia de la Inteligencia Central (CIA) y finalmente aseveró se encontraba escribiendo un libro en contra de Barry Goldwater.

Cuando Cook escuchó hablar de la transmisión él, exigió a la WGCB el envió de una copia de la transmisión realizada y el ejercicio derecho de réplica, situación que fue negada por la Red Lion Broadcasting Co. Cook realizó un reclamo formal ante la Federal Communications Commission, agencia gubernamental que regula las comunicaciones interestatales e internacionales de los medios de comunicación masivos en USA. Después de argumentaciones formales desarrolladas por Cook, Red Lion, y el FCC, el FCC declaró que la transmisión de Hargis constituyó un ataque personal a Cook,  por lo que la WGCB no cumplió con la denominada “Fairness Doctrine” (doctrina de limpieza)²⁰,  disposición emanada para presentar problemáticas de interés general de manera equilibrada, la vulneración a esta disposición como otra de las regulaciones de la FCC desembocaría en la no renovación de licencias en los procesos de licitaciones públicas para emisión y transmisión de señales en radio.

La Red Lion Broadcasting Co, consideró que la “Fairness Doctrine” impuesta por la FCC violaba lo dispuesto por la Primera Enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos, por lo que acudió al Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Columbia dentro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, apelando la disposición de la FCC. El 2 de abril de 1969, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica recibió este caso de apelación codificado como Caso Red Lion Broadcasting Co. Vs. Federal Communications Commission 395 U.S. 367.

“El Congreso no podrá aprobar ninguna ley por la cual se establezca determinada religión, o se prohíba el libre ejercicio de una de ellas. Tampoco aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra y de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de cualquier agravio.” Primera Enmienda a la Constitución Política de los Estados Unidos 1791

En aquel entonces la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos estaba presidida por Earl Warren²¹, quien presidió la corte integrada por los jueces Hugo Black, William O. Douglas, John Marshall Harlan II, William J. Brennan, Potter Stewart, Byron White, Abe Fortas y Thurgood Marshall.

A raíz de las intervenciones del juez Byron White, el 25 de Junio de 1969, el Tribunal por decisión unánime, señaló que la “Fairness Doctrine” era consistente con la Primera Enmienda de la Constitución Política del Estado. Asumiendo la posición ante el Tribunal, el juez B White declaró:

“No hay un derecho que garantice a todos a emitir; las frecuencias son limitadas y a algunos pocos debe privilegiarse sobre otros (...) La comunidad como un todo retiene sus intereses de libre expresión por radio y su derecho colectivo a tener los medios funcionando consistentemente con los propósitos de la Primera Enmienda. Es el derecho de los televidentes y radioescuchas, no el derecho de los medios, lo que importa”. http://www.saladeprensa.org/art588.htm. (Consultado en fecha 26 de julio de 2006)

El Tribunal acotó que las regulaciones de la “Fairness Doctrine” del FCC reforzaron, en lugar de infringir, las libertades de opinión protegidas bajo la Primera Enmendadura. Con respecto a la regulación de ataques personales hecha, el fallo dirigió un apoyo a los requerimientos de la FCC para que los medios proporcionen una cinta, la transcripción, o resumen de la transmisión para casos de derecho de réplica.

Es la última oración expresada en el fragmento de la sentencia expuesta, donde se establece la existencia de un derecho cuyo valor, de acuerdo a los miembros de la mencionada corte, supone  una mayor importancia al derecho de libre expresión de los medios. Este derecho, que reside en el público televidente o radioescucha, es el derecho a la información.

• Informe Muchas Voces, Un Mundo. Comunicación y Sociedad, Hoy y Mañana de la Comisión para el Estudio de Problemas de Comunicación en el Mundo – UNESCO: ²²

En la década de los setenta (1970), durante el período de desarrollo de la denominada “guerra fría”, diversos países habían asumido una posición adoptando el sistema político económico del libre mercado o el sistema socialista.  Sin embargo, existían países cuyos representantes no se habían pronunciado en apoyo o en contra de tales sistemas políticos. Estos países fueron conocidos como  “los países no alienados”. Tales países no constituían una unidad en términos de ideología o sistemas político-económicos.

El 13 de octubre de 1973 comenzó la crisis de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), cuando los países árabes, parte del sector denominado de los “países no alineados” anunciaron su decisión de cortar el suministro de petróleo crudo a los países que apoyaron a Israel en la Guerra del Yom Kippur, entre ellos se encontraba Estados Unidos y sus aliados en Europa occidental. Asimismo estos países productores de petróleo acordaron utilizar las reservas como mecanismo para designar el precio, cuadriplicándolo en 1973.

El petróleo era la principal fuente de energía en el mundo, por lo que el aumento del precio produjo importantes restricciones en el consumo de energía, comenzando por el incremento de su precio, afectaron tanto a la industria como la vida diaria de la población de los países industrializados, que dependían de la importación de petróleo para su funcionamiento y lógicamente también en los países en vías de desarrollo no productores de petróleo.²³

La economía de los países árabes logró un superávit nunca antes alcanzado que lastimosamente no fue empleado para el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la mayoría de sus habitantes, sino para el enriquecimiento de las minorías gobernantes. Las ganancias de este superávit fueron denominadas “petrodólares” que salieron de los países árabes para incorporarse al sistema financiero occidental²⁴. Esta dependencia casi absoluta de la economía en el petróleo, contribuyó a que los países no alienados consiguieron una posición de negociación sin precedentes.

Después de 1973, las aspiraciones de liberación de los países no alineados fueron extensivas a los ámbitos político, jurídico, económico y cultural. Los países no alineados, dispersos en sus ideologías, comenzaron a establecer exigencias dirigidas a tambalear las relaciones de poder existentes. Surgió del seno de estos países la idea de la existencia de un imperialismo informativo, donde corporaciones de medios de comunicación de los países económicamente industrializados mantenían una hegemonía en la provisión y difusión de la información, generando una dependencia sobre los países en vías de desarrollo. Esta idea desembocó en la exigencia de un Nuevo Orden Internacional de la Información y Comunicación (NOMIC), buscando la reforma del sistema internacional de las comunicaciones. 

“Este nuevo orden internacional de la información, a exigencia de los países no alineados, debería apoyarse sobre cuatro pilares, las “cuatro D”: Democratización de los flujos de información entre países; Descolonización, es decir, autodeterminación, independencia nacional, identidad cultural; Desmonopolización, es decir, imposición de límites sobre las actividades de las multinacionales de las comunicaciones; y Desarrollo, es decir, política nacional de comunicación, refuerzo de las infraestructuras, formación en periodismo y colaboración regional”. Kaarle Nordestreng, FROM COMPROMISE TO COMPROMISE: MEDIA DEVELOPMENT. Londres: Editorial WACC 1984, 35.

Respaldada por el Grupo de los 77²⁵, las demandas de los países no alineados para el establecimiento del NOMIC fue acogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por  lo que la UNESCO, recibió la responsabilidad de redactar una declaración sobre los "principios fundamentales que rigen el uso de los medios de comunicación de masas en el refuerzo de la paz y la mejora del entendimiento internacional, así como en la lucha contra la propaganda de guerra, el racismo y el Apartheid".  Estas demandas fueron planteadas en el seno de las reuniones de la UNESCO en Túnez, Nueva Delhi, Colombo, Lima y Nairobi.

En la XIX Conferencia General realizada en 1976, en Nairobi, fue aplazada de la realización de una Declaración sobre los Medios de Comunicación de Masas,  por los desacuerdos respecto a la competencia de esta organización (UNESCO) para establecer principios normativos para los medios de comunicación. En contra posición al NOMIC, en la Conferencia de Nairobi se concibió la idea de crear un fondo internacional para las infraestructuras comunicativas de los países en desarrollo. Fue una iniciativa conjunta de países con un desarrollo medio y destacados países occidentales, encabezada por la  Administración del presidente norteamericano Jimmy Carter. Esta idea consistía en la oferta de asistencia material de países desarrollados a países en vías de desarrollo en una especie de "Plan Marshall de las Telecomunicaciones"²⁶.

En 1977 las grandes organizaciones empresariales y agrupaciones profesionales de la comunicación de Occidente desarrollaron internacionalmente una campaña contra la idea del NOMIC, por considerarla atentatoria contra la libertad de información y opuesta a la democracia. El entonces Director General de la UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow, con ánimo de lograr una posición conciliatoria, frenando el impulso generado por el movimiento de los Países No Alineados y la campaña en defensa del Libre Flujo de la Información, promovió la organización de una Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comunicación, grupo multinacional y pluralista de expertos para estudiar los principales problemas de la comunicación.  La comisión ad hoc integrada por dieciséis miembros estaba presidida por el diplomático franco-irlandés, fundador de Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz (1974) y Premio Lenin de la Paz (1977), Sean McBride. Después de tres años de laborioso trabajo, presentó su informe final: Many Voices, One World. Communication and Society, Today and Tomorrow (Muchas Voces, Un Mundo. Comunicación y Sociedad, Hoy y Mañana) dentro del marco de la Resolución de Belgrado, aprobada por la 32a. Sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en octubre de 1980.

El informe hirió la sensibilidad de algunos responsables y fue impugnado durante algún tiempo por diversos países muy influyentes en la ONU. A raíz de ese informe y las acciones tomadas en favor de un Nuevo Orden de la Información y la Comunicación, Estados Unidos e Inglaterra se retiraron de la UNESCO

El informe reveló datos alarmantes de la situación de la información y la comunicación en el mundo.  Dos o tres agencias de noticias de Estados Unidos controlaban las dos terceras partes del flujo de información, mientras no existían agencias nacionales o regionales en África, Asia o América Latina que pudieran ofrecer una perspectiva diferente. Grandes conglomerados de información –hoy son aún más grandes- controlaban redes de publicaciones periódicas, de radio y televisión. La gran mayoría de la población, en cada país, estaba excluida y no tenía ninguna posibilidad de expresarse a través de los medios hegemónicos. http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/clave_del_desarrollo_participativo.doc (Consultado en fecha 23 de marzo de 2006)

El informe estableció once principios, en los cuales debería fundamentarse el NOMIC - Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y de la Información²⁷, defendiendo la libertad que debe tener cualquier profesional en medios para acceder y difundir la información. Como se ha determinado anteriormente, la importancia de la información radica en la generación de conocimientos y adopción de posiciones por parte de la audiencia que recibe esta información. El principio sexto, señala que la libertad de los periodistas es inseparable de la responsabilidad, esta responsabilidad está asumida como la veracidad de datos y la no intencionalidad en la difusión de la información. Esta posición fue fundamentada en el Informe McBride al señalar que:

“La comunicación es un intercambio permanente entre interlocutores iguales o al menos recíprocamente responsables. La comunicación basada en un intercambio y un diálogo libres, no solamente es más auténtica y más humana, sino que además constituye una mejor salvaguarda de la armonía social.” http://www.ondas.saladeradio.cl/article.php3?id_article=63 (Consultado en fecha 24 de marzo de 2006)

La responsabilidad del trabajo periodístico radica en el respeto al derecho a la información de quienes perciben los frutos de ese trabajo, considerando que la percepción de los contenidos difundidos en medios goza del nivel de confianza necesaria que permite el funcionamiento del medio.

b) La Libertad de Prensa y el Derecho a la Información.

La Libertad de Prensa es la facultad del trabajador de prensa para acceder a toda información de interés público, con el propósito de difundirla entre la población. En un contexto más amplio se puede denominar “Derecho de la información”. Las diferencias entre el ejercicio del derecho a la información y el derecho de la información va más del simple uso literal de las preposiciones “a” y “de”, ambas tienen un significado distinto. Semánticamente la preposición “de” denota pertenencia u origen, en cambio, la preposición “a”, en cambio, esta referida a la dirección o trayectoria. La concepción norteamericana del el derecho de la Información esta referida como “Information’s Rights” mientras el derecho a la información es concebido como “Right to the Information”.

La libertad de información es el contrapunto del derecho a la información. Si éste corresponde a los ciudadanos, la primera pertenece a los medios y a los periodistas. La correcta combinación de ambas es lo que da lugar a la una información realmente libre y eficaz. Sin el adecuado ejercicio de las libertades de información y expresión por parte de los periodistas y de los medios, la opinión pública queda secuestrada. http://www.elotrodiario.com/a/imp/EEEZkElZpyRNBeardJ.php (Consultado en fecha 14 de septiembre de 2007).

El Derecho de la Información prioriza a la información sobre el sujeto, atribuyendo una importancia a la difusión y acceso a tal. Este derecho está relacionado a la cualidad de la información para no ser ocultada; la información, por naturaleza, nace para ser conocida, el propósito de la misma es generar en el sujeto que la recibe una posición referente a un tema o una decisión, referente a una acción a desarrollar. Toda información que no es difundida puede no ser considerada como tal, pudiendo ser considerada como un contenido confidencial o un secreto.

El derecho de la información y la libertad de prensa, por tanto se refieren a la derivación del derecho a la libertad de pensamiento, opinión pero sobretodo expresión, considerando la información como parte de ella. Se constituyen en la facultad para informar que tiene una persona, en caso de la libertad de prensa un periodista; ello conlleva además la libertad de acceso que tiene una persona a una fuente de información o a la información como tal para adoptar una posición o tomar una decisión. Esta libertad de acceso puede dar origen a la acción de informar. El derecho de la información y sobretodo la libertad de prensa defiende el acceso a la misma de manera irrestricta, siempre y cuando conocer tal información dañe otros derechos legítimos también, de otras personas.

El 31 de enero de 2004, fue aprobado el Decreto Supremo 27.329. Algunas organizaciones pidieron la revisión de la norma al Presidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, pues contenía restricciones como una prohibición a los fiscales de entregar información sobre la investigación judicial y daba la condición de clasificadas a actividades militares, económicas, de integridad territorial y de negociaciones comerciales. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4454.pdf (Consultado en fecha 16 de agosto de 2007)

La libertad de prensa tiene un deber importantísimo para con la sociedad, el cual, es el contribuir al derecho de la sociedad de recibir información, que vayan conforme al bienestar de la misma, según la definición de información y el ambiente que pretende formar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si la información, o la manera que se tiene de presentarla atenta, al bienestar de la comunidad, o no cumple su función, ésta debería modificar su manera de expresión, de tal forma que contribuya a sus fines. El propósito de la libertad de prensa y de pensamiento no es un  fin en sí mismo para estas libertades, sino un medio para que el hombre en sus sociedades pueda ser feliz. Puesto que la libertad de prensa, como la libertad de expresión tienen límites²⁸, esto demuestra las libertades también son para algo y no son un fin en sí mismas, son para usar de ellas en el camino hacia la felicidad humana. En sí, las libertades son para hacer al hombre libre y feliz.

“La información adquiere valor cuando consciente y apropiadamente se desea, busca y utiliza para construir una visión y un sentido particular de desarrollo, de futuro, en definitiva, de mundo. La información por sí sola no basta, se requiere de su análisis e interpretación para poderla convertir en conocimiento útil (informar es transmitir un saber a quien no lo posee), que brinde seguridad y dirección en el accionar cotidiano. El ciudadano es, en última instancia, el que le otorga valor a la información —frente a la entropía, el caos o la casualidad—, por tanto, es quien determina si la considera como ruido o como herramienta válida.” http://www.usuariosyusuarias.org.ve/articulos/articulo.php?id=4 (Consultado en fecha 6 de agosto de 2007)

IV. La Ética y el Respeto a la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información en el Ejercicio Periodístico: Un “Mea Culpa” de los Trabajadores de Prensa.

En abril de 2006, el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la carrera de Comunicación Social organizaron el Primer Encuentro Interuniversitario de Investigadores sobre el Derecho a la Información. El mismo evento contó con la participación del Defensor del Pueblo mediante la exposición del Representante Departamental Arq. Augusto Siles. La premisa de los participantes en el evento estaba centrada en observaciones sobre la ética²⁹ demostrada en el manejo de la información, en el trabajo periodístico desarrollado en los medios locales y las redes nacionales de medios, atribuyendo a la “falta de profesionalismo” e incluso la ignorancia de las normas del Código de Ética del Periodista Boliviano publicado por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Prensa, lo que involucraba vulneraciones al derecho a la información de su audiencia..

Mayúscula fue la sorpresa de los investigadores cuando, en el transcurso del evento, los mismos trabajadores de prensa reconocieron haber cometido faltas contra la ética periodística de manera voluntaria, sin embargo, a criterio de ellos, esta acción fue originada por un conjunto de presiones ajenas al trabajo periodístico, como intereses comerciales, políticos de quienes son propietarios de los medios.

Al respecto, Juan Jorge Faundes, docente universitario y periodista, en el año 2.003 presenta en su libro “Periodismo de Investigación en Sudamérica: Obstáculos y Propuestas”, señala los resultado de la iniciativa del capítulo chileno de Transparencia Internacional, quienes realizaron la investigación “Periodismo Investigativo en Sudamérica, propuestas de fortalecimiento”. Los propósitos de este trabajo era indagar sobre dos interrogantes ¿cuáles son los principales obstáculos al periodismo investigativo en Sudamérica y cómo se jerarquizan? ¿Qué soluciones se proponen desde la experiencia para superarlos? En este presente acápite se detallarán los resultados obtenidos en la respuesta a la primera pregunta, considerando la segunda en el acápite tercero de esta ponencia: Propuestas de Políticas Públicas dentro de la inclusión del Derecho a la Información en la Constitución Política del Estado.

La investigación consistió en un conjunto de entrevistas personales, in situ, a 48 informantes claves (periodistas investigadores, dueños de medios y académicos expertos en el tema, de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay), así como la revisión de fuentes secundarias (bibliografía, sondeos y opiniones de otros expertos). A lo anterior, se incorporaron los datos de otras consultas a periodistas investigadores. http://www.saladeprensa.org/art475.htm. (Consultado en fecha 14 de septiembre de 2007)

Considerando los obstáculos identificados en el desarrollo del periodismo de investigación, el 27% de los entrevistados respondió que los propietarios de los medios eran el principal factor obstaculizador, el 26% señaló al Estado, el 14% acusó la falta de acceso a la información, el 12% dijo que la violencia contra los periodistas; otro 5% habló de la necesidad de formar y capacitar a los periodistas y 16% a subtemas diversos.

Considerando los resultados de esta investigación, los propietarios de los medios representan el principal obstáculo para el periodismo de investigación, considerando además dentro de ésta,  otras subcategorías:

• Presiones de los anunciantes 25%
• Conglomerados económicos y sus redes de intereses 21%
• Presiones de cercanos a los dueños 15%
• Concentración de la propiedad 15%
• Ocultación deliberada de información 6%
• Interferencias directas de los dueños 5%
• Carencia de recursos en la empresa 4%
• Carencia de equipos de periodistas investigadores 5%
• Poder de los medios de comunicación dominantes 3%
• Otorgamiento de favores a los periodistas 1%

Considerando este macrocontexto, en Bolivia, el periodista Javier Hurtado Yánez realizo una investigación denominada “Ejercer El Periodismo ¿Bien Público O Negocio?³⁰.En la misma, se realizaron entrevistas a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, en la gestión 2.006, quienes revelaron los siguientes datos:

• En la señalada gestión existían 368 afiliados, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos.
• Aproximadamente 25% de los afiliados estaba desocupado. Este porcentaje desde hace años que no baja y existe la tendencia al incremento por la contratación de practicantes o estudiantes de últimos semestres de las carreras de Comunicación Sociales.  Por tanto es considerado endémico en el gremio.
• El 40% de los trabajadores del sector percibe 50 $US de salario/mes promedio.
• El 20% de los afiliados recibe tratamiento salarial, de regular a bueno, considerando el salario mínimo nacional establecido por el Gobierno Nacional en el año 2.006. ($US. 62,50)
• El 40% son subcontratistas con espacios alquilados o por intercambio de servicios, es decir no son trabajadores de los medios, estos trabajadores de la prensa alquilan espacios de la programación de los medios, buscando anunciantes que permitan financiar su trabajo a razón de difusión de publicidad.
• El 80% de los afiliados no cuenta con ningún tipo de seguro médico.

En cuanto al cumplimiento del Código de Ética establecido a partir del Estatuto Orgánico del Periodista, la cabeza del sector señaló de manera textual, “que siendo demasiado generosos, no sobrepasa el 25% el grupo de periodistas que intenta enmarcarse y cumplir el código de ética”.

El incumplimiento del Código de Ética vigente para los trabajadores de prensa es un conducta muy entendida, a juicio de Luis Ramiro Beltrán, puesto que se depone la ética en el periodismo por otros intereses es un mal continental, no sólo local, afectando no sólo al trabajo periodístico sino a los derechos como la libertad de prensa, el derecho a la información e inclusive a la libertad de expresión: 

En un estudio de 1994 sobre el porvenir de la prensa en las Américas, Andrés Oppenheimer (1994, p. 37) advirtió sobre indicios de deterioro de la ética periodística en Latinoamérica en estos términos: “Hoy en día, una de las principales amenazas a la libertad de prensa – y a la defensa de los derechos humanos – es la censura y la autocensura que es fruto de la corrupción de los propios medios periodísticos.”  Pocos años después, John Virtue (1998, p. 13) coincidiría plenamente con esa apreciación al afirmar lo siguiente: “La amenaza más fuerte que enfrentan los medios de comunicación en América Latina no son los esfuerzos gubernamentales o de otra índole para restringir la libertad de prensa, sino la corrupción interna.” Luis Ramiro Beltrán, ÉTICA PERIODÍSTICA EN BOLIVIA. Sucre. Editorial CSJ - GTZ 2003, 7.

Raúl Peñaranda, director y fundador del semanario La Época, dirigió una investigación a mediados de 2.001, la cuál es presentada en la primera parte del libro “Retrato del Periodista Boliviano”. Esta investigación establece las principales características de los periodistas bolivianos considerando su desempeño profesional e incluyó el desarrollo de un cuestionario anónimo, los resultados obtenidos señalan que, el 53.7% confesó que ha recibido ocasionalmente proposiciones de soborno para manipular información. Estas propuesta de desinformación provenían de políticos en 74%, de empresarios en 15% y de líderes sindicales en 4.7%. Cuando se interrogó al periodista si conocía de manera directa a un colega que haya aceptado un soborno, la respuesta afirmativa subió a 59.5%.

El 65% de los periodistas interrogados por este autor y su equipo, señaló conocer a un colega que ha recibido regalos autoridades o empresarios, en una situación donde su ética resultaba comprometida. El 45.4% de los dijo conocer a algún colega que ganaba indebidamente un sueldo paralelo al que ganaba en su medio de comunicación.  Las respuestas a la pregunta sobre la posibilidad de que, en el medio en que trabajaba el periodista, se debatían asuntos de ética, 53.2% contestó que “nunca” o “rara vez” ocurría aquello.

“Periodistas que no entienden a cabalidad de lo que escriben. Periodistas que admiten que se equivocan al elaborar notas. Periodistas que reconocen que son pasibles de ser sobornados. Periodistas que admiten que autocensuran sus materiales. Con ese cúmulo de características uno podría suponer que los reporteros y redactores tienen una actitud autocrítica en su desempeño diario. Por el contrario, pese a las fallas mencionadas aquí, los hombres y mujeres de prensa muestran una actitud acrítica. El 50.7% de los encuestados dice que sus colegas tienen ese rasgo. El 46.8% restante, por el contrario, cree que son ‘autocríticos’.” Rául Peñaranda, RETRATO DEL PERIODISTA BOLIVIANO, La Paz, Editorial CEBEM, 2002.47.

Retomando la investigación realizada por el periodista Javier Hurtado, de acuerdo a las entrevistas realizadas a la dirigencia del gremio periodístico local señala que los factores más determinantes para este comportamiento tiene que ver con los bajos salarios, cuyos indicadores fueron mencionados anteriormente, la política partidista de los propietarios de los medios y el Estado.

Con esta respuesta, se plantea una explicación a este incumplimiento, reconocido por los trabajadores de prensa de Cochabamba, sin embargo no se puede tapar el sol con un dedo, es presumible la existencia de otras causas que generan este comportamiento “no ético” reconocido por los mismos periodistas.

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Notas:

¹ Artículo IX de la Declaración de Derechos de Westminster: “Que las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro Tribunal que el Parlamento”.
² Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789)
Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.
Articulo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.
³ Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agrarios”. 
⁴ La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada y suscrita por los representantes del Estado Boliviano y otros 47 países en la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París, en el Palacio de Chaillot, el 10 de diciembre de 1948.
⁵ La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada en el seno de la Novena Conferencia Internacional Americana, por los Países Miembros de la Organización de Estados Americanos, desarrollada en Santa Fe de Bogota desde marzo a mayo de 1948.
⁶ El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos fue adoptado y abierto a la firma, el 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976. El estado Boliviano se adhirió a este pacto el 12 de agosto de 1982.
⁷ La Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica  el 22 de noviembre de 1969, fue ratificada por el Estado Boliviano el 20 de junio de 1979. Asimismo el Estado Boliviano reconoció la competencia de esta Convención, al sancionar y promulgar la Ley 1430 de 11 de febrero de 1989.
⁸ Desinformación es entendida como la distorsión de la información.
⁹ Subinformación es señalada como la difusión de manera parcial e incompleta de datos en una noticia, reportaje u otro producto de la actividad periodística.
¹⁰ “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” Constitución Política del Estado, Artículo 7, Inciso b
¹¹ Entendido como persona que ejerce la ciudadanía en una sociedad.
¹² Es necesario explicar que Reconocimiento no implica necesariamente Cumplimiento.
¹³ Los delitos señalados en el Título IX del Código Penal.
Artículo 282 (Difamación): El que de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva, incurrirá en prestación de trabajo de un año o multa de veinte a doscientos cuarenta días.
Artículo 283 (Calumnia): El que por cualquier medio imputare a otro falsamente la comisión de un delito, será sancionado con privación de libertad de seis meses a tres años y multa de cien a trescientos días.
Artículo 284 (Ofensa a la memoria de difuntos): El que ofendiere la memoria de un difunto con expresiones difamatorias o con imputaciones calumniosas, incurrirá en las mismas penas de los dos artículos anteriores.
Artículo 285 (Propalación de Ofensas): El que propalare o reprodujere por cualquier medio los hechos a que se refieren los artículos 282,283 y 284, será sancionado como el autor de los mismos.
Artículo 287 (Injuria): El que por cualquier medio y e un modo directo ofendiere a otro en su dignidad o decoro, incurrirá en prestación de trabajo de un mes a un año y multa de treinta a cien días.
¹⁴ Para la Real Academia de la Lengua Española, opinar significa: “(1) Formar o tener opinión (2) Expresarla de palabra o por escrito. (3) Discurrir sobre las razones, probabilidades o conjeturas referentes a la verdad o certeza de algo”.
¹⁵ Un individuo puede expresar las siguientes opiniones: “Qué lindo vestido llevas puesto”.  “El clima de Bolivia es el mejor clima del mundo”.  “El mejor equipo de fútbol de la liga es el Wilstermann”. Estas opiniones pueden o no tener una argumentación o fundamentación que hayan permitido su emisión. Para determinar la belleza de un vestido, el individuo opinante podría apoyarse en conocimientos de estética, conocer sobre el diseño de vestidos o simplemente haber investigado sobre confección de vestidos de diseñadores con elevado prestigio. Sin embargo, el individuo opinante también podría emitir su percepción originada por la afinidad o la amistad con una persona sin tomar en cuenta objetivamente el diseño del vestido o simplemente por decir un halago, iniciar un tema de conversación.
¹⁶ Informar de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española significa “(1.)  Enterar, dar noticia de algo. (2.)  Dicho de una persona o de un organismo: Completar un documento con un informe de su competencia.  (3.)  Dar forma sustancial a algo.” 
¹⁷ Los efectos de la difusión de la información (más que por el contenido de la noticia sino la forma cómo fueron presentadas, dentro del periodismo sensacionalista)  referente al atentado efectuado el 11 de septiembre de 2001 ha influido en la decisión de transporte de diversas personas, quienes han decidido viajar por vías terrestres en USA. Esto ha desembocado en un incremento de accidentes de tránsito en los EE.UU.
¹⁸ Si la opinión estuviera ligada a sus funciones de autoridad, estrictamente el género ya no es opinión sino información.
¹⁹ Para una mayor profundidad de la información expuesta en este subtítulo ver:
OYEZ Project. “U.S Supreme Court Multimedia”. http://www.oyez.org/oyez/resource/case/321/   17/07/06
EPIC “Electronic Private Information Center” http://www.epic.org/free_speech/red_lion.html   17/07/06
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Lion_Broadcasting_Co._v._FCC
http://en.wikipedia.org/wiki/Fairness_Doctrine    17/07/06
²⁰ Disposición de la FCC para exigir la presentación de discusiones equilibradas y justas de problemas públicos por parte de empresas de radio y televisión. La doctrina está compuesta de dos requisitos primarios involucrando los ataques personales en el contexto de problema público debate y el ámbito político.
²¹ Conocido por Presidir la Comisión Warren, comisión oficial de personalidades que investigó los sucesos del asesinato del Presidente de USA John F. Kennedy.
²² Para una mayor profundidad de la información expuesta en este subtítulo ver:
GUMUCIO D. Alfonso, “Comunicación para el Cambio Social: Clave del Desarrollo Participativo”. http://www.communicationforsocialchange.org/pdf/clave_del_desarrollo_participativo.doc.    18/07/06
ESTEINOU Javier “El Rescate del Informe McBride y la Construcción de un Nuevo Orden Mundial de la   Información” http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n39/jesteinou.html  18/07/06
PELLINI Claudio “La caída Mundial del crecimiento”  http://www.portalplanetasedna.com.ar/el_mundo12.htm  18/07/06
BELTRAN Luis Ramiro “EL NOII: El Sueño en la Nevera”. http://chasqui.comunica.org/beltran70.htm 18/07/06
NORDENSTRENG Kaarle “Un Hito en el Gran Debate Mediático” http://www.audiovisualcat.net/publicaciones/q21casnordenstreng.pdf    18/07/06
MAUSMODI Mustafa “Rehabilitación de la Comisión McBride: 25 años después” 
CARLSON Ulla. “Informe McBride: Visto en Perspectiva”.
²³ La gente de estos países no podía utilizar automóvil, tenía horarios limitados para ver televisión o para hacer uso de otros electrodomésticos.
²⁴ Este sistema comenzó a ofrecer préstamos a cualquier país que los solicitase. De esta forma, la mayoría de las naciones en vías de desarrollo se endeudaron creyendo que pronto se recuperarían de la “momentánea” crisis. Bolivia no fue la excepción, puesto que durante los Gobiernos de H. Banzer Suárez (1971 – 1978) y L. García Meza (1980 – 1981), el país obtuvo una deuda con instituciones bancarias del sistema financiero internacional, la cual no pudo pagar durante la década de los ochenta.
²⁵ Grupo de países en vías de desarrollo instituido en 1964 para adoptar posiciones comunes en temas de comercio y desarrollo económico, promoviendo sus intereses económicos y potenciando su poder negociador en el seno de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). El Grupo estuvo en principio formado por 77 países, hoy el número de sus miembros asciende a 128.
²⁶ El Plan Marshall, fue el nombre popular del European Recovery Program (ERP), plan de los Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. La iniciativa recibió el nombre del Secretario de Estado de Estados Unidos George Marshall y fue diseñado principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William L. Clayton. Tuvo una vigencia de cuatro años fiscales a partir del verano de 1947. Los estados europeos recibieron un total de 13 mil millones de dólares de la época. Una vez completo el plan, la economía de todos los países participantes, excepto la República Federal Alemana, había superado los niveles de antes de la guerra.
²⁷ Los once principios son:
1. Eliminación de los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación vigente.
2. Eliminación de los efectos negativos de determinados monopolios, públicos o privados, y de las excesivas concentraciones.
3. Remover de los obstáculos internos y externos para un libre flujo y más amplia y equilibrada diseminación de informaciones e ideas.
4. Pluralidad de fuentes y canales de información.
5. Libertad de prensa y de información.
6. Libertad para los periodistas y todos los profesionales, en los medios de comunicación, una libertad inseparable de la responsabilidad.
7. Preparación de los países en desarrollo para lograr mejoras en sus propias situaciones, sobre todo en lo que respecta a la adquisición de equipamiento propio, capacitación del personal, recuperación de infraestructura, además de tornar sus medios de información y de comunicación sintonizados con sus propias necesidades y aspiraciones.
8. Compromiso sincero de los países desarrollados para ayudarlos a alcanzar dichos objetivos.
9. Respeto a la identidad cultural de cada pueblo y al derecho de cada nación para informar el público internacional sobre sus intereses, aspiraciones y respectivos valores sociales y culturales.
10  Respeto al derecho de todos los pueblos para participar del intercambio internacional de información, basándose en la igualdad, justicia y beneficio mutuo.
11. Respeto al derecho de la colectividad, así como de los grupos étnicos y sociales, para tener acceso a las fuentes de información y participar activamente en los flujos de comunicación.
²⁸ Es una consecuencia de las libertades de pensamiento y de opinión, pero, así como éstas constituyen un derecho absoluto y sin límites (cada uno es libre de pensar u opinar de una determinada manera), la libertad de expresión implica exteriorizar lo que se piensa u opina, y por ello tiene unos límites que la propia ley establece. Tales límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, intimidad y fama, así como los derechos de la sociedad en su conjunto a que no se divulguen opiniones o pensamientos atentatorios contra el orden público o el orden de convivencia establecido. De esta forma, la libertad de expresión no puede permitir la divulgación incontrolada de expresiones vejatorias contra una persona o institución, o que supongan una intromisión ilegítima en la intimidad de las personas, pero tampoco la difusión de ideas que constituyan apología del terrorismo, o que supongan una agresión contra la infancia. Diccionario Real Academia de la Lengua Española.
²⁹ La presentación de noticias cuyo contenido es desinformante o subinformante, buscando  el interés particular de un grupo en ligar del bienestar social.
³⁰ Investigación realizada en el primer semestre de la gestión 2006 dentro del Proyecto de Investigación “Derecho a la Información: Situación Actual y propuesta de Reformas a la Legislación Boliviana” ejecutada por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y la Carrera de Comunicación Social.

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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Convención Americana de Derechos Humanos
Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano, del 9 de mayo de 1984
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CORTE COLOMBIANA DE JUSTICIA Sentencia No. T-512-92, 18 de junio de 1992
CORTE INTERAMIRICANA DE DERECHOS HUMANOS Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre 1985
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, Sentencia Constitucional 0112/2004 de 11 de octubre de 2004.
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* Gunnar Zapata es profesor de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, y candidato a doctor en Educación por la misma universidad. Este texto es su primera colaboración para Sala de Prensa y forma parte del Proyecto “Derecho a la información: Situación Actual y Propuestas de Reformas en la Legislación Boliviana”, que fue considerado en el seno de la Comisión de Derechos Humanos y Deberes de la Asamblea Constituyente, a partir del cual se redactó artículo 108 del actual proyecto de Constitución Política del Estado en Bolivia, garantizando la defensa del derecho a la información.