Sala de Prensa

107
Septiembre 2008
Año X, Vol. 4

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   


Deontología periodística argentina:
En busca de una ética

Adriana Amado Suárez *

El periodismo argentino registró cambios enormes en los últimos años. Circunstancias como la concentración de medios, la precarización del trabajo periodístico, la mercantilización de la información, son cuestiones que lamentablemente no son exclusivas de la prensa local. Pero en el caso argentino, la ausencia casi total de marcos referenciales potencia las presiones que estas nuevas circunstancias ejercen sobre la profesión. Con el agravante de que, según especialistas locales, tampoco existe un marco legal de protección a la tarea de los periodistas. Damián Loreti, abogado especializado en medios y ex director de la carrera de Comunicación Social de la UBA, sostiene que la ausencia de marco legal y la falta de principios de amparo para la prensa, como la cláusula de conciencia, hace que “los periodistas argentinos resulten más permeables a todo tipo de presiones y cambios de orientación y de propiedad de medios (privatizaciones mediante, incluso) sin que quepan argumentos legales de defensa en ese sentido”1.

En este marco, en el año 2006 el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) impulsó el código de ética periodística, como primera pauta de autorregulación sectorial en nuestro país. Pero su aparición sólo cobra dimensión si se la pone en contexto con las otras instituciones que protegen el derecho ciudadano de la información, fin último de medios y periodistas. Porque si la ética es una aspiración, un deber ser que de alguna manera cristaliza un modelo de periodismo, su realización depende de la concepción profesional imperante desde los medios, entre los periodistas y para la sociedad.

Recordemos en este punto las etapas que plantea el catedrático José María Desantes Guanter2, por las que atraviesa el hombre respecto a la libertad y la información, establecidas en función de quienes tienen legítimo acceso a esa libertad: la del sujeto empresario (libertad para quienes pudieran tener sus medios, su “prensa”, característica del siglo XIX); la del sujeto profesional (que reconoce los derechos a los profesionales de la información); y la del sujeto universal, que considera los derechos a investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones que tienen todos los seres humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948). Plantea así que la discusión sobre la información se dio primero entre los empresarios, luego entre los periodistas y su problemática, pero se hace plena recién en el momento en que toda la sociedad asume la información como un derecho ciudadano. Cada uno de estos actores puede establecer su vínculo con la información de una manera activa o pasiva, regulada o consuetudinaria, y la naturaleza de esta relación habla del tipo de prensa que tiene una sociedad, y nos da una idea del grado de compromiso que medios, periodistas y ciudadanos tienen en la defensa de su información.

1. Desde los medios: manuales y defensores

Entre las instituciones que proveen los medios para brindar a las audiencias una garantía de precisión, ética y equilibrio en la cobertura noticiosa, los manuales de estilo y la figura del defensor de lectores son las más corrientes. Y son complementarias: al difundir los principios que orientan la producción de noticias y proporcionar un interlocutor en condiciones de establecer un diálogo con los lectores o espectadores, el medio construye su credibilidad y la de sus periodistas a partir de asumir una posición responsable y abierta.

El manual de estilo es una condición previa para que el defensor tenga un marco para su función, y nos encontramos aquí con muy pobres experiencias. En Argentina, el diario La Voz del Interior de Córdoba elaboró un manual en 1990 (que tiene una reciente reedición), el mismo año que lo hizo el diario El Ancasti, de Catamarca. Los diarios nacionales Clarín y La Nación lo editaron recién en 1997, sin demasiada difusión más allá del lanzamiento marketinero que hicieron en ese momento. Sí tuvo una mayor promoción el manual del diario Perfil, editado en 1998 bajo el título Cómo leer el diario, pero quedó en desuso junto con el diario apenas un mes después, hasta que en septiembre de 2005 se relanzaron el periódico y su manual. Más escasas son las referencias a un código de ética interno propuesto por el mismo medio. Puede citarse el de la revista Negocios en 1996, o el de la revista Veintiuno, fundada por Jorge Lanata en 1998, que propuso firmar a sus colaboradores unas pautas de conducta ética.

Los antecedentes locales de un Defensor de lectores son todavía más escasos3. De hecho, sólo un diario institucionalizó la figura: Perfil en 1998 estableció que un periodista de trayectoria ejercería la función de Ombudsman para velar que “se observen rigurosamente las reglas profesionales y éticas codificadas en el manual de estilo”4. Antes, sólo la revista La Maga se animó a un defensor entre 1991 y 1997.

Actualmente tres diarios de los que se editan en Buenos Aires intentan cubrir estos vacíos con un interlocutor para responder a algunas inquietudes de los lectores, pero sin cubrir todos los aspectos que cubre la función de Ombudsman5. El diario La Nación cuenta desde mayo de 1998 con una columna semanal que se denomina “Diálogo semanal con los lectores”, en la que se dan respuestas a las inquietudes de tipo formal y ortográfico que llegan a la redacción. El diario también ofrece un amplio espacio diario destinado a las cartas de lectores, en el que difunde los comentarios y observaciones de diverso tipo. En el caso del diario Clarín, la experiencia del espacio para los lectores es mucho más reciente y más acotado en la medida en que el espacio dominical dedicado a la publicación de comentarios de los lectores a partir de mayo de 2004 se ocupa de cuestiones sociales y no del medio específicamente, con algunas excepciones de una columna a cargo del Secretario de Redacción. El dominical Perfil en su relanzamiento de 2005 tiene una figura con la función de coordinar la doble página asignada a la publicación de las cartas y sugerencias de los lectores, que desde el relanzamiento de la publicación está a cargo del prestigioso periodista Nelson Castro.

Podría asignarse la tibieza de estos intentos de los medios nacionales al hecho de que, como señala Germán Rey, se trata de un “oficio en construcción”6, que busca su perfil en un contexto donde las dificultades no son menores. En nuestro país, como en Latinoamérica en general, el periodismo recibe la presión de grupos políticos y económicos, situación que se agrava por el hecho de que en nuestras sociedades el ejercicio de ciudadanía no aparece tan claramente relacionado con los derechos de acceso a la información.

No sólo no existe una masiva difusión de las buenas y malas prácticas periodísticas y de los derechos que asisten a los consumidores de medios, sino que los empresarios locales tampoco han sabido encontrarle los beneficios que estas prácticas pueden darle al negocio. Y no lo digo en el sentido de usar la ética empresarial con el único objetivo de mejorar la percepción pública y, como decía Gilles Lipovetsky, convertirla en “una markética, un modo de utilizar el lenguaje moral para mejorar la imagen empresaria y conquistar nuevos lugares en el mercado”7. Antes bien, planteo que no existe razón empresarial para no incluir la autorregulación, en la medida en que las experiencias mundiales muestran que los gastos que puede insumir la función de un Ombudsman o el desarrollo de un Manual de Estilo se ven ampliamente compensados con los beneficios que trae para el medio al reforzar su vínculo con la sociedad. Incluso considerado desde la lógica pura de la producción, estas iniciativas no están alejadas de los principios de calidad de procesos a los que los managers suelen ser aficionados. Sin embargo, que varios años después de la publicación de los únicos manuales de estilo de los diarios argentinos, éstos sean apenas una pieza en la biblioteca de las escuelas de periodismo y no un contrato abierto del medio con sus lectores, ni una pieza de referencia para los propios periodistas de esos diarios, habla mucho de la fragilidad de ese esfuerzo.

2. Desde los periodistas: códigos y consejos

Una encuesta en 1998 realizada por uno de los gremios de los periodistas argentinos concluía que el 83% de los entrevistados afirmaba que debería haber un código profesional8. Algo similar registró la investigación sobre la situación del periodismo en nuestro país, realizada a fines del 2005 por FOPEA. El 58% de los entrevistados sugirió que un código de ética debía orientar la profesión, y un 16% mencionaba, cuando menos, la necesidad de una declaración de principios9. A pesar de esta demanda latente, la primera referencia concreta de un código de una asociación de periodistas es el que FOPEA suscribió en su momento fundacional en 2003, con la guía del maestro Javier Darío Restrepo, bajo el nombre de “Compromiso de la Boca”.

En Argentina no existen Consejos profesionales, como el Consejo de Prensa Sueco, que se estableció en 1916, o el British Press Council de 1953, o la institución de un Colegio de Periodistas como existe en Perú Chile, o Costa Rica. Según analiza José Luis Dader este tipo de instituciones, comunes en los países nórdicos y anglosajones, están formados por “un grupo de personas investidas de prestigio social generalizado o dotadas de cierta autoridad moral ante los profesionales de la comunicación”, que actuarían como “una guía de prestigio que otorgaría por exclusión una etiqueta de calidad y excelencia” a aquellos profesionales no criticados por este comité de notables10. Tampoco existe la colegiación, y el Carné de periodista que preveía el Estatuto del Periodista (Ley 12.908 del año 1946) prácticamente está fuera de uso.

Si, como coinciden los especialistas, es justamente desde la iniciativa de los periodistas y sus asociaciones que se pueden mejorar las prácticas, no se explica muy bien por qué la profesión fue tan refractaria a estas instituciones autorregulatorias. Como bien recuerda Javier Darío Restrepo, “la ética es autónoma, se adopta por decisión personal, no puede ser impuesta”11. Por eso la iniciativa de los periodistas es fundamental, y es un paso que se mueve por delante de los medios, que si bien tienen autoridad para impulsar un encuadre ético, sabemos que hoy no sólo no lo estimulan desde sus propias estructuras sino que no ofrecen las condiciones laborales necesarias para un ejercicio profesional ético. En este contexto, la firma del primer código profesional, realizada simbólicamente en el Primer Congreso Nacional de Ética no es un hecho menor, pero es apenas un primer paso.

3. Desde la sociedad civil: ciudadanía comunicativa

La pobreza de las iniciativas que existieron desde los medios y los periodistas, se explica cuando se analiza la actitud de los lectores y audiencias. Ignacio Ramonet nos recordó recientemente que somos los ciudadanos los que “podemos exigir de los medios más ética, cómo podemos exigir que simplemente digan la verdad, exigir el respeto de una deontología que obligue a los periodistas –la mayoría de ellos, serios y honestos– a actuar en función de su conciencia y no a actuar en función de los intereses de los grupos, de las empresas o de los patronos que los emplean”12. En un sentido amplio, la participación activa de éstos se puede encuadrar en el concepto de “ciudadanía comunicativa”13 o la idea de periodismo cívico, en la medida que esta iniciativa propone “Crear ciudadanos que en calidad de públicos asuman un más significativo perfil en la vida pública”14 y que participen en la consolidación de la agenda noticiosa.

Para articular los derechos ciudadanos con el ejercicio periodístico, existen instituciones que permiten la intervención de los públicos en los medios, como los Consejos de lectores, los observatorios de medios, los foros, los movimientos de lectores y audiencias, las veedurías de medios, entre otras manifestaciones que procuran mejorar la calidad informativa. En cualquiera de los casos, la base de funcionamiento reside en un acuerdo entre empresarios de la comunicación, periodistas y miembros de la sociedad civil para mejorar el proceso de circulación de información pública. Pero es difícil encontrar emprendimientos similares en Argentina, donde el periodismo no parece ser un tema que preocupe a la sociedad más allá de sus dirigentes políticos y los distintos actores de la prensa. Algunas asociaciones civiles que trabajan temas de ciudadanía, como Poder Ciudadano (www.poderciudadano.org) y la Asociación por los Derechos Civiles (www.adc.org.ar), incluyen algunos temas o programas sobre medios. Desde 2004, la asociación Periodismo Social (ww.periodismosocial.net) realiza un monitoreo para analizar el tratamiento informativo de los temas relacionados con la infancia y propiciar un mejora en la cobertura periodística. Pero no son observatorios de medios globales, sino se ocupan de aspectos específicos.

Más elocuente es la ausencia de estos temas en las asociaciones de consumidores que, a pesar de que han tenido una intensa participación pública por diversos temas, no asumen como propio el consumo de medios. En España, por ejemplo, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) toma a los medios como uno de los temas en donde el ciudadano necesita orientación en el consumo. Para ello brinda información, con un cierto de grado de profundidad en la discusión, como ser la deontología profesional relacionada con los derechos de los lectores, la forma en que la concentración mediática afecta a los consumidores de medios, y cualquier otro tema técnico que necesite ser divulgado. De esta manera, se saca la discusión del terreno académico o profesional, para llevarla a la ciudadanía. En nuestro caso, a pesar de que los medios han cometido en numerosas oportunidades flagrantes abusos desde el punto de vista consumo (aumentos en los precios de los medios, menoscabos en los productos, incumplimiento de pautas horarias, cambios en las condiciones en que se presta el servicio, publicidad engañosa, etc.), difícilmente se vean denuncias sobre estas cuestiones impulsadas por las asociaciones. El desinterés de la sociedad sobre estos temas no podrá revertirse en la medida en que las organizaciones de la sociedad civil no asuman una función pedagógica acerca de los derechos que le caben al ciudadano y acompañen su reclamo.

Porque, como bien ha analizado Gerardo Albarrán, “La línea divisoria entre un círculo virtuoso de retroalimentación prensa-sociedad –con la mediación democrática del Estado que contenga la avidez del mercado y preserve los derechos fundamentales de todos–, y un círculo vicioso de autocomplacencia e irresponsabilidad mutua –con la tentación autoritaria gubernamental y las fuerzas del mercado desbocadas pendiendo sobre todos– es demasiado tenue para ignorarla y dejarla abandonada a su suerte.”15. Atentos a esa observación, es que debemos ser conscientes de que en el contexto que describimos, el esfuerzo de FOPEA por ofrecer un código de ética apenas si equilibra el juego de fuerzas entre propietarios, periodistas y lectores. Pero no deja de ser la mejor oportunidad para recordar que es la sociedad, última destinataria de la función del periodista, la que debe impulsar que las buenas prácticas incluidas en el código de esta asociación, sea la expectativa mínima para el desempeño profesional. Porque en esta cuestión se dirime su derecho a recibir la información que se le debe a cada uno como ciudadano.

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Notas:

1 Damián Loreti (1995), El derecho a la información. Buenos Aires, Paidós, p. 72
2 José María Desantes Guanter (1974), La información como derecho, Madrid: Nacional.
3 Realicé análisis detallado sobre esta figura en un trabajo previo: Adriana Amado Suárez (2005), “Quién le teme al Ombudsman: Por qué la prensa argentina no tiene quién la defienda”, en Derecho comparado de la información, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México número 5, enero-junio.
4 Perfil (1998), Como leer el diario, Buenos Aires: Perfil.
5 “La modestia de estas funciones se pone en evidencia cuando se las compara con los alcances que reconoce la Organization of News Ombudsman (ONO): velar por la equidad, precisión y responsabilidad del medio, consolidar su credibilidad, investigar las razones que motivaron las quejas del público y recomendar acciones correctivas, mantener informado al director del medio sobre estas inquietudes, constituirse en un crítico interno y representar al público del medio canalizando sus quejas, sugerencias, recomendaciones y observaciones; defender al medio y hacer públicas sus posiciones éticas y líneas editoriales, ya sea a través de una columna periódica o de la participación en actividades colectivas, como conferencias y encuentros con la comunidad. A estas tareas pueden agregarse, dependiendo del caso, el trabajo interno a través de reuniones con los diferentes equipos de la redacción, o desarrollando herramientas de comunicación como memorandos, informes o encuestas entre los colaboradores.” (Amado Suárez Adriana, 2005).
6 Germán Rey (2003), “El defensor del lector: un oficio en construcción”. Sala de Prensa., Año V, Volumen 2, Edición N° 53, marzo.
7 Gilles Lipovetsky (1994), El crepúsculo del deber, Barcelona: Anagrama.
8 UTPBA (2001). No hay democracia informativa sin democracia económica: Voces múltiples del Primer Congreso Mundial de Comunicación. Buenos Aires: UTPBA, p. 183.
9 FOPEA (2005). “Encuesta sobre los periodistas y su profesión”. Investigación de Giacobbe Consultores, Buenos Aires, noviembre. Disponible en
www.fopea.org.
10 Dader José Luis (1999). “Recuperación ciudadana de los medios: Vías de participación y contrapeso crítico de los consumidores y usuarios ante los medios de comunicación de masas”. En AA.VV. (1999). Los usuarios en la sociedad de la información, Madrid: Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, p. 163.
11 Javier Darío Restrepo (2004), El zumbido del moscardón. Taller y consultorio de ética periodística. México: Fondo de Cultura Económica, p. 37.
12 Ignacio Ramonet (2006), “El quinto poder. La sociedad frente a los medios de comunicación de masas en la era de la globalización”. Sala de Prensa, Web para Profesionales de la Comunicación Iberoamericanos, s.l.i., Año VIII, Volumen 3, Edición N° 91, mayo.
13 Idea en la que en Argentina trabaja María Cristina Mata, en el sentido del “reconocimiento y ejercicio de los derechos a la información y la comunicación consagrados jurídicamente y la búsqueda de su ampliación (…) como condición necesaria para revertir, mediante la participación de los individuos en la esfera pública y política, los crecientes niveles de exclusión económica y social que existen en nuestras sociedades y para consolidar el sistema democrático.” (Mata María Cristina et al. (2005). “Condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la ciudadanía comunicativa”. Córdoba: Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, en www.c3fes.net, consultado en junio de 2006.).
14 Ana María Miralles Castellanos (1998), “El periodismo cívico como comunicación política”, en Revista Nómadas N° 9, Universidad Central, Santafé de Bogotá, Colombia, en http://www.centralstate.edu/imdp/th_foundation/n_mada.html, consultado en mayo de 2006.
15 Gerardo Albarrán de Alba (2003), “Contextos jurídico, político y social del defensor del lector”. Sala de Prensa, Web para Profesionales de la Comunicación Iberoamericanos, s.l., Año V, Volumen 2, Edición 53, marzo.

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Referencias bibliográficas:

- AA.VV. (1999). Los usuarios en la sociedad de la información, Madrid: Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
- Albarrán de Alba Gerardo (2003). “Contextos jurídico, político y social del defensor del lector”. Sala de Prensa, Web para Profesionales de la Comunicación Iberoamericanos, s.l., Año V, Volumen 2, Edición 53, marzo.
- Amado Suárez Adriana (2005). “Quién le teme al Ombudsman: Por qué la prensa argentina no tiene quién la defienda”, en Derecho comparado de la información, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México número 5, enero-junio
- Desantes Guanter José María (1974). La información como derecho, Madrid: Nacional.
- Lipovetsky Gilles (1994). El crepúsculo del deber, Barcelona: Anagrama.
- Loreti Damián (1995). El derecho a la información. Buenos Aires, Paidós.
- Miralles Castellanos Ana María (1998). “El periodismo cívico como comunicación política”, en Revista Nómadas N° 9, Universidad Central, Santafé de Bogotá, Colombia, en
http://www.centralstate.edu/imdp/th_foundation/n_mada.html
- Perfil (1998). Como leer el diario, Buenos Aires: Perfil.
- Ramonet Ignacio (2006). “El quinto poder. La sociedad frente a los medios de comunicación de masas en la era de la globalización”. Sala de Prensa, Web para Profesionales de la Comunicación Iberoamericanos, s.l.i., Año VIII, Volumen 3, Edición N° 91, mayo
- Restrepo Javier Dario (2004). El zumbido del moscardón. Taller y consultorio de ética periodística. México: Fondo de Cultura Económica
- Rey Germán (2003). “El defensor del lector: un oficio en construcción”. Sala de Prensa., Año V, Volumen 2, Edición N° 53, marzo.
- UTPBA (2001). No hay democracia informativa sin democracia económica: Voces múltiples del Primer Congreso Mundial de Comunicación. Buenos Aires: UTPBA


* Adriana Amado Suárez es académica de la Universidad Nacional de La Matanza (Buenos Aires), y directora de la carrera de Comunicación social de la UCES (Buenos Aires). Es miembro del Foro de Periodismo Argentino y formó parte del comité de redacción de su código de ética. Este artículo es parte de su tesis doctoral sobre la prensa argentina (FLACSO) y fue presentado en el Primer Congreso Nacional de Ética Periodística, realizado el 24 de noviembre de 2006, en la Universidad Católica de Buenos Aires.


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