Sala de Prensa


11
Septiembre 1999
Año II, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Las libertades informativas
y sus límites en la democracia

Ernesto Villanueva *

Es común escuchar afirmaciones en el sentido de que las libertades de expresión e información no tienen límites o fronteras. Se trata, por supuesto, de una postura que no resiste el menor análisis jurídico, aunque es un principio recurrente en importante sectores del mundo periodístico. De ahí, por tanto, que sea oportuno formular algunas reflexiones que expliquen por qué existen y cómo se regulan los límites de las libertades informativas. A nadie escapa, por supuesto, que las libertades informativas son la columna vertebral para la salud y la sana reproducción de un régimen democrático. Pero las libertades sin dirección o sin rumbo carecen de sentido para la comunidad; es decir, de utilidad social. En realidad las libertades informativas sólo se explican en el fondo si satisfacen un derecho fundamental: el derecho a la información del público. La libertad de expresión; es decir, el derecho a emitir ideas, opiniones y juicios de valor por cualquier medio, y la libertad de información; el derecho de buscar, procesar y difundir hechos de carácter noticioso, constituyen herramientas de intermediación entre el origen informativo, las fuentes públicas y privadas, y el destinatario final, el individuo. Más todavía, los medios de comunicación, por medio del ejercicio profesional de estas dos libertades, habilitan al individuo para ser ciudadano, para participar en la toma pública de decisiones, requisito sine qua non de la democracia y razón del derecho a la información. Mientras las libertades de expresión e información son medios, el derecho a la información es un fin; se trata, pues, de conceptos correlacionados, pero distintos.

El paso de una sociedad tradicional, de un sistema de convivencia basado en la democracia directa, a una sociedad moderna y erigida bajo el principio de la democracia indirecta, ha hecho que los medios y sus mecanismos legales (libertad de expresión, libertad de información) bajo cuyo amparo cumplen su función social ha traído consigo algunos efectos secundarios. No tiene nada de sorprendente este fenómeno si se toma en cuenta que el papel cada vez más importante a los medios en la vida pública, en el ejercicio del poder, en la formación de opiniones y, en suma, en el propio acceso ciudadano a la información. Este sobredimensionamiento ocasional de las libertades informativas, acaso explique que haya quienes crean que se trata de derechos absolutos. La justa medida es justo al contrario: a mayor preeminencia de los medios en la vida social, mayor responsabilidad pública. Y es que ser periodista no es tanto un derecho, como una responsabilidad; no es tampoco un instrumento de satisfacción de reducidos intereses personales al amparo del amplio manto de las libertades públicas. Ser periodista implica, sobre todo, un compromiso con el interés del público y con el bien común. Libertad y responsabilidad son las dos caras de una misma moneda: el derecho a la información, en su más amplia expresión. Es necesario entonces ubicar las cosas en su justa esencia. Las libertades informativas tienen, por supuesto, límites o fronteras como los demás derechos fundamentales, para cuyo ejercicio se requiera armonizar otras garantías individuales. Veamos por qué:

Primero. Los medios de comunicación no son un poder ni un contrapoder. No son representativos de los ciudadanos. Ayudan a formar la opinión pública, pero no constituyen en sí mismos la opinión pública. Y es que efectivamente carecen de representatividad al no ser electos por los ciudadanos, ni estar sujetos a los controles habituales de los poderes públicos, declaración patrimonial de bienes, juicio político, destitución o inhabilitación.

Segundo. Los medios de comunicación tampoco pueden sustituir a la familia, a la escuela o a los poderes públicos como vehículos de transmisión de conciencia; complementan, sí, pero no sustituyen otras vías de socialización colectiva.

Tercero. La legitimidad de los medios se asienta en el cumplimiento del derecho a la información veraz del público y en la estricta observancia de los valores democráticos plasmados en el Estado de derecho. Nada más, pero nada menos. En una democracia el ejercicio de las libertades informativas termina cuando empiezan los derechos de los demás, cuando se pueden vulnerar bienes jurídicamente protegidos por el régimen jurídico vigente.

Cuarto. Constituye una aberración jurídica y un despropósito moral pretender derechos, sin obligaciones; reivindicar libertades sin responsabilidades. Los medios no pueden estar al margen de la ley. No se puede apelar a un Estado de excepción jurídica para la prensa. Es ética y jurídicamente inaceptable. Y es que ¿Quién podría vigilar así a los vigilantes? ¿Cómo tener un macro poder dotado de todo derecho sin ninguna responsabilidad ulterior? Eso sólo sería posible en un Estado de naturaleza, en un sistema fundado en la anarquía y en la ley del más fuerte. Todo ello, sobra decirlo, ajeno a los valores de la democracia.

En el mundo entero la dualidad libertad-responsabilidad constituye una premisa verificable en el derecho comparado. Tanto los ordenamientos jurídicos supranacionales como los sistemas jurídicos internos de cada país definen los límites al ejercicio de las libertades informativas. En efecto, al lado del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que universaliza las libertades de expresión e información, se encuentra el artículo 29, que a la letra dice: "2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas."

En el mismo tenor, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone en el artículo 19 que: "2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas."

Finalmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos también regula las limitaciones a las libertades informativas, en los términos del artículo 13 que dice: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas......5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional."

Asimismo, no existe una sola constitución del mundo que reconozca en forma ilimitada el ejercicio de las libertades de expresión e información. Incluso en los Estados Unidos junto a la conocida primera enmienda que representa para muchos el paradigma de las libertades informativas, existe la quinta enmienda que reivindica los derechos de terceros.

La Constitución mexicana no es la excepción a la regla. Los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos definen con precisión 5 límites jurídicos a las libertades informativas: a)El respeto a la vida privada, desarrollado por la Ley de Imprenta; b) El respeto a la moral pública, desarrollado simultáneamente por la Ley de Imprenta y el Código Penal; c) El respeto a la paz o al orden público, desarrollado prioritariamente por la Ley de Imprenta y en forma complementaria por el Código Penal; d) El ataque a derechos de terceros, desarrollado en general por el orden jurídico vigente en sus diversas leyes y códigos; e) La comisión de un delito, desarrollado tanto por la Ley de Imprenta como por el Código Penal.

Así pues, como se ha podido ver los límites a las libertades informativas son una práctica democrática, que maximiza el papel de los medios en la perfección de las instituciones de los Estados de derecho, pero que, en casos excepcionales, tiene la posibilidad legítima de utilizar el orden jurídico para impedir que se socave el acuerdo en lo fundamental que distingue un país de leyes de un Estado sin derecho.


* Ernesto Villanueva es profesor de tiempo completo y coordinador del Programa Iberoamericano de Derecho de la Información en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Preside la junta directiva de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación; dirige la Revista Iberoamericana de Derecho de la Información; coordina el dossier de Medios de Le Monde Diplomatique, edición en español, y es autor de 12 libros, el más reciente: Deontología informativa; códigos deontológicos de la prensa escrita en el mundo (México, 1999, Universidad Iberoamericana, Pontificia Universidad Javeriana). Es, además, colaborador de Sala de Prensa.


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