Sala de Prensa

103
Mayo 2008
Año X, Vol. 4

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


CPJ: Latinoamérica

Prédica sin coro

Carlos Lauría *

En la asamblea anual de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, instó a los ministros de relaciones exteriores a que envíen al secretario general del organismo, José Miguel Insulza, para investigar la decisión del Presidente venezolano Hugo Chávez de sacar del aire a la estación de televisión más antigua del país, RCTV.

La propuesta generó un fuerte reclamo por parte del gobierno venezolano. El Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sostuvo que la OEA debe investigar las violaciones de derechos humanos de los Estados Unidos antes de prestar atención a la situación con RCTV. "Lo primero que tiene que hacer la OEA es ir a las cárceles de Guantánamo... o a la frontera con México, si quieren (ver) como cazan decenas de hombres y mujeres y los asesinan todos los días y los persiguen", aseveró Maduro según informes de prensa.

La disputa obligó a los países que asistieron a la asamblea de la OEA a tomar posiciones – y los Estados Unidos se encontraron claramente del lado perdedor. La propuesta de Rice no obtuvo respaldo alguno. Mientras funcionarios bolivianos, nicaragüenses y ecuatorianos elogiaron la decisión de Chávez, la mayoría de los países simplemente aludieron a la soberanía de Venezuela y a su derecho a regular las frecuencias del espacio radioeléctrico.

"El silencio de la mayoría de los países latinoamericanos sobre el cierre del canal de televisión más antiguo de Venezuela durante la reunión anual de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá marcó un grave retroceso para la libertad de prensa - y la democracia - en la región", escribió Andrés Oppenheimer, integrante de la junta directiva del CPJ, en su columna para The Miami Herald.

El desgaste de la autoridad moral de los Estados Unidos para criticar las violaciones a la libertad de prensa ha generado un ambiente más peligroso para los periodistas en América Latina, especialmente durante un período en el cual varios líderes democráticos están marginando a los medios. Estamos muy lejos de lo ocurrido hace una década, cuando los Estados Unidos encabezaron la creación de la relatoría especial para la libertad de expresión de la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington creó el cargo luego de discusiones con grupos de prensa en los Estados Unidos y América Latina. El relator especial fue respaldado de modo unánime por los jefes de estado en la Cumbre de las Américas de 1998 en Chile.

Pero a medida que las relaciones con los Estados Unidos en la región se han ido deteriorando, lo mismo ha sucedido con su liderazgo en la promoción de los derechos humanos. Más significativamente, al retener a dos periodistas durante períodos prolongados sin presentar acusaciones formales en su contra – uno en Irak y el otro en la Base Naval de Guantánamo – los Estados Unidos han dañado su reputación como líder de la democracia, afirman muchos expertos regionales.

En Venezuela, sostienen los críticos, la credibilidad de los Estados Unidos fue socavada por el respaldo a grupos de la oposición, incluyendo a uno que depuso a Chávez por un breve lapso en el 2002. "El apadrinar a tales grupos implica una inconsistencia con el objetivo de fortalecer las instituciones democráticas y fomentar la reconciliación en una sociedad tan polarizada", afirmó Michael Shifter, Vicepresidente del Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en los Estados Unidos, en un informe de marzo titulado "Hugo Chávez: Un Desafío para la Política Exterior de los Estados Unidos".

Las relaciones entre las dos naciones sólo han empeorado desde entonces, lo cual ha vuelto inútiles a las denuncias estadounidenses. Chávez ha sostenido durante largo tiempo que el gobierno de Bush quiere aislar a Venezuela y desestabilizar el país. Funcionarios de ese país acusaron a Washington de montar una campaña de propaganda a través de varios medios venezolanos y estadounidenses, y por medio del financiamiento a organizaciones locales no gubernamentales. Cada vez que los Estados Unidos criticaron los antecedentes de Chávez en materia de libertad de prensa, Venezuela respondió diciendo que la administración Bush ha perdido su capacidad moral para señalar violaciones a la libertad de prensa, citando como evidencia el caso de los periodistas detenidos.

En particular, funcionarios del gobierno venezolano rápidamente mencionaron el encarcelamiento en el 2005 de la ex periodista del New York Times, Judith Miller, al defender sus propias decisiones de restringir la cobertura informativa en nombre de la protección del orden social. Otros casos en los cuales periodistas estadounidenses se vieron obligados a revelar fuentes confidenciales impulsaron a que críticos de la región cuestionaran si los Estados Unidos estaban apartándose de las garantías constitucionales en materia de libertad de expresión.

"Hemos perdido influencia, y pienso que tiene relación con la actitud de los Estados Unidos en su gestión de política exterior a nivel internacional", señaló Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para América Latina, una organización no gubernamental que promueve los derechos humanos. "Un ejemplo es la falta de un enfoque multilateral a la solución de un número de problemas. Los Estados Unidos se están automarginando en América Latina. La presencia de prisioneros desde hace mucho tiempo, retenidos sin juicio en Guantánamo, ha provocado una dramática pérdida de credibilidad sobre cuestiones de derechos humanos en la región".

En el caso de Cuba, el gobierno de los Estados Unidos no alberga muchas esperanzas de influir sobre el clima de libertad de prensa debido a su condena universal del gobierno de Fidel Castro y al embargo económico que mantiene desde hace tiempo, afirman analistas políticos y periodistas de toda la región. Estos enfoques distraen la atención de los problemas específicos de la isla, indican los analistas, tales como la falta de libertad de expresión y el tratamiento inhumano de los periodistas encarcelados.

Muchos líderes regionales evitan debatir los antecedentes de Cuba sobre libertad de prensa porque no quieren que se los perciba como alineados con los Estados Unidos. La resolución anual de los Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenando la trayectoria de Cuba en derechos humanos no consiguió muchos adeptos. Los gobiernos de izquierda se han opuesto tradicionalmente a esta medida, y un número de otros líderes regionales se abstienen porque quieren quedar fuera de la disputa entre La Habana y Washington.

El problema no está en Washington solamente, observó un analista. "Si, por el único propósito de no querer ser visto [como] alineado con la política de los Estados Unidos, los latinoamericanos están dispuestos a cerrar la boca y no criticar las violaciones a los derechos humanos, ése es su problema", dijo Susan Kaufman Purcell, directora del Centro de Política Hemisférica de la Universidad de Miami. "Es éste un caso en el cual América Latina en general está dispuesta a aceptar e inclusive a honrar a un dictador que ha estado en el poder por décadas".

Sin embargo, los discursos del Presidente George W. Bush sobre la política en Cuba – junto con fotografías de altos funcionarios estadounidenses en compañía de disidentes y de sus familias- en general fracasan, creen los analistas, al proporcionarle a Castro y a su hermano, Raúl, argumentos para reclamar que su régimen es víctima de la agresión estadounidense. Sin ninguna evidencia, el gobierno cubano ha insistido en que los periodistas independientes locales son "mercenarios" al servicio de los Estados Unidos. Con 24 reporteros actualmente en la cárcel, Cuba sigue siendo el segundo país con mayor cantidad de periodistas encarcelados en el mundo, después de China.

El gobierno de los Estados Unidos ha respaldado a la sociedad civil de Cuba, incluyendo a los periodistas independientes, a través de material de asistencia y capacitación. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha instituido programas de acción para generar solidaridad con activistas de derechos humanos de la isla y para dar voz a la prensa independiente de Cuba. Aunque los Estados Unidos consideran que estos programas son transparentes, los analistas afirman que el fuerte respaldo de los estadounidenses ha contribuido con la estrategia del gobierno cubano al describir a los disidentes como espías al servicio del imperialismo.

Inclusive periodistas independientes de Cuba se muestran precavidos del respaldo estadounidense. "La obstinación de Estados Unidos en relación con la política extranjera de Cuba sirve como argumento para que muchos gobiernos latinoamericanos justifiquen su falta de solidaridad con los disidentes y con los periodistas independientes", señaló al CPJ el conocido escritor y poeta cubano Raúl Rivero Castañeda. "El embargo no tiene sentido y le ha hecho el juego a la estrategia del gobierno cubano", sostuvo Rivero, ex prisionero que ahora vive en el exilio en España.

Tan enfocados están los Estados Unidos en Venezuela y Cuba, dicen los críticos, que han ignorado las condiciones de derechos humanos y libertad de prensa en Colombia. Washington anunció que una meta central de la asistencia a Colombia es la promoción y protección de los derechos humanos. No obstante, los críticos dicen que la administración Bush le ha entregado al gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez un cheque en blanco para la guerra contra las drogas sin crear un sistema que le exija al gobierno colombiano dar cuenta de violaciones a los derechos humanos, incluyendo violencia contra de la prensa.

Mientras los Estados Unidos afirman que toda la ayuda a Colombia depende de la mejora en los antecedentes del país en materia de derechos humanos, grupos internacionales de derechos humanos consideran que el plan tiene serias fallas por el aumento de ejecuciones extrajudiciales por parte de del ejército colombiano. Las organizaciones de derechos humanos también reclaman que las investigaciones sobre abusos a los derechos humanos cometidos por militares no han exhibido progreso.

"Es crucial que los Estados Unidos, a través de su gobierno y del Congreso, ejerzan un control mucho más estricto sobre los derechos humanos en Colombia", afirmó el conocido periodista colombiano Daniel Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de la revista de actualidad Semana. Objetando que la atención estadounidense ha sido "esporádica", Coronell instó a que se realice una revisión "más rigurosa y permanente" de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Algunos analistas también criticaron a Estados Unidos por respaldar una controvertida legislación colombiana que otorga concesiones a miembros de grupos armados ilegales. La Ley de Justicia y Paz del 2005, que ofrece penas reducidas a combatientes paramilitares de derecha a cambio de su desmovilización y confesión voluntaria, fue proclamada por el gobierno de Bush como un paso importante hacia la terminación del conflicto civil en Colombia.

Purcell destacó que la política estadounidense en relación a Colombia debe considerarse a través de la óptica de la historia reciente. "Se ha producid una mejora significativa en el comportamiento de las fuerzas armadas y esfuerzos por desmovilizar a los paramilitares", observó. "Esto no ha sido del todo exitoso, pero debe ubicarse dentro del contexto del cual provenía Colombia: una guerra incesante con la guerrilla que se ha extendido por décadas. El Congreso impuso todo tipo de restricciones y condiciones que el Presidente Uribe ha estado intentando cumplir".

Aun así, grupos de derechos humanos, tanto locales como internacionales, han criticado esta legislación porque no ha podido asegurar un adecuado nivel de justicia. Fue muy difícil para la prensa local cubrir las audiencias de Justicia y Paz, según la investigación del CPJ. Las autoridades, de modo sistemático, prohibieron que los reporteros accedieran a las actuaciones judiciales, mientras ex paramilitares amenazaban a periodistas y a sus fuentes afuera. Como consecuencia, la cobertura de las confesiones de los paramilitares fue débil en todo el país, especialmente en áreas donde la presencia de las fuerzas paramilitares sigue siendo fuerte.

En México y en gran parte de América Central, donde los Estados Unidos aún ejercen una importante influencia, existe la idea de que Washington simplemente perdió interés. Desde el 11 de septiembre del 2001, a medida que el gobierno ha trasladado gran parte de su atención al terrorismo y al mundo árabe, el resultado ha sido una falta de compromiso de los Estados Unidos en cuestiones de derechos humanos y libertad de prensa. Una epidemia de asesinatos extrajudiciales en México, incluyendo la matanza de reporteros, generó poca preocupación pública de la administración Bush.

Altos funcionarios gubernamentales han reconocido que un cambio en las prioridades ha conducido a un deterioro en apoyo en algunos rincones del mundo. "La gente en todo el mundo.....no se mostró feliz con las decisiones que tomó nuestro país", expresó Karen Hughes, ex subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública y Asuntos Públicos, durante una entrevista en noviembre para la Radio Pública Nacional (NPR). Esas decisiones se tomaron "en el interés de un mundo más seguro", afirmó Hughes, pero reconoció que le llevará un tiempo a los Estados Unidos reconstruir su influencia. "Desearía poder sonar los dedos y... cambiar la impresión de nuestro país mañana. Pero no creo que esto sea realista. Pienso que es un trabajo que exige paciencia, como pasó durante la Guerra Fría, y estamos en una larga lucha ideológica".


* Carlos Lauría es el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.


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