Sala de Prensa

91
Mayo 2006
Año VIII, Vol. 3

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


CPJ: Ataques contra la prensa 2006

“Todas las noticias que no pueden publicarse”

Carlos Lauría *

Los buenos periodistas de investigación saben más de lo que pueden escribir. El problema en algunos países latinoamericanos es que los buenos periodistas apenas están escribiendo. Desde Brasil hasta la frontera entre México y Estados Unidos, los periodistas están mirando por detrás de sus espaldas antes de sentarse delante de sus computadoras o salir al aire. La mayoría de los periodistas en los grandes centros urbanos de la región  todavía pueden investigar temas de corrupción y criticar a las autoridades sin temer por sus vidas. Pero en áreas más aisladas, donde el poder del gobierno central está debilitado, o es inexistente, los periodistas están a merced de cualquiera que lleve un arma de fuego.

La autocensura no es algo nuevo en América Latina. Durante años ha sido un flagelo para el periodismo en una región en donde las dictaduras militares podían aplastar a los medios que no se controlaban.  El problema en la actualidad es la envergadura de la autocensura al tiempo que la ilegalidad, el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado continúan propagándose. Editores en países como Colombia, México y Brasil abandonaron mayormente el periodismo de investigación en áreas en las cuales se sabe que instituciones estatales como la policía y la justicia no pueden o no quieren garantizar la seguridad de los periodistas.

Los medios en Colombia, amenazados por la guerrilla, el ejército y paramilitares partidarios del gobierno, se están autocensurando por temor a sufrir represalias si publican algo que pudiera ofender a alguno de los actores del conflicto armado. En México, los narcotraficantes y el crimen organizado, han intimidado a los periodistas para que se mantengan en virtual silencio a lo largo de la frontera con Estados Unidos, asolada por una ola de violencia. Los periodistas que se atreven a informar sobre estos temas en ocasiones lo pagan con sus vidas. Inclusive en Venezuela y en Brasil, en donde la amenaza no es tan generalizada, los editores de los medios ignoran investigaciones por motivos de supervivencia. Una víctima de este silencio autoimpuesto es la democracia. Cuestiones vitales como el saqueo de los recursos naturales, el tráfico de drogas y de personas, y la corrupción le han quitado oxígeno al debate público.

Algunos periodistas comenzaron a ponerle un freno a las restricciones, y están ahora más dispuestos que antes a hablar sobre autocensura y sobre sus temores.

Periodistas y editores de medios en el conflictivo interior de Colombia admiten abiertamente que se autocensuran por temor a sufrir ataques físicos de cualquiera de los actores armados que intervienen en la guerra civil, según una investigación del CPJ en el 2005.  Chip Mitchell, colaborador del CPJ en Bogotá, viajó a tres de las áreas más problemáticas –Arauca, Córdoba, y Caquetá– y entrevistó a 36 periodistas para un informe titulado “Historias no contadas,” que fue publicado en octubre.

Mitchell advirtió como los editores de medios son presionados por quienes son blancos de las investigaciones para que censuren las noticias antes de su publicación. Periodistas de investigación que ignoran las advertencias son asesinados u obligados a irse del país. A menudo la policía ni siquiera investiga los crímenes cometidos en contra periodistas. Las cuestiones que no son cubiertas, en consecuencia, son las violaciones a los derechos humanos, el conflicto armado, la corrupción política y corporativa, el  tráfico de drogas y las vinculaciones entre funcionarios y grupos armados ilegales. A veces los funcionarios alientan la autocensura acusando a los periodistas de mantener conexiones con la guerrilla. En  Saravena, provincia de Arauca, el único periodista de tiempo completo de la ciudad, Emiro Goyeneche, fue procesado por “rebelión” y acusado de ser un guerrillero. Goyeneche estuvo en prisión durante más de 20 meses. Periodistas locales elogian su labor y creen que las acusaciones en su contra no tienen fundamento.

Funcionarios de alto rango, incluyendo al Presidente Álvaro Uribe, también intentan relacionar a periodistas con grupos guerrilleros. En una conferencia de ejecutivos de medios, los exhortó los exhortó a que ejercieran “autocontrol” y consideraran excluir la publicación de entrevistas con integrantes de grupos armados ilegales. El sobrecargado sistema judicial colombiano no ha podido resolver los casi 30 casos de periodistas asesinados durante la última década, perpetuando así el clima de impunidad. En una serie de casos extremos, los periodistas se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Casi todos los reporteros de Arauca huyeron del departamento a principios del 2003 luego de que dos periodistas radiales fueran asesinados en un período de nueve meses. Amenazas de muerte de guerrilleros y paramilitares, indistintamente, junto con la aparición de una misteriosa lista que nombraba a 16 periodistas como blancos de asesinatos, propiciaron el éxodo. A veces, detrás de la autocensura, también se esconden cuestiones de índole económica. Muchos medios no cuentan con recursos ni con personal. Esperan que sus periodistas vendan publicidad. Por lo tanto es menos probable que los periodistas realicen notas de investigación sobre contra empresarios y políticos cuya publicidad ayuda a que se les paguen sus salarios.

Dentro de este panorama, lo único positivo es la menor la cantidad de periodistas caídos en cumplimiento de su labor informativa. Sin embargo una de las razones que dan cuenta de esta disminución en las cifras es la autocensura. Como se observó en un informe divulgado en septiembre por la Organización de los Estados Americanos, los periodistas colombianos no están informando sobre temas que podrían causarles la muerte. El informe, titulado “Impunidad, autocensura y conflicto armado interno: Análisis de la situación de la libertad de expresión en Colombia”, afirma que la caída en las estadísticas sobre violencia en contra de periodistas “también se origina en la autocensura de los propios periodistas”. El informe fue elaborado por Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la OEA.

La autocensura está también generalizada en el norte de México, donde el narcotráfico y el crimen organizado han convertido a la región en uno de los lugares más peligrosos para los periodistas en América Latina. Desde que se intensificó la guerra entre poderosos carteles de la droga hace dos años, decenas de periodistas que trabajan en la frontera entre México y Estados Unidos han optado por el silencio debido a que las autoridades no pueden brindarles ni siquiera una mínima protección.

En Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, el matutino El Mañana ha cesado la cobertura en profundidad acerca del crimen y el tráfico de drogas. “No podemos hacer periodismo de investigación sobre estos temas dado que el gobierno no garantiza la seguridad de nuestros periodistas”, explica el Director Editorial Heriberto Cantú.

El Mañana, fundado en 1932, se está autocensurando desde que su editor, Roberto Javier Mora García, fuera apuñalado de muerte en marzo del 2004. El CPJ está investigando si el asesinato está vinculado con su labor periodística. De acuerdo a Cantú, la violencia a lo largo de la frontera con Estados Unidos creció marcadamente en los últimos años, haciendo que a los periodistas mexicanos les resulte imposible informar con libertad sin temor a sufrir represalias. “No hay libertad de expresión sin garantías para ejercer el periodismo”, admite Cantú.

Los periodistas que intentan cubrir temas relacionados con el crimen se encuentran con funcionarios de gobierno y de las fuerzas de seguridad que son abiertamente corruptos, junto a criminales que operan sin restricciones. En consecuencia, los periodistas de El Mañana y varias otras publicaciones radicadas en Nuevo Laredo solamente cubren noticias oficiales, omitiendo cualquier tipo de contexto o análisis que pudiese resultar ofensivo. El Imparcial, matutino de Hermosillo, en el estado noroccidental de Sonora, ha decidido abandonar parcialmente la investigación sobre los narcotraficantes desde la desaparición en abril del periodista dedicado la fuente de crimen organizado, Alfredo Jiménez Mota.

“Después de que desapareciera Alfredo, quedamos desanimados”, indica Jorge Morales, uno de los editores del diario. “Me reuní con los periodistas y llegué a la conclusión  de que no haríamos ningún tipo de periodismo de investigación sobre el crimen organizado hasta que se resuelva la situación de Alfredo”.

La autocensura es menos generalizada fuera de Colombia y México, pero sigue ejerciéndose en países como Brasil y Venezuela.

Brasil sigue siendo un lugar peligroso para los periodistas que a menudo son blanco de políticos corruptos, criminales y narcotraficantes. Cuatro periodistas cayeron en cumplimiento de su labor informativa en los últimos cinco años, según la investigación del CPJ. Periodistas de ciudades como Brasilia, San Pablo, y Río de Janeiro, gozan de más protección  que sus colegas en regiones aisladas del Amazonas o en el noreste. En abril, el periodista Mauricio Melato Barth, que había informado sobre la corrupción política, tuvo que esconderse por dos semanas con su familia después de ser atacado por hombres armados. Barth, dueño y jefe de redacción de Info Bairros –publicación que sale dos veces al mes–, en la ciudad sureña de Itapema, fue atacado luego de haber publicado un artículo donde denunciaba la corrupción gubernamental. La policía cree que la intención del grupo de hombres armados no era matar, sino amedrentar a Barth para silenciarlo.

En Venezuela, la situación es más complicada porque la autocensura es el resultado de restricciones legales más que de actos de violencia contra la prensa. Las emisoras privadas de televisión alteraron la programación para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que fuera aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada como ley por el Presidente Hugo Chávez en diciembre del 2004. Elsy Barroeta, directora de noticias de Globovisión, señaló al CPJ que la emisora no había restringido su cobertura de noticias, pero admitió que algunos colegas estaban preocupados por la autocensura.  Barroeta sostuvo que, según las nuevas directivas, se podían poner al aire imágenes de violencia durante las protestas callejeras pero no podían reiterarse a lo largo del día.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), una organización de libertad de prensa regional, halló que tres de las emisoras de televisión más importantes –Venevisión, Televén y Radio Caracas Televisión– habían reducido en un 50 por ciento sus programas de opinión desde fines del 2004. María Alejandra  Díaz, directora de responsabilidad social en el Ministerio de Información y Comunicación de Venezuela, indicó al CPJ que la ley restringía solamente a “la prensa amarilla”. Desmintió reclamos por autocensura, aduciendo que nadie había sido multado o sancionado. Díaz afirmó que se habían abierto procedimientos administrativos contra de 20 emisoras de radio por no transmitir el porcentaje de música venezolana exigido por la ley.

Sin embargo la acción del gobierno no es la principal amenaza. La autocensura está socavando a la prensa de América Latina, especialmente en aquellas regiones donde no impera la ley y que más necesitan contar con periodismo de investigación y libre flujo de información. El narcotráfico, el crimen, la corrupción y otras cuestiones que afectan la vida cotidiana de la gente común no están siendo cubiertos plenamente. Todo esto llega en un momento crucial en el que los votantes mexicanos y colombianos se preparan para las elecciones del 2006.

La autocensura está tan difundida en este momento que los periodistas han comenzado a hablar sobre esto públicamente. Esto permite vislumbrar cierta esperanza no solamente para el periodismo, sino también para los gobiernos democráticos.


ANÁLISIS POR PAÍS

ARGENTINA

La prensa argentina siguió trabajando en libertad y mayormente sin temor a los ataques físicos. Pero varios gobiernos provinciales y el gobierno nacional manipularon la asignación de publicidad estatal como castigo a quienes informan de modo crítico y recompensaron a los medios que los respaldaron. Dos nuevos estudios determinaron que la distribución  de la publicidad gubernamental con motivación política socava la libertad de prensa en la Argentina.

Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que promueve la participación cívica, reveló que la distribución de publicidad estatal está regida por “una regla no objetiva”, que permite a funcionarios a favorecer a medios “amigos”. El análisis de la entidad demostró que Clarín, el matutino de mayor circulación del país con una tirada diaria de 420,000 ejemplares, recibió la mayor cantidad de publicidad del gobierno, un total de 7.1 millones de pesos (2,3 millones de dólares estadounidenses).

Pero el estudio puso al descubierto anomalías en otras partes. La Nación, el segundo matutino más importante con una circulación diaria de 160,000 ejemplares, recibió un 17 por ciento menos en ingresos por publicidad gubernamental que Página 12 –aun cuando  llega a más del doble de lectores en días de semana.

“Esta alteración en el criterio de distribución contrasta con la tirada de ambos matutinos”, afirmó el informe. La revista Noticias, crítica del gobierno, no recibió ningún aporte por publicidad del gobierno.

Poder Ciudadano, que divulgó su informe en septiembre, observó que el presupuesto por publicidad del gobierno era de 88 millones de pesos (29 millones de dólares estadounidenses).  Las dependencias regionales también compran publicidad,  los avisos publicitan temas tales como servicios hospitalarios y programas escolares, e informan a los ciudadanos sobre sus  obligaciones y derechos. El informe concluyó que  “el derecho a la libertad de prensa se ve resentido porque los beneficiarios de la pauta podrían no informar todo lo que haga a cuestiones problemáticas para el gobierno, además de que siempre existe la posibilidad de obtener información sesgada por el flujo del dinero oficial”.

Un informe divulgado en diciembre por Iniciativa Pro-Justicia de Open Society, un grupo radicado en Nueva York que promueve reformas legislativas en todo el mundo, y la organización no gubernamental argentina, Asociación por los Derechos Civiles, también examinaron la distribución de publicidad gubernamental.

El informe, titulado “Una Censura Sutil: Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina” Comprar las noticias”, reveló “una cultura enquistada de abuso persistente por parte de funcionarios de gobiernos provinciales que manipulan la distribución de publicidad con fines políticos y personales,” e indicó que tales decisiones son tiene efectos especialmente “insidiosos” en las provincias en las cuales la publicidad oficial es crítica para la supervivencia de muchos medios. En una de las cuatro provincias analizadas, Tierra del Fuego, los medios reciben 75 por ciento  de sus ingresos por publicidad de parte de dependencias gubernamentales, reveló el informe.

Aun cuando los medios nacionales dependen menos de la publicidad gubernamental, afirmó el informe, “esto no impide que el gobierno nacional asigne publicidad según lo que sólo se puede describir como favoritismo político”.

En una encuesta nacional de periodistas, un 53 por ciento de los consultados identificó  la dependencia de los medios con respecto a la publicidad estatal como el problema más acuciante que enfrenta la profesión. Estos resultados, divulgados en noviembre, se basaron en datos provistos por 282 respuestas de un cuestionario elaborado por el grupo de prensa Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y enviado a periodistas en todo el país.

La prensa mantuvo una relación tensa con el Presidente Néstor Kirchner y su gobierno. En julio, Kirchner acusó a los medios de “histéricos” cuando la prensa sugirió que los aumentos en los pagos a jubilados habían sido motivados políticamente. Mabel Moralejo, directora ejecutiva de FOPEA, indicó que Kirchner busca desacreditar a los periodistas que cuestionan sus políticas.  Kirchner y otros funcionarios argumentaron que el gobierno estaba expresando su derecho a no estar de acuerdo con las críticas en la prensa.

Los periodistas manifestaron que el gobierno no se ha mostrado bien predispuesto o abierto, destacando que Kirchner no ofreció ni siquiera una conferencia de prensa desde que asumió su  cargo en el 2003, y las pocas entrevistas concedidas. “Los mejores periodistas son los fotógrafos, porque no hacen preguntas”,  Kirchner les comentó con ironía a los miembros de su gabinete durante una reunión en julio en la que se permitió el acceso a la prensa.

El acceso a la información pública sigue siendo limitado, lo que impulsa a los periodistas a confiar en filtraciones y en fuentes confidenciales. Un proyecto de ley sobre libertad de acceso a la información pública, que había sido considerado por grupos de prensa y por organizaciones no gubernamentales como un importante paso adelante para regular los secretos del estado, perdió estado parlamentario en el Congreso en el 2005. Tal como se había redactado originariamente, la medida habría permitido que los ciudadanos pidieran, entre otras cosas, información sobre contratos del gobierno y el uso de fondos públicos. Pero los cambios  introducidos por el Senado habrían exigido que quienes requerían información explicaran sus razones, presentaran una solicitud semejante a una declaración jurada o pagaran algún honorario en ciertos casos. Aquellos que respaldaron el proyecto de ley señalaron que  las revisiones del Senado contradecían el objetivo de la legislación, y la medida fue archivada en la Cámara de  Diputados.

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires cuestionó la efectividad de un decreto del Poder Ejecutivo del 2003 firmado por Kirchner. El estudio reveló que el ejecutivo completó 18 de un total 71 solicitudes que se hicieron en un período de tres meses entre abril y julio. El gobierno adujo que el porcentaje había sido mucho mayor y que había cumplido con un 96 por ciento de las 386 solicitudes realizadas entre abril del 2004 y julio del 2005, informó el diario La Nación.

BRASIL

La constitución de Brasil garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura. Pero en la práctica los medios ven impedida su labor por demandas de difamación,   tan comunes que son llamadas  la “industria de la compensación”, y por jueces de tribunales de primera instancia que suelen interpretar la ley brasileña de modo tal que restringe la libertad de expresión.

Las autoridades lograron importantes condenas en los recientes asesinatos de dos periodistas, aunque Brasil sigue siendo un país peligroso para la prensa. Cuatro periodistas cayeron en cumplimiento de su labor informativa en cinco años. Como sucede en gran parte de América Latina, los periodistas que trabajan en ciudades que son importantes sedes del gobierno y de empresas, como Brasilia, San Pablo, y Río de Janeiro, suelen gozar de mayor protección que sus colegas en las regiones empobrecidas y aisladas del Amazonas y del noreste. En el vasto interior del país –donde la influencia del gobierno es débil y la de los narcotraficantes y la corrupción es fuerte– los periodistas se autocensuran por temor a represalias.

En reconocimiento a una trayectoria periodística sobresaliente y a su trabajo en una región muy peligrosa, el CPJ premió a Lúcio Flavio Pinto con uno de sus Premios Internacionales a la Libertad de Prensa en el 2005. El galardonado periodista quien vive en Belém, en el estado amazónico de Pará, ha enfrentado docenas de procesos penales por difamación y recibió numerosas amenazas por su crítica labor informativa acerca de una variedad de temas, incluyendo el narcotráfico, la devastación ambiental y la corrupción política y corporativa. Dueño del pequeño periódico de aparición bimensual Jornal Pessoal, Pinto también criticó a los medios locales por la forma superficial en que cubren las noticias en la región del Amazonas.

El CPJ ha documentado una reiteración de casos de censura judicial a través de los años. En nombre de una supuesta protección a la privacidad y al honor personal, los jueces prohibieron que los medios informaran sobre las denuncias de corrupción que involucraban a funcionarios públicos. Tribunales de primera instancia usaron el Artículo 20 del Código Civil, en particular, para emitir órdenes judiciales en contra de la prensa. En septiembre, por ejemplo,  un empleado administrativo encargado de pagar sueldos que fuera acusado de malversar fondos públicos, convenció a un juez de prohibirle al matutino A Tribuna, con sede en la ciudad portuaria de Santos, cubrir las audiencias administrativas por estas acusaciones. El juez también ordenó el pago de una multa diaria de 50,000 reales (22,000 dólares estadounidenses) en caso de que el periódico no cumpliera con su orden. El Tribunal de Justicia del Estado de San Pablo, una corte de apelaciones, dejó sin efecto la prohibición provisoriamente mientras examinaba la orden del juez.

Los procesos penales y civiles  por difamación en contra de los medios se estiman en miles en los últimos cinco años, según informes de la prensa local. Empresarios, políticos y funcionarios públicos a menudo entablan múltiples juicios en contra de los medios y de los periodistas como una forma de presión, provocando su asfixia financiera financieros y forzándolos a frenar sus críticas. Como parte de la “industria de la compensación”, los demandantes persiguen sumas desproporcionadas en concepto de “daños morales y materiales”.

Según las encuestas realizadas por publicaciones legales y asociaciones de medios, los jueces a menudo admiten tales demandas en las cortes, y eventualmente se pronuncian en contra de la prensa. Tanto del código penal como la Ley de Prensa de 1967 –aprobada  durante un régimen militar– penalizan la difamación y la calumnia. La Ley de Prensa establece prisión de seis meses hasta tres años por calumnias, en tanto que el código penal establece una pena de tres meses a un año de prisión por difamación.

En una señal alentadora, un juez de un tribunal superior cuestionó la ley de prensa. Edson Vidigal, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el segundo más alto tribunal del Brasil, afirmó en varios discursos y entrevistas que recibieron amplia difusión, que la ley estaba “implícitamente revocada por la Constitución de 1988”. Vidigal, él mismo ex periodista, también declaró que el Artículo 20 del código civil es incompatible con las garantías constitucionales de libre expresión, y que la habilidad de los periodistas para cubrir las noticias se verá severamente restringida en la medida en que ambas leyes sigan en vigencia.

En agosto, el magistrado José Celso de Mello Filho del Supremo Tribunal Federal –el más alto de Brasil– emitió un fallo que fue recibido como un importante precedente para la libertad de prensa. Desestimando acusaciones de subversión en contra de tres periodistas de la revista Veja –que había publicado varios artículos críticos sobre el gobierno– Mello Filho escribió: “Debería tenerse en cuenta….cuando se busca la represión penal para las críticas periodísticas, como en este caso, que el estado no tiene ningún poder sobre las palabras, ideas y convicciones expresadas por profesionales de medios de comunicación”.

La concentración de la propiedad de los medios sigue generando preocupación, particularmente en el sector televisivo que está dominado por el grupo Organizações Globo, una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo y  líder nacional en ingresos por publicidad. En algunos de los mercados locales más grandes, el mismo grupo de medios controla diarios, la red de canales de cable y TV, emisoras de radio y portales de Internet.  Un número de políticos regionales son dueños de emisoras, especialmente en los estados nordestinos de Alogoas, Maranhão, y Ceará.

Durante el 2005, las organizaciones comunitarias de medios se quejaron de que ANATEL, la agencia reguladora de las telecomunicaciones, clausuró docenas de emisoras de radio comunitarias que operaban sin licencias para transmitir y les confiscó sus equipos. Varios miles de emisoras comunitarias actualmente en el aire, han solicitado formalmente licencias, pero el proceso de aprobación lleva varios años. En febrero, el gobierno estableció un grupo de funcionarios de varios ministerios encargados de buscar formas para que la obtención de licencias se volviese más expeditiva y de supervisar las operaciones de las emisoras de radio comunitarias.

En un acontecimiento positivo, varios hombres acusados de asesinar a periodistas en dos casos separados fueron enjuiciados. Seis hombres acusados en el 2002 por el asesinato del periodista de TV Globo Tim Lopes, fueron juzgados, condenados y sentenciados a más de 20 años de prisión. El séptimo y último acusado cuyo testimonio ayudó a condenar a otros seis hombres, fue sentenciado en octubre a nueve años y cuatro meses de prisión. Lopes fue golpeado por miembros de una banda del crimen organizado y brutalmente asesinado por el cabecilla del grupo mientras trabajaba en una nota de investigación sobre narcotraficantes supuestamente involucrados en la explotación sexual de menores en una favela de Río de Janeiro.

El  autor intelectual del crimen  fue condenado en el caso Lopes y fue sentenciado a 28 años de cárcel. Este datos es doblemente alentador ya que los autores intelectuales  resultan condenados en menos de un 15 por ciento de los casos por asesinato de periodistas en todo el mundo, según la investigación del CPJ.

En junio, dos hombres acusados de haber participado en el asesinato del periodista Domingo Sávio  Brandão Lima Júnior, en el 2002, fueron condenados a 15 y 17  años  de cárcel, respectivamente. En septiembre del 2002, sicarios asesinaron a Brandão, dueño y editor de Folha do Estado, matutino de Cuiabá en el estado de Mato Grosso.  João Arcanjo Ribeiro, identificado por fiscales federales y estatales como líder de la mafia de Mato Grosso, fue acusado de asesinar a Brandão en represalia por la crítica que su diario hiciera del crimen organizado y del juego clandestino. Arcanjo Ribeiro, encarcelado en Uruguay, espera la extradición.

COLOMBIA

En mayo, el CPJ identificó a Colombia como uno de los cinco países donde los periodistas corren más riesgos de ser asesinados, reputación alcanzada por la caída de 12 periodistas asesinados en cumplimiento de su labor informativa desde el 2000.En la última década, 28 periodistas en Colombia cayeron en cumplimiento de su labor.

Aun así, la violencia disminuyó por segundo año consecutivo, con un solo periodista caído en el 2005. El gobierno se adjudicó el mérito por esta reducción, pero muchos periodistas afirman que hoy una autocensura generalizada que ha reemplazado a la numerosa cifra de asesinatos. Una investigación realizada en octubre por el CPJ reveló que las amenazas, los ataques y la intimidación por parte de los actores del conflicto armado son constantes, provocando que la prensa se limite severamente en su cobertura de la guerra civil, los abusos a los derechos humanos, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Para el informe especial del CPJ, “Historias no contadas”, el periodista radicado en Bogotá, Chip Mitchell, entrevistó a más de treinta de periodistas durante viajes de trabajo a los departamentos más conflictivos como Arauca, Córdoba, y Caquetá. Editores, periodistas y otros profesionales de medios señalaron que están acostumbrados a autocensurarse por temor a represalias físicas de los grupos guerrilleros de izquierda, de los paramilitares de derecha, junto con el acoso de tropas y funcionarios gubernamentales. En otros casos, los periodistas de investigación son obligados a abandonar sus notas debido a intimidaciones. Más a menudo, las investigaciones ni siquiera se inician ya que la amenaza de violencia es generalizada. La autocensura es más extrema entre los medios regionales en las áreas provinciales, en donde la presencia del gobierno es débil y la protección del estado mínima.

Aunque el gobierno ejerce poco control formal sobre el contenido de las noticias, las autoridades colombianas, incluyendo a altos funcionarios del gobierno del Presidente Álvaro Uribe, a menudo persuaden a los medios para que se autocensuren. Los factores económicos también contribuyen a la autocensura. Periodistas en medios con escaso personal con frecuencia deben vender publicidad colocándose en una difícil posición al tener que informar sobre la gente que los ayuda a ganarse la vida. La mayoría de los periodistas colombianos que trabajan tiempo completo ganan menos de 800,000 pesos (350 dólares estadounidenses) al mes.

“Historias no contadas” fue lanzado el 29 de octubre en una conferencia del CPJ en Bogotá. Joel Simon, director adjunto del CPJ, moderó el debate de un panel auspiciado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Carlos Cortés, director ejecutivo de FLIP, y María Teresa Ronderos, presidente del grupo, participaron del panel. Cuatro periodistas citados en el informe realizaron detalladas presentaciones sobre los peligros y las implicancias de hacer periodismo en Colombia. Uno de los panelistas, Angel María León, proveniente de la provincia de Arauca –dominada por el conflicto–, sostuvo que las continuas amenazas de muerte habían obligado a la prensa local a viajar en caravanas armadas sólo para llegar a las conferencias de prensa.

Durante la misión del CPJ a Bogotá, Simon se reunió con el Vicepresidente Francisco Santos y con otros funcionarios del gobierno para analizar de qué modo puede el gobierno posibilitar que los periodistas locales cumplan con su labor sin temor. Los funcionarios del gobierno admitieron que grupos armados ilegales siguen amenazando a la prensa, pero destacaron los esfuerzos que ellos vienen realizando para brindar custodia a los periodistas en las zonas en conflicto. También indicaron que los esfuerzos por parte del gobierno por lograr la paz y luchar contra la insurgencia están creando un ambiente más seguro para todos los colombianos, incluyendo el periodismo.

Cuestiones vitales para los votantes colombianos, incluyendo el crimen y la corrupción, siguen sin recibir atención a medida que se acercan las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2006. En un informe divulgado en septiembre, Eduardo Bertoni, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó que “muchos periodistas se han visto obligados a recurrir a la autocensura sobre ciertos temas en determinadas regiones.” Basado en entrevistas realizadas en abril con periodistas, militantes de derechos humanos, y líderes comunitarios, el informe de la OEA –titulado “Impunidad, autocensura y conflicto interno armado: Análisis del estado de la libertad de expresión en Colombia”– vinculó la reciente baja en el número de  periodistas caídos en cumplimiento de su labor con el aumento de la autocensura en  medios locales.

Frank Smyth, representante y experto en seguridad del CPJ radicado en Washington, D.C., visitó en junio la provincia de Cauca, en el sudoeste de Colombia, para evaluar las condiciones de la prensa. Smyth, que viajó con una delegación de organizaciones para la libertad de prensa, se encontró con un reinante clima de temor  entre los periodistas provinciales.

Por momentos, la administración del Presidente Álvaro Uribe ha contribuido a que exista ese clima al acusar a los periodistas de tener vinculaciones con grupos guerrilleros. Durante una entrevista radial en junio, Uribe falsamente sugirió que el reportero Hollman Morris había tenido un dato anticipado sobre un ataque de la guerrilla a tropas del gobierno en la provincia sureña de Putumayo. Uribe posteriormente se retractó de sus dichos, pero Morris, quien trabajaba sobre un documental para la BBC, debió interrumpir su visita a Putumayo por temor a una represalia.

La impunidad sigue siendo la norma en Colombia. El sobrecargado sistema judicial fue incapaz de resolver los 28 casos de periodistas caídos en la última década. El CPJ informó  en mayo que la principal causa de muerte vinculada al cumplimiento de la labor periodística entre periodistas de todo el mundo es el asesinato, y que los asesinatos con impunidad son la amenaza más urgente para todos los periodistas.

Un veterano conductor radial de noticias fue asesinado en la ciudad de Cúcuta –al noreste del país– el 11 de enero. Julio Hernando Palacios Sánchez, cuyo programa en Radio Lermas hacía gran hincapié en la corrupción local, fue muerto a tiros por dos hombres no identificados a bordo de una motocicleta. Palacios ya había sobrevivido a un ataque nueve años antes, cuando sus atacantes le arrojaron una granada en su oficina que no logró explotar, informó The Associated Press. Nadie fue acusado por su muerte.

Ese tipo de impunidad pesa mucho en los medios noticiosos, especialmente en el interior  del país. Los reporteros locales le dijeron al CPJ que hay muchos temas que no se atreven a tocar.

De no ser por temor a las represalias, “Yo estaría investigando las vinculaciones de los políticos con los paramilitares y las guerrillas,  y el lavado de dinero por parte de ciertos individuos y de estos mismos grupos,” dijo Eliécer Quintero Cuellar, periodista del Diario de Huila en Caquetá. Y agregó Alfredo Martín Rodríguez de La Jota Estéreo en Valle del Cauca, “Algo que uno no se anima a tocar es el narcotráfico. La corrupción es, inclusive, más riesgosa.”

Una mínima presencia del estado en vastas áreas del país sigue dejando a los periodistas a merced de grupos armados ilegales. En octubre, un bloqueo armado por parte de las guerrillas izquierdistas –de casi un mes de duración en la provincia de Arauca, al noreste del país, dejó a periodistas confinados a la ciudad capital. Los medios no pudieron informar sobre serios acontecimientos durante el bloqueo, como el incendio de vehículos por parte de los rebeldes, o la voladura de puentes y torres de electricidad.

Los periodistas en Bogotá y otros grandes centros urbanos trabajan con mayor libertad que sus colegas en el interior del país, pero ellos también enfrentan presiones e intimidaciones. En mayo, se entregaron coronas fúnebres en las oficinas de tres periodistas conocidos a nivel nacional. Las coronas llegaron con tarjetas que invitaban a los periodistas a sus propios entierros. Uno de los tres, Daniel Coronell, también recibió mensajes por correo electrónico amenazando la vida de su hija de 6 años.

Coronell, que dirige un programa de noticias por la red de TV Canal Uno y escribe una columna para el semanario de noticias Semana, rastreó los mensajes a una computadora en la mansión de Bogotá de un ex congresista, Carlos Náder Simmonds, amigo cercano de Uribe. Náder posteriormente admitió haber enviado un mensaje de correo electrónico, pero adujo que había sido mal interpretado. Una investigación de la Fiscalía General arrojó poca luz al respecto.

Temiendo por la vida de su hija, Coronell aceptó una beca de un año en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y abandonó Colombia con su familia en agosto. Se tomó una licencia de su programa de TV pero siguió escribiendo su columna para Semana.  Le dijo a Mitchell del CPJ: “Las posibilidades de investigar se han deteriorado. Pero primero está la seguridad de mi hija.”

CUBA

Cuba siguió siendo uno de los países que encabeza el índice de encarcelamiento de periodistas, solamente en segundo lugar después de China. Dos periodistas fueron a prisión durante el año, uniéndose a otros 22 que fueran encarcelados luego de la masiva ola represiva contra la prensa independiente en marzo del 2003. En el segundo aniversario de esa notoria barrida, más de 100 prominentes escritores latinoamericanos incluyendo a Tomás Eloy Martínez, Sergio Ramírez, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Daniel Santero, y Antonio Caballero se adhirieron  al CPJ para la firma de una carta dirigida al Presidente Fidel Castro Ruz haciendo un llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de  los periodistas encarcelados.

El gobierno de Castro había puesto en libertad condicional a seis periodistas en el 2004 como un modo de poder recobrar vinculaciones diplomáticas con la Unión Europea. Pero sin un incentivo político en el 2005, su gobierno le dio libertad condicional solamente a un periodista, Mario Enrique Mayo Hernández; sometió a muchos otros a una dura persecución, y endureció el discurso retórico nuevamente. En un amenazador discurso en julio, Castro comparó las actividades de la oposición con “descarados actos de traición ”.

Muchos de los periodistas encarcelados permanecieron lejos de sus hogares, sobrecargando aún más el duro peso que soportan sus familias. Denunciaron condiciones sanitarias insalubres y atención médica inadecuada, y se quejaron de que se los alimentaba con comida podrida. A muchos de ellos se les permitieron visitas familiares una vez cada tres meses y las visitas maritales solamente una vez cada cuatro meses –un cronograma de visitas mucho menos frecuentes que el permitido a la mayoría de los reclusos. Parientes de éstos fueron acosados por hablar con la prensa extranjera, por protestar contra el encarcelamiento de los periodistas, y por reunir firmas para pedir su liberación.

Los periodistas que estaban enfermos antes de ser encarcelados  vieron cómo  su salud empeoró en la cárcel, algunos fueron transferidos al hospital en la prisión de Combinado del Este en La Habana o a las enfermerías de la prisión. Otros, como Víctor Rolando Arroyo y Adolfo Fernández Sainz, iniciaron huelgas de hambre para manifestarse en contra de pobrísimas condiciones. Debido a que las autoridades de la prisión restringieron el contacto con el exterior y se negaron a revelar información, las familias no pudieron monitorear la salud de los periodistas.

Pero castigar a los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión tuvo algunas consecuencias no buscadas por el gobierno cubano. Un número creciente de periodistas encarcelados logró contrabandear publicaciones fuera de la prisión y hacerlas llegar al extranjero, a sitios de la Web con sede en Miami tales como CubaNet  y Nueva Prensa Cubana. Y parientes de periodistas  y disidentes encarcelados se plegaron al creciente movimiento por la prensa independiente de Cuba, divulgando detalles sobre las condiciones en la prisión y revelando casos de malos tratos.

A dos periodistas en libertad condicional por razones médicas en el 2004 –Raúl Rivero y Manuel Vázquez Portal– se les permitió dejar la isla en el 2005. Rivero se estableció en Madrid, España, en donde escribió para Encuentro en la Red, sitio online, manejado por exiliados cubanos, y comenzó una columna en el matutino El Mundo. Vázquez Portal se estableció en Miami, en donde se convirtió en editor de CubaNet y comenzó con una columna en la edición en idioma español de The Miami Herald.  Otros dos periodistas en libertad condicional en el 2004, Oscar Espinosa Chepe y Jorge Olivera Castillo, continuaron trabajando como periodistas independientes en La Habana, a pesar de  advertencias de que podrían ser enviados de vuelta a prisión si no mantenían la “buena conducta”.

En mayo, las autoridades detuvieron y expulsaron a por lo menos cinco periodistas extranjeros –dos italianos y tres polacos– que viajaron a Cuba para cubrir una reunión  sin precedentes de activistas de la oposición. La reunión de dos días, el primer acontecimiento llevado a cabo por la oposición, fue organizada por la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC), un grupo “sombrilla” que aglutina a grupos de sociedades civiles y disidentes. El gobierno dijo que los periodistas fueron expulsados por violar la ley de inmigración cubana  al viajar con visas de turistas, y no  de trabajo. Pero el análisis del CPJ muestra que es poco probable que los periodistas hubiesen podido obtener visas de trabajo que les permitieran informar sobre actividades de la oposición. Según las reglamentaciones de  inmigración cubanas, los reporteros extranjeros deben solicitar visas de periodista a través de las embajadas cubanas en el exterior.  De acuerdo a las investigaciones del CPJ, funcionarios cubanos otorgan visas a periodistas extranjeros de modo selectivo, y luego habitualmente excluyen a los medios que se consideran poco amistosos.

La represión se intensificó a mitad de año después de que Castro realizara un discurso en julio advirtiendo que el gobierno no toleraría el disenso. Refiriéndose a una protesta de la oposición que fue recibida con fuerte represión policial Castro manifestó, “Esta vez la gente, más enojada que nunca con tales actos de descarada traición, intervino con fervor patriótico y no permitió que se moviera un solo mercenario. Y esto es lo que sucederá siempre que traidores y mercenarios vayan un milímetro más allá del punto  que nuestro pueblo revolucionario… esté dispuesto a aceptar.”

Oscar Mario González,   periodista que cubrió el congreso de APSC, fue una de las primeras víctimas de esta nueva represión. González, periodista para la agencia de noticias independiente Grupo de Trabajo Decoro, fue arrestado el 22 de julio y detenido sin previo juicio. Según Ana Leonor Díaz, directora de Grupo de Trabajo Decoro, un investigador de la policía le dijo a  parientes de González que el periodista sería procesado según la Ley 88 para la protección de la Independencia y la Economía Nacional de Cuba. La ley prevé hasta 20 años de prisión para cualquiera que cometa “actos que en connivencia con intereses imperialistas apunten a subvertir el orden interno de la nación y destruyan su sistema político, económico y social.”

Un segundo periodista que cubrió la reunión de la APSC, Albert Santiago Du Bouchet Hernández, fue encarcelado al mes siguiente. Du Bouchet Hernández, director de la agencia de noticias independiente Havana Press, fue arrestado el 6 de agosto, juzgado tres días más tarde y condenado a un año de prisión –todo sin que lo supiera su familia, que se enteró de su detención  solamente después de que el periodista contrabandeara una nota fuera de la prisión. Fue detenido mientras se hallaba en un viaje de trabajo en la ciudad de Artemisa, a 38 millas (60 kilómetros) de La Habana, y acusado de desacato ante el jefe de la policía local y resistirse al arresto. Su esposa, Bárbara Pérez Araya, dijo que las acusaciones fueron inventadas y que el periodista no tuvo acceso a un abogado antes o durante el juicio.

Comenzando en julio y continuando a lo largo del año, el gobierno organizó manifestaciones conocidas como “actos de repudio”. Partidarios del gobierno se congregaron fuera de los hogares de miembros de la oposición y de periodistas independientes, intimidaron a sus ocupantes, y les impidieron abandonar sus hogares o recibir visitantes. El 10 de octubre y durante lo siguientes tres días, docenas de partidarios del gobierno acosaron a un grupo de periodistas independientes que había lanzado una revista online, Consenso, en diciembre del 2004. Según una declaración de Consenso, la multitud impidió que los periodistas ingresaran a un edificio de La Habana para una reunión semanal, los insultaron y los acusaron  de ser “anti-cubanos y contrarrevolucionarios.”   Dos periodistas recibieron empujones y fueron detenidos por la policía durante dos horas.

Además de la confrontación directa, las autoridades  orquestaron una campaña de intimidación de baja intensidad. En febrero, por ejemplo, funcionarios de la seguridad de estado, citaron para comparecer en una estación de policía de  La Habana al periodista Iván García Quintero, donde fue interrogado por dos horas y amenazado con ser encarcelado por subversión. García continuó escribiendo a pesar de los riesgos.

HAITI

En medio del desorden civil, el tumulto político y  una espiral de violencia, el país más pobre del hemisferio occidental continuó siendo un lugar muy peligroso para los periodistas. La caída del ex Presidente Jean Bertrand Aristide en el 2004 creó un vacío político que pandillas callejeras, narcotraficantes, policía corrupta, ex soldados del ejército desbandado, y partidarios del líder depuesto  buscaron violentamente llenar.  Los periodistas se encontraron siendo el blanco de ataques provenientes de varias direcciones.

Una inseguridad en aumento fue la señal más notable de que el gobierno de transición conducido por el Primer Ministro Gérard Latortue había fracasado en el  logro de mantener una firme autoridad. Como  líderes interinos del país, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), con 7,500 tropas, recibió varias críticas por hacer muy poco para contener los frecuentes secuestros y asesinatos.

La ausencia de un control de estado efectivo puso en peligro a los periodistas que cubrían el tumulto. Robenson Laraque, reportero para la emisora de radio privada Tele Contact en la ciudad de Petit-Goâve, fue herido de gravedad durante un enfrentamiento entre pacifistas de la ONU y ex soldados  el 20 de marzo. Laraque estaba cubriendo el enfrentamiento armado desde el balcón de las oficinas de Tele Contact cuando fue sorprendido por dos disparos, en la cabeza y el cuello. Trasladado a un hospital de Cuba, murió dos semanas más tarde.

Varios testigos reportaron que pareció que  los disparos habían sido realizados por los pacifistas de la ONU, según le dijo al CPJ Wilner Saint-Preux, periodista de Tele-Contact. Testigos  también reportaron que Laraque sostenía un micrófono cuando recibió los disparos, dijo Fritz Ariel Nelson, directivo de Tele Contact.  David Beer, Comisionado por la policía civil de la ONU al momento del tiroteo, dijo que funcionarios de la ONU  estaban investigando el enfrentamiento y harían públicos sus hallazgos.  El Coronel El Ouani Boulbars, vocero de las fuerzas de la ONU en Haití, le dijo al CPJ a fines de octubre que la investigación continuaba.

Los periodistas en la capital, Port-au-Prince, limitaron severamente sus movimientos en respuesta a una ola de asesinatos, secuestros, violaciones y delitos vinculados a las pandillas. La gente fue secuestrada a plena luz de día y los enfrentamientos armados vaciaron las calles céntricas de la ciudad.  Grupos de derechos humanos y organizaciones de noticias reportaron en el otoño que más de 1000 personas habían sido asesinadas durante los tumultos en las calles de Port-au-Prince en los 12 meses anteriores. Más de una docena de periodistas  de Port-au-Prince partió al exilio.

Esta desgracia se reflejó en la matanza de Jacques Roche en julio del 2005, un muy conocido poeta y redactor cultural del matutino radicado en Port-au-Prince, Le Matin. Roche fue secuestrado y asesinado, su cadáver maniatado, con el cuerpo atravesado por disparos de bala, fue encontrado en un barrio pobre de Port-au-Prince. El St. Petersburg Times reportó que los secuestradores que atraparon a Roche vendieron al periodista a una pandilla que lo quería muerto por simpatizar con un grupo opositor a Aristide.

De acuerdo a Franck Séguy, un colega de Le Matin, existen amplias especulaciones en el sentido que Roche pudo haber sido asesinado debido a que conducía un programa televisivo para el Grupo 184, una coalición de asociaciones civiles que se oponía a Aristide.

El juez Jean Peres Paul, que está a cargo de la investigación, le dijo al CPJ que se había identificado a tres sospechosos y que se habían presentado cargos preliminares. Dijo que no podía comentar sobre las posibles razones. El CPJ continúa con sus propias investigaciones.

La inseguridad y la corrupción dejaron al sistema judicial en aún peores condiciones. Casi no se reportó avance en la agitada investigación del gobierno  por el asesinato de Jean-Léopold Dominique en el 2000, dueño y director de Radio Haïti Inter y uno de los periodistas más reconocidos del país. En marzo, el Ministro de Justicia Bernard Gousse, nombró a un nuevo juez examinador para que condujera la tercera investigación del gobierno por el asesinato. La designación del Juez Peres Paul vino nueve meses después de que una corte de apelaciones ordenara que se reanudaran las actuaciones que habían estado detenidas casi un año.

El caso Dominique estuvo repleto de problemas. El primer juez examinador, Claudy Gassant, huyó de Haití en el 2002 después de ser amenazado. El próximo juez, Bernard Saint-Vil, envío una escrito condenatorio de 33 páginas a los fiscales acusando a los presuntos miembros de una banda Dymsley Millien, Jeudi-Jean Daniel, Philippe Markington, Ralph Léger, Ralph Joseph, y Freud Junior Desmarattes del asesinato. Sin embargo, los cargos contra tres de los acusados fueron desestimados, y los otros lograron huir de la custodia. La esposa de Dominique, Michèle Montas, dijo que la investigación tuvo fallas y que las autoridades “no lograron acusar a los autores intelectuales que se hallan detrás del asesinato.”  Informes de noticias en marzo dijeron que faltaban documentos en el caso Dominique, pero Gousse negó la existencia de tales informes y dijo que los archivos estaban intactos.

La prensa haitiana está profundamente polarizada, y se cree que muchos periodistas mantienen vinculaciones con facciones políticas. Los periodistas que simpatizan con Aristide y con el partido político Lavalas criticaron ásperamente a las autoridades haitianas por no lograr desbaratar la supuesta corrupción y las violaciones contra los derechos humanos por parte de la policía, acusando al gobierno interino de lanzar una campaña que apuntaba a intimidar a los medios independientes.

Funcionarios oficiales, a su vez, criticaron a varias emisoras privadas de radio por ofrecer espacio al aire a pandillas pro-Aristide, llamadas chimères, que dominan los barrios pobres de Port-au-Prince tales como Cité Soleil y Bel Air. Y partidarios de Aristide acusaron al gobierno interino de encarcelar a cientos de militantes de Lavalas sin cargos formales.

El 20 de julio, el Consejo de Ministros de Haití, instruyó a los ministros de justicia, cultura, obras públicas, transporte y comunicaciones para que “tomen medidas apropiadas”en contra de los periodistas y de los medios que  dan espacio para que los residentes de los barrios pobres difundan “discursos llenos de odio”, informaron los medios locales. El 5 de agosto, más de 10 emisoras de radio con sede en Port-au-Prince suspendieron la transmisión de noticias como forma de protesta.

Guyler Delva, secretario general de la Asociación de Periodistas Haitianos, dijo que la directiva era “arbitraria” y manifestó que se trataba de un intento para asfixiar a la prensa. El gobierno interino finalmente no impuso sanción alguna contra los medios noticiosos.

Los periodistas haitianos hicieron escuchar su preocupación de que las elecciones presidenciales y legislativas, programadas para el 2006, poco harían para llevar estabilidad al país. Dicen que elecciones verdaderamente libres no pueden llevarse a cabo en un clima de temor.

En septiembre,  periodistas y ejecutivos de medios que representan a varios medios privados crearon un nuevo grupo de prensa llamado Asociación de Medios Independientes de Haití. El grupo incluye a periodistas de Radio Mélodie FM, Radio/Teleginen, Radio Solidarité, Télémax, Tropic FM, Chaine 11, Megastar, Haití en Marche, y Agence Haïtienne de Presse. Se espera que el grupo monitoree la libertad de prensa y otras cuestiones periodísticas. Una segunda organización, llamada SOS Journalistes, se formó para proteger y defender a la prensa haitiana. Sus líderes incluyen a Delva, un reportero de Reuters y defensor por muchos años de la prensa.

MÉXICO

Los periodistas que trabajan a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos estuvieron sitiados por  delincuentes organizados que apuntaban a ellos por su labor informativa referida al narcotráfico. Una reportera cayó en cumplimiento de su labor informativa y otra desapareció, convirtiendo a la región del norte de México en una de las más peligrosas para los periodistas de América Latina. Al tener que enfrentar intimidaciones y ataques, los periodistas de los estados norteños  reportaron la existencia de más autocensura.

Guadalupe García Escamilla, periodista especializada en el crimen que trabajaba para Stereo 91 XHNOE en Nuevo Laredo, murió el 16 de abril a causa de las heridas que sufriera durante un tiroteo frente a su emisora radial. Alfredo Jiménez Mota, reportero especializado en el delito que trabajaba para el matutino con sede en Hermosillo llamado El Imparcial, ha estado desaparecido desde el 2 de abril y se teme que esté muerto. El CPJ también está investigando el asesinato en abril de Raúl Giba Guerrero, dueño y director de La Opinión, matutino del estado oriental de Veracruz, para determinar si su  muerte se vinculó directamente con su labor periodística.

Como resultado de estos fatales ataques, el Presidente mexicano Vicente Fox se reunió con una delegación del CPJ en las oficinas centrales de la organización el 15 de septiembre. En respuesta a la violencia, Fox anunció que le pediría al Procurador General de México que designara a un fiscal especial para que investigue los crímenes en contra de la libertad de expresión. Fox también prometió  contemplar la posibilidad de crear un panel nacional de expertos para evaluar cómo las autoridades federales pueden combatir los delitos contra la prensa.

Antes de reunirse con Fox, el CPJ envió a la oficina del presidente una propuesta instando a que hubiese una mayor y más permanente participación por parte de las autoridades federales en las investigaciones en torno a los crímenes contra la libertad de expresión. La protección de la libertad de expresión es especialmente urgente, dijeron los representantes del CPJ, a la luz de las elecciones presidenciales de julio del 2006. Fox, cuyo mandato finaliza en el 2006, dijo que reconocía el problema de la violencia contra los periodistas que trabajan en la frontera  y se comprometió a que su gobierno defendería a los reporteros.

La reunión con el presidente mexicano culminó con meses de intensa defensa y muchas investigaciones por parte del CPJ.  Cuatro periodistas mexicanos cayeron en directa represalia por su labor informativa durante los últimos cinco años, y el CPJ  investiga actualmente las muertes de otros cinco reporteros durante el mismo período para decidir si esos asesinatos estuvieron o no  vinculados con su labor periodística. Autoridades estatales y locales, normalmente responsables de investigar los asesinatos, han fracasado, una y otra vez, en resolver los crímenes en contra de la prensa, reveló el CPJ.

La investigación del CPJ demuestra que autoridades estatales y locales tienen mayor propensión a involucrarse en casos de corrupción; a contar con menos recursos, y a estar sujetas a menos responsabilidad. Sus fracasos en las investigaciones, a su vez, han creado un clima de impunidad que deja a los medios expuestos a continuos ataques.

Preocupados por el ritmo lento de las investigaciones, representantes del CPJ viajaron a Ciudad de México en junio para reunirse con José Luis Vasconcelos, máximo fiscal en la división de crimen organizado de la fiscalía federal. Autoridades federales habían recientemente entrado en escena para hacerse cargo de tres investigaciones por asesinatos, entre ellas el crimen del editor de Tijuana, Francisco Ortiz Franco.

Vasconcelos le relató al CPJ que el cartel Arellano Félix se hallaba detrás de la muerte de Ortiz Franco, un editor que trabajaba para el semanario amarillista Zeta. Las autoridades federales, dijo, rondaron un número superior a los 100 efectivos como parte de un amplio operativo de represión contra la banda. Vasconcelos observó que uno de los que se sospechaba había participado en el tiroteo, Jorge Eduardo Ronquillo Delgado (conocido como “El Niño”), fue ejecutado por camaradas del cartel Arellano Félix en octubre del 2004.

Específicamente, dijo  Vasconcelos, fueron dos los  autores intelectuales: Arturo Villarreal Albarrán( conocido como “El Nalgón”) y Jorge Briceño (conocido como “El Cholo”).  Las autoridades tenían órdenes para su arresto por cargos como narcotraficantes, comentó.

El gobierno federal tomó otras medidas en respuesta  a la violencia. En Julio, la fiscalía general  abrió una línea telefónica directa para los periodistas que han sido amenazados o intimidados. Esta línea directa, que recibió docenas de llamados en sus semanas iniciales, solicitaba que se dejaran pistas para la investigación,  y brindaba asesoramiento sobre cómo responder a las amenazas.

Empezando en agosto, la oficina del fiscal general designó a sus propios representantes en varios estados incluyendo la Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, y Oaxaca– para que investiguen las agresiones y amenazas contra periodistas.

Los periodistas en Ciudad de México siguieron informando en libertad sobre el crimen y la corrupción política. Pero a medida que se intensificó la guerra entre los poderosos carteles de México en el norte, algunos periódicos locales pusieron un alto a sus investigaciones sobre el crimen organizado como un modo de evitar el peligro. Un diario del norte del país, El Mañana de Nuevo Laredo, decidió restringir su cobertura informativa después de que su jefe de redacción Roberto Javier Mora García muriera apuñalado  en marzo del 2004. Heriberto Cantú, director de noticias, dijo que la información que brinda el periódico ahora excluye el contexto y el análisis de cuestiones delicadas.

Después de la desaparición del periodista Jiménez en el estado nordestino de Sonora,  El Imparcial anunció que no investigaría más ni el narcotráfico ni el crimen organizado.

Jorge Morales, máximo editor de El Imparcial, dijo que la decisión llegó después de una reunión  con los reporteros del periódico. “No hay garantías para los periodistas que informan sobre  cuestiones vinculadas al crimen y a las drogas,” le dijo Morales al CPJ. “Decidimos detener nuestras propias investigaciones después de que desapareciera Alfredo. Es un trabajo muy peligroso.”

PANAMÁ

Panamá tomó medidas para mejorar la libertad de expresión, al eliminar una cantidad de  barreras disuasivas muy generalizadas para usar en contra de las críticas a funcionarios públicos, y derogar leyes que les otorgaban a las autoridades amplios poderes para ejercer la censura. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley con una amplia gama de reformas en mayo, y fue firmada por el Presidente Martín Torrijos dos meses después.

Los periodistas panameños dijeron que los cambios eran alentadores en virtud de la historia de acoso institucionalizado a la prensa que existía en ese país. Sin embargo también observaron que algunos de los cambios fueron cosméticos dado que eliminaban algunas cláusulas que ya habían caído en desuso. Los estatutos sobre difamación penal permanecen en los libros, dijeron, y plantean una seria amenaza que aún persiste para los periodistas.

La medida del 2005 no derogó muchas de las infames “leyes mordaza”, el conjunto de estatutos y decretos restrictivos sancionados bajo el gobierno militar a fines de la década del ’60 y habitualmente usadas por las autoridades panameñas para reprimir opiniones en disenso y procesar a quienes hacían críticas mediante la información que brindaban.

La nueva ley prohíbe explícitamente que funcionarios oficiales impongan sanciones penales o monetarias en contra de periodistas u otras personas que supuestamente les “faltan el respeto”.  Estas cláusulas de desacato se habían esparcido por todos los códigos penales y administrativos de Panamá, protegiendo a presidente, legisladores, jueces, fiscales, gobernadores, alcaldes y clérigos.

La nueva medida derogó la Ley 11, adoptada en 1978 por el régimen militar del General Omar Torrijos. La Ley 11 habilitaba a que la junta de censura del gobierno bloqueara la publicación de lo que consideraba una noticia “falsa”  o un hecho “falso”.  El arcaico decreto 251, un resabio de la dictadura militar sancionado en 1969, también fue desechado. Según el Decreto 251, una junta de censura podía bloquear materiales “que debilitan la textura moral de los medios, deformando el concepto de los valores humanos, morales y familiares.” Las leyes que otorgaban al gobierno la autoridad para licenciar a periodistas fue también suprimida  de los libros.

Aunque muchas cláusulas de peso fueron levantadas, la medida del 2005 impuso un nuevo requisito restrictivo a la prensa. La ley establece que, “Todos los individuos que se sienten ofendidos por una publicación o transmisión en los medios tienen derecho a publicar o transmitir en esos medios las aclaraciones o réplicas que consideren necesarias.” Las “aclaraciones o réplicas” deben publicarse o transmitirse en el mismo día y con la misma importancia, según reza la medida. La ley no expresa explícitamente que las aclaraciones deban basarse en hechos.

La nueva ley tampoco protege a los periodistas contra sanciones penales. El Código Penal de Panamá todavía incluye cláusulas sobre difamación penal que  permiten  condenas de hasta dos años de prisión. Cualquier periodista que “difunda noticias falsas, exageradas o engañosas, o que propague rumores” que pongan en peligro la economía nacional podrá ser encarcelado por un período de hasta tres años; la condena puede duplicarse si la noticia conduce a la devaluación de la moneda nacional. Algunos periodistas y defensores de la libertad de prensa también expresaron su preocupación por el hecho de que los Artículos 307 y 308 del Código Penal aún contienen un lenguaje similar al de las anteriores cláusulas por desacato.

Un insigne recuerdo de las consecuencias que enfrentaban los periodistas reapareció en julio cuando el Juez de la Corte Suprema, Winston Spadafora, inició un proceso penal por difamación en contra de Jean Marcel Chéry, reportero del matutino radicado en la ciudad de Panamá llamado La Prensa. Chéry escribió ese mismo mes que una orden de la Corte Suprema efectivamente cancelaba la deuda de US$2 millones de dólares que mantenía Spadafora con una oficina del canal gubernamental conocida como Autoridad Regional Interoceánica.

En un caso separado, Spadafora presentó una demanda civil que exigía a EPASA el pago de US$2 millones de dólares por daños y perjuicios aduciendo que la editorial que publica  el matutino de la ciudad de Panamá,  El Panamá América, en un informe del 2001 lo había supuestamente “insultado” siendo él ministro de gobierno y justicia. El juicio también se refirió a los autores de la nota –Gustavo Aparicio y Chéry, que reportaba para El Panamá América en ese momento. Además, Spadafora pidió que se embargara el salario de Chéry por un monto de US$18,753.

El artículo decía que el dinero público se usó para construir una carretera que conducía a una propiedad privada de la cual era dueño Spadafora y el Contralor Alvin Weeden. Aparicio y Chéry fueron inicialmente condenados a un año de prisión en el 2004, pero en agosto de ese año la saliente presidente Mireya Moscoso los indultó, junto a otros 85 periodistas panameños que entonces enfrentaban procesos penales por difamación.

PERÚ

Los ataques y amenazas en contra de la prensa, particularmente en el interior de Perú, siguieron manteniendo la tendencia creciente y amenazante que empezó  en el 2004. Después de reducirse en frecuencia y severidad tras la huida del Presidente Alberto Fujimori de su  cargo en el 2000, se informó sobre periódicos ataques a reporteros en el 2005. La organización para la defensa de la libertad de prensa con sede en Lima, Instituto Prensa y Sociedad, considerada una fuente local con autoridad,  documentó 19 ataques en los primeros nueve meses del 2005 solamente. El análisis del CPJ halló que la mayoría de los mismos fueron llevados a cabo por grupos de campesinos y trabajadores, manifestantes, guardias de seguridad, empresarios y parientes de funcionarios oficiales cuyas acciones habían sido expuestas bajo la lupa de la prensa. La amenaza fue básicamente distinta de los ataques patrocinados por el gobierno que marcaron la era Fujimori.

Las autoridades de dos regiones diferentes se movilizaron para procesar a los alcaldes locales acusados de conspirar en los asesinatos de periodistas en el 2004. En diciembre, el alcalde de Yungay, Amaro León y dos cómplices fueron condenados por la muerte en el 2004 de Antonio de la Torre Echeandia, conductor radial que había criticado al alcalde por supuesta corrupción. Un juez en la región norteña de Ancash sentenció a los acusados a 17 años de prisión.

También en noviembre, una corte de apelaciones halló evidencia suficiente para juzgar al alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, acusado de haber ordenado en abril del 2004 el procesamiento del conductor de radio Alberto Rivera Fernández. Activista político y presidente de la asociación de periodistas locales en la ciudad al este de la región de Ucayali, Rivera había acusado al alcalde de estar involucrado en el narcotráfico. Otros seis hombres seguían detenidos a la espera de una condena;  dos de los procesados habrían implicado a Valdez como autor intelectual del crimen.

Aunque los periodistas en Perú pueden trabajar en libertad,  sin restricciones impuestas por el gobierno, un número de reporteros fue blanco de procesos penales por difamación iniciados para castigarlos y silenciarlos. En los últimos años, el CPJ pudo documentar un patrón mediante el cual funcionarios de gobierno y empresarios iniciaron este tipo de procesos penales. Entre ellos está un conocido empresario que inició al menos tres procesos penales por difamación; un  congresista del partido gobernante que entabló una querella semejante, y un influyente funcionario de gobierno que respondió a informes publicados sobre corrupción en el gobierno amenazando con entablar demandas e iniciar investigaciones sobre periodistas.

En mayo del 2005, el Juez Alfredo Catacora Acevedo falló que la periodista independiente británica Sally Bowen era culpable en un proceso por  difamación penal y ordenó que ella y  su editor le pagaran la suma de 10,000 soles peruanos (US$3,000 dólares) al empresario Fernando Cevallos. Catacora también condenó a Bowen a un año en libertad condicional y restringió sus movimientos tanto dentro como fuera del país. Organizaciones internacionales y locales a favor de la libertad de prensa, incluyendo al CPJ,  se manifestaron en contra de la sentencia y denunciaron el escalofriante mensaje que esto le transmitía a todos los periodistas peruanos..

En junio, luego de encontrar numerosas irregularidades en el manejo que hiciera Catacora del juicio, una corte de apelaciones revocó la condena de Bowen y ordenó un nuevo juicio ante otro juez.

En su demanda penal, Cevallos dijo que Bowen, que vive en Lima, la ciudad capital, donde ha estado durante los últimos 16 años, y su coautora Jane Holligan habían dañado de modo irreparable la imagen de él en el libro, “El espía imperfecto: Las muchas vidas de Vladimiro Montesinos.” El proceso penal seguía pendiente en contra de Holligan, que vive en Escocia.

El juicio de Cevallos giró en torno a una única condena en el libro de 493 páginas, que detalla las actividades del ahora encarcelado y anterior jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. El libro cita a un informante en prisión de la Agencia para el Control de Drogas de los EEUU que dijo que Cevallos era un narcotraficante con estrechos vínculos con Montesinos.

Catacora, al arribar a su ahora extinto veredicto, dijo que Cevallos nunca había sido condenado por un delito. Zevallos, fundador de la ex línea aérea AeroContinente, negó las acusaciones por narcotráfico, aunque los cargos oficiales lo han perseguido por años. La causa por  narcotráfico  en su contra seguía pendiente de una decisión en Perú a fines del 2005: El gobierno de los EEUU lo ha llamado “un importante traficante de drogas extranjero” e impidió que empresas o individuos norteamericanos tuvieran negocios con él.

En mayo, el senador de los EEUU por el estado de la Florida,  Bill Nelson, le pidió al Presidente peruano Alejandro Toledo que abriera una nueva investigación por el asesinato en 1989 del reportero Todd Carper que trabajaba para el Tampa Tribune. El pedido de Nelson fue impulsado por información que apareció a fines del 2004, en la que se incluía  un informe de diciembre del 2004 por The Associated Press que citaba una transcripción del juicio secreto a un miembro del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso  condenado por el asesinato en 1993. La agencia AP, citando la transcripción, divulgó que un informe de inteligencia policial había identificado a Zevallos como el supuesto autor intelectual del asesinato.

Según informes locales, los narcotraficantes  confundieron a Smith con un agente norteamericano de la organización para el control de drogas y contrataron a Sendero Luminoso para que lo secuestre y lo ejecute. Smith estaba en Perú de vacaciones y también por trabajo para escribir sobre los grupos guerrillero maoístas. A pesar del pedido de Nelson, ninguna nueva investigación se reinició inmediatamente.

ESTADOS UNIDOS

Una investigación sobre información filtrada a la prensa acerca de la identidad de una agente de la CIA salió a la luz al tiempo que un reportero  se vio obligado a testificar sobre su fuente confidencial, otro fue encarcelado por 85 días antes de que pudiera dar testimonio, y un alto funcionario de la Casa Blanca fue condenado por cargos federales de perjurio, falso testimonio y obstrucción de la justicia. La confidencialidad de las fuentes fue blanco de ataques en un número de otros casos en EEUU, asimismo. En New Orleans, las autoridades restringieron el acceso de los medios y hostigaron a periodistas en varios incidentes durante las desastrosas consecuencias del Huracán Katrina. Y en Washington, D.C,  auditores federales  concluyeron que el gobierno de Bush había violado la ley al difundir “propaganda encubierta”.

La periodista del New York Times, Judith Miller, fue encarcelada por negarse a revelar información sobre una fuente confidencial ante el gran jurado federal que investigaba la filtración de información a la prensa que se produjera en el 2003 sobre la identidad de la agente operativa de la CIA, Valerie Wilson. (Wilson fue inicialmente identificada como Valerie Plane, por su apellido de soltera, en una columna de julio del 2003 escrita por Robert Novak, columnista progubernamental). Matthew Cooper, de la revista Time, que fue llamado a comparecer y estuvo al borde del encarcelamiento, testificó en julio después de que dijera que había llegado  a un acuerdo que lo exoneraba con su fuente, el Jefe de Gabinete del Vice-Presidente, I. Lewis “Scooter” Libby.

Miller acordó testificar en septiembre en condiciones restringidas luego de recibir lo que ella describió como una exoneración voluntaria y personal de la misma fuente.  El gran jurado condenó a Libby un mes después por supuestas mentiras sobre el papel que jugó en la filtración de información a la prensa. No fue acusado directamente de identificar a la agente de la CIA, en cambio, el gobierno adujo que Libby le  mintió a los investigadores y al gran jurado sobre lo que le había dicho a los periodistas y cómo se había enterado sobre la identidad de la funcionaria de la CIA. Karl Rove, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, siguió siendo investigado. El fiscal especial, Patrick Fitzgerald, convocó a un nuevo gran jurado en noviembre, poco después de que el reportero del Washington Post, Bob Woodward, reconociera ante los investigadores en un testimonio bajo juramento que había recibido la información sobre la esposa de Wilson en junio del 2003.

Miller,  Cooper y otros periodistas podrían ser llamados como testigos si el caso en contra de Libby u otro procesado llegase a juicio.

El CPJ denunció el encarcelamiento de Miller, diciendo que había enviado un mensaje equivocado al mundo. Los regímenes de Venezuela, Camerún, Nepal y Egipto citaron este encarcelamiento para justificar medidas represivas en sus propias naciones. Legisladores de la Cámara Baja y del Senado de los EEUU presentaron proyectos de ley para establecer una ley federal “escudo”  con el fin de proteger a los periodistas de tener que revelar sus fuentes confidenciales. Pero las medidas, que se hacen eco de leyes que ya aparecen en los libros de más de 30 estados, no avanzaron hasta su sanción durante el año. Miller, ella misma,  se convirtió en el foco de una controversia cuando otros periodistas y sus propios colegas cuestionaron cuánto había revelado a sus editores a medida  que el caso avanzaba. Miller defendió sus acciones pero renunció a su puesto en The Times en noviembre.

Miller no fue la única periodista que estuvo en prisión en el 2005. Jim Taricani, reportero de investigación de la emisora WJAR-TV –propiedad del canal NBC, en Providence, R.I., fue liberado en abril luego de cumplir un arresto domiciliario por negarse a identificar a la persona que le dio una cinta de la vigilancia del FBI. Un juez federal le impuso una condena a cumplir en su domicilio, en vez del encarcelamiento, debido a la salud cardíaca de Taricani.

El año terminó con dos importantes notas que se armaron en torno a las fuentes gubernamentales. En noviembre, The Post informó que la CIA operaba prisiones secretas en países extranjeros. Al mes siguiente, The Times expuso un programa secreto del gobierno para realizar escuchas telefónicas y espiar mensajes de correo electrónico sin garantías. La revelación sobre las prisiones produjo una conmoción mundial, y la divulgación de las escuchas por parte del gobierno produjo una violenta protesta del Congreso.  Al mismo tiempo, las fuentes confidenciales  mismas quedaron bajo la lupa del gobierno, haciendo surgir la posibilidad de nuevos enfrentamientos por cuestiones referidas a la libertad de prensa. El Departamento de Justicia inició una investigación penal sobre las fuentes con motivo de la noticia de las escuchas telefónicas; la CIA solicitó al departamento, a su vez, que indagara el tema de las prisiones.

En un caso civil de muy alto perfil, los jueces siguieron exigiendo que periodistas revelaran sus fuentes confidenciales. En noviembre, un juez federal acusó de rebeldía ante un tribunal al reportero del Washington Post, Walter Pincus, por negarse a dar  el nombre de sus fuentes en un juicio entablado al gobierno por Wen Ho Lee. El ex científico nuclear de los EEUU, quien fuera sospechado pero luego liberado de sus cargos de espionaje, aduce en su juicio que funcionarios del gobierno filtraron ilegalmente sus expedientes personales a la prensa. Ese mismo mes, un tribunal de apelaciones se negó a considerar una apelación de otros cuatro periodistas que anteriormente habían sido detenidos por rebelarse ante el tribunal en el mismo caso.

Después  de que el Huracán Katrina se abatiera contra New Orleans y los estados del Golfo el 29 de agosto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias instó a las organizaciones de noticias para que no tomaran fotografías de los cadáveres. Numerosos cuerpos fueron dejados en lugares públicos durante días después del huracán en medio del operativo de rescate del gobierno que fueron ampliamente criticados por su lentitud e inoperancia. The Washington Post  reportó que al menos en una instancia autoridades estatales se habían hecho eco de la exigencia de que no se tomara fotografías de los muertos.

La policía de New Orleáns adoptó una  posición agresiva en varios casos que se reportaron. El 1º de septiembre, la policía de la ciudad le arrancó la cámara del cuello a Lucas Oleniuk del Toronto Star y le quitó a la máquina las tarjetas de memoria, robándole al fotógrafo más de 350 imágenes. Las imágenes confiscadas incluían a “funcionarios dándole una feroz paliza a dos sospechosos,” reportó The Toronto Star. Ese mismo día, Gordon Russell del Times Picayune, con sede en New Orleáns, escribió que él y otro fotógrafo fueron lanzados con fuerza contra una pared  y su equipo arrojado al piso por la policía. El 7 de septiembre, el conductor para NBC News, Brian Williams,  informó que se le había ordenado a  él y a su equipo que dejaran de filmar a una unidad de la Guardia Nacional que vigilaba una tienda del centro de la ciudad. “Busqué dentro de mí alguna justificación por la cual no pueda estar informando en una ciudad norteamericana en  calma y fuertemente custodiada, pero no la encuentro,” le dijo Williams al Washington Post.

El 8 de octubre, un oficial de la policía de New Orleáns fue captado por una filmación cuando hostigaba a un productor del programa Associated Press Television News cuyo equipo estaba filmando a otros dos oficiales que golpeaban a un hombre sospechado de producir una intoxicación pública. Dos de estos oficiales fueron despedidos de sus trabajos y el otro fue suspendido.

En Washington, los auditores federales concluyeron que la administración del Presidente George W. Bush difundía “propaganda encubierta”, al violar así una ley de los EEUU, comprando una cobertura favorable de noticias domésticas sobre políticas educativas nacionales. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental  (GAO) halló que el gobierno realizó pagos secretos al comentarista Armstrong Williams para promover los temas educativos del gobierno. El gobierno también usó fondos públicos para contratar a una empresa de relaciones públicas para que analice  las percepciones de los medios en relación con el Partido Republicano, informó la GAO. El caso fue derivado a los fiscales federales para una segunda revisión.  A fines de noviembre, el periódico Los Angeles Times reportó que el ejército de los EEUU  realizó un pago secreto a periódicos iraquíes para que publicaran notas que  mostraran  las condiciones en Irak de un modo favorable sin revelar que los artículos habían sido escritos por oficiales “de operaciones de información “ del ejército. Los artículos fueron ubicados en los diarios de Bagdad a través de una firma privada, con sede en Washington, D.C. Líderes del Senado le exigieron explicaciones al Senado.

Otra investigación se centró en la influencia política sobre los medios noticiosos. KennethY. Tomlinson, ex presidente de la Corporation for Public Broadcasting (Corporación para la Transmisión Pública o CPB), renunció al directorio en octubre después de una investigación hecha por el inspector general de la agencia. Los investigadores hallaron que Tomlinson había maniobrado para que un “talk show” –orientado al conservadurismo– se transmitiese por la televisión pública y había usado “pruebas políticas” para contratar al ex presidente nacional republicano como nuevo presidente de la agencia. La CPB, una organización sin fines de lucro financiadamente federalmente, brinda $400 millones al año para la televisión y radio estatal, por ley, y debe estar libre de toda influencia política. Tomlinson refutó lo que se había encontrado, diciendo que él buscaba darle equilibrio a las transmisiones públicas.

El The Guardian de Londres reportó en septiembre que miembros del ejército norteamericano a cargo de interrogatorios supuestamente habían intentado contratar a un periodista detenido como espía. Estos miembros del ejército presuntamente le dijeron a un periodista del Al-Jazeera, con sede en Qatar, que sería liberado si acordaba informar a las autoridades de inteligencia de los EEUU sobre las actividades de la red de noticias satelital.

El CPJ se entrevistó con oficiales del ejército y con el abogado del periodista, y revisó las cartas que supuestamente había enviado el reportero. El periodista, Sami Muhyideen al-Haj, asistente de camarógrafos para Al-Jazeera, fue arrestado por autoridades paquistaníes en la frontera entre Afganistán y Pakistán mientras trabajaba, en diciembre del 2001. Fue posteriormente transferido a las instalaciones militares de EEUU en la Bahía de Guantánamo, donde fue detenido y acusado por considerarse que era “un combatiente del enemigo”, según los dichos de su abogado, Clive Stafford Smith.

Chris Loundermon, Comandante de la Marina de los EEUU, se negó a responder  este alegato o a confirmar la detención de al-Haj. Loundermon, vocero del Comando Sur de los EEUU, que administra las instalaciones militares de Guantánamo, dijo que el tema involucraba información de inteligencia confidencial.

En Irak, el CPJ documentó siete casos en los cuales periodistas locales, fotógrafos y operadores de cámaras fueron detenidos por fuerzas de los EEUU por períodos prolongados sin cargo alguno o sin que se revelara ninguna evidencia que respaldara las detenciones.  Por lo menos tres detenciones documentadas superaron los 100 días, en tanto que las demás se extendieron por semanas. Las detenciones involucraron a periodistas que trabajaban para CBS News, The Associated Press, y Agence France Presse, entre otras.

Cuatro de estos periodistas iraquíes seguían bajo custodia el 1º de diciembre, cuando el CPJ llevó a cabo su censo anual de periodistas encarcelados. Voceros del ejército de los EEUU dijeron que los detenidos se consideraban amenazas para la seguridad  pero no revelaron ninguna evidencia que respaldara las acusaciones. El CPJ y otras organizaciones de noticias y entidades defensoras  de la libertad de prensa continúan buscando información sobre los periodistas encarcelados.

VENEZUELA

El CPJ rastreó una baja en la cantidad de agresiones físicas en contra de periodistas en el 2005 al tiempo que se aquietaron finalmente cinco violentos años de revuelo político. El Presidente Hugo Chávez Frías siguió consolidando su control luego del tumultuoso referéndum revocatorio del año anterior que permitiera presenciar cómo periodistas fueron atacados y hostigados por partidarios del gobierno, activistas de la oposición y fuerzas de seguridad. En el 2005, la frecuencia de los ataques físicos bajó a la mitad, y la severidad de los mismos  también disminuyó, según muestran los datos del CPJ. Pero un tipo de amenaza fue reemplazada por otro, a medida que la administración de Chávez se desplazó hacia una represión institucionalizada y hacia nuevas restricciones legales contra la prensa.

Dos nuevas medidas legales restrictivas –una ampliando las cláusulas por desacato, la otra estableciendo limitaciones sobre la “responsabilidad social” para radio y televisión– entraron en vigencia durante este año. Estas nuevas medidas podrían usarse para silenciar a los opositores al gobierno y crear un clima de autocensura, de acuerdo al análisis del CPJ.

Los legisladores pro-gubernamentales finalmente dieron su aprobación en enero al proyecto de ley para revisar el código penal. Los cambios ampliaron las categorías de funcionarios oficiales protegidos por las cláusulas de desacato, que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios públicos e instituciones estatales, y drásticamente aumentaron las sanciones penales por difamación y calumnias. La condena máxima por difamación, por ejemplo, pasó de 30 meses a 48 meses con esta medida. Chávez firmó las cláusulas que afectan a la prensa y las mismas entraron en vigencia el 16 de marzo. El análisis del CPJ muestra que los cambios se aprobaron a las apuradas, con la intención de frenar el disenso y las críticas.

También se hicieron efectivas partes de la Ley de Responsabilidad Civil para Radio y Televisión, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada como ley por Chávez en diciembre del 2004. La medida, respaldada por legisladores pro-gubernamentales, contiene restricciones redactadas de un modo vago que restringen severamente la libertad de expresión.

Según el Articulo 29, por ejemplo, las emisoras de radio y televisión que difunden mensajes que “promueven, defienden, o incitan quebrantamientos del orden público” o “se oponen a la seguridad de la nación” podrán verse obligadas a suspender sus transmisiones por períodos de hasta 72 horas. Si un medio repite las infracciones dentro de los siguientes cinco años, su concesión para transmitir podrá suspenderse por un período de hasta cinco años. El Artículo 7 de la ley prohíbe “descripciones o imágenes gráficas de violencia real” emitidas al aire entre las 5 p.m. y las 11 p.m., salvo cuando la transmisión sea en vivo y el contenido sea  o bien “indispensable” o surja inesperadamente.

Las emisoras privadas de televisión alteraron su programación para cumplir con la ley de “responsabilidad social”.  Elsy Barroeta, directora de noticias del canal que transmite noticias las 24 horas, Globovisión, le dijo al CPJ que la emisora no había restringido su cobertura informativa, pero reconoció que algunos colegas estaban preocupados por la autocensura. Barroeta dijo que imágenes de violencia durante protestas callejeras podrían emitirse pero no ser repetidas a lo largo del día, según las nuevas directivas. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), organización regional para la libertad de prensa, halló que tres importantes emisoras de televisión –Venevisión, Televén, y Radio Caracas Televisión–, dejaron de hacer la mitad de sus programas de opinión desde fines del 2004.

Funcionarios del gobierno venezolano continuaron  mostrándose intolerantes con  los informes periodísticos críticos en la prensa extranjera y en la local. En una conferencia de prensa  realizada en febrero, el entonces Ministro de Información y Comunicación, Andrés Izarra, acusó al gobierno de los EEUU de montar una compaña propagandística a través de varios medios norteamericanos y venezolanos para aislar a Venezuela y desestabilizar al país como preparación para una invasión de los EEUU. Izarra adujo que más de 45 artículos periodísticos eran propaganda política del gobierno de Bush, incluyendo  notas en los matutinos con sede en Caracas, El Universal y El Nacional, y artículos escritos por el periodista británico Phil Gunson en The Miami Herald. El gobierno se sintió  particularmente molesto cuando Gunson escribió que Venezuela estaba comprando nuevas armas y desarrollando una doctrina sobre defensa nacional enfocada en resistir a una posible invasión de los EEUU.

Sin  brindar ningún tipo de información que respaldara sus dichos, Izarra dijo, “No se sorprendan si en el futuro….descubrimos que el Sr. Gunson y El Nacional están recibiendo fondos del gobierno de los EEUU.” Gunson y El Nacional dijeron que el comentario no tenía fundamento real alguno, e Izarra  posteriormente dijo que su acusación había sido una “presunción”. Su comentario vino después de semanas de creciente tensión entre los gobiernos de los EEUU y Venezuela, incluyendo declaraciones de Chávez diciendo que debería echársele la culpa al gobierno de los EEUU por cualquier intento de asesinato político contra su persona.

Gunson le dijo al CPJ que “en un contexto en el cual los periodistas fueron víctimas de ataques físicos por su supuesta alineación con una facción política o con otra, ser llamado un agente pago del imperialismo representa un obvio riesgo a la seguridad.” El CPJ condenó la declaración de Izarra y le dijo que ponía en peligro la seguridad de los periodistas. Izarra respondió que los periodistas de Venezuela no tenían razones para temer represalias por su labor periodística, pero continuó sugiriendo que algunos periodistas estaban divulgando propaganda política del gobierno de los EEUU.

En julio,  la fiscalía general invocó las cláusulas de desacato para investigar a un periódico local. El Procurador General, Isaías Rodríguez Díaz, ordenó una investigación penal de El Universal luego de que publicara una nota editorial  el 25 de julio criticando su gestión y el poder judicial. La nota editorial en primera página, titulada “Justicia arrodillada”, decía que el sistema de la justicia penal se había politizado, había perdido su autonomía y se había vuelta inoperante. Como resultado, argumentaba la nota editorial, la fiscalía general y los tribunales venezolanos estaban perdiendo legitimidad. Ya para el mes de agosto, la fiscalía general dijo que planeaba abandonar la investigación porque, como institución, no estaba cubierta por las cláusulas de desacato.

Periodistas provinciales enfrentaron represalias de parte de narcotraficantes, escuadrones de la muerte y miembros corruptos de las fuerzas de seguridad. En los estados limítrofes con Colombia, los periodistas también se tuvieron que enfrentar con grupos armados ilegales y asesinos a sueldo.

Las repercusiones de una matanza en el 2004 se sintieron a lo largo del año. Mauro Marcano, conductor y columnista radial, cayó en septiembre del 2004 cuando fue alcanzado por disparos  de un grupo de hombres armados no identificados en la ciudad de Maturin, en el estado oriental de Monagas;  Marcano, que también era concejal municipal, había denunciado agresivamente al narcotráfico y la corrupción policial.

Parientes de Marcano le relataron al CPJ haber recibido amenazas después de una conferencia de prensa en marzo del 2005 en la cual ellos denunciaban la falta de avance en la investigación por  el asesinato. Un comité legislativo especial que analizaba el asesinato emitió un informe tres meses después  recomendando el reemplazo de varios investigadores de la policía y fiscales asignados a la investigación del asesinato, e instando a que se brindara protección policial a  la familia de Marcano.

En el otoño, los fiscales le dijeron al CPJ que habían finalizado la investigación y que estaban listos  para presentar cargos preliminares en contra de varios sospechosos por el asesinato de Marcano. Se negaron a comentar los motivos. El CPJ continúa monitoreando el caso para determinar si Marcano cayó en cumplimiento de su labor periodística.

Funcionarios gubernamentales y políticos partidarios del gobierno iniciaron procesos penales por difamación en contra de, por lo menos, cuatro periodistas durante el año. Y al menos dos periodistas fueron citados a comparecer ante fiscales que exigían que respondieran preguntas sobre filtraciones de información a la prensa en investigaciones penales de alto perfil.

INSTANTÁNEAS

  • Bolivia

- Giovanna Rodríguez Castro y David Zagardia Muños, miembros del equipo informativo de un canal privado de televisión, Bolivisión, fueron hostigados y amenazados cuando cubrían  manifestaciones en contra del gobierno en Santa Cruz  el 11 de enero. Los manifestantes bloquearon el automóvil de los reporteros y pincharon los neumáticos, le dijo al CPJ Rodríguez Castro. Rodríguez Castro, que estaba embarazada de cuatro meses, dijo que un hombre amenazó con golpearla.

  • Chile

- Paola Briceño Verdina,  reportera de Radio Bío-Bío, fue detenida y golpeada por policías después de cubrir una protesta estudiantil en Santiago el 4 de mayo. Un agente de policía se acercó a Briceño Verdina poco después de que ella pusiera al aire un informe sobre la manifestación, que incluía los violentos choques entre estudiantes y policías. Aunque Briceño Verdina  se identificó como reportera y mostró su credencial de prensa, fue llevada  a un vehículo policial y golpeada con un bastón en brazos y piernas. Fue encarcelado por un corto plazo antes de que interviniera el oficial en jefe y ordenara su liberación.

- Después de tres años de retraso, el Congreso y el Presidente Ricardo Lagos en agosto dieron fuerza de ley a una medida que eliminaba las cláusulas de desacato del código penal y del código militar de justicia. Los Artículos 263, 265  y 268 del código penal fueron derogados. El Artículo 264 del código penal redefinió los ataques  a funcionarios públicos para que excluyeran los insultos. El Artículo 276 del código militar de justicia, que definía la ofensa de “sedición impropia” en amplios términos, fue reformulado para que prohibiera toda acción que “induce o incita al personal militar al desorden, la indisciplina o el incumplimiento de las obligaciones militares.”

  • Costa Rica

- En un llamamiento en pos de limitar los fundamentos y la responsabilidad en los procesos penales por difamación, y en pos de ampliar el acceso a la información, periodistas locales y defensores de la libertad de prensa crearon una organización independiente llamada Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) el 8 de junio. El grupo se estableció para brindar capacitación a periodistas ; alentar la existencia de medios diversos e independientes, y defender a los periodistas locales en su trabajo. Eduardo Ulibarri, ex editor del principal matutino del país, La Nación, fue designado presidente del grupo.

  • Ecuador

- El fotógrafo Julio Augusto García Romero murió el 19 de abril cuando cubría una manifestación en Quito en contra del entonces Presidente Lucio Gutiérrez. Los manifestantes se desplazaban hacia el Palacio de Carondelet, sede del poder ejecutivo, cuando la policía arrojó granadas con gases lacrimógenos contra la multitud. García Romero, que trabajaba para la agencia chilena de noticias La Bocina y para el semanario Punto de Vista, sufrió un colapso y un posterior paro cardiorrespiratorio. Las protestas se hicieron frecuentes luego de que los magistrados de la Corte Suprema –designados por Gutiérrez y sus aliados en el Congreso– desestimaran los cargos por corrupción en contra de dos ex presidentes. Gutiérrez fue posteriormente obligado a abandonar su cargo y enfrentó él mismo un proceso.

  • Guatemala

- La Corte sobre Constitucionalidad, el tribunal más alto de la nación, suspendió la vigencia de las cláusulas por desacato del código penal el 14 de junio. La corte dijo que revisaría la constitucionalidad de los Artículos 411, 412 y 413, que penalizan las expresiones que se consideran ofensivas para funcionarios públicos e instituciones estatales. Esta iniciativa siguió  a un número de recientes fallos en América Latina que golpearon fuerte contra las leyes de desacato.

  • Honduras

- La Corte Suprema asestó un duró golpe contra la cláusula de desacato del código penal. En su decisión del 19 de mayo, la corte falló que el Artículo 345 era anti-constitucional  porque brindaba protección especial a funcionarios públicos y restringía la libertad de expresión. El artículo establecía sanciones de entre dos a cuatro años de prisión por insultar a un funcionario público, y de tres a seis años por insultar a funcionarios de mayor rango, legisladores o jueces de la Corte Suprema.

  • Nicaragua

- Un juez hallo culpable a un político local por el asesinato en noviembre del 2004 de la periodista María José Bravo. Eugenio Hernández González, condenado el 26 de enero, fue posteriormente sentenciado a 25 años de prisión. Bravo, corresponsal del matutino de Managua La Prensa, cubría una disputa electoral en la ciudad de Juigalpa. Acababa de irse de un centro de escrutinio de votos local y estaba hablando con un grupo de personas  cuando fue alcanzada por un disparo hecho a quemarropa. La policía arrestó a Hernández González, ex alcalde de la ciudad de El Ayote, horas más tarde esa misma noche.

  • Paraguay

- El 3 de agosto, atacantes no identificados prendieron fuego a los estudios de la emisora radial católica Quebracho Poty, con sede en la ciudad de Puerto Casado, en la frontera con Brasil. Los atacantes  prendieron fuego al equipo de transmisión de la emisora y cortaron los cables de la antena, según relató el periodista local Charles Saldivar.  Radio Quebracho Poty había apoyado la expropiación que realizara el gobierno nacional de tierras que rodeaban a la ciudad.  La tierra era propiedad de la secta Sun Myung Moon, grupo líder de la Iglesia por la Unificación.

  • Uruguay

Marcelo Borrat, ex reportero de televisión para la empresa de medios Multimedia Plural, fue secuestrado, golpeado y amenazado de muerte por atacantes no identificados el 17 de octubre,  le relató al CPJ el abogado del periodista, Edison Lanza.  Mientras conducía su automóvil camino a su casa, Borrat fue interceptado por tres atacantes encapuchados que lo obligaron a entrar en el vehículo que ellos conducían, dijo Lanza. Borrat fue llevado a una plaza cercana y atacado, quedándole heridas en su rostro. Sus atacantes le exigieron que destruyera registros no específicos de su teléfono celular, luego abandonaron a Borrat en el agua, relató el letrado. Borrat había recibido amenazas de muerte al iniciarse el año luego de que investigara irregularidades en el sistema de salud público. También emitió por aire un controvertido informe en septiembre sobre  trabajadores que fueran despedidos de uno de los medios pertenecientes a Multimedio, TV Libre. Multimedio suspendió el programa de Borrat poco después,  pero dijo que esto no tenía relación alguna  con el informe sobre el trabajador despedido.


* Carlos Lauría es coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, en Nueva York.


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