Sala de Prensa


10
Agosto 1999
Año II, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


El derecho a la información, un reto
nada nuevo frente al nuevo milenio

Beatriz Solis Leree *

Antes de aventurarnos a revisar los retos que los periodistas y comunicadores tienen frente ese tan anunciado y a veces temido siglo XXI déjenme empezar por plantear los retos que tenemos hoy y cuya forma de enfrentarlos nos marcará, sin duda, los retos del futuro.

Si bien en México contamos con un número importante de disposiciones jurídicas que aluden a objetivos diversos, y a veces contradictorios, pero que hoy conforman el cuerpo jurídico de la información, debemos reconocer que existen lagunas fundamentales en materias como, la regulación de los medios del Estado, el estatuto y códigos de ética de las empresas, los derechos y responsabilidades de los profesionales de la comunicación y la forma en la que se dispone de las frecuencias que conforman parte importante de la distribución de la información mediante los medios electrónicos y por supuesto las nuevas normas que el proceso de internacionalización de la información y las tecnologías globalizadoras imponen.

En pocas palabras, y solo a manera de puesta en común de los puntos de partida, es importante puntualizar que las disposiciones jurídicas en México, como en otros países de la región, no responden a una visión integral de Políticas de Comunicación, porque se han emitido a lo largo del tiempo, respondiendo a diversos intereses y atendiendo las necesidades más del mercado, que de la sociedad en su conjunto.

A pesar de largos e intensos debates públicos en torno a la necesidad de actualizar las leyes y democratizar los procesos de comunicación masiva, aún no se logran establece las modificaciones que la misma sociedad ha propuesto. Por un lado, por falta de la voluntad política necesaria y por otro, por falta de consenso entre los mismos actores del proceso comunicativo y sin duda también, por falta de una cultura jurídica necesaria para comprender que la necesidad de establecer normas (reglas) claras en cualquier materia, especialmente tratándose de un bien nacional, limitado y al mismo tiempo universal como es la distribución de la información y la necesidad social de estar informados particularmente, de la acción pública.

Hasta aquí es evidente que enfrentamos un reto suficientemente complejo para el periodismo, no solo para el futuro, sino especialmente para que el presente nos permita llegar a un nuevo siglo en el que podamos asumir, de una vez por todas, que lejos de restringir libertades, acusación sistemática de quienes pretenden la impunidad que devalúa el ejercicio profesional del periodismo, la normatividad debe garantizar su ejercicio.

Hoy, la LVII legislatura de nuestro país, estuvo a punto de saldar una asignatura pendiente hace ya veinte años, al revisar para su dictamen, dos iniciativas de ley -propuestas por la LVI Legislatura-. Una de ellas, reglamentaria de los Artículos Constitucionales 6 y 7 referidos a la libertad de expresión y al derecho a la información, actualmente reglamentados parcialmente(1) por la Ley de Imprenta de 1917.

En pocos temas como en el de la información, la sociedad ha sido tan consultada, en pocos temas, como en este, existen ya infinidad de propuestas y demandas planteadas y en pocos temas, como en este se han manifestado de manera más directa y evidente los intereses que se niegan a atender esa consulta realizada.

Si revisamos el contenido de esta iniciativa, denominada, Ley Federal de Comunicación Social, y particularmente en las modificaciones que la actual legislatura ha realizado después de un cuidadosa revisión, encontraremos, sin duda, una lista nada despreciable de asuntos para la agenda del periodismo del próximo siglo(2).

Basten algunos ejemplos, que para el panorama mexicano resultarían de gran novedad(3):

  • Fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en un marco plural que coadyuve a la conformación de una opinión pública informada.
  • Estimular el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a las fuentes de información
  • Garantizar el acceso a la información de interés publico
  • Asumir el derecho de replica en todos los medios como forma de interpelación ciudadana para el ejercicio inadecuado de la tarea informativa.
  • Se delimitan también, algunos derechos de los profesionales de la información, que sin duda aluden a los derechos fundamentales del periodismo.
  1. Rechazar su colaboración en la confección y/o difusión de noticias o programas que sean contrarios a sus convicciones profesionales, sin que dicha conducta, aislada o reiterada, pueda constituirse como causal de despido o le pueda causar perjuicio alguno.
  2. No revelar la identidad de la fuente de una información de interés público a su empresa, a terceros y a no ser requerido por autoridades públicas cuando esa información se constituya en secreto, a causa del compromiso ético del informador de no difundir la fuente de una información recibida confidencialmente.
  3. El respeto a la integridad del producto de su trabajo periodístico. Por lo que toda modificación en estructura o contenido deberá llevarse a cabo con su intervención.
  4. Establecer asociaciones u órganos colegiados autónomos al interior de sus fuentes de trabajo o bien de carácter gremial, con los fines de analizar las problemáticas de su actividad; para la preservación y defensa de sus derechos profesionales y para participar en la evaluación, jerarquización y presentación de las informaciones en el contexto de la línea editorial de las empresas o instituciones informativas, así como para actuar como mecanismo de interlocución ante las mismas

Lo que falta hoy es la necesidad de que afrontemos el RETO de evitar que la ley siga siendo letra muerta en el país. Una regla que pretende normar una realidad que ya no existe, no es regla. Una norma que se hace para no ser respetada, no es norma. Una profesión que se ejerce sin compromisos explícitos y reglas claras lejos está de poder ser catalogada como tal.

Los medios privados, con la clara complicidad de algunos sectores del gobierno han luchado a brazo partido para que no haya restricciones a los contenidos que transmiten ni a las formas de repartición de las frecuencias electrónicas, lucharon y "lincharon" a quienes desde el legislativo pretendían hacer realidad una larga exigencia social y una evidente necesidad para el camino democrático. Este intento, acusado de "ley mordaza" ha debido esperar mejores tiempos para materializarse.

Hoy, todo se tiñe de intereses electorales y los medios emplean su bien aprendida lección de presionar a los partidos políticos en aras de un "buen trato" mediatico de sus campañas, que dicho sea de paso, les reditúan enormes ganancias económicas.

Así las cosas y en la ambivalente reacción de algunos sectores de la prensa y la sociedad ante las claras evidencias de esa impunidad y falta de códigos de ética (que se explíciten pero que también se cumplan) en los medios, a veces quedan descubiertas, como el episodio del pasado 7 de junio, día de la libertad de expresión en México, cuando pudimos constatar un claro ejemplo de lo que hoy reflexionamos, particularmente en lo que se refiere al periodismo electrónico y especialmente cuando éste usa, para su propio beneficio, la ausencia de normas claras, la falta de vigilancia sobre las existentes y la impunidad para tocar asuntos de la más privada esfera.

El episodio al que me refiero y que ha servido para que, de nueva cuenta, se ponga en la mesa de discusión el tema de los derechos y obligaciones de quien ejerce la función de informar a la sociedad, éste fué la ejecución del conductor de televisión Francisco Stanley(4) , asunto que fue utilizado por los medios electrónicos, especialmente la televisión, como un excelente caso para incrementar su permanente campaña en contra de todas las acciones, o no acciones, del gobierno de Cuahutemoc Cárdenas y que alcanzara una dimensión fuera de lugar rebasando los marcos de la legalidad y la ética.

Los periodistas electrónicos destinaron todo su tiempo al tratamiento exclusivo de la cobertura del asunto: entrevistas, transmisiones directas desde la funeraria, cuestionamientos a la autoridad, etc acompañando a esto con una excesiva retórica en torno al conductor asesinado, otorgándole un sobrevalor a su popularidad e importancia, que posteriormente se vino abajo al descubrirse la relación de éste con el narcotráfico, hasta convertirlo en un mártir de las autoridades del gobierno capitalino. Todo asunto de interés publico pasó a segundo termino en la tarea informativa de las televisoras.

Los conductores televisivos arengaron a sus audiencias en contra de la violencia, atemorizaban, con un periodismo de nota roja digno de los peores momentos, a quienes sorprendidos presenciaban las voces aguerridas que exigían la renuncia del jefe de gobierno de la Ciudad de México. El dueño de TV Azteca, en un mensaje a la nación (como primer mandatario) descalifica a las autoridad, cuestiona la legalidad de las instituciones y la inutilidad de la existencia de los poderes del Estado, en un discurso propio de los clásicos militares golpistas.

Los medios convertidos en fiscales y jueces en un procedimiento televisado y desde la comodidad del micrófono y sin responsabilidad alguna acusaban al jefe de gobierno como responsable de una ejecución en plena calle y a luz del día con los más obvios métodos de los grupos gangsteriles.

Este acontecimiento permitió, de nueva cuenta, que múltiples voces volvieran a demandar la necesidad de una reglamentación cuestionando la posición del propio presidente Zedillo en su llamado a la autorregulación de los propios medios, en este caso insuficiente al desdibujarse su obligación ética y quedar en evidencia las motivaciones fundamentadas en los intereses económicos, la competencia por los públicos y los intereses políticos de quienes hacen uso de un bien nacional como si fuera una propiedad privada.

El poder los medios, particularmente los electrónicos, es evidente y antes de que culmine, al menos en México, definiendo los asuntos de interés público y convirtiéndose en un poder más determinante que el legislativo y el judicial y como dice Karl Popper refiriéndose a la televisión, "cuando habla es como si lo hiciera Dios mismo" excediéndose en sus funciones de medio para a ser un fin en si mismo conviertiendose así, en un gran obstáculo para la democracia, al querer decidir por los muchos.

Frente a ese poder se vuelve imperativo la necesidad de poner controles y límites ciudadanos. La modernización de la legislación fundamentada en una participación ciudadana en las tareas de la supervisión será sin duda una buena medida de definir limites, sin el temor de la censura nos permite asegurar que el valor jurídico que debemos proteger está relacionado con la necesidad colectiva de tener acceso a la información, sin caudillismos mediaticos o gubernamentales.

Por otra parte, también es necesario incorporar a nuestro análisis una interrogante ética fundamental. El desarrollo vertiginoso de la tecnología que, por razones de mercado, buscar la estandarización y masificación de su uso, nos llevará a nuevas y mejores formas de comunicación o, por el contrario, perderemos la esencia fundamental del proceso comunicativo. No podemos negar que esa misma tecnología hoy permite a sus usuarios la autonomía de la producción y consumo de productos informativos, podemos editar, adatar y poner a circular nuestra propia información, podemos también, ignorando la ética, apropiarnos de información o intervenir en archivos privados, sin embargo para nada de esto existen aun reglas de interacción. Cuestiones básicas como el derecho a la información, la libertad de expresión y derecho a la privacídad siguen siendo valores vigentes que rescatan nuestra esencia como seres humanos.

Cuestiones como la soberanía de los Estados, la protección a la propiedad privada, el derecho de expresión, el acceso irrestricto a todos los bienes esenciales, incluida la información, son cuestiones que deben estar presentes en la definición de las políticas y los principios normativos. La nueva función social de los medios deberá ser, precisamente ésa, hacer que prevalezcan estos principios fundamentales del respeto a la identidad propia y la identidad del otro independientemente de cúmulo de tecnologías que nos prepare el próximo milenio(5).

El papel de los Estados es proporcionar marcos normativos para el ejercicio de los derechos de expresión, información dentro del marco del derecho social y derechos de privacía en el marco del derecho individual.

Una sociedad tan cambiante y cada día más atenta a la función pública merece que se le garantice que los medios de comunicación, en el ejercicio de esta función social de informar, ofrezcan información responsable y apegada al acontecer real.

______
Notas:

1.- Solo la libertad de expresión e imprenta, ya que el derecho a la información fue agregado en la reforma de 1977

2.- En la iniciativas se incorpora lo establecido por el marco jurídico internacional, cuya ratificación en el senado ha convertido en Ley. Especialmente lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 19 de diciembre de 1966 y fundamentalmente en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de la OEA del 22 de noviembre de 1969 en el "Pacto de Costa Rica"

3.- Se citan textualmente algunos artículos de la mencionada iniciativa.

4.- Tradicionalmente conductor de Televisa en programas de concurso y conducción de "magazzine" cómicos y que en el último año se había contratado en Televisión Azteca con dos programas iguales a los que antes conducía en la otra empresa y que empezaba a contar con altos incides de audiencia.

5.- Casas Pérez, María de la Luz. "Desafíos del nuevo milenio. Una revisión a los principios fundamentales de la comunicación". XX Encuentro Nacional de Investigadores de la Comunicación. México 23-25 de abril de 1999.


* Beatriz Solis Leree es investigadora de la Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco. Esta ponencia fue presentada en el Seminario Internacional Antiguos y Nuevos Desafíos del Derecho de la Comunicación, en Santa Fé de Bogotá, Colombia, a mediados del pasado mes de julio. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.


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