Sala de Prensa


9
Julio 1999
Año II, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Etica y responsabilidad:
El papel de la prensa en una sociedad democrática

Sergio Muñoz Bata *

Libertad de expresión: derecho constitucional

En Estados Unidos hay leyes que garantizan la libertad de expresión y de prensa, la Primera Enmienda de la Constitución, en la Carta de Derechos. Existe también el Acta de la Libertad de Información o Freedom of Information Act, que obliga a todos los departamentos de la rama ejecutiva del gobierno federal a dar acceso público a toda la documentación que no está explícitamente exceptuada para ser revelada.

La Ley Brown que garantiza el derecho del público, incluidos los reporteros, a asistir a las juntas de agencias públicas, como por ejemplo, los Concilios de la Ciudad o la Junta de Educación y reportar sobre lo sucedido en dichas juntas. Hay también leyes escudo que resguardan la información de los periodistas y los protegen del desacato ante la corte.

En Estados Unidos, la libertad de expresión es un derecho Constitucional expresado en la Primera Enmienda de la Carta de Derechos. En ella se garantiza el derecho de la gente a hablar, escribir, escuchar, leer, asociarse y recoger información libremente.

También se especifica en la Primera Enmienda que "El Congreso no puede suprimir o restringir la libertad de expresión o la libertad de prensa". Al mismo tiempo se asienta que los ciudadanos pueden protegerse de la injuria o la difamación a través de demandas civiles. En este sentido, en las cortes de Estados Unidos diariamente se da forma y substancia a los principios expresados en la Carta de Derechos. En la interacción entre el periodismo y la ley en Estados Unidos, cada nuevo caso modifica y redefine las reglas del juego.

Esto es así porque aún cuando teóricamente la información pública está disponible para cualquier persona que la solicite, la mayor parte de la gente depende de los medios de comunicación para que investiguen, analicen, escriban y difundan la información.

La ley en California

La Constitución del estado de California por un lado garantiza así la libertad de expresión, "todo individuo puede hablar, escribir y publicar libremente su sentir sobre cualquier tema, asumiendo su responsabilidad si llegara a abusar de este derecho. Ninguna ley debe restringir o limitar la libertad de expresión y de prensa."

Por otro lado, también establece el derecho del periodista, sus editores y sus directivos a rehusarse a revelar sus fuentes y/o a divulgar la información no publicada obtenida para preparar su nota. En la Constitución californiana se asienta que al periodista no se le puede acusar de desacato al desestimar un citatorio expedido por un cuerpo judicial, legislativo o administrativo que pretenda obligarlo a revelar sus fuentes o a ceder información no publicada.

La ley Escudo

En California existe, además, la llamada Ley Escudo que previene a los periodistas de la obligación de presentarse en corte a declarar en juicios sobre sucesos que atestiguaron durante el ejercicio de su profesión.

En la redacción de esta ley, que fue aprobada como iniciativa por los votantes de California, se razonaba que pedirle a los reporteros utilizar su tiempo para testificar en la corte sobre hechos que presenciaron realizando su labor periodística dificultaría enormemente su labor. Se reconoció, además, que al obligarlos a ser testigos se les colocaría, de hecho, como una especie de investigadores privados de los litigantes en casos tanto criminales como civiles. Además de California, hay leyes escudo en 28 estados de la Unión Americana.

Las leyes escudo no deben interpretarse como privilegio otorgado a la prensa. Al redactar la ley en California se estableció con toda claridad que lo que se otorga es inmunidad ante el "desacato" al rehusarse el periodista a divulgar fuentes o información no publicada. Y, como se ha demostrado muchas veces en la práctica, no es inusual que un juez falle que los derechos constitucionales de un acusado pesan más que las protecciones legales dadas a los periodistas. Tener inmunidad calificada para el mejor desempeño de un servicio público como es la prensa, no significa privilegio.

Difamación y libelo

En el desempeño de nuestro trabajo, los periodistas estamos expuestos a todas las leyes que rigen el comportamiento de todos los ciudadanos. En particular estamos expuestos a las leyes que sancionan la difamación. Son leyes que se aplican cuando un medio difunde una declaración falsa o difamatoria de un hecho, referente o relativa al demandante. Aunque es necesario que en dicha declaración haya un cierto grado de culpa, por ejemplo, malicia del redactor o editor de la nota y también es necesario que se pueda comprobar el daño causado por la nota.

Sólo un juez puede determinar cuándo una declaración es difamatoria o de manera razonable podría interpretarse como una versión difamatoria de un hecho. Un insulto, un comentario sarcástico, una broma o una parodia difícilmente se sostendrían en un juicio por difamación.

Por otro lado, un demandante no tiene que ser nombrado en una historia para poder entablar una querella legal basta con que sea identificable mediante una descripción, o señalado por alguna característica especial que lo haga inconfundible. Por ejemplo, un defecto físico inconfundible.

Un concepto clave para determinar responsabilidad legal es el del grado de culpa o falla necesaria en la redacción de un escrito. Los parámetros del concepto van desde el accidente a la negligencia hasta la malicia. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha sostenido que para iniciar una acción legal contra un medio de comunicación se requiere que las declaraciones falsas difundidas tengan cierto grado de culpa o falla. El grado de culpa o falla necesaria varía en función de la personalidad del demandante.

Así por ejemplo, a una figura pública no se le mide con la misma vara que a un ciudadano común y corriente. Un político, un funcionario público, una personalidad reconocida están más expuestos al escrutinio de la prensa cuando se encuentran en lugares públicos. Mientras que, en California, un ciudadano cualquiera sólo tiene que probar que hubo negligencia en la nota en la que se le incluye para poder entablar una demanda legal.

Es decir, ni la Primera Enmienda ni las otras leyes que salvaguardan la labor de los periodistas les permiten decir lo que se les venga en gana sobre las figuras públicas o las privadas.

Por ello, las principales organizaciones periodísticas norteamericanas operan dentro de rigurosos códigos de ética. Exigen que la redacción de las notas sea cuidadosa, presentando ambos lados de la historia y esforzándose siempre por ser justos. Además, en muchas de estas organizaciones está prohibido, por ejemplo, grabar conversaciones de manera subrepticia, obtener información no autorizada, citar de fuentes anónimas y no respetar las conversaciones off the record. Aún cuando las filtraciones son siempre bienvenidas, la información así obtenida requiere de corroboración y se instruye a los reporteros a respetar siempre el derecho de la gente a rehusarse a ser citadas en un artículo.

A veces, en estados como California, el Código Penal exige que se obtenga el consentimiento de la otra parte para poder grabar una conversación. Menos claras son las leyes sobre intrusión, impostura e investigación under-cover

Para resarcir un perjuicio ocasionado por la publicación de una información errónea, los medios cuentan con el recurso de que les permite publicar una corrección que es "substancialmente tan conspicua" como la declaración ofensiva.

Las protecciones legales a los medios varían dependiendo de si se aplica la ley federal o la estatal. También varían en función de si el medio es parte de la demanda. Por último, hay diferencias según que se trate de requerimientos de información para casos criminales o civiles.

Etica y periodismo

La mejor protección con la que cuentan los medios, sin embargo, se deriva de la propia manera en la que ejercen el periodismo. El periodista se preocupa porque sus historias, escritas libre y responsablemente, no falten a la verdad y sean justas. También deben estar bien escritas pero ese es otro asunto, aquí estamos hablando de ética.

La ética, sin embargo, es subjetiva y ni siquiera los filósofos han podido concordar en cuáles son las normas que nos permitirían juzgar, por ejemplo, si una acción es buena o mala, justa o injusta. ¿Cómo sé que algo es bueno? ¿Por sus consecuencias? ¿Por la intención? ¿Es lo moral respetar las reglas establecidas o romperlas?

La ética es diferente a la ley porque esta es determinada e impuesta socialmente mientras que la ética es determinada personalmente y por ello, quizá, todos sabemos cuando actuamos éticamente y cuando no, aún cuando no nos pongamos de acuerdo en una definición satisfactoria de lo ético.

Partiendo de esta paradoja yo quisiera proponer un código de conducta ética para los periodistas basado en las cuatro virtudes cardinales que Platón propone en La República.

Primero la prudencia. Entiendo por prudencia usar como criterio de lo publicable, el buen juicio. Es decir, ver la noticia y juzgarla con la madurez que nos permite distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay que discernir con cautela y evitar caer en apresuramientos para ganarle la nota al competidor antes de estar preparados para publicarla.

Sigue la templanza, la virtud que nos previene del uso excesivo de los sentidos sujetándolos a la razón. Se trata de pensar con moderación al escribir una nota. De tener la sobriedad necesaria para no dejarnos seducir por el fanatismo o por la fascinación por un personaje.

La fortaleza se define por eludir los extremos. No hay que ser ni timorato ni temerario. La fortaleza es necesaria para resistir las tentaciones que podrían hacer que una persona perdiera el buen juicio.

Por último, la justicia. La virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que le pertenece. La justicia es derecho, es razón, es equidad y hace que se tomen en cuenta los merecimientos de cada persona. Es oír con atención los argumentos de quienes piensan de manera diferente y exponerlos con equidad y sinceridad.

El propósito final de la labor periodística debe ser el deseo de descubrir y presentar la verdad con precisión, exactitud, imparcialidad, equilibrio y comprensión.

Acordar universalmente qué es la verdad es una tarea imposible. Los periodistas éticos y responsables juzgan qué es la verdad con el mismo instrumental que les ha dado el oficio y que es el mismo que les permite discernir cuándo una noticia es noticia y cuándo no.

Reconozco que es discutible esta apropiación temporal de la verdad y esa es la razón por la cuál, cuando un periodista comete un error de consecuencias, se hace acreedor a las sanciones que se le aplicarían a un doctor que opera mal a un paciente o a un funcionario público que defrauda a sus representados. Todos los ciudadanos, incluyendo a los periodistas, deben tener que rendir cuentas ante la sociedad porque la impunidad corrompe.

Pero lo que no es cuestionable es que una sociedad democrática demanda siempre una prensa libre. Una prensa cuya tarea principal es vigilar que se cumpla el mandato que la ciudadanía le dio a las autoridades que eligió. Una prensa siempre en guardia frente al poder.

El éxito de la democracia depende de la capacidad que tengan los medios de comunicación de proporcionar información veraz y precisa a la sociedad.

Para finalizar recojo algunos de los preceptos expresados por la Sociedad Interamericana de Prensa en la llamada Declaración de Chapultepec por considerar que nos ofrecen un buen punto de partida para reflexionar sobre el papel de la prensa en una sociedad democrática.

  1. No hay persona ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
  2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos.
  3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
  4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia y la impunidad de quienes coartan la libertad de prensa y deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
  5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, van en contra de la libertad de prensa.
  6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminación o favores en razón de lo que escriban o digan.
  7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para castigar o premiar a medios o periodistas.
  8. Las afiliaciones de los periodistas a colegios, asociaciones o gremios deben ser estrictamente voluntarias.
  9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de la precisión, imparcialidad y equidad y a la clara diferenciación entre mensajes periodísticos y mensajes comerciales. Estos fines no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública es la que castiga premia.
  10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

Las leyes de un país no se pueden exportar. Cada país tiene su propia historia y su propia idiosincrasia. Sus leyes responden a sus características específicas. Espero que mi contribución sirva como punto de partida para un debate en el cuál participe la sociedad mexicana entera. Sólo el Congreso soberano puede decidir que viejas leyes hay que modificar o que nuevas leyes hay que proclamar. Lo importante es garantizar la libertad de expresión y de prensa de este México más democrático. Yo siento que ese es el reclamo de la sociedad y pienso que así lo han entendido y que por eso estamos aquí hablando de estos asuntos.


* Sergio Muñoz Bata es un periodista estadunidense, candidato a doctor en periodismo por la University of Southern California; miembro del Consejo editorial del diario Los Angeles Times y comentariasta de la Canadian Broadcasting Corporation y de la cadena Univisión. Esta ponencia fue presentada en la Conferencia Internacional "El derecho de la información en el marco de la reforma del Estado en México", realizada en mayo de 1998 bajo los auspicios de la Comisión de RTC de la Cámara de Diputados, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Fundación Konrad Adenauer y la UNESCO, y se reproduce en Sala de Prensa con autorización del presidente de la Comisión de RTC, diputado Javier Corral Jurado.


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