Sala de Prensa

60
Octubre 2003
Año V, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Relaciones peligrosas: gobierno y medios
durante la época fujimontesinista en Perú

(Y de cómo un vídeo expuesto en los medios trajo abajo un régimen)

Ruby Violeta Cubas Urbina *

En el presente trabajo se busca establecer cuál es el modo de hacer periodismo en Perú hoy en día y para que puedan entenderse las características de este ejercicio profesional se hace un breve resumen acerca del contexto político, económico y social que vivió el país en épocas de dictadura, en la transición y a la vuelta de la democracia.

La razón de este análisis es porque la situación que atraviesa un país se corresponde con el modo de hacer periodismo, profesión que adopta determinadas formas o características de acuerdo al régimen vigente.

Así por ejemplo, no es lo mismo hacer periodismo en una dictadura porque regirá la censura previa y será el gobierno quien decida qué es o no noticia y que se publica o no en los medios. Luego, como consecuencia de ello, al volver a la democracia lo primero que reclamarán los periodistas será la libertad de expresión.

Este trabajo es teórico, aunque también cuentan las propias valoraciones del autor. Se usan como fuentes, por tratarse de la historia reciente y cuyo apartado aún no se cierra, testimonios de periodistas de este país que han sido publicados en portales internacionales como el del Centro Internacional de Prensa de la Universidad Internacional de la Florida, la página web de Reporteros sin Fronteras o la Sociedad Interamericana de Prensa.

La historia lo explica todo. Como ya se anotó, la situación política, económica y social que vive un país se corresponde con el modo de hacer periodismo, por ello es necesario explicar los antecedentes que marcan las actuales características del periodismo peruano que después de una etapa dictatorial pasó una corta transición y ha vuelto a la democracia aunque nuevamente el país atraviesa una crisis política que amenaza por consiguiente a la prensa.

La década pasada, considerada hoy por los críticos y estudiosos como una época de dictadura sin duda marcó a la prensa. Durante la época fujimontesinista (1990-2000) la prensa peruana vivió una de sus más duras épocas. Pero es bueno resaltar que se dieron las dos posiciones: oposición y oficialismo. Hubo periodistas que lucharon por mantener la independencia que debe caracterizar esta profesión y quienes simplemente claudicaron y hasta vendieron sus conciencias o pusieron sus medios a disposición del gobierno a cambio de miles de dólares y algunos favores.

Al respecto, la Doctora Rosa Zeta Pozo, catedrática de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, en su artículo «Perú: sombras y desafíos de los medios de comunicación en período electoral», publicado el 7 de abril del 2000 en la página del Centro Internacional de Prensa explica: «Nuestros medios parecen estar divididos en dos grandes grupos: un grupo pro Gobierno (aparentemente independientes), y los independientes que generalmente son calificados por contraste como los de la oposición, y que en algunos casos se han alineado en esa categoría».

Por su parte, Fernando Yovera, periodista peruano, exiliado en los Estados Unidos que desde 1993 es productor del programa «Ocurrió así» de la cadena Telemundo en Miami, anota en su artículo «Y aquí no pasa nada», publicado el 4 de octubre de 1999, en el mismo portal: «Finalmente el «Rasputín Peruano» (así o como el «Doc» se le conocía a Vladimiro Montesinos, asesor del Presidente Alberto Fujimori y jefe del Servicio de Inteligencia en las sombras) a creado el arma final para la destrucción de la libertad de prensa en el Perú, esto es una prensa lumpen a sueldo del gobierno, más de media docena de diarios tabloides que se dedican a la ingrata y bien remunerada misión de ser los perros de presa del régimen contra sus opositores, plumas y opiniones mercenarias vendidas al mejor postor».

Así, opositores y las denominadas «geishas» (término que se acuñó para denominar de manera despectiva a la prensa que obedecía al gobierno por similitud entre las verdaderas geishas y su sumisión a los japoneses -origen del presidente-) o «prensa servil» convivieron durante el decenio fujimontesinista en una batalla que no solo los enfrentó con el régimen sino incluso entre ellos pues no faltaron los medios condescendientes con el gobierno que montaron una campaña de desprestigio desde todo frente contra medios y periodistas independientes.

La doctora Zeta agrega en su artículo «Existe una denuncia sobre la vinculación económica y de contenido editorial de numerosos periódicos tabloides de tipo sensacionalista, según sus propios periodistas, con los servicios de inteligencia del Estado al servicio del Gobierno; con el propósito de realizar campañas de desprestigio, difamación y agravios tanto contra políticos opositores al régimen del Presidente, como contra periodistas independientes».

Jorge Salazar Cussiánovich, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad, en su artículo «Los ‘diablos’ de la prensa peruana» publicado en setiembre de 1999 en el mismo portal explica como se llegó a esta situación. Cuando en abril de 1992 el presidente Fujimori dio el autogolpe, se inició un proceso de intervención y copamiento de las instituciones del Estado. Inicialmente el sector más afectado fue el de Justicia. Este proceso, que entre 1995 y 1996 logró su consolidación, trajo como consecuencia la pérdida de credibilidad de la ciudadanía en la justicia.

«El sentimiento de inseguridad jurídica se generalizó en la población. La libertad con la que hasta entonces pudo desenvolverse la prensa, hizo que los periodistas pasaran a cumplir el papel fiscalizador que las instituciones del Estado no cumplían, y a la vez, convertirse en los canalizadores de muchas de las quejas y denuncias de la ciudadanía... Adicionalmente, la corrupción y el accionar siniestro del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), -que incluyeron espionaje telefónico contra políticos y periodistas, atentados y asesinatos incluso dentro de las propias filas del SIN a aquellos agentes identificados como fuentes de la prensa-, fueron materia de documentadas investigaciones periodísticas que minaron las relaciones entre el gobierno y la prensa. En 1997, según informe del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), se llegó al peor momento de estas relaciones, siendo su expresión más saltante, el retiro de la nacionalidad del empresario Baruch Ivcher y el despojo del manejo de su canal de televisión poco después de destapar el escándalo del espionaje telefónico por parte del SIN», anota Salazar.

En el mismo artículo sigue contando: «En abril de 1992, cuando el autogolpe, hubo un primer «campanazo» de alerta respecto de lo que ocurría con la prensa independiente y los medios. El mismo día del golpe, todos los medios fueron ocupados por efectivos militares que controlaron las informaciones que aparecían al día siguiente. El periodista Gustavo Gorriti, fue secuestrado en su domicilio por efectivos militares y trasladado a un cuartel militar, en el que permaneció en calidad de desaparecido al no reconocerse su captura. Fue gracias a la actuación enérgica y decidida de una embajada extranjera que Gorriti no pasó a engrosar la larga lista de detenidos desaparecidos en el Perú, y hoy reside en Panamá».

Ocurre que las noticias de intimidación, acoso, atropellos, denuncias, secuestros, encarcelamientos y cuando no muertes de periodistas se convirtieron en el pan de cada día durante la vigencia de un gobierno acostumbrado a lograr sus intereses y perpetuarse en el poder a todo coste.

Así lo reseña por ejemplo Ricardo Uceda, jefe del equipo de investigación del diario El Comercio de Lima en su artículo «Perú: Cuando la verdad es una bomba» publicado en la página web del Centro Internacional de Prensa. «En efecto, a partir de 1992, cuando se hizo dictador al clausurar el Congreso, la principal lucha de Fujimori no ha sido contra la oposición, que pese a su denuedo nunca logró hacerse de una mayoría popular para derrotarlo. Fue contra la prensa independiente, un pequeño grupo de medios y de periodistas que podía revelar lo que había de repulsivo en su régimen, cambiando el ánimo social permisivo a su gobierno. En vano este sector fue ferozmente atacado por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), dirigido por Vladimiro Montesinos. Los momentos más impopulares de Fujimori no estuvieron originados por movilizaciones, o paros, o derrotas parlamentarias. Fueron investigaciones periodísticas. Simple y llanamente noticias».

Por su parte Valenzuela lo cuenta de la siguiente manera: «A las amenazas de muerte, llamadas intimidatorias, campañas de desprestigio, intimidación y eliminación de las fuentes, se han sumado en los últimos tres años, un atentado dinamitero contra las instalaciones de un canal de televisión en Puno, la usurpación de un canal de televisión de cadena nacional en Lima y la cancelación de algunos programas periodísticos».

Mientras que Fernando Yovera lo recoge así: «Montesinos ha tejido una siniestra tela de araña alrededor de los medios, por lo que con pocas y honrosas excepciones, la libertad de prensa en el Perú se ha limitado al punto de que todo aquel que expresa ideas u opiniones contrarias al dictado del gobierno, se expone enfrentar la ira de este y de sus esbirros».

La situación era nacional, la vivían los hombres de prensa tanto de la capital como de las provincias. Lo peor es que no existía escapatoria o alternativa de solución pues el gobierno controlaba todas las instancias de poder y hacía caso omiso de quienes trataran de controlarle, sugerirle o fiscalizarle como por ejemplo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contra la que montó también una campaña de desprestigio.

Y mientras esto ocurría con los hombres de prensa el gobierno hacía y deshacía del país: privatizaba empresas de manera irregular, compraba políticos para lograr gobernar sin freno, robaba al tesoro público, hacía compras ilegales de armas y mantenía una política de terror y sangre matando a diestra y siniestra a todo aquel que se le opusiese a sus intereses.

Por ello, el periodista Yovera se expresa de la siguiente forma en su artículo: «El Perú, al que una vez un escritor local llamó: «país de las maravillas», vive una era en que todo es posible, donde desde hace casi 10 años un autócrata de adusto rostro oriental gobierna con mano de hierro, con un congreso de goma, un poder judicial domesticado y fuerzas armadas controladas por palaciegos generales de opereta... En este país, por lo tanto, vivimos una versión de lo mismo de siempre, pero con una diferencia: Esta vez el envoltorio está decorado con los bellos colores de una democracia virtual. Parece democracia, suena a democracia, pero no lo es. Hay leyes e instituciones que parecen ser lo que no son, controladas por «Comisiones Ejecutivas» designadas a dedo por el Presidente de la República, y cuyos miembros son rehenes permanentes de sus propios miedos y sus conveniencias personales. Sirven al placer del mandatario y dirigen permanentes procesos de «reorganización» que les permiten torcer la ley para ponerla a l exclusivo servicio del poder».

No era posible el periodismo de investigación como un sistema de fiscalización pública. Aquel periodista o medio de comunicación que osara "husmear" en los asuntos de gobierno simplemente empezaba a ser acosado, intimidado, terminaba encarcelado o tal vez asesinado. Y como si esto fuera poco los propios colegas pero que se habían vendido al régimen empezaban las campañas de desprestigio. Aún así como lo muestran las denuncias antes mencionadas por Uceda los periodistas independientes no se acobardaron y con todos los riesgos siguieron investigando y denunciando. Generaron así una crisis que, más tarde o más temprano, no precisamente por una denuncia periodística pero sí por la exhibición de la corrupción en los medios trajo abajo al régimen.

Uceda recopila ello en su artículo «la prensa y la crisis peruana publicado en noviembre del 2000 en la web del Centro Internacional de Prensa: «El estallido de la crisis, sin embargo, no se produjo por una investigación periodística. La desencadenó el famoso vídeo en el que se ve a Montesinos sobornando a un parlamentario. La gente ya sabía que Fujimori había corrompido a congresistas - la prensa independiente había publicado testimonios -, pero nadie lo había visto, y la devastadora imagen de algún modo convenció a todos que no sólo eran ciertas las acusaciones anteriores, sino que había mucho más. Y ahora, cuando Fujimori y Montesinos están fuera de escena, el sistema judicial, libre de sometimientos, vuelve la mirada hacia las denuncias desoídas que en su momento hizo la prensa».

Temas importantes y de trascendencia para el destino del país como el presupuesto nacional, las privatizaciones, las licitaciones, los fondos de los ministerios, el accionar de los poderes del Estado, los funcionarios públicos, porque no también las donaciones extranjeras de cooperación para el desarrollo y todo aquel tema espinoso relacionado con el gobierno desaparecieron de la agenda pública de los medios de comunicación.

Las razones… muy simples. O se era un medio del gobierno que solo publicaba lo que éste ordenaba o porque se era opositor pero no había posibilidad de investigación debido a la violencia que ejercía el gobierno a través del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) con la prensa pues quien intentara hacer algo en contra del régimen o terminaba muerto y su medio de comunicación cerrado.

El primero de estos ataques fue hacia la televisora Frecuencia Latina, Canal 2, que realizó una investigación que demostró, entre otras cosas, que Vladimiro Montesinos ganaba más de 600 mil dólares al año y no los declaraba. La investigación denunció también las torturas a una agente del SIN que él dirigía desde la sombra. El Congreso y el Poder Judicial se negaron a investigar y los políticos y jueces se dedicaron a defender con pasión al conocido «Doc».

Pero los denunciantes terminaron como denunciados. «La respuesta del estado peruano a la investigación periodística fue quitarle la nacionalidad peruana al propietario del canal, Baruch Ivcher, a través de una serie de maniobras no sólo ilegales sino increíbles para éstas épocas. Finalmente el canal fue entregado a los socios minoritarios de Ivcher, quienes habían demostrado ser mucho más manejables por el Estado. Ivcher salió al exilio... », reseña Yovera en el artículo ya mencionado.

Una muestra más de esta situación la vivió el periodista Hermes Rivera Guerrero, cuyo caso es recogido por la International Journalists’ Network (IJNet) en su página web donde da cuenta el 19 de abril del 2001 del indulto concedido titulando: «Indultan a periodista peruano condenado injustamente». En la noticia se anota: «Luego de una exhaustiva revisión del caso, el gobierno peruano ordenó la puesta en libertad del periodista Hermes Rivera Guerrero, quien sufría injusta condena de 20 años de prisión, desde mayo 8 de 1992. La noticia fue divulgada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, entidad que desde el 30 de noviembre pasado solicitó el indulto del mencionado profesional, así como de cuatro periodistas más, considerando que no han tenido posibilidades de derecho a una legítima defensa. Rivera Guerrero fue encarcelado como consecuencia de las denuncias periodísticas sobre corrupción gubernamental que hizo en el programa «Enfoques» de radio Oriental, en Jaén, Cajamarca. Igualmente porque el periodista se negó a pagar la suma de 500 dólares, a cambio de su libertad, por tal motivo, fue sometido a crueles torturas por parte de la policía».

Otro caso y que para pena de la prensa logró doblegar a un periodista es el narrado por la periodista Cecilia Valenzuela (su nombre recorrió el mundo al publicar el resultado de una investigación en la que cuestionaba la nacionalidad del presidente Alberto Fujimori) en su artículo «Perú: Territorio Comanche» publicado en la página web del Centro Internacional de Prensa.

«En octubre pasado el periodista Isaac García, de Radio Siglo XXI de Tarapoto, una pequeña ciudad del oriente peruano, denunció la campaña que el Ministro de la Presidencia, Tomás Gonzáles Reátegui, hacía en favor de su sobrino, que postulaba para alcalde de la ciudad. Inmediatamente después, García fue despedido de Radio Siglo XXI. A los pocos días, dos individuos no identificados le propinaron, en la puerta de su casa, una soberana paliza, y, posteriormente su padre fue comprendido en un proceso judicial engorroso y descalificador. Un mes después, cuando Isaac García fue convocado a Lima para declarante la Comisión del Congreso de la República, que investiga las denuncias de nepotismo y corrupción contra el Ministro de la Presidencia, el periodista se retractó de su denuncia inicial y no quiso formular cargos. Al salir de la sesión se negó a dar declaraciones, aunque admitió, esquivo, que había sido presionado», refiere Valenzuela.

Por suerte algunos planes fueron frustrados por la propia prensa como cuenta Valenzuela en el artículo mencionado. «El conocimiento y la publicación de uno de estos planes, el plan Bermuda - que en clave quería decir ver muda la prensa- salvó la vida del periodista César Hildebrandt, crítico opositor que dirige un exitoso programa de televisión, a quien el SIN planeaba asesinar».

En aquel entonces se rumoreo y caído el régimen se comprobó que era el gobierno en la persona del ex asesor del SIN, Vladimiro Montesinos, quien ordenaba a los medios que reportaje hacer, que noticia publicar, que primicia lanzar o como titular. Además de escoger que periodista lo debía hacer y hasta en que medio, programa y horario debía aparecer.

«Ya en 1997, la presión era más directa mediante comunicaciones del asesor presidencial Vladimiro Montesinos a los propietarios de medios, así como del asesor publicitario gubernamental, Daniel Borobio. Al respecto, el destacado periodista César Hildebrandt, en su programa político televisivo difundió grabaciones de ambos personajes dando la pauta de noticieros y programas políticos al propietario de uno de los más importantes canales de televisión». Esta es la reseña de Jorge Salazar en «Los ‘diablos’ de la prensa peruana».

Valenzuela en el artículo ya mencionado agrega otro tipo de presión: la económica. «El periodismo de investigación se realiza en el Perú, en medio de la adversidad y el autoritarismo. Peor aún si los dueños de los medios - incluso los más liberales- se encuentran presionados económicamente, a través de la oficina recaudadora de impuestos del Estado. En este contexto, el fantasma de la censura - la que astutamente ejerce el gobierno ajustando a los empresarios- visita diariamente las redacciones y los departamentos de prensa de los canales de televisión».

Sobre el tema, Salazar Cussiánovich anota «Desde entonces, el gobierno empezó a tratar de presionar a los medios de comunicación a través de las empresas anunciantes con la amenaza de ser «visitados» por funcionarios de la temida Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)».

En este contexto, no era extraño por ejemplo, que el presidente de la República saliera de viaje y eligiera qué medios y qué periodistas le acompañarían.

Se hizo popular la denominada "prensa chicha" o "prensa de a cincuenta", que no eran más que periódicos de cincuenta céntimos que fueron montados por gente del entorno fujimontesinista para desprestigiar a la prensa opositora y para montar grandes "cortinas de humo", en temas de espectáculo, que distrajeran a la opinión pública.

Al respecto Salazar Cussiánovich indica en el mismo artículo «La proliferación de diarios sensacionalistas se acrecentó en los últimos años». Y menciona títulos como El Tío, El Chino, Repúdica o Repudio usados para tildar a los periodistas de investigación como traidores a la patria «plumíferos amarillos» y «vulgares reptiles» o «connotados periodistas comunistas que buscan el descrédito de las Fuerzas Armadas, garantía del país ante cualquier agresión».

Salazar además anota que esta «seudoprensa» «Aunque figura con un precio nominal de venta, misteriosos y escurridizos personajes lo distribuyeron en diversos puntos de la ciudad de Lima gratuitamente. La gran pregunta es ¿quién financia esta costosa campaña y con qué objetivos? Diversos analistas opinan que la campaña tiene como objetivo restar credibilidad a los periodistas independientes que no apoyan al gobierno y que son contrarios a la pretensión re-reeleccionista del actual Presidente. En ese orden de ideas, la campaña contra la prensa sería parte de la estrategia electoral: por un lado controlar aquellos medios de comunicación que por razones políticas y, especialmente económicas debido a la crisis, deciden sumarse a la misma y no difundir informaciones contrarias al régimen y, por otro, cerrar las tribunas independientes y atacar, injuriar y difamar a aquellos pocos medios que se oponen al gobierno».

La periodista Cecilia Valenzuela también se refiere a estos «diarios populares adictos y monitoreados por el gobierno» en su artículo mencionado. «El despliegue tenía como objetivo desprestigiarlos profesionalmente sugiriendo, a todo color, que eran traidores a la patria y agentes del Ejército del Ecuador».

Salazar agrega que «Al contenido de los cientos de artículos y pasquines contra periodistas independientes en los últimos años, con lenguaje que para muchos observadores evidenciaría plumas castrenses, se sumó desde noviembre de 1998 la página web APRODEV (Asociación Pro Defensa de la Verdad), la que dirigida por un ex militar argentino y hoy prófugo de la justicia de ese país, Héctor Faisal, cumple la misma función desde el ciberespacio».

Valenzuela agrega detalles en su artículo: «La Oficina de Estrategia Psicosocial del SIN es una entidad perversa y moderna. Desde sus computadoras alimentan una página en Internet donde publican los artículos peor escritos y más siniestros de Internet. Sus textos tienen como objetivo incrementar las campañas de desprestigio y difamación que, en enero pasado, iniciaron en pasquines de escasa circulación contra políticos y periodistas. Los burócratas del SIN pretenden pasar desapercibidos fingiendo que pertenecen a una organización internacional, pero sus limitaciones y sus hierros los delatan».

Aparecieron también por entonces los "talk show" que colmaban las pantallas durante todo el día para no dar cabida al periodismo de investigación, a los noticiarios. En esta época se alzo como grande de la televisión Laura Bozo, supuesta amante de Vladimiro Montesinos, quien usó su programa para alabar y defender al gobierno y atacar a la oposición y a quien se le concedió la primicia y el privilegio de hacer varios especiales sobre temas de gran trascendencia como la firma de la paz Perú - Ecuador o la operación Chavín de Huántar para rescatar a los rehenes de la Embajada del Japón secuestrados por terroristas.

La apertura de la información no existía en lo más mínimo. Por suerte y a pesar de todo la prensa independiente siguió en la lucha por mantener un periodismo de investigación aún a costa de sangre y así puso al descubierto toda la corrupción del régimen.

En tal sentido, Uceda en su artículo «Perú: cuando la verdad es una bomba» considera que «Todos sabían que el presidente peruano Alberto Fujimori había sobornado a parlamentarios pero sólo cuando la realidad se vio de cerca, mediante un vídeo transmitido por la televisión, estalló la crisis peruana. Para un régimen con secretos inconfesables, la verdad y la prensa son los principales enemigos».

Fue esta prensa la que mantuvo al país atento a lo que ocurría y logró mantener conciencia de lo que realmente acontecía, de ahí la credibilidad que tuvo y el peso para traer abajo un régimen cuando puso al descubierto la corrupción con pruebas más que evidentes: un vídeo en el que el ex asesor del SIN compraba el voto de un congresista por varios miles de dólares, al que le siguieron cientos de vídeos en los que Montesinos compraba lo que quería: políticos, empresarios, periodistas, artistas y todo aquel que pudiera servirle.

El periodista Uceda recoge algunos de estos destapes o denuncias de la prensa en el mismo artículo ya mencionado: «La primera se produjo cuando la revista Sí demostró que nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta fueron asesinados por el Grupo Colina, un escuadrón militar protegido por el gobierno. Aunque el Ejército sacó los tanques a la calle, Fujimori -quien ya se había «democratizado» haciendo elegir un congreso constituyente -no pudo evitar que se iniciara un juicio a los culpables. Canal 2 produjo la segunda gran denuncia, al revelar las torturas que el Ejército infligió a una de sus agentes de inteligencia, Leonor La Rosa. Más tarde el diario Liberación comprobó ingresos millonarios, evidentemente ilícitos, de Vladimiro Montesinos. Y luego vendría la investigación del diario El Comercio y Canal N, demostrando la inscripción de Fujimori como candidato, en las elecciones del 2000, se hizo con más de un millón de firmas falsificadas. En todos estos casos el gobierno atropelló el orden establecido para que los crímenes no fueran sancionados y la corrupción continuara».

Reporteros sin fronteras destaca el papel de esta prensa en la caída del régimen en su informe del 2000 en el que se lee: «Los periodistas investigativos peruanos contribuyeron a expulsar del poder al presidente Alberto Fujimori después de obligar al otrora poderoso jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos a marcharse al exilio. La partida de Fujimori en noviembre llevó a la liberación de la prensa independiente, la que había padecido seriamente bajo un régimen que trató de manipular la información pública por una década. El presidente Fujimori utilizó todos los recursos a su alcance contra los medios de comunicación independientes, con lo que se ganó un lugar en la lista del CPJ de los Diez Peores Enemigos de la Prensa en 1999 y 2000. El arsenal de Fujimori abarcaba la vigilancia, las tácticas difamatorias y la fabricación de cargos judiciales contra periodistas y publicaciones. El mandatario peruano diezmó el periodismo televisivo independiente y monopolizó el tiempo de emisión de las estaciones de las estaciones pro gobierno. La prensa sensacionalista y un sitio de Internet controlado por miembros del círculo íntimo del presidente se especializaron en destruir la imagen de políticos opositores y de los periodistas que en sus reportajes adoptaron una actitud crítica frente al presidente».

Claro el ex presidente Alberto Fujimori y todo su entorno siempre defendieron la tesis de que en el Perú existía libertad de prensa pero después de lo expuesto es más que evidente las condiciones en las que trabajaron los hombres de prensa, específicamente los independientes porque quienes se rindieron al régimen vivieron una época de oro con favores políticos, pagos extraordinarios de cuantiosas cantidades de dinero y muchos regalos.

«Los filisteos de la prensa peruana proclaman a cuatro vientos que en el Perú es un país democrático porque existe libertad de expresión, y que existe libertad de expresión porque cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Sin embargo, los periodistas, los políticos o los estudiantes que denuncian atropellos, corrupción o abusos por parte del gobierno son amenazados, perseguidos o amedrentados a través de agentes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) o de jueces provisionales nombrados por Vladimiro Montesinos, el asesor del régimen de Alberto Fujimori... El periodismo de investigación se lleva la peor parte. La persecución que han desatado los servicios de inteligencia contra las fuentes de información atenta contra la vida y los derechos humanos. Si el ejercicio de la libertad de expresión no tiene garantías, y hacer periodismo significa poner en riesgo la integridad, la libertad de prensa y la libertad de expresión no existen», relata la periodista Cecilia Valenzuela en el artículo ya mencionado.

La periodista agrega que «Desde ese momento, los periodistas peruanos que llevaban doce años cubriendo y sufriendo numerosas bajas en la guerra contrasubversiva; sumaron a sus riesgos el de trabajar en medio de una dictadura».

Y si de ejemplos se trata, aquí uno más. El 2 de agosto del 2000, Reporteros sin Fronteros publica en su web una «Carta de protesta». La nota explica lo siguiente: «En una carta dirigida al Ministro del Interior, el General Walter Chacón Málaga, Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su honda preocupación después de que una decena de periodistas fueron agredidos y varios locales de medios de comunicación atacados el 28 de julio pasado, durante una manifestación organizada por la oposición» para protestar contra el tercer mandato presidencial de Alberto Fujimori.

En una línea más académica la doctora Rosa Zeta de Pozo en el artículo ya mencionado explica «El tema es complejo. Se puede hablar de una libertad de prensa legal, garantizada en la Carta Magna y en los códigos civil y penal, a la que siempre hace referencia el Presidente cuando se le pregunta al respecto; pero no se puede hablar de una prensa independiente política y económicamente, al servicio de quienes tenemos derecho a información de calidad, y no sólo en períodos electorales. Se puede decir que existe una declaración de principios y normas legales que avalan la libertad de expresión, pero, paralelamente, existen situaciones puntuales de mediación estatal que van en desmedro de la libertad»

Zeta menciona como ejemplo de estas situaciones que empañaron la libertad garantizada en la Constitución peruana el retiro de la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher, el accionista mayoritario de Frecuencia Latina (TV), la interceptación de teléfonos a periodistas, el proyecto de ley acerca del secreto profesional de fuentes, a punto de ser observados; las declaraciones presidenciales y la publicidad como privilegios de algunos medios, el intento de inserción de publicidad estatal en medios independientes, etc.

Hemos superado esta época, tuvimos un gran alivio durante el gobierno de transición con el presidente Valentín Paniagua que sentó las bases para reivindicar la prensa libre y hoy empezamos nuevamente a tener problemas con el presidente Alejandro Toledo quien también ha elegido a la «prensa de su preferencia» y empieza a dictar normas que atentan contra la libertad de expresión.

Así por ejemplo, la organización internacional «Reporteros sin fronteras» ha dado su voz de alerta al respecto y expresa su preocupación porque la «Ley de transparencia y acceso a la información pública», promulgada el 3 de agosto de 2002, contiene algunas disposiciones que podrían restringir al derecho a la información y limitar la libertad de prensa

En la página web de la organización se recoge una noticia el 8 de agosto de 2002 en la que da cuenta de ello «Es una pena que el innegable avance que supone la ley, en relación con la fiscalización de la gestión gubernamental por los ciudadanos, se vea reducido a nada por algunas disposiciones del texto» ha declarado Robert Menard, secretario general de Reporteros sin Fronteras, en una carta dirigida al presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa. Agrega la noticia que el funcionario internacional lamenta particularmente que el carácter de «secreto de Estado» de las informaciones sean definidas por el Consejo de Ministros, y no por la Ley.

La Ley de transparencia y acceso a la información pública fue aprobada en el Congreso, por unanimidad, el 10 de julio de 2002, y promulgada el pasado 3 de agosto de 2002. Según el artículo 15 de este texto, es el Poder Ejecutivo quien, «a través de un acuerdo adoptado por la mayoría del número legal de los miembros del Consejo de Ministros», determina cuáles son las informaciones clasificadas como «secretas», por un plazo de cinco años.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) había propuesto que la última palabra la tuviera e Poder Judicial. «En un comunicado del pasado 6 de agosto, esta organización afirmó que la ley «(atenta) contra el derecho ciudadano a la información y (legitima) la cultura del secreto en Perú», anota la nota de prensa de Reporteros sin Fronteras mencionada.

Otra nota de esta amenaza que empieza nuevamente contra la prensa, se recoge el 24 de junio del 2000 en la página web de Repoteros sin Fronteras con el titular «El propietario de un grupo de prensa amenazado por personas cercanas al presidente Toledo». En la nota Reporteros sin Fronteras «ha manifestado su preocupación por las amenazas de encarcelamiento que ha recibido Moisés Wolfenson, por parte de personas cercanas al presidente de la República Alejandro Toledo, sí se niega a modificar la línea editorial de sus periódicos en favor del gobierno actual».

En la misma nota el secretario general de Reporteros sin fronteras declara que «si se confirman estas prácticas, recordarán tristemente a las que estaban en vigor bajo la presidencia de Alberto Fujimori, cuando amenazaba con sanciones judiciales a los directores de los canales de televisión que criticaban su gestión».

A continuación se lee: «Según las informaciones recogidas por Reporteros sin Fronteras, Radio 11.60, una emisora de información continuada de Lima, reveló el 22 de junio de 2002, que Moisés Wolfenson fue amenazado por personas cercanas al presidente Alejandro Toledo, durante una reunión. La radio emitió un extracto de la grabación de una conversación, realizada por la Policía anticorrupción a escondidas de las personas interesadas, en la que se escucha a Salomón Lerner, responsable de un organismo financiero público, amenazando a Moisés Wolfenson con encarcelarle, si se niega a modificar la línea editorial de sus publicaciones».

Al día siguiente, en la misma web se publica la siguiente noticia «La oposición difunde la grabación audio de la supuesta conversación entre Lerner y Wolfenson». El texto dice lo siguiente: «El 24 de junio de 2002, Jorge del Castillo, diputado del partido de oposición de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), dio a conocer el contenido de la conversación, supuestamente grabada el pasado mes de mayo, entre Salomón Lerner, presidente de la estatal Corporación financiera de desarrollo (COFIDE), y Moisés Wolfenson, dueño del diario de oposición La Razón. La grabación confirma las presiones ejercidas por Salomón Lerner sobre el patrón de prensa para que este último no siga atacando al gobierno».

Como consecuencia de ello, el 26 de junio de 2002 se da la siguiente noticia: «Salomón Lerner renunció». En ella se lee: «El 25 de junio, Salomón Lerner renunció a la presidencia de la Corporación financiera de desarrollo (COFIDE), tras la difusión de su conversación con el patrón de prensa Moisés Wolfenson».

Pero este no es el único incidente ocurrido durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo contra la prensa. El 30 de julio del mismo año Reporteros sin Fronteras protesta por la orden de captura dictada el 25 de julio contra el periodista Alvaro Vargas Llosa querellado por difamación y calumnia por Adam Pollack. La nota recoge el origen de esta pena: «Adam Pollack solicitaba una condena de tres años de cárcel y un millón de dólares de multa. En declaraciones efectuadas a la prensa, en noviembre de 2001, Alvaro Vargas Llosa denunció presuntas irregularidades en las negociaciones del gobierno peruano para un contrato militar. Afirmó que en la negociación participó Adam Pollack, quien según el periodista está muy próximo al presidente Alejandro Toledo...»

Como colofón de este apartado podría citarse nuevamente el artículo de la doctora Zeta: «Históricamente podemos decir que los conflictos entre la prensa y la política son añejos y que difícilmente cambiará el panorama, por lo tanto debemos ser conscientes de que la libertad de prensa en el Perú implica responsabilidades».

Zeta perfila alguno de los desafíos que en esa línea debe asumir la sociedad, las instituciones y el gobierno peruano. Primero, seguir trabajando por mantener una prensa independiente, en la que se fomente el periodismo de investigación, en la que haya coherencia entre la producción informativa y los debidos intereses del público, y en la que se reflexione sobre los temas más importantes que los ciudadanos debemos conocer para poder actuar libremente. Otro desafío que enuncia la catedrática es la solvencia económica y claridad empresarial que permita una independencia en la labor informativa.

Y pone especial énfasis en un último desafío: la formación profesional y ética que permita actuar libremente y con criterio. «Actualmente tenemos 30 facultades de comunicación en el país y en muchas de ellas al dejar de lado una formación más sólida y de bases humanísticas, los periodistas están saliendo desprotegidos de valores fundantes y, por tanto más permeables a malos juegos en el negocio, o sin conciencia clara de los fines sociales de la información».

Esta situación política - social perfilada a lo largo de la exposición puede explicar por qué el periodista peruano defiende ahora tanto su independencia del gobierno y alza su voz para el libre ejercicio de su profesión.

Un último apunte: Ojalá el Perú y América Latina no olvidemos nunca estos tristes episodios porque la información es un poder que mal llevado ayuda grandemente a que reine la corrupción. Antes todo eran suposiciones hoy las pruebas son evidentes y por tanto la prensa independiente no puede darse por vencida. Ningún periodista puede volver a alquilar o vender sus conciencias.


* Ruby Violeta Cubas Urbina es docente en la Universidad de Piura, en Perú. Esta comunicación fue presentada en la IV Bienal Iberoamericana de Comunicación (sociedad, información y conocimiento) realizada en San Salvador entre el 17 y el 19 de septiembre de 2003, la cual se reproduce en SdP con la autorización de los organizadores.


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