Sala de Prensa

59
Septiembre 2003
Año V, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


América Latina, en el reto de construir puentes con y entre las ciudadanías

El derecho a la información como
práctica de formación y desarrollo
de la ciudadanía comunicativa

Carlos A. Camacho Azurduy *

Amo la palabra Hermano
que hace que tu vida
y mi vida unan sus manos y,
como balanzas busquen el equilibrio,
para que cuando tú bajes yo te alce
y cuando yo caiga tú me levantes.
Anónimo

Los campos articuladores de nuevos escenarios

En las últimas dos décadas valorizamos en los países de América Latina la democracia como régimen institucional, pero se constata que aún falta mucho por avanzar para que se constituya en evidentemente participativa y no sólo representativa, y para que subsista como una forma de vida cotidiana donde no exista una brecha tan profunda entre la formalidad de la ley, por un lado, y la conciencia y la práctica de los derechos humanos en el marco del ejercicio ciudadano, por el otro.

Esta grieta se debe, entre otras razones, a que muy poco es lo que se avanzó en cuanto a construir una gobernabilidad esencialmente democrática —que concierne a la relación entre el sistema político y la ciudadanía— por la falta de adecuación de la política y del Estado a las transformaciones sociales y culturales en curso, producto de acelerados procesos de cambio en la configuración de sociedades informacionales y del conocimiento donde convive, en permanente conflicto y complementariedad, la (pos)modernidad y la tradición. Entre otras cosas, estas "deficiencias afectan la viabilidad política de las estrategias de desarrollo y pueden poner en peligro la legitimidad misma del régimen democrático" (Calderón y Lechner, 1998: 12).

Estas configuraciones y procesos requieren la conducción de una nueva acción política que tome en cuenta la mayor y mejor cooperación, participación e incidencia efectiva de los ciudadanos, como sujetos actores. De hecho, resulta paradójico que hoy en día asistamos a un auge de la "cultura del yo" (privatización de actitudes y conductas) que contrae drásticamente y cambia de forma el ámbito integrador —en tanto espacio compartido, de encuentro— que representa lo público. Una interacción que en el omnipresente espacio del mercado conforma ciudadanos-consumidores o ciudadanos-espectadores; en ambos casos, apartados en espacios privados e íntimos,1 bien demarcados en sus intereses, pasivos en el juego político del poder (pertenencia democrática).

Frente a esta situación, Fernando Calderón y Norbert Lechner se cuestionan si "¿No es el estar-juntos-con-otros, esa comunidad de semejantes, el espacio propiamente político de la democracia?" (:26). Y si "¿puede la población de nuestras sociedades (o sea, nosotros) llegar a ser ciudadanos? Vale decir: la gobernabilidad democrática presupone ciudadanos, pero ¿qué hace la democracia para formar ciudadanos?" (:38-39). A lo que le añado inevitablemente, ¿qué hacen los medios y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), especialmente Internet, para apoyar y fortalecer este proceso?

Precisamente, la gobernabilidad requiere patrones de corresponsabilidad y complicidad entre el sistema político y los individuos como sujetos de derecho convertidos en ciudadanos plenos —a partir de prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones culturales— que comparten algo común en libertad e igualdad. Todo esto está profundamente ligado a procesos de democratización, de educación y de revalorización de los derechos humanos,2 tal como lo recalcan los autores mencionados:

La ciudadanía presupone que las instituciones puedan garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos sociales. En consigna, sólo si hay derechos hay ciudadanos (:34).

¿Por qué hablar de ciudadanía hoy?

De una manera real se empieza a percibir, como fundamento para la consolidación de los noveles sistemas democráticos de América Latina, la urgente necesidad de su legalidad y legitimación desde la sociedad civil. No sólo en los ámbitos académicos, sino cada vez con mayor ímpetu entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el tema de la ciudadanía va cobrando especial importancia por una serie de razones que provienen fundamentalmente de cuatro vertientes:

a) Política:

La falta de reconocimiento y menosprecio, desde el tiempo de la Colonia, de la cultura política de los sectores populares debido a razones políticas e ideológicas que impiden concebir al "otro", en sus múltiples diferencias ¾ especialmente interculturales¾ , como igual (conciudadano). Esto se manifiesta en desigualdad e injusticia social producto de una profunda negación cultural y de una serie de sentimientos y acciones arraigados de discriminación e intolerancia.3

Paralelamente, se observan marcados procesos de auto negación, donde el "otro" se siente y percibe como inferior (ciudadano de segunda o tercera clase) y desestima su propia identidad cultural.

Se siente el agotamiento del sistema de partidos políticos. La gente valora la política como necesidad de participar y ocuparse del destino de la comunidad, pero siente que esta actividad fue "maleada" por un grupo minoritario ("politiqueros") que se aprovecha de ella para lograr intereses personales o partidarios y, además, no deja participar a otros en la escena política (clientelismo, nepotismo).

b) Histórica:

Una modernidad aún inconclusa en la que conviven multiplicidad de sentidos de vida y pluralidad de culturas, en cuyo seno se entrecruzan diferentes lógicas de desarrollo que no logran ser resignificadas y apropiadas por la gente debido a las concepciones lejanas y alejadas desde las que fueron pensadas y transplantadas.

Una larga etapa histórica de gobiernos de facto (militares) en diferentes países latinoamericanos en la década de los años ’70 que avasalló las posibilidades reales del ejercicio constitucional de derechos, esencialmente los relacionados con la libertad de expresión y opinión, y anuló las garantías constitucionales de los ciudadanos. Todo ello, sumado a violaciones de los derechos humanos por medio del uso de aparatos de represión y muerte, desgastó el sistema democrático y perfiló un clima de injusticia en el que ¾ ahora en menor medida, pero con clara evidencia¾ viven las mayorías alejadas o aisladas del poder económico y político. Estas jóvenes democracias tienen aún mucho camino por recorrer para recobrar la esperanza perdida y el sueño anhelado.

c) Económica:

"Paradójicamente, a pesar del crecimiento evidente de la miseria y de la pérdida general de la calidad de vida en muchos aspectos, el debate sobre la pobreza ha quedado relativamente escindido de la discusión sobre la ciudadanía" (Calderón y Lechner: 36). La pobreza es una "marca de inferioridad" (que califica al otro como carente, indigno, desprotegido, marginal) que desconoce al "otro" —culturalmente distinto— como sujeto de derechos legítimos y, por lo tanto, impide la universalización, el reconocimiento y el ejercicio de estos. En ese marco, coincidimos con los autores abordados, no puede existir el ciudadano.

Los altos índices de pobreza llevan a que la gente ¾ fundamentalmente de los sectores populares¾ se preocupe de satisfacer, en primera instancia, sus necesidades básicas más elementales antes que participar y decidir públicamente. Estas condiciones de vida extremadamente difíciles se reflejan, como acertadamente apunta el pnud (2002: 188), en expresiones de desilusión, fatalismo y pesimismo muy fuertes, sensación de abandono y desamparo, inseguridad y frustración respecto al futuro.

Empero, muchas veces, ésta es razón sustancial para el surgimiento de movimientos sociales agrupados en torno a la identidad cultural, el género, el consumo, etc., que exigen el cumplimiento de sus derechos. Por otro lado, al tener estas necesidades resueltas, los sectores más acomodados se repliegan, cada vez más, en ámbitos privados (individuales, grupales o familiares) que los alejan de la construcción de comunidad.

El pnud (2000: 31, 131) sostiene que la pobreza está vinculada, en su dimensión subjetiva, con la incapacidad de ejercer ciudadanía (condición pre-ciudadana), que se manifiesta en relaciones sociales excluyentes y desigualdad de oportunidades, impidiendo afirmar los valores y traducir las aspiraciones de todos los sectores de la sociedad en proyectos de vida compartidos. En ese sentido, Cançado (en Benvenuto: 20), Juez Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantea que en este inicio del siglo xxi la erradicación de la pobreza extrema se constituye en uno de los grandes desafíos de la protección internacional de los derechos humanos.

d) Social:

Si bien la democracia ha tenido importantes avances, se percibe un malestar y deterioro social que repercute en una desconfianza generalizada. Esta situación ocasiona que, tal como afirma el pnud, "A mayor desconfianza, menor posibilidad de ciudadanía, y por tanto mayor dificultad en consolidar proyectos en la perspectiva del desarrollo humano" (:185).

Se ha detectado en segmentos sociales amplios una actitud individual negativa que puede constituirse en una enorme barrera para el desarrollo y la formación de ciudadanía: el fatalismo.4 De hecho, "conlleva resignación y conformismo y generalmente está asociado con altos niveles de frustración y bajas condiciones y oportunidades para superarlos" (:224).

En mayores y menores grados estas vertientes, entre otras, muestran a la ciudadanía en Latinoamérica como el resultado de un proceso sociopolítico que pretende ¾ en pleno siglo XXI¾ la lucha por la igualación de todos en pos del fortalecimiento de Estados con plenas garantías para dar concreción y vigencia a los derechos humanos en la consolidación de sociedades verdaderamente democráticas, justas y equitativas.

Por ello, la urgente tarea de encarar un trabajo multidisciplinario en la construcción de ciudadanía desde diversos frentes. Este trabajo se aproxima a la labor específica de los medios de comunicación masiva en esta dirección. A continuación, se detallan algunos rasgos que permiten comprender los aspectos que abarca el tema de la ciudadanía antes de que se analicen los procesos masivos para su gestación activa y responsable.

Hacia la formación de nuevas ciudadanías

En el marco esbozado se está configurando un nuevo escenario político donde los medios masivos adquieren una creciente influencia en el ejercicio de la democracia y de la política desde su cotidianidad. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2002: 131) propone la necesidad de "buscar mayor congruencia entre comunicación y política, a fin de que ambas esferas se potencien para fortalecer, tanto en las instituciones estatales como en la sociedad civil, una cultura política deliberativa."

Jesús Martín-Barbero (1998: xv) añade que la comunicación y la cultura son el "estratégico escenario que le exige a la política recuperar su dimensión simbólica —su capacidad de representar el vínculo entre los ciudadanos, el sentimiento de pertenencia a una comunidad— para enfrentar la erosión del orden colectivo." Por lo tanto, se teje una red de relaciones entre comunicación, cultura y política articuladas por un puente articulador fructífero: la ciudadanía (Alfaro, 1997) o ciudadanías en plural, respetando la diversidad (pluri-multi cultural) de América Latina.

El restablecimiento de la democracia en Bolivia (1982), al igual que en muchos países latinoamericanos, marcó el inicio de un proceso de cambio orientado a crear las condiciones necesarias para la edificación de una sociedad justa, democrática y participativa, en el marco del respeto a las garantías constitucionales de las personas.

Sin embargo, luego de más de 20 años de vida democrática se constata que la cultura política de la población —o, más bien, de cada grupo sociocultural— se estancó e, incluso, empobreció debido a que se la negó sistemáticamente desde esferas de poder tradicionales y conservadoras: lo "otro" en cuanto tiene posibilidad de ser y existir, es peligroso al sistema establecido. Además, no se impulsó procesos de educación política y ciudadana sobre la base de los valores democráticos, una tarea educativa ligada a incentivar el sentimiento de pertenencia a la comunidad —en el marco del diseño de modelos de sociedad y de Estado— y la convicción de que la solución de los problemas del país depende del protagonismo de las personas, es decir, de la participación activa y comprometida en la esfera pública (Peñaranda, 2001).

Frente a este panorama, Susana Peñaranda (2001) plantea la urgente necesidad de trabajar desde todos los frentes en la constitución de una nueva cultura política ciudadana capaz de formar una ciudadanía activa y responsable que estimule la conciencia sobre los derechos y deberes que tienen los seres humanos —por el hecho de ser tales— y, asimismo, fortalezca el sentimiento de pertenencia y compromiso con una comunidad política y los conciudadanos que la forman, ahora debilitado por la poca participación e incidencia en el ámbito público.5

Por lo tanto, aquí planteo encarar procesos sociales mediáticos de construcción de ciudadanías, en definitiva, una gestación de las subjetividades individuales y colectivas, de aprendizaje de expectativas recíprocas y de definición de un espacio de responsabilidad en relación con los "otros", en general, y con el Estado o la autoridad pública ("otro privilegiado"), en particular: ¿qué derechos tengo?, ¿cuáles son mis responsabilidades (y las del otro hacia mí)? Precisamente, el "desafío de la transición actual está en la capacidad de combinar los cambios institucionales formales con la creación y expansión de prácticas democráticas y de una cultura de la ciudadanía" en la cotidianidad (Jelin, 1996: 114).

En esta línea, los medios y las TICs adquieren una importancia creciente, constituyéndose en escenario de debate público y de construcción de verosimilitud del hecho político y, asimismo, en actores del proceso político: en la definición de la agenda pública, en la influencia de líderes mediáticos en la formación de la opinión pública, en la fiscalización de los actos del gobierno (control social), etc. Estas "cualidades" se explican por la pérdida de legitimidad y credibilidad de los partidos políticos y el debilitamiento de sus funciones típicas como mecanismos de expresión de las demandas ciudadanas (pnud, 2002).

Empero, a pesar de que los medios, y cada vez más las TICs, se constituyen en el ámbito de representación simbólica donde diversos grupos de la población —por medio de la ocupación del espacio público— (re)configuran su identidad cultural, expresan sus demandas e intereses, debaten los asuntos públicos y se reconocen como miembros de una comunidad, estos no pueden transformar estas demandas sociales —tarea de representación institucional de la política— en decisiones estatales: políticas públicas (ibídem). Entonces, la situación es altamente amenazadora y preocupante, no sólo por la falta de credibilidad y esperanza en la que se va estructurando el tejido social y político, sino por la falsa ilusión de que esos "nuevos" espacios públicos pueden, o deberían, solucionar los problemas estructurales y cotidianos de las sociedades.

En busca del poder ciudadano inteligente

Los cubanos, por supuesto, no pretenden haber resuelto los problemas de la libertad de expresión, de la información y de la democracia revolucionaria con los discursos de Fidel Castro. Superadas las angustias de la supervivencia, han empezado a trabajar en esos problemas con la misma seriedad y el mismo ahínco con que se enfrentaron a los obstáculos de vida o muerte del bloqueo.
Gabriel García Márquez, 1975

Por todo lo mencionado la presente propuesta se enmarca, siguiendo la reflexión de James Deane y Denise Gray-Felder (1999), dentro del campo de la comunicación para el cambio social, concebida como un proceso de diálogo privado y público a través del cual se pretende que las personas, fundamentalmente los grupos marginados tanto política, cultural como económicamente, decidan quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo, y en su empeño de tratar de lograrlo —en un contexto donde se les facilite la elección de opciones y oportunidades— mejoren su calidad de vida guiados por los principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación.

Este enfoque propone en los países latinoamericanos una nueva agenda de la comunicación para el desarrollo humano sostenible, trasladando el énfasis del proceso a las personas y comunidades como agentes protagonistas de su presente y futuro, que se valen del acceso, el diálogo y la participación6 para mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos.

Por todo ello, esta otra manera de entender e impulsar procesos sociales de comunicación para el cambio permite reflexionar e intervenir estratégicamente en la política y el desarrollo desde un eje fundamental: la creación de condiciones para el pleno ejercicio del derecho humano a la información, que no se reduce a permitir a las personas saber lo que deberían pensar o hacer, sino que otorga sentido y forma a sus aspiraciones, permitiéndoles tomar el control de sus propias vidas (ibídem): lo que una persona conoce, cambia.

Sin duda que el tema no gira sólo en torno al escaso acceso a la información especializada y de calidad por parte de las grandes mayorías sumidas en condiciones de extrema pobreza, sino, también, en las insuficientes habilidades educativas que no permiten registrarla, sistematizarla, validarla e integrarla adecuadamente con otros hechos o fenómenos, en función de su transferencia, aprovechamiento y transformación de manera potencialmente significativa en conocimiento informativo.

Éste "modificado mediante procesos evaluativos que le agregan valor (opciones, ventajas y desventajas) pasa a constituir conocimiento productivo, denominado por Páez Urdaneta inteligencia" (Ponjuán, s.f.: 5). Son, precisamente, estas estructuras informacionales internalizadas en estructuras de conocimiento (sistemas de reracionamiento simbólico) las que, siendo contextualmente relevantes, conducen a la acción permitiendo una intervención adecuada en la realidad, en vías del tan demandado cambio social del que se habló en párrafos anteriores.

Es por ello que las personas "inteligentes", adecuadamente informadas, tienen los suficientes argumentos para opinar sustentadamente, participar en la definición e implementación de acciones de carácter público que afectan directamente su calidad de vida, controlar socialmente a las autoridades que las representan y sobre las que han depositado responsabilidades, debatir sobre problemas comunes y tomar decisiones para su presente y futuro. Todo esto supone, sin duda, ¡ejercer poder ciudadano inteligente!

No sólo el escaso acceso a la información poco relevante para la acción y a las TICs ?que algunos han bautizado como “brecha digital? es un tema que se debe considerar en Am?rica Latina, también los usos y utilidades que los diferentes grupos socioculturales (audiencias) le asignan a esta oferta en un contexto determinado en función a sus necesidades, aspiraciones, demandas, expectativas.

El protagonismo de la ciudadanía comunicativa

El papel estratégico de la educación, del conocimiento y de las redes de información constituyen en la actualidad uno de los principales elementos de integración social al mundo moderno. Solamente un grupo muy reducido de latinoamericanos tienen acceso a redes de información y al manejo de las nuevas formas de conocimiento. Resulta pues fundamental que una renovación ciudadana busque una expansión de las nuevas formas de conocer y comunicar.
Fernando Calderón y Norbert Lechner, 1998

Manuel Antonio Garretón (1995: 103) plantea una multidemsionalidad ciudadana —ligada al acceso y la calidad—, esto es, un conjunto de derechos y deberes donde la persona ejerce su capacidad de ser sujeto, es decir, de llegar a controlar o decir algo sobre los procesos que definen un determinado campo, por ejemplo, en relación al mundo terrirorial, educacional, comunicacional, de género, etnia, generación, etc. Por lo tanto, en cada uno de estos campos se es titular de derechos humanos inalienables de acuerdo a una particular condición que proviene de la diversidad.

Al respecto Garretón (:104) considera que en el concepto de ciudadanía moderna "estamos frente a una extensión de derechos irrenunciables que provienen precisamente de la diferencia y no de la igualdad básica de los seres humanos", lo que le otorga a cada persona o grupo la posibilidad de definir y luchar por tales derechos. Empero, esta potencialidad de la expansión ciudadana —como la llama el autor mencionado— se ve frustrada y negada por la exclusión, marginación, descomposición y fragmentación de las sociedades, la ausencia de proyectos globales de sociedad, etc., que caracterizan a los pueblos de América Latina, especialmente, los sectores populares.

En este marco, María Elena Hermosilla (1995: 180) sostiene que los medios de comunicación masiva pueden aportar en la constitución de ciudadanía estimulando la autonomía (social, política, económica y cultural) de los sujetos individuales y sociales para que estos puedan gestionar, construir y asumir su propio destino sobre la base del desarrollo y perfeccionamiento de sus condiciones de vida. Frente a la oferta de los medios, las personas construyen una ciudadanía comunicativa. A propósito, Claudia Villamayor y Ernesto Lamas (1998: 224) plantean lo siguiente:

El ejercicio de ciudadanía es un proceso de aprendizaje al que contribuyen las diferentes instituciones presentes en la sociedad, entre ellas los medios de comunicación. Desde un medio de comunicación siempre se construye ciudadanía: se puede ayudar al fortalecimiento de una ciudadanía activa y participativa o se puede fomentar una ciudadanía pasiva vinculada únicamente con el consumo.

Garretón (:106-107) complementa el análisis con dos dimensiones interdependientes en la relación entre los medios de comunicación masiva y la ciudadanía, como se aprecia en el siguiente cuadro:

Dimensiones de la Ciudadanía Comunicativa
PRIMERA DIMENSIÓN
"También ejerzo mi ciudadanía
a través de los medios"
SEGUNDA DIMENSIÓN
"También aprendo a ser ciudadano en
mi relación con los medios"
En los medios las personas expresan y ejercen su ciudadanía en diversos campos, por ejemplo, a través de diversas formas de control social del poder. Sin embargo, los medios también pueden sustituir de forma ilusoria la participación a la que no se tiene acceso realmente o se puede dar el caso que los medios intenten sustituir a otras instancias de participación (por ejemplo, partidos políticos). Las personas definen y (re)configuran su ciudadanía en la relación que establecen con la oferta mediática (consumo cultural) .7 Por ejemplo, la información que estos producen aumenta el poder ciudadano (control social). Asimismo, aquí se plantea un tema de fundamental importancia, cual es el control ciudadano de los medios para la regulación democrática de estos.

En esta línea, Villamayor y Lamas (:223) reconocen que en la actualidad los medios juegan un papel prácticamente insustituible en la construcción y ejercicio de ciudadanía orientada a la consolidación de una sociedad democrática, ya que mediante el acceso8 y la participación en estos, las personas pueden ejercer ciudadanía al hacer uso de la libertad de expresión y acceder al espacio público, al mismo tiempo que controlar a las instituciones y ejercer presión sobre ellas.

En todo este proceso, la información es fundamental para conocer y comprender la realidad actual. El hombre moderno tiene necesidades informativas que son satisfechas en gran parte por los medios de comunicación masiva; empero, la selección que estos hacen no siempre está acorde con las aspiraciones, necesidades, exigencias y expectativas de los receptores. La cada vez mayor "avalancha de mensajes" coloca al individuo, según Rivadeneira (1984: 37), "en una situación de ‘observador’ de resultados en cuya producción él parece no participar", lo que le lleva a un estado de marginamiento social.

Información de calidad: eje del proceso

Ya en 1949, la Teoría Matemática de la Comunicación de C.E. Shannon y W. Weaver concibió la información como opuesta a entropía, caos o casualidad. Una de las aportaciones más importantes al modelo matemático es la de Eric Berne (citado por Valbuena, en Benito: 758-759), para quien la información es lo que conscientemente desea y se propone comunicar (emisor) o recibir (receptor), porque es lo que saben, lo que les da seguridad. La actitud del receptor es, en última instancia, la que otorga valor a la información, por tanto, es quien determina si la considera como ruido —lo que inconscientemente recibe sin desearlo ni proponérselo— o como información.

Cuando hablo de una oferta informativa de calidad necesaria para la formación de ciudadanía comunicativa me refiero a la información absoluta, normativa u objetiva que permite describir y predecir este mundo, es decir, "llenar los vacíos" y darle sentido a la realidad. Esta se apoya, para Brenda Dervin (citada por Valbuena, en Benito: 761), en una serie de supuestos que parten de la afirmación que la comunicación humana es el proceso creativo de uso de la información:

a) la información es un recurso valioso;
b) la información describe la realidad;
c) la información reduce la incertidumbre;
d) la información permite al hombre enfrentarse más efectivamente con la realidad.

Por otro lado, Felicísimo Valbuena (en Benito: 763) habla de un nivel óptimo de información, "el que permite a las personas actuar como sistemas homeostáticos, en equilibrio". De una infracarga de información que se produce cuando la persona no se encuentra con el conocimiento ni las alternativas suficientes para hacer frente a una situación. Y, finalmente, la sobrecarga de información cuando la persona traspasa el nivel óptimo de información necesario: "los estímulos son excesivos y la persona no está preparada para adaptarse a la situeación."

A partir de lo que Carlos Soria (1991: 14-15) llama la "revolución jurídica" de 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, él deduce de la idea del derecho a la información una serie de particularidades a partir de la doctrina iusinformativa:

  1. La información es un acto de justicia.- Al investigar, difundir y recibir información se está dando a cada persona lo suyo, a lo que tiene derecho, y en eso consiste precisamente la justicia. El público está compuesto por núcleos personales, libres y responsables, que son titulares de un derecho humano.
  2. La información es una función pública.- Nadie puede ejercitar el derecho humano a la información si no es para dar perfecto cumplimiento al derecho de los demás, para realizar la justicia informativa.
  3. La información no es tanto un poder como un derecho y un deber.- La información tiene la posibilidad de ejercer control social de los tres poderes clásicos del Estado. Por ello, la información debe ser considerada más como un derecho humano (a la información) y un deber profesional (informar), que como un poder.
  4. La finalidad de la información es formar al hombre en su dimensión social para hacer la comunidad.- El fin de los mensajes informativos es conocer la realidad para tomar decisiones prudenciales (comunicación de hechos), inducir al hombre a obrar la virtud y extenderla (comunicación de ideas) y facilitar al hombre cómo pensar formulando sus propias opiniones (comunicación de opiniones). En síntesis, la finalidad de la información es formar al hombre en su dimensión social para hacer la comunidad. Para Juan Pablo II (citado por Aspíllaga: 10), que ha merecido llamarse "Papa de los derechos del hombre", la finalidad última de la información es la de "ofrecer a los hombres de hoy el conocimiento adecuado y continuo de los acontecimientos, que les resulta necesario o útil para contribuir eficazmente al bien común y para procurar un progreso más rápido de la sociedad." Para cumplir con esta finalidad, el contenido de la información debe ser siempre verdadero y completo, respetando las normas morales, los legítimos intereses y la dignidad del hombre, tanto en la obtención como en la difusión de noticias.
  5. La información no es patrimonio exclusivo y excluyente de los periodistas ni de las empresas informativas.- La titularidad universal del derecho a la información pertenece a todos-los-cada-uno. Los informadores y las empresas informativas actúan en virtud de una delegación o mandato general, social y tácito que el sujeto universal hace en ellos, administrando el poder de informar de todas y cada una de las personas.

Por ello es que se plantea que la empresa informativa y los periodistas son responsables ante el público: el informador trabaja para la información en, con y desde la empresa. La propiedad de un medio o el ejercicio de la labor periodística no conllevan el derecho de propiedad de la información, sino el deber profesional de informar, hacer posible y facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y constituir, en definitiva, la comunidad.

Tiene hoy pleno sentido la afirmación de Aspíllaga (:23-24) cuando fundamenta que las actividades informativas tienen una íntima conexión con la justicia:

Al dar información el periodista está dando a todos, a cada uno, lo que es suyo, aquello a lo que tienen derecho. Y en dar a cada uno lo suyo consiste precisamente la justicia. De modo que se puede informar que un periodista es justo o injusto según informe bien o mal.

Por ello es que se concibe que los profesionales de la información —"comunicadores de la palabra humana", como los llama Juan Pablo II— no trabajan para la empresa, ni siquiera para la información, sino para el público. Y, precisamente, este trabajo debe ser realizado con un sentido del bien común y de responsabilidad, por medio de los cuales toda persona asuma libremente mayor protagonismo respecto de los destinos de la humanidad en función de la comprensión plena, adecuada, exacta y fiel de la realidad por medio de la información.

Además de estas particularidades de la información, Desantes (1990: 22) recomienda tomarla en su doble sentido de agere (actuación informativa o proceso de poner en forma) y de facere (mensaje o producto resultado de tal actuación informativa).

La toma de medios y democracias por parte de la ciudadanía comunicativa

Si tomamos en cuenta que la información que circula públicamente proviene fundamentalmente de los medios y, cada vez más de las TICs, entonces podemos hablar de una ciudadanía que también se construye a partir del consumo cultural de la oferta mediática, y la que hemos definido con Hermosilla (1995) como ciudadanía comunicativa.

En esta dirección, en el presente ensayo esbozamos un modelo teórico de construcción de ciudadanía comunicativa (ver Gráfico) sobre la base del ejercicio pleno del derecho a la información, que incorpora los siguientes elementos: formación de opinión pública, participación ciudadana y deliberación pública, en el marco de gestación de espacios públicos democráticos.

Vista desde este enfoque, la información como derecho fundamental —reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948— puede coadyuvar en la formación y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía en el marco del desarrollo humano sostenible. Por lo tanto, aquí se diseña y fundamenta un modelo teórico de ciudadanía comunicativa, mediante la cual las personas asumen, por medio del consumo cultural de la oferta informativa noticiosa "de calidad", una competencia política que coadyuva en la generación de esferas públicas. Esto es, un conjunto específico de roles sociales a través de los cuales los ciudadanos se interesan sobre un hecho de interés público, forman un juicio al respecto y lo expresan (opinión pública), además de que toman decisiones, fiscalizan, demandan y ejecutan todas aquellas acciones que los lleven a defender intereses comunes en un contexto deliberativo (participación ciudadana).

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, a pesar de las múltiples posibilidades de acceso a mayor cantidad y calidad de información y oportunidades de difusión de visiones de mundo diferenciadas que permiten las TICs9 en esta sociedad informacional de principios de siglo, se percibe una profunda "brecha informativa" entre los que tienen posibilidades reales de acceso, aprovechamiento y uso, y los que han sido —¡y son!— marginados y excluidos, continuando "sin voz" e "invisibles" ante un mundo desarrollado que parece avanzar sin ellos.

Modelo Teórico de Construcción de Ciudadanía Comunicativa

Fuente: Elaboración propia.

Por todo ello, la construcción de ciudadanía en pro de la formación y fortalecimiento de los nóveles sistemas democráticos en América Latina, empieza a constituirse en un tema prioritario, no sólo en el ámbito estatal y en sectores no gubernamentales, sino especialmente en los académicos, donde se carece de reflexión científica que permita generar nuevos conocimientos científicos al respecto para explicar, comprender y actuar en estas realidades.

Precisamente, a partir de la reflexión generada por el Informe de Desarrollo Humano – Bolivia 2002 (idh-bol/2002) —elaborado por el pnud (2002)— considero que la ciudadanía es donde se deben sintetizar los imperativos de la democracia y del desarrollo, con un marcado referente de lucha contra la pobreza. Porque pobre, en su dimensión subjetiva, es también aquel que no tiene ciudadanía, "a quien sus derechos le están siendo arrebatados por un sistema que no le permite ser ciudadano y le niega la dignidad" (:185).

En los países latinoamericanos, esta exigencia de dignidad es también una demanda de justicia y equidad directamente relacionada con el problema de la pobreza, ya que los sectores excluidos reclaman —en el plano de la subjetividad— ser respetados y tomados en cuenta para transformarse —con las suficientes oportunidades sociales, económicas y políticas— en actores que puedan configurar su propio destino en una relación de mutua colaboración con los demás. En esta línea se enmarca la propuesta del idh-bol/2002 desde una capacidad política considerada como crucial (la deliberación):

(…) que como resultado de procesos deliberativos, los pobres se conviertan en actores, sus protestas en propuestas, y que tengan la capacidad de acción y negociación en las instancias respectivas. Fruto de este proceso se debería llegar a consensos que sean favorables a este sector (:187).

De esta manera, se propone que la democracia deba asumir responsablemente la tarea de restituir la dignidad de los sectores sociales más afectados, particularmente los pobres y excluidos y vulnerables, expandiendo los espacios colectivos de deliberación en los que se desplieguen y amplíen las capacidades de decisión política10 en torno a lo público como una manifestación del ejercicio ciudadano. Tal como aclara el pnud (:203):

En ese sentido, sólo una salida deliberativa que construya un espacio público en el que los derechos ciudadanos sean igualitarios para los distintos miembros de la comunidad política (es decir, donde la palabra de cada actor tenga el mismo valor y el otro sea considerado como igual), permitirá un intercambio libre, propositivo, en el que se dé un ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de los distintos actores.

Para la consolidación de la democracia en América Latina es imperativo que los distintos grupos sociales se asuman como ciudadanos, con capacidad para convertirse —frente a la exclusión y discriminación en que viven— en sujetos capaces de ejercer y demandar derechos y cumplir responsablemente deberes, buscando la participación activa en los espacios donde se toman decisiones (vida pública) y que afectan de manera directa su vida cotidiana.

Del derecho a la información al derecho a la comunicación

La democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y justicia social, que se enmarca en el derecho humano a la información y la comunicación. Vale decir, es consustancial a la vida democrática de la sociedad misma, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
Osvaldo León, 2002

Ya en 1969, Jean D’Arcy (citado por Hamelink, Cees, 2002: 1) planteó: "vendrá el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que incluir un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información (…) Este es el derecho de los hombres a comunicarse". Hace unos años atrás, el Foro Mundial de Derechos Humanos "Viena +5" (Ottawa, Canadá, junio 1998) exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (onu) para que convoque a una Conferencia Mundial de la Comunicación, que contemple una amplia participación de la sociedad civil, con el mandato de analizar y sustentar el reconocimiento del derecho a la comunicación para consolidación de la democracia.

Es así como el sueño de D’Arcy puede hacerse realidad, en una primera instancia, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información11 que —organizada por la onu y encabezada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit)— se realizará en Ginebra, Suiza, en diciembre de 2003. Esta Cumbre tiene el propósito de desarrollar una visión y entendimiento común de la sociedad de la información y diseñar un plan de acción estratégico para adaptarse a esta "nueva" sociedad. De la misma manera, pretende sentar las bases para la Conferencia Mundial de la Comunicación, a realizarse en Túnez, África, el año 2005.

Nos encontramos en una primera fase del derecho a la comunicación, que es la consolidación del derecho a la información. Por ello es crucial trabajar en éste último con la intención de lograr el pleno ejercicio del primero. Porque, por ejemplo Antonio Pasquali y Romel Jurado (2002) reconocen que el derecho humano a la comunicación es condición sine qua non para que toda persona participe en la vida democrática de los Estados, así como para ejercer su derecho al desarrollo. En esta dirección, han formulado una propuesta sobre este derecho, que engloba el ejercicio pleno e integral de los siguientes derechos:

  1. Derecho a la libertad de opinión.- Es la potestad de las personas de formular y emitir juicios propios sobre cualquier asunto público o privado.
  2. Derecho a la libertad de expresión.- Consiste en la utilización de cualquier medio, canal, forma o estilo para exteriorizar ideas, sin que se ejerzan formas de control o censura.
  3. Derecho a la libertad de difusión.- Se refiere a la realización de actividades de comunicación en igualdad de condiciones jurídicas, además de la posibilidad de constitución de empresas o entidades dedicadas a la comunicación.
  4. Derecho a la información.- Es la potestad de todas las personas para acceder, producir, circular y recibir todo tipo de información, salvo que afecte el derecho a la intimidad de las personas o que esté protegida por una cláusula de reserva estipulada en el ordenamiento jurídico.
  5. Derecho al acceso y uso de los medios y tecnologías de la información y comunicación.- Se asienta en la potestad para acceder y usar libremente los medios y tecnologías de la información y la comunicación en la producción, circulación y recepción de contenidos.

Justamente, el planteamiento de Pasquali y Jurado es ratificado por Pedro Farias (en Benito, Ángel, 1991: 338-339), quien concreta el derecho a la comunicación como el "conjunto de facultades, inherentes al hombre como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes". Para promover la "maduración social" y, así, desarrollar las virtualidades de la sociabilidad, el objeto de este derecho humano está integrado no sólo por pensamientos, ideas y opiniones (libertad de expresión), sino también por informaciones (libertad de información). Por eso, son indisociables el derecho a la comunicación —como postulado de la sociabilidad humana— y el derecho a la información.12

Por su lado, Cees Hamelink (2002) parte de una concepción más englobante de todos los derechos reconocidos y reivindicados en torno a la comunicación e incorpora, de manera particular, los derechos relacionados con el nuevo escenario de la comunicación,13 que van más allá del derecho a la información tal como fue plasmado hace más de 50 años. De este modo, Hamelink plantea una serie de derechos que deben ser tomados en cuenta para el reconocimiento, trazado y adopción de una declaración universal sobre el derecho a la comunicación14: derechos de información, culturales, de protección, colectivos y de participación.

Con esta óptica, la Plataforma por el Derecho a la Comunicación —que aglutina a Organizaciones no Gubernamentales (ongs) con actividades en el ámbito de la comunicación para el cambio social, a nivel local, nacional y global— lanzó, en noviembre de 2001, la Campaña de Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información15 (cris, por sus siglas en inglés). Su propósito es abrir un amplio espacio de debate en la sociedad civil sobre el sentido y porvenir de la sociedad de la información.

La Campaña cris tiene una visión de la sociedad de la información fundada en el derecho a la comunicación, como medio para afianzar otros derechos humanos y fortalecer la vida social, económica y cultural de la gente y de las comunidades. Entonces, cris propone que la discusión en la próxima Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información no se puede centrar exclusivamente en TICs, sino que debe tomar en cuenta otras temáticas: derechos humanos, acceso a la información, género, propiedad y control, gobernabilidad y fiscalización, diversidad y pluralismo, y derechos de propiedad intelectual.

A manera de cierre para el inciio del debate

No cabe duda de que la revolución electrónica entraña la promesa de grandes y positivos avances con vistas al desarrollo mundial; pero existe también la posibilidad de que agrave efectivamente las desigualdades existentes al ensanchar la brecha de la información y las comunicaciones. ¿Cómo podemos asegurar que la revolución de la información y las comunicaciones, que tiene en Internet su primer motor, promueva la globalización del desarrollo y de la solidaridad del hombre (…).
Juan Pablo II, 2002

Sin lugar a dudas, se percibe que a principios de este siglo los medios de comunicación masiva, al igual que otras instituciones sociales, aportan a la construcción de una ciudadanía comunicativa —tal como la denomina Hermosilla (1995)— que puede ser activa y participativa o vinculada exclusivamente al consumo (Villamayor y Lamas, 1998). Uno de los aspectos que favorece en esta dirección es la participación que permiten los medios, lo cual facilita a las personas que puedan ejercer su libertad de expresión y acceder al espacio público que les fue negado en otras instancias (por ejemplo, partidos políticos).

Fundamentalmente, el consumo cultural —en el sentido asignado por García Canclini (1991)— de la oferta mediática y, especialmente, de la información periodística (Gutiérrez, 1997; Macassi, 1994; Calderón et.al., 1996) coadyuva en la constitución y ejercicio activo y responsable de la ciudadanía porque permite que las personas se formen una opinión sobre algún hecho de interés común (asunto público), la pongan a consideración pública y deliberen sobre la misma en busca de consensos que influyan o determinen acciones hacia los sistemas de poder. De este modo, se participa en la toma de decisiones que afectan, de forma directa o indirecta, la propia vida y la de la comunidad.

En este proceso de constitución de la ciudadanía comunicativa es nuclear la información periodística porque se basa en el principio de reducción de la incertidumbre o de la indeterminabilidad con tendencia a cero, introduciendo certidumbre objetiva, predictibilidad en un ambiente de elección o evidencia que conlleva el fundamento del asentimiento. Esta certeza, convencimiento o seguridad se logra por medio del despliegue de las facultades del derecho a la información que influyen sobre la persona en alguna forma de conocimiento y modifica o transforma su comportamiento en un proceso de "maduración social", donde desarrolla las virtualidades de la sociabilidad.

_____
Notas:

1 Como exponen Calderón y Lechner (:38), al no sentir el respaldo y reconocimiento del Estado, al percibirse amputado de su inserción comunitaria, el ciudadano se siente extremadamente vulnerable y tiende a retrotraerse al refugio de su intimidad. Es, como ellos la llaman, la "estrategia del caracol", en la que "ya no se trata de que el ciudadano prefiera participar o no participar en la política. El problema de fondo es si la participación política todavía hace algún sentido para el ciudadano".
2 "Los derechos políticos han de ser iguales y comunes para todos los ciudadanos; las diferencias entre los distintos grupos pueden expresarse en los derechos civiles y sociales. Diferencias en opiniones y creencias en el caso de los derechos civiles y diferencias en las necesidades y recursos en el caso de los derechos sociales" (Calderón y Lechner, 1998: 36).
3 Esto se manifiesta, también, en la desigualdad de oportunidades, ya que como se puede observar en el caso de Bolivia, "la exclusión social y una cultura de negación del otro, el racismo y los prejuicios regionales, pero también las desigualdades en las oportunidades educativas y de acceso a los códigos de la modernidad" (pnud, 2002a: 225).
4 La opinión pública en Bolivia "se divide entre quienes creen en la legitimidad y eficacia de construir planes de futuro y están convencidos de que es posible actuar sobre los procesos (51,9%) y quienes, por el contrario, piensan que hacer planes para el futuro es vano porque estos nunca se cumplen, o que las cosas van a tomar su rumbo por sí mismas y por tanto no creen ni tienen la convicción necesaria para actuar sobre los procesos, conformándose con lo que tienen o resignándose a su suerte" (pnud, 2002: 224).
5 Mitchell Seligson (2001: 153) constata en una encuesta nacional realizada en el año 2000 que la participación ciudadana en el ámbito del gobierno local se ha reducido en el marco de aplicación de la Ley de Participación Popular, de 1994. Por ejemplo, en reuniones municipales ha disminuido de un 18% (1998) a un 15% (2000); porcentajes que se incrementan en el caso de las áreas urbanas, la menor edad, el sexo —las probabilidades de que una mujer participe son un 50% menores que las de un hombre—, el bajo nivel de educación y de ingresos. Una situación parecida se percibe en la elaboración de presupuestos y la planificación del plan operativo anual a nivel local, donde la participación se redujo de 11.8% (1998) a 8.8% (2000). Asimismo, las quejas ante el Comité de Vigilancia declinaron entre 1998 (12%) y el 2000 (9.8%).
6 Estos constituyen los elementos fundamentales sobre los cuales, según el comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán (1980), es posible construir una comunicación más horizontal y democrática.
7 En palabras de García Canclini (1993: 34) el consumo cultural es "el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica." Por lo tanto, el estudio del consumo cultural aparece, así, como un "lugar estratégico para repensar el tipo de sociedad que deseamos, el lugar que tocará a cada sector, el papel del poder público como garante de que el interés público no sea despreciado. Conocer lo que ocurre en los consumos es interrogarse sobre la eficacia de las políticas, sobre el destino de lo que producimos entre todos, sobre las maneras y las proporciones en que participamos en la construcción social del sentido" (:42).
8 Al respecto, Alfaro (1995: 130) sostiene que hoy la ciudadanía se construye desde el ser público de los medios masivos de comunicación. Estos, amplía la autora (:130-131), se han formado como nuevas instituciones culturales que definen lo público, constituyéndose en escenarios donde se construye el poder, donde se legitiman actores, personajes y temas".
9 A propósito, Deane y Gray-Felder (:21), comentan que "La actual revolución en las tecnologías de la información [tic] representa probablemente el conjunto más profundo de desarrollos tecnológicos que la humanidad haya experimentado desde la Revolución Industrial. Las innovaciones de Internet, y del correo electrónico, en particular, han transformado la capacidad de comunicación en países con infraestructuras de telecomunicaciones a menudo dilapidadas, y han posibilitado el acceso a mucha más información sobre temas globales." Empero, "La distribución de las nuevas tics no es más equitativa. El 84% de los teléfonos celulares, el 91% de los aparatos de fax y el 97% de los usuarios de Internet se encuentra en los países desarrollados" (:23).
10 De acuerdo con el pnud (2002: 207), las capacidades políticas de una sociedad están asociadas a la relación entre instituciones (reglas), actores (ciudadanos) y cultura política (valores, creencias y actitudes que guían la acción de las personas en el espacio público). Y el desarrollo, tal como lo entendemos en este trabajo, justamente pretende el incremento de capacidades de las personas para lograr el tipo de vida que ellas prefieran.
11 Se puede encontrar mayor información al respecto en el sitio de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, [Internet], en: «http://www.itu.int/wsis/fr-es/basic/basic03.htm».
12 En una primera instancia se puede afirmar que el Derecho a la Información implica a nivel individual: el derecho a informar y ser informado, la libertad de opinión y expresión, la protección de la privacidad y el libre acceso a la información; y a nivel institucional: el derecho a publicar o emitir informaciones u opiniones, la libertad de acceso a las fuentes de información y el derecho a secreto profesional y a la reserva de las fuentes; a nivel colectivo, el derecho al libre y equilibrado flujo de la información, el derecho de réplica y la preservación de la integridad cultural.
13 El vertiginoso desarrollo de las ntic, de la mano de la globalización de la economía, ha transformado el mundo contemporáneo y, por ende, los procesos sociales de comunicación a nivel planetario. Nunca como ahora la humanidad ha podido contar con un inédito potencial para comunicar, sin embargo, se ha visto diluido por la persistencia de desbalances en el acceso y distribución incluso de la tecnología más básica.
14 El Derecho a la Información es resultado de un devenir histórico que comenzó con el reconocimiento de derechos a los propietarios de los medios de información, luego a quienes trabajan bajo relaciones de dependencia en ellos (periodistas), y, finalmente, a todas las personas en 1948 con la Declaración Universal. Medio siglo después se torna ineludible incorporar un derecho más extensivo: el Derecho a la Comunicación.
15 Se puede encontrar mayor información al respecto en el sitio de la Communication Rights in the Information Society, [Internet], en: «http://www.comunica.org/cris/home_es.htm».

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Fuentes de información:

- ALFARO, Rosa María (1995) "Descifrando paradojas ciudadanas: una mirada cultural a la política" en aa.vv., Los medios, nuevas plazas para la democracia, 1.ª ed., Lima, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, págs. 109-131.
________________ (1997) "Prólogo. Un camino recorrido" en aa.vv., Escenografías para el diálogo, 1.ª ed., Lima, Consejo de Educación de Adultos de América Latina (ceaal) y Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, págs. 7-14.
- ASPÍLLAGA PAZOS, Carmela (1994) La información en el pensamiento de Juan Pablo II. Piura, Perú, Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Piura, 387 págs.
- BENITO JAÉN, Ángel (director, 1991) Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación, Madrid, Ed. Paulinas, 1374 págs.
- CALDERÓN, Fernando y LECHNER, Norbert (1998) Más allá del Estado, más allá del mercado: la democracia, La Paz, Bolivia, Plural editores/CID, 88 págs.
- CALDERÓN, Fernando; HOPENHAYN, Martín; OTTONE, Ernesto (1996) Esa esquiva modernidad. Desarrollo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe, 1ª ed., Caracas, Venezuela. Nueva Sociedad, 112 págs.
- DEANE, James y GRAY-FELDER, Denise (1996) Comunicación para el cambio social. Documento programático e informe sobre una Conferencia, New York, The Rockefeller Foundation, 56 págs.
- DESANTES GUANTER, José María (1974) La información como derecho, Madrid, España, Nacional, 380 págs.
___________________ (1990) Información y Derecho. La identidad del informador frente al Derecho a la Información, («Actualidad e Información»), Santiago, Chile, Pontificia Universidad de Chile. Escuela de Periodismo, 129 págs.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (1993) "El consumo cultural y su estudio en México: una propuesta teórica" en GARCÍA CANCLINI, Néstor (coord.), El consumo cultural en México, («Pensar la Cultura»), 1ª ed., México, cnca, Grijalbo, 15-42 págs.
- GARRETÓN, Manuel Antonio (1994) "Democracia, ciudadanía y medios de comunicación. Un marco general", en aa.vv., Los medios, nuevas plazas para la democracia. 1ª ed., Lima, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, 97-108 págs.
- GUTIÉRREZ, Hernán (1997) Cómo incidir en la opinión pública, 1ª ed., Quito, Ecuador, Aler, 175 págs.
- HAMELINK, Cees J. (2002) "El derecho a comunicarse", Communication Rights in the Information Society, [Internet], en: «http://www.comunica.org/cris/home_es.htm» (7 de agosto de 2002).
- HERMOSILLA, María Elena (1995 ) "La educación que viene de los medios: el aporte de los estudios de recepción" en aa.vv., Los medios, nuevas plazas para la democracia. 1ª ed., Lima, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, págs. 179-186.
- JELIN, Elizabeth (1996) "La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad", en Jelin, Elizabeth y Hershberg, Eric (coordinadores), Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, 1ª ed., Caracas, Nueva Sociedad, págs. 113-130.
- MACASSI LAVANDER, Sandro (1994) "Información para una ciudadanía responsable", La Pizarra – Revista del Comunicador Práctico, No.11, agosto de 1994, págs. 12-15.
- MARTÍN-BARBERO, Jesús (1998) Las mediaciones de los medios en la construcción de ciudadanía, conferencia magistral presentada en el II Festival Internacional Radioapasionados y Televisionarios de América Latina y el Caribe, para Democratizar la Palabra y la Imagen, aler, amarc, ciespal, felafacs, fip, proa, rntc, scc, videazimut, wacc, Santafé de Bogotá, 7 al 11 de octubre, 7 págs.
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- PEÑARANDA DEL GRANADO, Susana (2001) "La necesidad de una nueva cultura política ciudadana", La Razón, suplemento Ventana, 7 de enero de 2001, pág. 2.
- PONJUÁN DANTE, Gloria (s.f.) Gestión de información en las organizaciones. Principios, conceptos y aplicaciones, («Serie Gestión de Información»), Centro de Capacitación en Información (CECAPI) – Universidad de Chile, Santiago, 48 págs.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (pnud) (2000) Informe de desarrollo humano en Bolivia 2000, La Paz, Bolivia, pnud, 214 págs.
___________________ (2002) Informe de desarrollo humano en Bolivia 2002, La Paz, Bolivia, pnud, 280 págs.
- RIVADENEIRA PRADA, Raúl (1984) La opinión pública. Análisis, estructura y métodos para su Estudio, 2ª ed., México, Trillas, 223 págs.
___________________ (1985) Periodismo. La teoría general de los sistemas y la ciencia de la Comunicación, 3ª ed., México, D.F., Trillas, 333 págs.
- SELIGSON, Mitchell A. (2001) La cultura política de la democracia en Bolivia: 2000, La Paz, MpD - Universidad Católica Boliviana, usaid, Encuestas & Estudios, 197 págs.
- SORIA, Carlos (1991) La hora de la ética informativa, Barcelona, España, Mitre, 119 págs.
- TORRICO VILLANUEVA, Erick (1989) Periodismo. Apuntes Teórico – Técnicos, 1ª ed., La Paz, Bolivia, Andina, 302 págs.
- VILLAMAYOR, Claudia y LAMAS, Ernesto (1997) Gestión de la radio comunitaria y ciudadana, 1.ª ed., Quito, amarc, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 258 págs.


* Carlos A. Camacho Azurduy es profesor universitario en La Paz, Bolivia. Doctorando del programa "Comunicación, Derecho a la Información y Ética en España y América Latina" de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (pieb). Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.


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