RsF: La libertad de prensa en el mundo - Informe 2003

La prensa, un contrapoder
apreciado de diversas maneras

En 2002, la situación de la libertad de prensa se degradó en varios estados, como Colombia y Venezuela. En ninguno de los países de la región se registraron progresos sensibles. En este aspecto, el continente americano sigue siendo una tierra de contrastes. Junto a países respetuosos con la libertad de prensa, como los Estados de América del Norte, Ecuador, la República Dominicana y Uruguay, persisten Estados, como Cuba y Colombia, donde la niegan las autoridades, y los grupos armados.

En Estados Unidos, todavía se dejan sentir los efectos del 11 de septiembre. En su guerra contra el terrorismo, la administración Bush se preocupa sobre todo de controlar su imagen. En la base militar de Guantánamo, esa voluntad se traduce en la creciente imposición de restricciones a los periodistas, cuyas primeras fotos de los prisioneros atados causaron un gran impacto en la comunidad internacional. Para garantizar que la guerra contra el terrorismo no se perciba en el extranjero como una guerra contra el Islam, las autoridades pensaron en recurrir a la desinformación, antes de optar por la difusión, en los países musulmanes, de programas de radio y de televisión, en los que se da una imagen de Estados Unidos respetuosa con su religión. Por otra parte, tanto en Estados Unidos como en Canadá, el poder judicial considera a veces a los periodistas como sus auxiliares exigiéndoles, entre otras cosas, que le entreguen su material, para avanzar en las investigaciones.

En América Latina, la primera amenaza para la prensa sigue siendo la violencia. También este año murieron 9 profesionales de los medios de comunicación, 219 periodistas fueron agredidos y 122 amenazados. Una vez más, con tres periodistas y dos colaboradores de los medios muertos en 2002, Colombia aparece como el país más peligroso para la profesión. Los otros países afectados por asesinatos son Brasil (2), Venezuela (1) y Haití (1). Durante algunas manifestaciones se produjeron numerosos casos de agresiones, especialmente en Venezuela (58), y en Argentina (42), que registraron importantes movimientos de protesta. Las agresiones y las amenazas también son una manera de reprimir la publicación de artículos molestos, y de disuadir así a los periodistas, de ejercer su oficio. A la censura de la época de las dictaduras le ha seguido la implantación de la autocensura.

Los actos de violencia contra la prensa no se repetirían cada año si sus autores no disfrutaran de una impunidad casi total. En Haití, no progresan las investigaciones sobre las muertes de dos periodistas, en las que están implicadas algunas personas cercanas al poder. El gobierno quiere demostrar así que quienes atacan a sus detractores no tienen nada que temer. En Colombia, lo mismo que en Brasil y en México, todavía son raras las condenas de asesinos de periodistas. Felizmente, en Argentina, en Costa Rica, en Paraguay y en Perú, las nuevas condenas y los progresos realizados en las investigaciones sobre asesinatos de periodistas, proporcionan un poco de esperanza.

Colombia, donde se registró el mayor número de periodistas amenazados (45) es, sin duda, el país con la autocensura más fuerte. El recrudecimiento del conflicto armado, tras la ruptura del proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explica la nueva degradación de la situación de la libertad de prensa. En varios departamentos, en los que se disputan el control el ejército, las guerrillas y los grupos paramilitares (extrema derecha), las presiones sobre las redacciones son muy fuertes. Tras la elección para la presidencia de Alvaro Uribe Vélez, partidario de la mano dura, por primera vez el gobierno colombiano apareció como una amenaza para la libertad de prensa, al querer imponer, a la prensa extranjera, restricciones en el acceso a algunas regiones del país. Unas disposiciones que finalmente rechazó la Corte Constitucional.

En Haití, se agravó igualmente la situación de la prensa. Las milicias armadas paralegales, más conocidas con el nombre de « organizaciones populares », continuaron atacando a los periodistas que critican la acción del presidente, Jean-Bertrand Aristide, al que la población ya ha empezado a pedirle que se marche. Cerca de cuarenta periodistas fueron amenazados y agredidos. Esas « organizaciones populares » hacen así el trabajo negro del gobierno, con total impunidad. Este año faltó poco para que mataran a otro periodista. El 25 de diciembre, dos hombres abrieron fuego sobre el domicilio de Michèle Montas, directora de Radio Ha•ti Inter y viuda del periodista asesinado Jean Dominique, matando a uno de sus guardaespaldas.

A juzgar por el número de periodistas agredidos (58) y amenazados (16), también en Venezuela se degradó la situación de la libertad de prensa. Los periodistas están pagando muy cara la extremada polarización de la sociedad, entre partidarios y opositores del presidente Chávez. Sus partidarios multiplicaron los actos de intimidación contra los medios de comunicación privados, y las agresiones de los periodistas que acudían a cubrir las manifestaciones. Se vieron animados por las declaraciones del jefe del Estado contra la prensa, y por el radicalismo de las posiciones de ésta contra él. En ocasiones, la prensa privada olvidó las más elementales reglas de deontología. Hasta el punto de avalar el intento de golpe de Estado del mes de abril, cuyos cabecillas reprimieron inmediatamente a los medios de comunicación considerados pro-Chávez. Todavía no se sabe quién, de entre los partidarios del Presidente o de las fuerzas golpistas, disparó sobre el fotógrafo Jorge Tortoza, que murió el día del golpe de Estado.

Aunque menos grave, la situación de la libertad de prensa sigue siendo, sin embargo, preocupante en México y en Brasil. En ambos países, la prensa de audiencia o de circulación nacional no encuentra grandes trabas por parte del gobierno federal. En cambio, en Brasil, los grupos de mafiosos o de narcotraficantes mataron a dos periodistas. En México, los casos de amenazas y presiones contra periodistas siguen siendo moneda corriente en las provincias, donde los cargos locales, funcionarios y policías, todavía aceptan con dificultad el contra-poder que representa la prensa. Un problema que también padecen en otros países de gran superficie del continente, como Perú o Argentina. En el primero de ellos, tras la marcha de Alberto Fujimori el gobierno dejó de acosar a los medios de comunicación de la capital, pero las agresiones continuaron en el interior del país. En Argentina, las provincias disfrutan de una gran autonomía, y la clase política local no duda a la hora de elaborar textos legales liberticidas, respondiendo a sus necesidades.

En otros países latinoamericanos, la amenaza a la libertad de prensa no procede tanto de la violencia como de la legislación. Así, en Panamá y en Chile, la ley sigue estableciendo penas de cárcel para los delitos de difamación o desacato. En el primer de ellos, se presentaron veintiuna denuncias por esos motivos, en 2002. Según el defensor del pueblo (ombudsman), esta legislación « anacrónica » se ha convertido en un arma, en manos de los funcionarios. En Costa Rica, la profesión denuncia la autocensura, provocada por leyes que sancionan la reproducción de declaraciones que se consideran ofensivas y pone la prueba de su inocencia a cargo de los periodistas acusados de difamación. Por otra parte, algunos periodistas en México recibieron presiones de la justicia para que revelaran sus fuentes y, puntualmente, en Argentina, en Chile y en Paraguay. En Brasil, donde se celebraron elecciones generales, la justicia, encargada especialmente de controlar las informaciones publicadas sobre los diferentes candidatos, recuperó la censura. Finalmente, en Guatemala, es una buena noticia la decisión del Consejo Constitucional de suspender la aplicación de una ley, que obligaba a los periodistas a inscribirse en un colegio profesional. En cambio, en ese país siguen siendo peligrosas, para los profesionales de los medios de comunicación, las investigaciones sobre la corrupción y las exacciones cometidas en la época de la guerra civil (1960 - 1996).

En Cuba, donde el monopolio estatal de la información está inscrito en la Constitución, cualquier información independiente es, por definición, ilegal. En ese contexto, un centenar de periodistas independientes, agrupados en una veintena de agencias de prensa no reconocidas, intentan sin embargo ejercer su derecho a informar. La represión contra ellos tiene como objetivo impedirles difundir entre la población noticias no controladas. Padecen un acoso constante : detenciones, amenazas de cárcel, escuchas telefónicas...Este año, tres de ellos fueron detenidos. Otros cuatro emprendieron el camino del exilio. El espacio mediático está ocupado exclusivamente por la prensa oficial, que se guarda mucho de recordar su existencia, o la de la oposición. Las autoridades no han dado ninguna señal de repliegue. La aparición en la isla, a finales de año, de una revista disidente representa el primer desafío al monopolio estatal de la información, desde hace varios años.

A pesar de la degradación de la situación de la libertad de prensa, constatada en 2002 en Colombia, Venezuela, Haití, e incluso Argentina, es necesario recordar que es satisfactoria en varios países, tales como Ecuador, República Dominicana y Uruguay, donde las agresiones contra los medios de comunicación y los periodistas, solo aparecen como hechos aislados. Esos países dan testimonio del anclaje de la democracia en un continente, en el que hace veinticinco años más de la mitad de los Estados vivían todavía bajo un régimen dictatorial. La aparición o la consolidación de organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Venezuela, debería servir para afianzar esa tendencia.

Actualización Américas - Informe anual 2003

Los primeros meses del año 2003 han sido particularmente negros para la libertad de prensa en América Latina. El 18 de marzo, aprovechando la inminencia de la ofensiva norteamericana en Irak, las autoridades cubanas lanzaron una oleada de represión sin precedente. En menos de una semana detuvieron a 78 disidentes, de los que 26 son periodistas independientes. A éstos se les condenó inmediatamente, en el curso de procesos estalinistas, a penas que llegan hasta los 27 años de cárcel. En poco días Cuba se ha convertido, por delante de Eritrea, Birmania y China, en la mayor cárcel del mundo para los periodistas.

En Colombia continúa la violencia de los grupos armados contra la prensa. Solo en el Departamento de Arauca (noreste del país) han matado a un periodista, secuestrado a siete y otros dieciséis se han visto obligados a abandonar la región, tras recibir amenazas. La muerte, el 18 de marzo, de Luis Eduardo Alfonso, evidencia la falta de medios del programa gubernamental de protección de periodistas, del que debió beneficiarse este profesional de la prensa. A tres periodistas más les mataron en abril.

En Haití, la norma para los asesinos de periodistas sigue siendo la impunidad. El 21 de marzo, las conclusiones de la investigación del juez Saint-Vil sobre el asesinato, en abril de 2000, de Jean Dominique, director de Radio Haïti Inter, no señalan a ningún autor intelectual. Un mes antes, la emisora se vio obligada a cerrar, después de que sus empleados recibieran nuevamente amenazas. Desde el 1 de enero de 2003, y temiendo por su seguridad, una decena de periodistas críticos con el presidente Aristide ha emprendido el camino del exilio.

Finalmente, en Venezuela, Hugo Chávez se aprovechó del fracaso de la huelga convocada por la oposición a finales de 2002, y a la que se unieron los medios de comunicación, para lanzar una amplia ofensiva contra la prensa : amenaza de cierre de varios canales privados, restablecimiento del control de cambios que amenaza el aprovisionamiento de papel para la prensa escrita, adopción de una ley liberticida para la prensa...Una política de intimidación que se ha endurecido con los medios de comunicación que han radicalizado su discurso contra el Presidente, a costa de faltar a la deontología profesional.