Sala de Prensa

55
Mayo 2003
Año V, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Crímenes impunes contra periodistas

La preponderancia de la impunidad puede muchas veces adjudicarse, de manera general, a la indiferencia y a la falta de voluntad política de apoyar las investigaciones; a la inexistencia de una infraestructura jurídica adecuada, vale decir a la presencia de un sistema judicial débil; a la incompetencia y al escaso nivel de pericia de la policía y de las instancias legales investigadoras; a los recursos limitados de los que disponen los responsables de la seguridad y de mantener el orden; y a la negligencia y corrupción oficiales.

Ricardo Trotti *

No hace mucho, antes de que la paz llegara a Guatemala tras una guerra civil que duró más de 30 años, se declaró en un informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala que la sede de la asociación sólo servía para celebrar velorios.

Anthony Lewis, un conocido columnista del New York Times, escribió en un prefacio del libro "No más impunidad" que en muchos países latinoamericanos, cuando alguien decide dedicarse el periodismo, sabe de antemano que está condenado a muerte.

Un gran número de periodistas latinoamericanos han aprendido esta lección sacrificando su vida. En los últimos 14 años, casi 300 periodistas han muerto asesinados en América Latina, lo cual representa más de 20 por año. Esta realidad cruel es hoy particularmente palpable en Colombia, donde los periodistas se encuentran en medio de tiroteos entre guerrilleros, fuerzas paramilitares y el ejército. También resulta muy inquietante la situación en Brasil, donde el vínculo entre la corrupción gubernamental y el narcotráfico constituye un factor letal para la prensa. Ni siquiera los Estados Unidos se salvan de esta fatalidad; ocurre también en la frontera con México, fundamentalmente a raíz de las actividades de los narcotraficantes que operan a ambos lados de la frontera.

Más allá de los asesinatos en sí, el verdadero problema yace en la violencia sin el antídoto de la punición, que conlleva una situación de impunidad donde los culpables de asesinatos y de otros crímenes contra mujeres y hombres de la prensa raras veces pagan por sus culpas. De los casi 300 casos de asesinato, menos del 5 % han sido resueltos o se han saldado con penas de prisión.

En 1995, llevé a cabo una investigación en Guatemala sobre el asesinato del director del diario El Gráfico, Jorge Carpio. En esta investigación se descubrió no solamente que la muerte de Carpio había sido una represalia por su postura editorial, sino que también salió a relucir un sistema judicial corrupto y con motivaciones políticas donde la información se desvirtuaba y manipulaba para evitar que se resolviera el crimen y que se vieran involucrados ciertos oficiales del ejército.

Sobre la base de esa investigación, la SIP concluyó lo siguiente: "No es necesario pasar por el proceso engorroso de una legislación restrictiva o por juicios legales para intimidar o amordazar a la prensa. Una bala es más rápida, más limpia, y goza de inmunidad legal."

No se ha conocido en América Latina un período reciente en el que no haya habido ataques contra la prensa. Anteriormente, la violencia era instigada por gobiernos despóticos y totalitarios. Hoy en día, con la democracia, está más estrechamente relacionada con el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción oficial.

Actualmente, el sangriento conflicto en Colombia origina amenazas graves contra los medios informativos y contra periodistas individuales. En los últimos seis meses, murieron asesinados cinco periodistas, nueve fueron secuestrados, entre los cuales cinco corresponsales extranjeros, tres abandonaron el país por temor a las represalias, y 64 se quejaron de amenazas ante el Comité de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior.

En una encuesta realizada a mediados del año 2000 por la Universidad de la Sabana en Bogotá entre 50 directores periodísticos, se comprobó que el 25 % de ellos había recibido amenazas. Según los entrevistados, las amenazas provenían, por orden de frecuencia, de grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

En Cuba, sigue ejerciéndose el mismo control estricto de la prensa, con el arresto indiscriminado de periodistas independientes. A mediados de marzo de este año, habían sido detenidos 30 periodistas, entre los cuales Raúl Rivero, por haber distribuido "propaganda enemiga", un delito que trae aparejado una pena de hasta 20 años de prisión. Todos los reporteros cubanos independientes y sus familias siguen siendo víctimas de persecuciones, encarcelamientos, privaciones de correspondencia, y prohibiciones de salir del país. Muchos de ellos logran huir y buscan refugio en países vecinos. En la mayoría de los casos, gracias a este control férreo – que supone una asfixia psicológica y una imposibilidad para la prensa de desempeñar un rol social –, "resulta innecesario" tener que asesinar a los reporteros.

Es muy infrecuente que se castigue a los culpables. Muchos gobiernos se pasan más tiempo disculpándose por su incompetencia que dedicándose a investigar los crímenes. Para justificar esta falta de eficiencia, es habitual lanzar campañas de desprestigio contra la víctima.

Esta práctica típica fue señalada por Bob Rivard, director del San Antonio Express-News of Texas, tras un viaje a México para indagar sobre el asesinato de Phillip True en 1998. "Nunca faltaban las excusas y teníamos que aguantar los comentarios críticos contra el periodista que no servían en absoluto para hacer avanzar la encuesta," dijo Rivard.

Este caso ilustra la lentitud de la justicia, muchas veces porque el poder judicial no es independiente del poder político, una situación que favorece la impunidad. Resulta claro que cuanta más impunidad haya, o menos justicia, más se debilita el zócalo democrático del país.

La SIP puede atestiguar esto a partir de sus propias tentativas de investigación a través de los años. La organización ha distinguido diversos tipos de comportamiento que permiten identificar situaciones de alto riesgo; por ejemplo, el hecho de que muchos asesinatos de periodistas se cometan en las provincias, donde escasea el apoyo de los medios informativos dominantes y de las asociaciones periodísticas. La inexperiencia y la falta de empeño por parte de los gobiernos en resolver estos asesinatos no hacen más que empeorar la situación.

También hemos encontrado otro tipo de conducta generalizada: la preponderancia de la impunidad puede muchas veces adjudicarse a la indiferencia y a la falta de voluntad política de apoyar las investigaciones; a la inexistencia de una infraestructura jurídica adecuada, vale decir a la presencia de un sistema judicial débil; a la incompetencia y al escaso nivel de pericia de la policía y de las instancias legales investigadoras; a los recursos limitados de los que disponen los responsables de la seguridad y de mantener el orden; y a la negligencia y corrupción oficiales.

Las consecuencias de estas condiciones pueden resultar desastrosas. El temor y la incertidumbre que suscita una situación de impunidad conducen a la autocensura, a la desinformación y a la manipulación de las noticias. Tanto el periodista individual como la redacción en su conjunto tienden a protegerse. Lo que de ello emana es una forma de periodismo donde se teme denunciar, se permanece en la superficialidad, y no se cumple el papel de vigilancia que corresponde.

Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa están procurando que se cambie la ley para que se transfiera de las ciudades provinciales a la policía federal la responsabilidad de la investigación de los crímenes. Esto constituiría una manera de impedir la manipulación y la presión ejercida por la policía local, los fiscales públicos y los jueces durante las investigaciones –así como por los propios autores de los crímenes, que suelen mantener vínculos con las autoridades y los políticos locales.

En los últimos años, gracias a su política de insistencia ante las entidades estatales, la SIP ha logrado iniciar procesos jurídicos en varios casos de asesinatos, tales como los de Manoel Leal de Oliveira, Ronaldo Santa de Araújo, José Carlos Mesquita, y Nivaldo Barbosa Lima en Brasil, Mario Bonino en Argentina, Gerardo Bedoya en Colombia, e Irma Flaquer en Guatemala.

Con el objeto de seguir en esta dirección, la SIP ha lanzado una campaña de cuatro años para reclamar justicia ante la impunidad en el asesinato de periodistas, para ejercer presión sobre los gobiernos y sistemas judiciales desde todos los rincones del continente americano, y para que los responsables de estos crímenes reciban el castigado merecido. Proponemos al lector dirigirse a nuestra página web www.impunidad.com para firmar allí una carta destinada a las autoridades correspondientes.


* Ricardo Trotti es director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, una institución de la que forman parte más de 1,300 publicaciones impresas en el hemisferio occidental, cuyo principal objetivo consiste en defender y fomentar la libertad de prensa. Trotti ocupó también el cargo de jefe de redacción del diario El Liberal en Argentina y es autor de diversas publicaciones en torno a la libertad de prensa. En 1991 recibió el Gran Premio a la Libertad de Prensa de la SIP, y durante tres años consecutivos obtuvo el premio nacional a la libertad de prensa otorgado por ADAPA/Clarín en Argentina.


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