Sala de Prensa

52
Febrero 2003
Año IV, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Municipio y Derecho de acceso
a la información pública en México

Guadalupe Robles *

El derecho de acceso a la información pública en México es una asignatura que apenas hace unos meses tuvo expresión normativa con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las leyes que en este sentido se aprobaron por las legislaturas locales en los estados de Jalisco, Sinaloa y Michoacán.

En México como en buena parte de los países latinoamericanos, las formas jurídicas pocas veces coinciden con las prácticas políticas reales: el país legal y el país real del que hablaba Octavio Paz.

Desafortunadamente, existe una tradición nacional muy arraigada de incumplimiento al orden jurídico. ¿Qué garantizaría que las leyes de acceso a la información corrieran con mayor suerte? Las coincidencias generales nos hablan de que la legislación en esta materia puede hacer posible que el ciudadano tenga de manera directa, el pulso objetivo de la actuación de sus gobiernos, y hacerse de información que le permita decidir a través de su voto si echa o no del poder al partido que lo gobierna. De paso, cuestionar el papel de intermediarios sociales absolutos, que suelen asumir las oposiciones en turno y los medios de comunicación que, sin negar la importancia que tienen en la vida pública, también necesitan contrapesos de opinión ciudadana.

Pero ante la ausencia de normas, no debemos optar por el otro extremo que es el exceso normativo, que provoca inseguridad, incertidumbre, poco respecto a la ley., de ahí que "es preciso dar verdadera importancia a la calidad de la ley, porque la ley mal elaborada ni se ajusta a las verdaderas necesidades de la sociedad a la que debe servir, ni es por ello socialmente clara para su aplicación" ( Escobar de la Serna 2000, p.28)

Las leyes de acceso a la información pública, pueden tener dos destinos: convertirse en el instrumento ciudadano de control para la gestión gubernamental, y con ello poder influir en el diseño, implementación, y sobre todo, en la evaluación de las políticas públicas; o sólo llegar a ser una respuesta cosmética y por obvio poco útil, que perdería su encanto una vez que los gobiernos, por ejemplo, dieran a conocer los salarios y el gasto en viáticos de sus funcionarios –cosa que además ya hacen algunos gobiernos-, así como otros asuntos de interés esencialmente mediático.

La garantía de que estas leyes puedan ser eficaz para el caso de los municipios, y me avoco al tema, tiene que pasar sin duda por un nuevo diseño institucional, que rebase las viejas estructuras administrativas municipales, creadas para sobrellevar la prestación de servicios públicos. A la par, una política pública de información ciudadana, que vaya encaminada a que la comunidad tenga información sobre lo que particularmente pueda interesarle al empresario, al estudiante, al jubilado, al historiador, al ingeniero, al ciudadano. Es decir, el rediseño de las administraciones municipales tiene que contemplar figuras jurídicas como el derecho a formular peticiones, iniciativas, reclamaciones y alegaciones; la defensoría del contribuyente; instrumentos administrativos y de atención ciudadana como la consejería de servicios sociales; la oferta de empleo público; la creación de un sistema de archivos públicos; la implantación de un sistema de cartas de servicios; un registro informático de atención al público, con sus indicadores de evaluación; un centro de información administrativa que difunda, dirija y oriente al ciudadano respecto a sus derechos, así como a los servicios y trámites prestados por la administración municipal, mediante un sistema telefónico, escrito, presencial y virtual.

Pero en este tema no tenemos derecho a la ingenuidad. Existe en los municipios una franja común de necesidades; pero también problemas que tienen que ser resueltos desde la diversidad de realidades que conforman los casi dos mil quinientos municipios del país. Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, San Pedro Garza García, León, Culiacán o Naucalpan, distan mucho de ser equiparables en población y en asuntos como aseo y limpia, alumbrado público, comercio ambulante, desarrollo urbano, con municipios como Choix, San Juan Mixtepec, Mecayapan o Concordia, comenzando porque pocos sabrían dónde se encuentran y a qué estados pertenecen.

No podemos homogenizar. Sería poner un velo a la realidad cotidiana de los municipios, y no creo que sea esa la solución. El propio artículo 115 constitucional, no puede absorber esta diversidad, y el conjunto de leyes federales y estatales no siempre dan respuestas a las necesidades de autonomía y recursos, demanda frecuente y casi obligada en los temas municipalistas.

El municipio encuentra en los diseños institucionales de sus ayuntamientos, una de sus principales trabas. Por mencionar una: sin importar el porcentaje de votación que obtenga, el partido que gana las elecciones municipales, automáticamente gana la mayoría en el cabildo y todas las dependencias del ayuntamiento.

La leyes de acceso de la información pública, garantizarían al ciudadano saber en qué utilizan los recursos públicos sus gobiernos; cuánto ganan sus funcionarios; cuántas licencias de alcoholes se expiden por mes; cuánto se gasta en gasolina; cuánto se destina para viáticos; qué resultados concretos tienen los programas de gobierno que a veces se anuncian pomposamente; cuánto personal labora; qué avances, omisiones y retrocesos se tienen en materia de seguridad pública o en inversiones con respecto a otros estados, en fin: cómo es el gobierno por dentro, qué hace, cómo va, qué tan eficiente es, y sobre todo, en qué y cómo se gasta el dinero de los contribuyentes..

Los gobiernos no tienen porqué actuar en secreto, salvo cuando se trate de asuntos de seguridad nacional o individual (las averiguaciones de carácter penal), o del derecho a la intimidad que tienen las personas. El Estado y sus órganos de gobierno debe explicar sus acciones: rendir cuentas; rendirlas objetivamente. Que el ciudadano tenga acceso a la información que éste genera.

La información pública, coinciden los especialistas en el tema, es el dato, texto o conjunto de datos o textos captados, generados, divulgados o reproducidos en cualquier forma o medio, por los poderes del Estado, los ayuntamientos, las entidades o dependencias de la administración pública estatal o municipal, los organismos autónomos, auxiliares o fideicomisos, y en general por cualquier entidad o instancia pública.

El Derecho de la Información es un concepto doctrinal que sistematiza las disposiciones jurídicas positivas en materia de información. El Derecho a la Información comprende básicamente el estudio de las libertades fundamentales de la información, el régimen informativo del Estado, y todas aquellas actividades relacionadas con la información y los profesionales de su ejercicio..

Para Ernesto Villanueva es una parte del derecho que busca autonomía respecto a las ramas clásicas de la ciencia jurídica de ahí que la defina como "la rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan, lato sensu, las relaciones entre Estado, medios y sociedad, así como, stricto sensu, los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión y de información y el derecho a la información a través de cualquier medio." De esta última expresión se desprende el derecho de acceso a la información pública.

Culiacán, Sinaloa, octubre 2 de 2002.

___________
Referencias:

- Escobar de la Serna Luis. Derecho de la Información. Dykinson,2da ed., Madrid 2000.
- Villanueva Ernesto. Derecho Mexicano de la Información, Oxford, México 2000,p.2.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
- Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
- Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán.


* Guadalupe Robles es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en administración pública en el Instituto Politécnico Nacional. Es candidato a doctor en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente. Esta es su primera colaboración para Sala de Prensa.


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