Sala de Prensa

44
Junio 2002
Año IV, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


La ciberdemocracia posible: Reflexión
prospectiva a partir de la experiencia en España

José Luis Dader *

"A Thomas Jefferson le hubiera encantado ver Internet. Su visión utópica de una democracia basada en reuniones vecinales y participación popular directa está a punto de ser realidad"
Dick Morris (1999:27)

En los últimos años un número creciente de científicos sociales vienen ocupándose de las expectativas de un supuesto efecto revolucionario que las nuevas tecnologías de la comunicación podrían tener sobre las estructuras políticas de las democracias contemporáneas. Ha ido prosperando así una serie de términos como "teledemocracia", "democracia electrónica" "política virtual", "netdemocracia", o "ciberdemocracia (cfr. por ej. Arterton, 1987; Grossman, 1995; Holmes, 1997; Davis, 1999; Tsagarousianou et al., 1998) que hacen hincapié en la transformación que esas nuevas tecnologías, y especialmente Internet, podrían estar provocando en las condiciones materiales y los estilos de comunicación política de las democracias contemporáneas.

La solidez o intrascendencia de esa transformación divide sin embargo los dictámenes de ese amplio conjunto de analistas. Frente a las tesis más esperanzadas y optimistas de realización definitiva de una democracia participativa y deliberativa integral, parece sin embargo afianzarse mucho más una visión escéptica según la cual, el sistema dominante de una democracia institucionalmente delegada y elitista estaría siendo capaz de reabsorber, para su propia conservación, las nuevas vías de comunicación sociopolítica que la interactividad y pluralidad cibernéticas apuntaban. Richard Davis (1999) es quizá uno de los autores que con mayor exhaustividad argumenta esta visión pesimista: Tras pasar revista al indudable incremento de actividades cívico-políticas realizadas a través de Internet por individuos y grupos del país más equipado tecnológicamente de la tierra (Estados Unidos), llega a las dos preocupantes conclusiones siguientes: 1. Ese conjunto de ciudadanos que gracias a Internet participan ahora de manera mucho más enriquecida e intensa en la comunicación política y social siguen siendo una minoría, probablemente coincidente con la misma minoría que por cauces tradicionales ya constituía el reducido público atento de nuestras artríticas democracias, y 2. El porcentaje de esos usuarios de Internet políticamente activos tenderá incluso a reducirse en medio del creciente conjunto de los navegantes incorporados al ciberespacio con fines puramente lúdicos. A esas dos ideas añade una tercera no menos demoledora del sueño de una ciberdemocracia: Que las evidentes nuevas posibilidades de comunicación política y social que la Red ofrece a partidos políticos, instituciones, profesionales del periodismo y grupos organizados de todo tipo cambiarán en buena medida la forma de hacer política; pero serán en realidad readaptados como nuevo instrumento de los habituales objetivos de propaganda, marketing político y explicación estereotipada y simplista de la actualidad. Y sin embargo este mismo autor matiza tal diagnóstico con el contrapunto de cómo los dirigentes y representantes institucionales sentirán otro tipo de presión y de exigencias públicas de los ciudadanos más involucrados, que obligarán, como mínimo, a los dirigentes institucionales clásicos a cambiar la mecánica comunicacional de su actividad política.

Partiendo de dicho escenario, el presente artículo intentará: 1. Establecer un modelo teórico realista sobre la posibilidad de una ciberdemocracia ni vanamente utópica ni tampoco pesimistamente descartada, 2. Recordar sucintamente la variedad de ámbitos comunicacionales en los que las nuevas tecnologías, no restringidas a la difusión de ‘páginas web’, ofrecen cauces de transformación de la comunicación cívico-política, 3. Sintetizar las principales características de cambio de la comunicación política que el proceso de las elecciones generales del año 2000 en España ha incorporado respecto a las campañas electorales, y 4. Analizar con mayor detalle un caso paradigmático y concreto de posible interactividad entre ciudadanos y parlamentarios del Congreso y el Senado de España, como vínculo directo entre representantes y representados. Todo ello será integrado bajo el presupuesto de que, si bien la ciberdemocracia no puede ser entendida como la llegada de una idílica e igualitaria democracia directa, sí puede ser interpretada como un perfeccionamiento deseable y factible que, con las suficientes dosis de voluntad política, produzca realmente un nuevo estadio avanzado de las democracias liberales.

1. "Democracia continua" o "Democracia replicante". Rasgos ideales
de un nuevo modelo de comunicación política para las democracias

Frente a las etiquetas tecnopolíticas ya citadas, existe una, la del politólogo italiano Stefeno Rodòta (1997), que resulta en mi opinión mucho más certera para fijar la transformación democráticamente deseable en los usos comunicativos a partir de las nuevas tecnologías. En efecto, los términos como "ciberdemocracia", "democracia electrónica" y similares se limitan a señalar el rasgo material autoevidente de unos nuevos soportes de la circulación de mensajes con contenido o función política. El cambio de las presentaciones materiales de los discursos y representaciones políticas de actualidad resulta sin duda el punto de partida de cualquier presunción de alteración de las prácticas políticas; pero tendrán toda la razón los escépticos si sólo asistimos a una variación de las formas, o los formatos, de la comunicación política, sin afectar más que en aspectos triviales a la configuración sustancial de los anquilosados procesos del intercambio de propuestas, decisiones y explicaciones que el público y los dirigentes institucionales de nuestras democracias hasta ahora conocen.

Al presentar la noción de democracia continua, Rodòta, por el contrario, está apuntando hacia una novedad más radical que las nuevas tecnologías de la comunicación pueden aportar a la democracia. Se trata de la superación de un sistema de comunicación vertical y una interacción política intermitente donde los espacios públicos de la decisión, la deliberación y la participación electoral estaban rígidamente segregados y con muy escasas posibilidades para el ciudadano de a pie de transitar por todos ellos de manera constante. De acuerdo con este profesor de ciencia política la interactividad político-comunicativa que augura el ‘terminal doméstico’ debiera permitir a los ciudadanos tanto rastrear selectivamente cualquier documentación política o administrativa, como producir ellos mismos mensajes y demandas directas a los líderes políticos y los responsables de la Administración. Páginas electrónicas de los diversos organismos, partidos políticos y fuerzas sociales, periódicos electrónicos, correo electrónico, listas de distribución y debate, tertulias políticas electrónicas... constituyen la batería de nuevos recursos tecnológicos que pueden permitir a los ciudadanos no sólo disfrutar de instrumentos de consulta, sino también de control, evaluación crítica y hasta gestión autónoma de asuntos específicos. Se suponía que los medios tradicionales de comunicación de masas habían venido proporcionando una plataforma parecida para conectar a los representantes políticos con sus representados, pero la gran restricción de dichos contenidos por razones comerciales, de las simplificadoras rutinas periodísticas y los controles empresariales de los medios, desencadenaron hace ya bastante tiempo un pesimismo generalizado respecto a las posibilidades de auténtica participación y deliberación racional en una videodemocracia o democracia centrada en los medios (Sartori, 1997; Swanson, 1995; Postman, v.o. 1985; Manheim, v.o. 1976).

En lugar de esto último, y merced a las nuevas tecnologías, Rodòta vislumbra la posibilidad de una democracia ‘contínua’ en la que los profesionales del periodismo y los responsables del control de los medios masivos ya no serían los únicos capaces de filtrar y encauzar las rígidas y estrechas vías de acceso de los ciudadanos de a pie al conocimiento y seguimiento de los asuntos públicos. Las hasta ahora escasas y encorsetadas vías de relación directa entre los ciudadanos y las élites políticas cambiarían de modo sustancial, si en lugar de limitarse al cíclico rito de las votaciones y algunas prácticas administrativas o populistas complementarias, se vieran engrasadas por un permanente y variado juego de tribunas, plataformas de diálogo o mesas de negociación transversal y múltiple.

Ante la demanda de tal escenario podría rebatirse que todo esa actividad existe ya en las democracias más activas, con vastísimo despliegue de manifestaciones, reivindicaciones, presiones y negociaciones planteadas a los poderes institucionales por parte de los más variados movimientos sociales y grupos más o menos organizados. Pero la evidencia de que tal tráfico comunicativo resulta en realidad bastante ‘discontinuo’ y restrictivo aflora, en mi opinión, por dos rasgos patentes: 1) Son sólo grupos organizados como agentes de presión y de intereses corporativizados los que llegan a participar de manera asequible en ese diálogo con los detentadores del Poder, incorporándose así al juego preestablecido de la competencia institucional entre élites (por más que la participación "elitista" de colectivos sociales, sindicatos o asociaciones de afectados, pueda calificarse de muy asimétrica en comparación con las fuerzas institucionales más asentadas), y 2) En bastantes casos dichas agrupaciones de públicos activos sólo alcanzan visibilidad y atención por parte de los representantes institucionales de los poderes del Estado cuando quiebran agresivamente los supuestos cauces reglamentarios y ‘constantes’, ya sea mediante la violencia simbólica de huelgas, paralizaciones de servicios o ‘pseudoacontecimientos informativos’, o bien mediante el recurso puro y duro a la violencia. En ambas circunstancias, la masa indeterminada de los ciudadanos de a pie sigue relegada al papel de espectadores distantes y por lo general desorientados, sin efectividad real de ejercer sus apetencias o derechos comunicativos individuales; salvo que cada ciudadano acepte la previa cesión de su afán reivindicador a alguno de esos colectivos intermedios que por lo general los administrarán también de manera sectorial y corporativizada.

El ideal de una democracia continua va, por tanto, bastante más allá del sincopado y desigual ¿diálogo? que caracteriza la generación y superación de conflictos en nuestras democracias contemporáneas. Por otra parte, la demanda teórica de una reformulación del sistema de comunicación política requerida por una democracia avanzada cuenta también con algunos precedentes que complementan la perspectiva básica aportada por el citado autor italiano. Tiempo atrás, cuando el mundo de las nuevas tecnologías comunicativas apenas empezaba a traspasar los umbrales de la ciencia-ficción Michael Margolis (1979) ya comprendió que el perfeccionamiento del concepto de democracia para el próximo siglo requería una teoría aún no elaborada acerca de la distribución de la información, como eje principal de la propia teorización política. Este profesor estadounidense (Ibid.:156 y ss.) reclamaba la institucionalización de una red telemática de información político-administrativa a través de la cual todo ciudadano pudiera acceder y comunicarse con cualquier oficina de la Administración y con cualquier institución política. Esa red debía servir, en su opinión, no sólo para la facilitación rápida y sencilla de información administrativa abierta a todo el público, sino que también tendría que permitir la circulación de mensajes políticos en sentido inverso. Asimismo, planteaba que el cambio político facilitado por las futuras tecnologías no se debería limitar a los aspectos técnicos de la cantidad y velocidad de la información circulante. Tenía también que contemplar una importante transformación en términos de claridad organizativa de la documentación disponible, sencillez de acceso y participación popular en la determinación de la relevancia de los mensajes, enfocado todo ello hacia un incremento generalizado de la participación ciudadana en el debate público.

La World Wide Web y la tremenda variedad de intercambio de contenidos de todo tipo que Internet permite en la actualidad, han satisfecho ya, en buena medida, las condiciones materiales o estructurales para empezar a disfrutar de la añorada democracia de profunda implicación ciudadana. Pero conviene insistir en que si sólo tenemos en cuenta los aspectos cuantitativos y de mejora tecnológica, las nuevas condiciones tal vez nos permitan calificarla de democracia electrónica -recientes noticias anuncian el inicio del voto electoral por Internet en algunos Estados de Estados Unidos1, el recuento automático de papeletas electrónicas de voto en Venezuela y hasta experiencias de este tipo, sin validez legal todavía, en España (Rocamora: 2001:6-8)-, pero sin que ello signifique, desgraciadamente, una verdadera democracia continua.

Recientemente empieza a discutirse si los nuevos medios electrónicos pueden ser denominados medios globales pero tal vez todavía no, medios de masa. Algunos autores consideran que es sólo cuestión de tiempo el que lleguen a ser medios de masa en competencia o como complemento de los tradicionales prensa, radio y televisión (Norris y Jones, 1998). Pero en mi opinión, para que la interactividad electrónica de la red produjera un cambio real hacia una comunicación democrática continua, haría falta además que la notoriedad de temas e interlocutores también se construyera a través de canales alternativos de La Red. En otras palabras, haría falta no sólo que algunos millones de personas recibieran o emitieran mensajes a través de la Red, sino que dentro de la Red se pudiera crear nuevos canales o plataformas informativas de referencia o consulta imprescindible para élites y ciudadanos. El peligro es que tales nuevos canales de referencia se conviertan en otra plataforma de prestigio convencional más –como un nuevo New York Times, o BBC o RAI electrónica-, pero sometidos a los mismos encorsetamientos y rigidez político-económica que los medios de élite ya consolidados. De poco servirá siquiera el hecho de que cualquier ciudadano particular pueda enviar un mensaje directo a cualquier miembro de la élite política, si esa posible protesta o demanda individual nadie más que el interpelado se entera de su existencia.

Lo que en definitiva debiéramos plantearnos es el problema de la posibilidad de construcción de la esfera pública a través de los nuevos medios o al menos que las nuevas tecnologías permitieran también a los ciudadanos corrientes una razonable intervención en los debates públicos de mayor notoriedad y en la determinación activa de qué temas deban merecer esa preocupación generalizada. Porque, en sentido contrario, ¿Qué importancia tendría, en términos de beneficio democrático, que una gran cantidad de gente pudiera enviar mensajes individuales a los funcionarios y representantes institucionales, las élites políticas o el propio Presidente del Gobierno, si esos miembros de las clases dirigentes y las instituciones sólo se van a sentir presionadas o impelidas a dar explicaciones públicas nada más que ante los escasos asuntos resaltados por los cuatro o cinco medios convencionales –y sobre todo televisivos- de referencia? Mientras no se avance de manera significativa en esta dirección, la generalización de las nuevas tecnologías podría quizá permitirnos hablar de una democracia electrónica, pero no todavía de una democracia continua.

Las descripciones sociológicas apuntadas al principio en relación con la extensión, estructura y hábitos de uso de la población incorporada al ciberespacio obligan desde luego a desterrar por bastante tiempo la idea de esa democracia continua sobre la base de una democracia electrónica. No parece, en efecto, que la curiosidad inicial por las experiencias políticas en la Red vaya a tener el suficiente incremento y sostenimiento como para constituir una mínima ‘masa crítica’ que actuara de revulsivo generalizado. Y como ya queda dicho, es más fácil que los viejos protagonistas de la construcción de representaciones sociales copen y adapten a sus intereses los nuevos medios, que no, a la inversa, una nueva vía de construcción del diálogo social fuera capaz de desplazar a esos viejos controladores, o de competir siquiera con ellos.

Sin embargo, en aras de ese realismo equilibrador en el que este análisis pretende asentarse, habría, en primer lugar, que reconocer al menos, -parafraseando el célebre aserto de McLuhan-, de que en cierta medida siquiera, "el medio es el mensaje". Quiero decir con esto, que el simple hecho material de la aparición de todo un abanico de opciones de comunicación interactivo global hace imposible que las cosas en el campo de la comunicación política contemporánea puedan seguir siendo exactamente iguales a la fase anterior de la videopolítica o videodemocracia mediática. La indudable primacía de una comunicación política centrada en la personalización de los líderes, la construcción de imagen escénica y los discursos y actos prefabricados al gusto de las tendencias comerciales de los medios masivos (cfr. por ej. Hallin, 1994; Mancini y Swanson, 1996; Dader, 1998) va teniendo que estar también atenta a las corrientes de opinión y de acción que se forman a escala planetaria a través del correo electrónico y las listas de distribución; tiene asimismo que contender con las nuevas posibilidades de pequeños centros de difusión barata de informaciones no censuradas o controladas, las posibilidades de contraste informativo entre las versiones ofrecidas por medios de diversos países y comunidades...Y así un largo etcétera.

Todos estos "grumos" que le van saliendo al otrora uniforme puré informativo que habían ido domesticando las industrias mediáticas, sólo resultarán efectivos para pequeñas mejoras cualitativas en beneficio casi exclusivo de algunas clarividentes o arriesgadas minorías. También es cierto que muchas de esas innovaciones podrán ser reconducidas a favor o como complemento de los agentes institucionales clásicos, como puede ser el caso de las vanguardistas cibercampañas en los procesos electorales. Pero esa misma necesidad por parte de los medios y agentes sociales clásicos de usar las nuevas plataformas o adaptarse, siquiera retóricamente a ellas –como puede ser por ejemplo el ejercicio publicitario de un político respondiendo preguntas ciudadanas en un "chat" organizado por un periódico de renombre-, contribuye a variar el ‘paisaje’ y a la postre hasta los valores y criterios por los que se rige la presentación y discusión de asuntos de incidencia general.

Por todo ello, sin caer en ilusas fantasías, parece claro que el panorama de la comunicación política de nuestras democracias ‘electronificadas’ se presenta ahora mucho más abierto y prometedoramente irregular del que existía hace un par de décadas. La democracia continua, o en último término deliberativa, como prefieren plantearla una serie de especialistas que en los últimos tiempos la reclaman con especial claridad y énfasis (Bessette, 1994; Nino, 1997; Elster, 1998; Sampedro, 2000), no parece iniciarse sin más, por el hecho de que los partidos y líderes políticos abran ciberpáginas para tratar directamente con los ciudadanos, por la generalización de ventanillas electrónicas de la Administración y las instituciones, y un largo etcétera. Pero todas esas realidades, en buena medida concedidas a regañadientes y como simples escaparates por las élites políticas y mediáticas van generando toda una serie de resquicios que, al menos los ciudadanos más motivados, pueden aprovechar de forma cualitativamente distinta.

Por todo ello se me ocurre proponer un nuevo término para designar políticamente el nuevo estadio comunicativo. Sin alcanzar el deseable de una democracia continua o deliberativa, quizá sí sea factible el de una democracia replicante o interpelativa. Las nuevas vías de acceso a la información y expresión y difusión de mensajes individuales o colectivos significan al menos el avance cívico de que cualquier persona interesada puede, en primer lugar, rastrear, acopiar y contrastar una cantidad de información práctica para sus necesidades sociales, profesionales o políticas como nunca antes se pudo imaginar. El nuevo ciudadano puede también, en segundo lugar, reclamar ante muchas instancias con mucha mayor sencillez, velocidad y contundencia. Puede hacerlo a título individual o coordinándose con otros; puede hacer llegar su voz ante muchos otros sujetos anónimos con los que nunca antes hubiera soñado contactar. Es cierto que son pocos y seguirán siendo pocos quienes se aventuren a explorar este potencial político, pero quienes lo hacen perciben de inmediato la provocación como mínimo de graves perturbaciones y molestias para los agentes institucionales interpelados.

El boicot de servidores mediante bombardeo masivo de mensajes es una ilustración cada vez más conocida de lo anterior. Si bien, una vez más, podría ser un contrapeso demasiado débil frente a la fuerza comunicativa y de acción de las élites políticas y mediáticas. Pero la eficacia de esa nueva democracia replicante o interpelativa puede también ser perfeccionada mediante las suficientes dosis de voluntad política para hacerla más visible. Los medios de comunicación convencionales y los profesionales del periodismo podrían una vez más contribuir muy eficazmente a su ‘publicidad’ y su ejercicio. Queda dicho que tales medios y profesionales en general tienden a adaptarse a las tendencias uniformadoras preestablecidas. Pero también es cierto que parte de esos profesionales y esos medios en según qué circunstancias buscan y alientan la diversidad y reflejan las voces minoritarias. Esta parte del sistema mediático convencional puede por tanto incrementar su atención y sensibilidad hacia esos ejercicios minoritarios de interpelación y réplica que posibilitan las nuevas tecnologías y pueden así contribuir a incrementar su visibilidad pública y, con ello, su eficacia política.

El escenario político comunicativo cada vez está más repleto de esas nuevas opciones en las que los ciudadanos individuales o agrupados planten cara y exigencias a las instituciones a través o gracias a la Red. Y los medios de comunicación convencionales podrían amplificar su eco si simplemente se dieran cuenta de que tienen delante de sus narices todo un inexplorado filón de noticias. En relación con lo abordado en la cuarta parte de este trabajo, ¿qué periodistas españoles hasta ahora se han planteado por ejemplo, indagar sobre el uso que los parlamentarios españoles están dando a sus direcciones institucionales de correo electrónico? ¿qué cambiaría en la percepción de nuestra política institucional si se reclamara en los "mass media" que todo parlamentario, por el hecho de serlo, tuviera de manera obligatoria que mantener una oficina electrónica de atención ciudadana, que se reclamara la presentación de informes periódicos de las ciberpeticiones cursadas, o que incluso fuera de consulta pública sin restricciones el contenido de los mensajes respondidos por los parlamentarios mediante dicho conducto? Nuestra democracia puede incrementar por esta vía un marco reclamativo e interpelativo frente a los poderes públicos en el que a las condiciones técnicas sólo falta añadir una mayor atención periodística hacia sus posibilidades. Poco importaría entonces que fueran realmente pocos los ciudadanos que utilizaran tales cauces; porque como en el caso de las garantías de control e inspección democráticas lo importante no es tanto que haya que utilizarlas, como el simple hecho de que existan para general advertencia y precaución de los servidores públicos potencialmente vigilados y, en este caso, interpelados.

El panorama que se apunta a continuación de modalidades de intervención cibernético electrónica de los ciudadanos constituye el catálogo de los resortes de una democracia siquiera interpelativa, que mayores dosis de atención pública e intelectual podrían fomentar.

2. El abanico de nuevas vías tecnológicas de comunicación política

En la línea de una descripción inicial de Gómez Fernández (1998), las diferentes innovaciones de la comunicación política electrónica podrían, en mi opinión, quedar agrupadas en cuadro grandes categorías:

  1. Redes facilitadoras de contacto o deliberación directa entre élites políticas y ciudadanos (de manera colectiva o individualizada).
  2. Redes suministradoras de información administrativa directa y acceso a bases de datos de los organismos públicos o de entidades privadas.
  3. Periódicos electrónicos profesionales en competencia o como complemento de los medios periodísticos convencionales.
  4. Canales audiovisuales de retransmisión directa de comunicación política institucionalizada o especializada (televisión parlamentaria, retransmisiones judiciales, etc.)

No es mi objetivo realizar aquí un desglose exhaustivo de cada una de estas posibilidades, además de por razones de espacio, por haberme ocupado ya parcialmente de ello en otro lugar (Dader, 2000) y sobre todo porque otros trabajos de este mismo número de CIC ofrecen una rica panorámica al respecto. Sin embargo, intentaré al menos subrayar algunos rasgos de cada uno de esas modalidades que, según mi perspectiva, podrían estimular más intensamente el modelo propuesto de democracia interpelativa.

2.1. Redes de intercambio político directo

Estas redes son sin duda las que llaman la atención de forma más poderosa por la espectacularidad que revisten. Dentro de ellas hay que diferenciar variantes como las siguientes:

-Enclaves cibernéticos de asambleas parlamentarias nacionales, regionales o locales y de órganos de gobierno y de la Administración.

-Enclaves cibernéticos de partidos políticos y páginas electrónicas personales de candidatos y políticos, diseñados para una actividad permanente o específica de campañas electorales.

-Correo electrónico de acceso directo a candidatos, miembros de las asambleas parlamentarias, líderes de partidos políticos o altos cargos de la Administración.

-Listas de distribución y discusión, foros y tertulias electrónicas ("chats") de contenido político organizados en la Red por plataformas ciudadanas, grupos profesionales o de intereses, medios periodísticos convencionales o ciudadanos particulares con alta motivación política.

-"Grupos electrónicos de presión" organizados ex profeso para la promoción de diversas causas y la coordinación de sus acciones virtuales o de presencia directa; o también para la coordinación por vía cibernética de asociaciones y grupos sociales ya existentes.

-Tertulias de interpelación directa a presidentes de Gobierno, líderes políticos y altos cargos, organizadas por sus propios grupos políticos o por medios de comunicación "anfitriones", en el marco de campañas electorales y otros contextos de debate público.

La potencialidad de todas estas prácticas para incrementar el grado de interpelatividad democrática trasciende sin duda el hecho de que, o bien sean pocos los ciudadanos que en realidad acceden a ellas, o bien los políticos profesionales tiendan a interpretarlas como vías de contacto estereotipado y readaptable al refuerzo de sus habituales estrategias de imagen.

Algunas de esas opciones pueden desembocar en experiencias de alta riqueza democrática y pedagogía de valores cívicos, como es el caso, (seleccionado entre otros muchos que florecen en diversos países en relación con las comunidades municipales), del ciberforo vecinal abierto por el propio gobierno municipal de la localidad de Vegadeo, en el límite de Galicia con Asturias (www.vegadeo.net). Según la divulgación periodística de esta experiencia (El País, 24-VIII-2000), la propia alcaldesa de la localidad, a través del enclave cibernético de su Ayuntamiento mantiene abierto un foro de debate con los vecinos y con cualquier visitante de la página, para recibir y debatir todo tipo de quejas, propuestas, iniciativas o consultas de información. La media mensual de intervenciones entonces consignada era de 42 mensajes2. Pero de nuevo, no es tan significativo el número como la cualidad transformadora del ejercicio democrático. Gracias a esta plataforma muchas personas, incluso gentes originarias de la zona y ahora residentes en otros países, se habían animado a contactar y discutir con sus conciudadanos y con el gobierno local cuestiones tan variadas como iniciativas de nuevas empresas y servicios en la zona, polémicas de identidad lingüística o problemas urbanísticos; si bien es cierto también –como se desprende de la revisión directa realizada por este investigador- que muchos de los mensajes recibidos se limitan a comentarios jocosos o contactos interpersonales. Aun así, el demostrado interés de algunos de los participantes por aprovechar el foro para intercambiar información y comentarios acerca de las necesidades y actuaciones políticas de la comunidad, mantiene su funcionalidad como vínculo de comunicación política local. Incluso el problema del escaso equipamiento informático de los habitantes de un área rural era superado por los vecinos interesados a través de las instalaciones de la Casa de Cultura local, el Instituto de Educación Secundaria, un Centro de Estudios privado y un cibercentro local. Ante ejemplos como éste cabe insistir en que la voluntad política de los representantes de cualquier otra población, fomentada o exigida por los periodistas más conscientes de los medios convencionales, podría lograr que estos nuevos foros dejaran de ser una curiosidad noticiable para convertirse en una exigencia institucional de las democracias del nuevo siglo.

En la misma línea, pero a escala nacional y mayor relieve institucional, merece destacarse en el ámbito español la iniciativa del Senado, sancionada incluso mediante una moción aprobada en la Cámara Alta por unanimidad el 16 de mayo del 2000 (cfr. El País, 29-V-2000), para dotar de un foro virtual de debate a cada una de las comisiones senatoriales, ampliándose a partir del otoño de ese año un foro general para debatir el conjunto de la labor legislativa. De hecho, esta Cámara, durante la anterior Legislatura (1996-2000) ya mantuvo abierto un foro público de mensajes ("Comredinf-foro": www.senado.es/comredinf/foro/index.html), a cargo de la comisión creada para Internet y nuevas tecnologías de la información, en el que de hecho los cibernautas plantearon los temas más diversos: desde protestas por el coste telefónico de las conexiones a Internet, hasta polémicas lingüísticas, la lucha contra ETA o la reforma y subsistencia del propio Senado. El bajo número de participantes en aquel foro (sólo 54 cartas consignadas entre la primera recibida el 24 de mayo de 1998 y el 11 de noviembre de 1999, en que este investigador realizó una visita a la página), y la sensación de adorno insustancial que a veces el nuevo foro refleja3, plantean dos interrogantes preocupantes para las asambleas virtuales de escala nacional: O bien el peligro de marginalidad elitista o banal de estas tribunas, en las que sólo participarían algunos desocupados junto con políticos profesionales aislados y personas muy cercanas a ese mismo ambiente, o bien el problema del colapso técnico y organizativo en caso de incremento importante de la participación en las mismas. Cualquiera que sea el derrotero seguido demostrará, una vez más, que el tipo de consideraciones que afrontar en una democracia del siglo XXI abre un ámbito diferente por la simple presencia de los nuevos instrumentos de comunicación.

Los ciberforos de debate político sobre la actividad parlamentaria pueden ser en ocasiones impulsados y mantenidos con espíritu de educación cívica por fundaciones o asociaciones privadas4. Este es el caso de la experiencia también pionera en España del enclave electrónico "Democraciaweb" (www.democraciaweb.org), puesto en marcha en 1998 por la Fundación Jaume Bofill, en colaboración con el Parlamento Autonómico de Cataluña, para mantener un punto de debate e información sobre la actividad legislativa de dicha Cámara entre los ciudadanos y sus parlamentarios. El compromiso establecido entre la citada Asamblea y la fundación privada organizadora permite en este caso que todos los mensajes remitidos por los ciudadanos y las respuestas dadas por los políticos, o sus comparecencias en algunos ‘chats’ organizados al efecto, se mantengan "en público"; es decir, consultables y al mismo tiempo interpelables por nuevos cibernautas. Esto supera la limitación de opacidad pública en que se mueve la alternativa –analizada más adelante-, del correo electrónico directo entre parlamentarios y ciudadanos. A pesar del escaso número de personas que hasta el momento se decide a utilizar estas vías5, o conoce siquiera su existencia, cabe sin embargo, en el plano teórico, vislumbrar un desarrollo concreto a la propuesta de Robert Dahl (ed. 1992: 406 y ss.) sobre constitución de asambleas institucionalizadas de "minipopulus" –o conjuntos de ciudadanos activos-, que revitalizaran nuestras democracias actuando como órganos consultivos e intermedios entre los profesionales de la política y la desinteresada y apática masa popular de las vigentes ‘videodemocracias’.

Pero lo que sin duda expresa la más impactante y comentada innovación de la ciberdemocracia es el conjunto de páginas de información y propaganda desplegadas en la Red por partidos políticos y candidatos, con especial énfasis en los períodos de campaña electoral. Dichos procesos se han convertido en el escaparate de lo que las nuevas tecnologías de comunicación pueden ofrecer en la transformación de la comunicación política. Los expertos del marketing político han captado el beneficio de imagen electoral que las páginas ‘web’ pueden suponer para sus clientes y como ha escrito Richard Davis (1999:120) "esta nueva tecnología no revolucionará el resultado electoral, pero sí cambiará la forma de hacer campañas". Entre las ventajas que el uso de esta nueva vía de contacto electoral puede reportar a los directamente interesados en la captación de votos, se puede, en mi opinión, destacar las siguientes:

  • El escenario de Internet confiere a los candidatos una imagen de progresismo, dinamismo y espíritu innovador, en consonancia con las tendencias sociales más actuales.
  • La sensación de "estar a la moda" capta la atención y simpatía de los medios periodísticos tradicionales. Éstos tenderán a amplificar de forma espontánea parte del contenido electoral expuesto en la Red, actuando así como publicitarios mucho más inconscientes que cuando la atención de los periodistas se intenta atraer por vías más convencionales.
  • La publicidad electoral y el conjunto de información volcado por los partidos y candidatos en Internet resultan mucho más baratos. Las estrategias de variación de contenidos, actualización y reacción inmediata a las intervenciones de los oponentes resultan mucho más flexibles que en cualquier otro soporte informativo. Se preparan además con un coste mínimo, en comparación con el tremendo gasto que supone la producción de nuevos vídeos electorales para contrarrestar las iniciativas de los adversarios. Asimismo, las restricciones legales –como la prohibición generalizada en muchos países de publicidad electoral indiscriminada en televisión-, resulta aquí muy sencilla de obviar.
  • A través de sus páginas electrónicas, los partidos y candidatos disponen de una línea de contacto directo con los electores sin la ‘molestia’ del filtro crítico de los periodistas o los adversarios (como ocurre en cambio en los debates televisados o las entrevistas periodísticas).
  • La estructura de hipertexto de los medios electrónicos permite también diferentes niveles de complejidad argumentativa y la combinación de apelaciones emocionales y racionales: En el plano más simple, la ciberpágina puede ofrecer un ‘salvapantallas’ con el eslogan o imagen principal de la campaña, tiras cómicas y caricaturas contra los adversarios o fotografías idealizadas del propio candidato. Pero esa misma página, en otros apartados, puede presentar para un electorado más exigente e intelectual el programa electoral completo, extractos de discursos, declaraciones actuales o anteriores a los medios de comunicación y todo tipo de respuestas y documentos relativos a los diferentes asuntos de polémica electoral que vayan surgiendo.
  • Grupos informales de simpatizantes o de militantes pueden a su vez crear sus propias páginas de movilización y apoyo, con vínculos electrónicos dirigidos a su vez al enclave oficial del partido o candidato.
  • El simple anuncio de la celebración de una tertulia electrónica de un líder político con cuantas personas quieran interpelarle genera una corriente de simpatía y curiosidad con eco mediático multiplicador, tanto antes de la celebración como con los comentarios posteriores. Tales iniciativas refuerzan a su vez la imagen de ‘sensibilidad y cercanía popular’ del político.
  • Los partidos y candidatos pueden además pulsar las reacciones que sus declaraciones y propuestas inspiran a través de los mensajes de respuesta emitidos por los visitantes de sus páginas. Si bien tales reacciones no pueden representar a la generalidad de la población –y ni siquiera al conjunto de sus simpatizantes-, pueden sin embargo ofrecerles pistas muy útiles –sin mayores costes de investigación de campo-, sobre el modo y por qué de las reacciones suscitadas.

Pero las ventajas de las ciberplataformas electorales no se limitan al plano de los intereses propagandísticos, sino que la propia comunicación política de una democracia puede encontrar en ellas mejores oportunidades de análisis racional y debate ciudadano que las ofrecidas a menudo a través de las comparecencias televisivas y la información periodística convencional sobre las campañas6.

La queja habitual de que los candidatos se ven obligados a emitir simples titulares (o "soundbites") para captar la atención de los periodistas y evitar el resumen distorsionado de sus ideas, puede ser superada en las páginas electrónicas, donde cada candidato tiene la oportunidad de ofrecer al electorado sus propuestas y posturas con todo el detalle que estime oportuno. El consabido estilo periodístico de "carrera de caballos" y búsqueda de las anécdotas puede ser por ello mismo evitado en los ciberenclaves de los candidatos y partidos mediante el despliegue de argumentación racional, explicación detallada de propuestas, etc. Es evidente que tal contenido no interesará a todos los visitantes eventuales de dichas páginas, periodistas incluidos, pero de nuevo las estructuras de hipertexto permiten ofrecer estos otros niveles de profundidad sin renunciar a los más simples y populares. A nadie se le escapa tampoco que la "racionalidad" argumentativa exhibida por cualquier partido o candidato en campaña vendrá lastrada por la defensa retórica de sus intereses. Pero incluso en tal caso, es indudable que el electorado motivado y responsable –por minoritario que éste pueda ser-, tiene una posibilidad de análisis, reflexión, contraste y hasta réplica, en la consulta directa de las ciberpáginas de los candidatos, de la que habitualmente carece por cualquiera de las restantes vías mediáticas. Aun así, una vez más, las potencialidades teóricas suelen resultar poco aprovechadas en la práctica, ya que es patente en la experiencia dominante que muchos partidos y candidatos se limitan a explotar la apelatividad visual, humorística o populista de sus páginas. En el terreno de una información más detallada y enriquecida, muchos se limitan al recurso convencional de reproducir noticias de prensa o declaraciones ya ofrecidas a los medios conforme a los usos convencionales de la retórica mediática.

Otra cuestión interesante para la perspectiva de la transformación general de la comunicación política es la referencia apuntada por diversos comentaristas sobre la posible reducción de los ingentes gastos electorales que las campañas en la Red significarían en caso de recortar o sustituir parcialmente la frenética actividad mediática restante. Asimismo, una ‘ciber democracia’ podría ayudar a igualar algo más la enorme diferencia de oportunidades electorales existentes entre los grandes y oligopolísticos partidos y las pequeñas formaciones. Tanto los grandes como los pequeños pueden disfrutar ahora de un medio de contacto con la audiencia global por un precio similarmente barato.

Tales esperanzas se ven de nuevo desdibujadas en el terreno de los hechos por varias razones. En primer lugar, los grandes partidos no están concibiendo las páginas electrónicas de campaña como un medio sustitutorio de acción electoral, sino como un medio más que añadir a su presupuesto. Por barato que resulte este apartado, no resta sino que incrementa el coste general y en este momento ningún equipo de estrategia electoral aceptaría reducir su despliegue mediático general por el hecho de contar con una excelente presencia virtual. En segundo lugar, la ‘visibilidad pública’ o conocimiento amplio de una página en la Red depende en gran medida del eco recibido en la información periodística general o a través de publicidad directa, por lo que, de nuevo, el mayor presupuesto general de los grandes partidos les permite también jugar con ventaja a la hora de animar a los ciudadanos a visitar sus enclaves en Internet. En tercer lugar, también en el diseño y realización de las ciberpáginas electorales se capta por lo general la diferencia entre ‘pobres’ y ‘ricos’. Unos técnicos más experimentados y equipos de información y mantenimiento más profesionales y numerosos generan una notable diferencia estética, retórica y de contenidos, y esas notables diferencias también se reflejan en el presupuesto, por más que en este ámbito las posibilidades de competencia de los pequeños son muy superiores a las que experimentan en el ámbito de la producción televisiva y publicitaria y la generación de atracción mediática convencional.

Aun así, el mantenimiento de las desigualdades citadas podría a largo plazo paliarse, siquiera en parte, a medida que el recurso a la Red para seguir las campañas electorales fuera popularizándose. La dependencia de la amplificación en los medios convencionales del mensaje político de cada formación resultaría menor si más ciudadanos al llegar unas elecciones se plantearan como simple rutina la consulta y seguimiento de los diferentes ciber enclaves de partidos y candidatos. Incluso, para los propios periodistas, el incremento de su atención a los mismos como fuente alternativa y más enriquecida de información electoral podría significar que la competencia por una mayor calidad persuasiva, argumentatitva y de generación de noticias de las páginas políticas permitiera contrarrestar a bajo coste parte de las grandes presiones sobre la ‘agenda mediática’ que los partidos mayoritarios organizan hoy, con gran derroche económico, mediante sus iniciativas convencionales.

El propio plano de las rutinas del trabajo periodístico podría estar en trance de cambiar si los informadores profesionales empiezan a concebir como consulta obligada el contenido de las páginas ‘web’ de los partidos y candidatos. En este sentido, las diferencias también existen entre los medios de comunicación ricos y pobres. Los periódicos locales, por ejemplo, nunca han podido competir hasta ahora con los grandes diarios, a la hora de tener sus propios corresponsales en el seguimiento de las campañas, experimentando por ello una enorme dependencia de los teletipos de las grandes agencias y los "refritos" de las informaciones de los medios de referencia. Ahora en cambio, la consulta permanente de unas buenas páginas de información directa de los partidos podría suponer una importante reducción de costes en el acceso a fuentes de primera mano y la posibilidad de una información mucho más genuina y diversificada para esos pequeños diarios y emisoras locales.

2.2. Información administrativa en la Red y acceso a bases de datos públicos

Este es, sin duda, uno de los aspectos en los que las nuevas tecnologías pueden significar una mejora sustancial de la participación de los ciudadanos corrientes en los asuntos públicos. La participación democrática de los ciudadanos suele asociarse de manera muy restringida con las grandes cuestiones políticas de los procesos electorales y el conocimiento y control de las grandes actuaciones de los poderes del Estado y los principales líderes. Sin embargo, una faceta no menos importante –y mucho más cercana a la vida cotidiana de la gente corriente-, se refiere a la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a la información administrativa y pueda hacer uso de ella en condiciones de igualdad con el resto del cuerpo político (administradores y administrados).

Un gobierno antidemocrático no es sólo el que impide la celebración de elecciones libres o atenta contra la libertad de expresión o de asociación, sino también el que aprovecha el gran poder de recopilación y archivo de información del Estado para ponerlo al servicio de una élite dirigente y clausurarlo o restringirlo de forma grave para el resto de los ciudadanos. En España, por ejemplo, y desde el memorable "Vuelva usted mañana" de Larra, a menudo se ha descrito el abuso de poder contra la población general como el mantenimiento de una Administración opaca y unos funcionarios arbitrarios que, según la persona que acudiera a realizar unos trámites o solicitar información administrativa de cualquier índole, va a ser tratada con insultante desigualdad y sin la menor garantía práctica de ver respetados sus derechos de acceso a la información pertinente o de resolución de sus demandas mediante cauces igualitarios y transparentes. Sin seguir en el caso extremo de un sistema de información pública al servicio exclusivo de una casta dirigente, en España subsiste todavía un moderado entorno de prácticas oclusivas que restringe la circulación de información administrativa y dificulta enormemente la verificación de la igualdad ciudadana de oportunidades y el control de las actividades administrativas por parte de periodistas, asociaciones de particulares y público general.

La legislación sobre transparencia informativa de la Administración y las garantías de igualdad en toda clase de procedimientos desarrollados por cualquier institución pública han experimentado un gran desarrollo en todas las democracias (clásicas y recientes), sin necesidad de tener que esperar a la llegada de las nuevas tecnologías. El contenido de dicha realidad es lo que a menudo se quiere significar cuando se utiliza la expresión de "Estado de Derecho". Pero incluso en democracias con un sólido sistema legal de transparencia e igualdad administrativa, el viejo sistema de los expedientes escritos en papel y depositados en oficinas bajo la custodia de archiveros y funcionarios concretos, seguía imponiendo un procedimiento muy restringido y lento de consulta y conocimiento masivo. Como dijera Walter Lippmann en 1920, los periodistas –como máximo exponente del intento de una divulgación generalizada de la documentación pública archivada-, tienen que seguir confiando en los funcionarios porque son ellos quienes custodian y conocen los archivos y sus correspondientes expedientes. La legislación democrática puede establecer, en efecto, que cualquier ciudadano tiene derecho a saber el proceso y resultado de un concurso para la adjudicación de un contrato de obras públicas o de unas becas universitarias. Pero si el propio ciudadano –o un periodista- no tiene la posibilidad real de examinar esos expedientes dentro de los archivos de la oficina encargada, las posibilidades de extravío intencionado de algunos documentos, o la evaluación fraudulenta de las solicitudes pueden producirse sin que jamás llegue a probarse públicamente.

Las nuevas tecnologías, con el archivo informático de cualquier documentación y la posibilidad de acceso generalizado por conexión telemática directa hacen ya posible eliminar la barrera física del funcionario concreto que ejerce de guardabarreras respecto a quién le permite y a quién no, consultar unos expedientes. Desde cualquier terminal doméstico existe ya la posibilidad de consultar cualquier documento público creado y archivado por cualquier organismo público estatal, autonómico o local.

La primera gran ventaja de esta revolución tecnológica es la espectacular reducción de costes económicos, para la propia Administración y para cualquier ciudadano, a la hora de realizar trámites. Los organismos administrativos pueden consultar instantáneamente una gran cantidad de archivos físicamente dispersos –con impresionantes abaratamientos de costes en envíos postales, menor número de funcionarios necesarios para la formulación de expedientes y reducción de gastos corrientes asociados a todas esas operaciones-. Los ciudadanos de a pie, por su parte, ahorran una gran cantidad de gastos de desplazamiento (sobre todo en el caso de habitantes de pequeñas poblaciones, obligados a visitar las capitales de provincia para infinidad de papeleos prolijos). Y como consecuencia lógica de lo anterior, el tiempo consumido en cualquier gestión también se reduce de modo muy considerable, permitiendo agilizar las actividades judiciales y administrativas de las que tanto depende la calidad de vida de una verdadera comunidad política democrática.

Pero una vez más, las ventajas prácticas indudables de las nuevas tecnologías en este sector pueden verse cercenadas por un sistema de nuevos obstáculos legales y negativas de los responsables políticos para autorizar un sistema de transparencia administrativa general que ya es plenamente posible en términos técnicos. Precisamente, y a medida que las innovaciones técnicas lo iban facilitando, el "Periodismo de Precisión" y de "Rastreo informático de datos" ("CAR Journalism") ha adquirido un enorme auge en algunos países como Estados Unidos (Meyer, 1991; DeFleur, 1997; Dader, 1997). Muchos periodistas de investigación de aquel país han hecho realidad la vieja aspiración de Lippmann de no tener que depender de las amigables relaciones con algunos funcionarios para poder acceder a los archivos informativos donde a veces se ocultan la corrupción y el ejercicio antidemocrático del Poder. Este tipo de periodismo es por tanto un factor fundamental de democratización de la información política y administrativa que puede llegar a ser verdaderamente pública, y su desarrollo está estrechamente vinculado a las nuevas tecnologías. Luego en pocos campos como en éste va a ser tan evidente la contribución de las nuevas tecnologías a una efectiva democratización política.

Pero, como apuntábamos más arriba, los responsables de bastantes democracias contemporáneas –e incluso los intelectuales de esas mismas sociedades-, parecen más preocupados por los riesgos de la invasión de la intimidad personal con el acceso general a las bases de datos, que con evitar que los privilegios del secreto administrativo limiten la transparencia democrática. En consecuencia, las regulaciones sobre protección de datos, por ejemplo en la Unión Europea, están planteando muchas limitaciones en el acceso de periodistas y ciudadanos a los bancos de datos públicos y, por el contrario, no existe una legislación de contrapeso que obligue al Estado a facilitar de manera inmediata y sin restricciones otros archivos estadísticos o documentales que pueden seguir siendo utilizados como un privilegio de gobernantes y élites políticas. En el caso español, tal y como he tenido ocasión de ocuparme en otros trabajos recientes (Dader, 2001,a); Dader, 2001, b)), las leyes de Protección de Datos (L.O. de 1 de diciembre de 1999), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (L.O. 30/92), del Poder Judicial (L.O. 6/85 y modificación en L.O. 16/94) y otras complementarias generan un vasto entramado de cautelas y limitaciones por las que en la práctica, muchos documentos con un carácter tan innegablemente "público" como las sentencias judiciales siguen negándose a cualquier persona no directamente aludida en los procesos y persiguiéndose administrativa y judicialmente buenas parte de los intentos de divulgación pública de las mismas a través de medios de información general.

A pesar de todos esos obstáculos legales, la simple incorporación al escaparate cibernético de las "paginas web" de todo tipo de oficinas municipales, departamentos ministeriales y organismos públicos implica un importantísimo paso adelante hacia la plena fluidez y transparencia comunicativa entre los gobernantes y los gobernados. Muchas bases de datos que cualquier ciudadano debiera poder consultar a través de la Red –como declaraciones oficiales de intereses económicos o de patrimonio de los diputados, expedientes de sanción de entidades locales y autonómicas, registros mercantiles, de propiedad de automóviles, estadísticas demográficas desglosadas y no sólo agregadas, y un largo etcétera-, siguen estando reservadas al acceso restringido de los funcionarios, autoridades o grupos especiales de poder, como entidades bancarias y compañías de seguros. El contenido informativo de muchas de esas entidades con ‘página web’ podría calificarse a veces de puramente publicitario y no son raros los casos, al menos en España, en que los servicios apelados ni siquiera se toman la molestia de responder a un correo electrónico cuya dirección pomposamente se ofrece para la consulta de los ciudadanos. Pero la mera existencia de esas "ventanillas electrónicas", desde las que ya va siendo posible solicitar y rellenar muchos formularios, o descubrir siquiera la existencia de convocatorias y servicios casi desconocidos antes para las gentes de a pie, puede contribuir a un clima de progresiva exigencia ciudadana de información más detallada y paulatina apertura por los organismos oficiales de esa información.

Un ejemplo aislado, pero significativo, de esa apertura lo proporciona el denominado escándalo del "toalla-gate" que ha supuesto en junio del 2001 que varios altos cargos del nuevo gobierno de Vicente Fox en Méjico hayan tenido que dimitir de sus puestos. Un diario nacional ("Milenio") desató la crisis al revelar que el entorno del Presidente había gastado unos 150 millones de pesetas en el mobiliario y compra de utensilios para la vivienda del citado Fox. Pero lo novedoso en este caso es que la información detallada de gastos –con pagos de hasta 80.000 pesetas por una toalla-, había aparecido previamente en "Compranet", el sistema electrónico del departamento de Contrataciones Gubernamentales de la Contraloría -Ministerio de Cuentas Públicas-, de donde el diario, al parecer, se limitó a copiar la información (cfr. "El Mundo", 28-junio-2001, p. 30). Cabría desde luego calificar de "ingenuidad" o "despiste" el que una oficina administrativa haya podido colocar ese tipo de información minuciosa en una "página web" de acceso público. Pero bastará conectar la evidencia técnica de que ello es posible con el principio democrático de que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta el dinero público, para que tales ejercicios de transparencia se empiecen a reclamar de manera mucho más insistente.

2.3. La ventana electrónica de los medios periodísticos convencionales y nuevos periódicos virtuales

Al comienzo de los años noventa, cuando en Estados Unidos primero y rápidamente después en los restantes países tecnológicamente avanzados, la prensa diaria empezó a colgar sus portadas o algunas de sus páginas en Internet, buena parte de quienes se incorporaban lo hacían más por una cuestión de prestigio y de demostrar su vanguardismo frente a posibles competidores, que por un convencimiento real de rentabilidad económica o interés periodístico. Paso a paso, sin embargo, esas empresas de prensa tradicional han ido ampliando y diversificando su presencia electrónica. Han comprendido además, aunque con una explotación todavía muy moderada, que las posibilidades técnicas de almacenamiento, vinculación a otras fuentes y estructura de hipertextos, permite ofrecer en la versión electrónica del diario toda una serie de documentos y ampliaciones informativas que generarían un inaceptable coste económico en la versión de papel.

Nuestros periódicos empiezan a insertar en sus ediciones convencionales ciertas referencias a documentos de ampliación, debates por correo electrónico sobre temas de polémica, etc., que invitan a buscar en la edición en Internet ciertos contenidos de interés para los ciudadanos más activos, que no aparecen en la edición impresa. Bien es verdad que, en sentido contrario, y como una demostración más de la vieja "ley de bronce de los salarios" aplicada a la tendencia a la mínima calidad de las mercancías en mercado, muchos periódicos electrónicos, en lugar de "enriquecer" su edición electrónica, la aligeran y convierten en notas esquemáticas de su contenido impreso, recubierto, eso sí, de muchos alardes visuales y de animación.

Tal ambivalencia genera una sensación confusa respecto al incremento o no de mayor información de relevancia política por esta vía. Pero hay un aspecto, como mínimo prometedor para la liberación informativa de los ciudadanos y que tiene que ver con la tan denostada por algunos "globalización" de la sociedad de la información: Me refiero al hecho de que el lector de periódicos interesado puede hoy practicar lo que algunos han llamado "surfing electrónico", mediante la consulta de diversas cabeceras de varias ciudades o incluso países diferentes. Sin negar la creciente concentración de poder de los grandes multimedia y la reducción de empresas periodísticas diferentes en cada ciudad, en la práctica nunca antes ha existido tanta posibilidad de pluralidad y diversidad en la búsqueda y contraste de noticias e información de actualidad. Es cierto que antes era habitual en ciudades de mediana población contar con tres o cuatro diarios donde ahora sólo subsiste uno. Pero en la práctica, los lectores de cada medio sólo recibían información de uno solo e incluso la aparente competencia entre varios estaba supeditada a las redes de protección y control del caciquismo local. Como afirmo en otro lugar (Dader, 2000:118), "Internet ha puesto patas arriba esa situación y un ciudadano de Cádiz, por ejemplo, puede confeccionarse cada día su peculiar menú informativo echando un vistazo –también-, a un diario catalán, un par de europeos e incluso cualquier sudamericano".

Los pequeños diarios electrónicos de edición exclusiva en la Red son un elemento más que amplía la oferta de opciones para el seguimiento de la actualidad sociopolítica. En ocasiones se trata de organizaciones con plantillas completas de profesionales, pero que al evitar los costes de impresión y distribución han permitido a pequeños grupos empresariales acceder a un mercado que cada vez estaba más reservado a los grandes consorcios financieros. Los modestos costes de producción ahora reabren una alternativa esperanzada para la pluralidad informativa. Aún así, una vez más, estas iniciativas potencialmente más críticas y ajenas a los grandes intereses corporativos tendrán que desafiar el "arrecife de coral" que mantiene fuera del espacio público o "gran público" a cualquier medio que no se haya fraguado una "visibilidad" eficaz –e influyente-, a través de grandes inversiones publicitarias y contenidos dirigidos al trivial mercado masivo. A pesar de estar destinados por el momento a un segundo anillo de la discusión e información pública, la mayor facilidad de su mantenimiento facilita a los ciberciudadanos unas herramientas de seguimiento de lo público que nunca antes, ni en los románticos tiempos de la "vietnamita", se pudieron vislumbrar. A esta línea de información global alternativa se incorporan, -en ocasiones con audiencias muy estimables-, periódicos alternativos de "francotiradores" individuales a los que en Estados Unidos ya se les denomina "me-zines" ("mi magazín") y que en castellano algunos han rebautizado como "revistas juan palomo" ("yo me lo guiso, yo me lo como"7). Alguno de estos ciber enclaves, como el de Andrew Sullivan (www.andrewsullivan.com) registran un promedio de unos 120.000 lectores y se financian, o bien mediante faldones publicitarios o bien por aportaciones de sus lectores. El periodismo de los llamados "free-lance" se revitaliza así con un grado superior de autonomía, pues a diferencia de sus predecesores ni siquiera depende ahora de la compra del producto final por un gran medio convencional. El mecenas pasa a ser el propio público, o una porción siquiera suficiente de ciber ciudadanos.

2.4. Canales audiovisuales de comunicación política especializada para la retransmisión no editada

La fascinación despertada por las expectativas ultra vanguardistas de la "política virtual" podría finalmente hacernos olvidar el potencial de transformación aún latente –con algunas adaptaciones técnicas-, de la comunicación política sostenible a través de los canales audiovisuales convencionales.

La televisión por cable y las plataformas multicanales vía satélite posibilitan a este respecto un importante cambio cualitativo en las condiciones de la producción audiovisual para pequeñas audiencias especializadas. Hasta ahora, las cadenas de televisión y radio han vivido esclavizadas por su imperativo generalista. Salvo algunas emisoras de radio musical especializada –y sólo dentro de países con mercados tan amplios como Estados Unidos-, el resto de la radiodifusión ha sido incapaz de mantener por largo tiempo -una vez quebrada también la filosofía del "servicio público"- programas o contenidos contrarios al gusto popular masivo. La información política y el debate social en la radiotelevisión se han visto reducidos así a los boletines de noticias estándar y algunos programas de reportajes o discusión muy atentos a agradar el gusto mayoritario. En cuestiones políticas estas cadenas y emisoras vienen ofreciendo poco más que trivialidad política y aspectos sensacionales o "de calor humano" de los principales líderes sociales o los sucesos más dramáticos del momento. La consecuencia de todo ello, bien conocida y criticada, es el ambiente de "videopolítica" y "estrellato político".

La televisión por cable y por satélite digitalizado, en cambio, incorporan dos innovaciones técnicas de una gran potencialidad para el redescubrimiento de la comunicación política en profundidad, si bien tampoco hasta ahora se les ha sacado el suficiente partido:

  1. En primer lugar, la interactividad de la conexión entre cada terminal doméstico y el centro general de emisiones hace factible la participación de una audiencia masiva en sistemas de votación para programas de debate o controversia ciudadana. La estrecha participación convencional a través de unas mínimas llamadas de teléfono o la formación de un pequeño auditorio popular filtrado en el "estudio", podrían dar paso a sondeos de opinión mucho más numerosos, al margen de que no pudiera pretenderse una representatividad estadística. A su vez, las reacciones de estas encuestas telemáticas podrían utilizarse como nuevos estímulos para el debate. Es obvio que esta "nueva" alternativa tiene precedentes tan antiguos –y tan olvidados- como el de las emisoras estadounidenses bidireccionales de finales de los años setenta, antes de que la "era Reagan" impusiera el principio de la "desregulación" (el ejemplo más paradigmático de participación de la audiencia en votaciones constantes fue el llamado "Qube System" en la ciudad de Columbus, Ohio). Por eso mismo es de temer, una vez más que la práctica social dominante adapte a un uso convencional una tecnología que facilita una utilización radicalmente diferente, en perjuicio de una comunicación política mucho más interpelativa.
  2. Pero una segunda innovación que podría impulsar la presencia de contenidos de información y discusión política más elaborados radica en la simple abundancia de canales simultáneos que las nuevas redes de transmisión audiovisual digitalizada permiten. Por un coste de subscripción mensual de poco más de una comida en un buen restaurante, el hogar de nuestros ciudadanos puede ahora recibir un menú de entre cincuenta y cien canales diferentes.
    Es evidente que la mayoría de esos canales segmentan también la audiencia conforme a criterios generalistas, sólo que parcelados (todo películas taquilleras, todo deportes, todo música de éxito, etc.). Pero sin excluir de nuevo esa tendencia de la ley del bronce de la mercadotecnia, tal cuerno de la abundancia podría incorporar por un coste marginal insignificante algunos canales de contenido político o social muy especializado y de indudable utilidad para el ejercicio de los derechos de conocimiento y cultura cívica de las minorías interesadas. Canales de retransmisión parlamentaria, al estilo de la prestigiosa red del C-Span estadounidense (cfr. Gómez Fernández, 1998 e Ibid. en este mismo número de CIC), o la experiencia concreta del canal "Tribunal" de emisión de sesiones judiciales reales, en la plataforma española "Vía Digital", podrían tener su mínimo hueco en la programación mediante el impulso nada costoso de algunas instituciones públicas o privadas dispuestas a financiar los gastos básicos de producción.

El contenido de retransmisiones directas de debates parlamentarios, procedimientos judiciales, etc., no sólo conecta con el interés de minorías altamente intelectuales y especializadas, tal y como han demostrado momentos de gran impacto popular de algunos de esos debates en España; o como a veces de forma incidental puede observarse en bares y cafeterías de barrios populares de ciudades españolas, en las que alguna emisora local de cable incluye la retransmisión de los plenos de sus ayuntamientos, con un seguimiento bastante elocuente entre quienes en ese momento toman alguna consumición a media mañana8. Por ello, cabe insistir en que este tipo de canales especializados dependen una vez más de una voluntad política y un estado de opinión que estimule su presencia, pudiendo contar, una vez en marcha, con segmentos de seguidores que sin ser mayoritarios permitan justificar los moderados costes de producción que necesitan.

( Continúa... )

______
Notas:

1 Primarias del Partido Demócrata en el Estado de Arizona en marzo del año 2000: www.azdem.org (cfr. por ej. "La Nueva España", 10-III-2000, "El País", 29-V-2000 y Rocamora, 2001:7).
2 En realidad, la media obtenida por este autor en su visita a la página ha sido de 23 mensajes mensuales, al haberse recibido un total de 1.325 desde el primero registrado el 2 de agosto de 1996 hasta el último recibido a fecha de 12 de agosto del 2001 (www.vegadeo.net, observación realizada en la última fecha citada).
3 Un comunicante del Foro del Senado de la actual legislatura escribía: "Al comienzo de esta iniciativa, algunos parlamentarios y senadores (ver mensajes "históricos") solían responder, bien en el propio Foro o en privado. Actualmente (lo sé por contacto con algunos de los intervinientes que facilitan su e-mail) podemos percibir que esto es una especie de "dazibao" en donde cada uno lanza al proceloso mar del silencio institucional, mensajes embotellados en el Cyber, que me temo jamás serán leídos ni por un aburrido conserje del Senado. Creo que es muy importante que este Foro mantenga un nivel alto de interés. No puede admitirse que se convierta en una barra tabernaria, con expresiones soeces e insultos maleducados contra personas (...) Creo que este Foro debería recoger asuntos de mayor calado que una simple perspectiva personal de un festejo (...) Hay otros Foros para protestar por el precio de las angulas o el bodrio del "Gran Hermano" (...) Y una llamada de atención a los señores diputados-as, y senadores-as para que se dejen caer por aquí y no tengamos la impresión de que hemos entrado en el Club de Parlamentarios Autistas" (Xavier de Arrizabalaga, 18 de mayo de 2001).
4 Los ciberenclaves de educación cívica para la democracia electrónica van surgiendo en diferentes sociedades. Es el caso, por ejemplo, del Centro Internacional para la Teledemocracia, creado en Escocia (www.teledemocracy.org , cfr. "El Mundo", 7-12-99).
5 En el caso de "democraciaweb", el número de cartas ciudadanas recibidas desde la primera, fechada el 11 de junio de 1998, y la última observación realizada por este investigador el 12 de agosto del 2001 es de sólo 133 cartas. A esa cantidad habría que sumar entre unas diez o veinte más sobre los diferentes proyectos legislativos específicos que periódicamente el enclave virtual somete a consideración de sus visitantes para remitir luego a los parlamentarios las sugerencias de rectificación en los proyectos de ley recibidas. Esta segunda vía de participación ciudadana genera sin embargo escasísimas intervenciones, siendo habitual la ausencia de comentarios o entre uno y dos como máximo. (cfr. www.democraciaweb.org )
6 De un tipo y otro de ventajas, así como un balance global sobre sus repercusiones en el marco de las democracias he realizado con anterioridad otra revisión, complementaria de la presente, en Dader, 2000).
7 Expresión e información recogida del Suplemento de varios diarios españoles "El Semanal", Sección "Todos en Internet para todos", p. 318, 22-28 de julio, 2001.
8 Una situación que personalmente este autor tuvo también ocasión de observar en 1991 a lo largo de varias ciudades estadounidenses, cuando las sesiones de audiencia del Congreso dilucidaron si el juez Clarence Thomas, implicado en un escándalo sexual, merecía o no ser incorporado al Tribunal Supremo: Bastaba entrar en cualquier tipo de establecimiento de cafetería o pub para encontrar sintonizado en la mayoría de ellos el canal de la C-Span, donde se retransmitía a lo largo de horas y días sucesivos dichas audiencias.


* José Luis Dader es profesor en la Fac. CC. Información de la Universidad Complutense de Madrid. El texto aquí publicado es una versión reelaborada y ampliada a partir de la comunicación presentada en el Seminario Internacional sobre "Innovación Tecnológica y Comunicación Política" en Perugia, Italia, diciembre, de 1999 (Dader, 1999), y fue proporcionado por el autor para Sala de Prensa.


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