Sala de Prensa

43
Mayo 2002
Año IV, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Reporteros sin Fronteras: Informe general 2002

Malos tiempos para la libertad de prensa

Malos tiempos para la libertad de prensa este primer año del tercer milenio: en todos los continentes, el ejercicio de ese derecho fundamental que, junto a algunos otros, es constitutivo del funcionamiento democrático en cualquier sociedad, fue víctima de graves ataques, dirigidos contra los medios de comunicación y contra quienes los hacen. Ataques físicos, contra las personas (amenazas, golpes y heridas, asesinatos); efectuados al amparo de leyes represivas (censura, prohibiciones de publicación, detenciones, condenas de cárcel); dirigidos contra las propias instalaciones (antenas, imprentas, sedes de empresas). De forma general, el balance es triste: la situación de la libertad de prensa en el mundo se degradó claramente en 2001.

Algunas "buenas" noticias. Ciertamente, se registraron algunas victorias. Consiguieron la libertad algunas víctimas, emblemáticas de la represión de regímenes que no toleran más información que la que dictan ellos. Fue el caso del periodista Nizar Nayyuf que, en mayo, abandonó los calabozos sirios donde permaneció detenido durante nueve años; o el de la periodista y escritora San San Nweh, liberada en julio, tras siete años pasados en el pabellón de mujeres de la cárcel de Insein, en Rangún, Birmania. Están en libertad pero tienen, para el resto de sus vidas, las secuelas físicas de una detención, durante la cual se hizo de todo (aislamiento total, humillaciones, negación de cuidados médicos, malos tratos, tortura) para quebrar, tanto sus cuerpos como sus ánimos. Están en libertad pero, a finales de 2001, el régimen de Rangún conservaba el triste privilegio de figurar en primer lugar, junto con Irán, en el palmarés del número de periodistas encarcelados (18). Y, aunque en las cárceles sirias hoy no quedan periodistas, las autoridades no han cesado de embargar la información. En septiembre se promulgó un nuevo decreto sobre la prensa, particularmente restrictivo, y la familia de Nizar Nayyuf es objeto de muchas presiones para obligar al periodista, exiliado en Europa, a callar sus críticas al régimen.

En el capítulo de buenas noticias se pueden incluir también los progresos efectuados en algunos países. Son muy pocos los que figuran en este cuadro de honor. En Chile, finalmente se derogó el célebre artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado, adoptada en 1958. Establecía hasta cinco años de cárcel para quienes "injuriaran" o "calumniaran" a los altos representantes del Estado. En Perú, parece que se ha pasado definitivamente la página de la "era Fujimori". La prensa puede, de nuevo, cumplir plenamente su función, sin temor a represalias, liberada de la presión de los servicios de información y de una justicia a las órdenes. En Serbia, la libertad de prensa acompañó naturalmente la llegada de la democracia, tras la caída del régimen de Slobodan Milosevic, en octubre de 2000. Pero se han visto frustradas las esperanzas de una reforma rápida del sector de la información, y de la legislación de prensa. ¿Ocurrirá lo mismo en Afganistán, tras la caída del régimen de los talibanes? Las declaraciones de los nuevos dueños de Kabul incitan más bien al optimismo, pero ¿durarán esas buenas intenciones? Finalmente, en el continente africano se produjeron un número de liberaciones nada desdeñable: en Etiopía, cuatro periodistas encarcelados desde 1997, quedaron en libertad por "falta de pruebas"; en Togo y en la República Democrática del Congo, algunos periodistas, detenidos desde hacía varios meses, se beneficiaron de una gracia del jefe del Estado. Las presiones ejercidas por el poder en esos países siguen siendo fuertes y se traducen, entre otras cosas, en muchas detenciones e inculpaciones, que pueden llevarse a efecto en cualquier momento.

Finalmente, ¿se puede clasificar entre los elementos positivos el hecho de que haya permanecido estable el número de periodistas muertos en el ejercicio de su profesión, lejos de las cotas alcanzadas en los años noventa? Han sido "sólo" 31 frente a los 32 del año anterior. Además, en este terreno, conviene hacer una distinción entre los, o las, que cayeron trabajando sobre el terreno, en zonas de inseguridad o de combates, y que no eran especialmente objetivos en tanto que periodistas, y los, o las, que fueron abatidos deliberadamente por haber hecho investigaciones, publicado artículos sobre temas sensibles, o haber denunciado medidas arbitrarias, malversaciones, injusticias, crímenes o tráficos.

La nueva naturaleza de los conflictos, en los que no se enfrentan ejércitos regulares sino combatientes que luchan por intereses étnicos, ideológicos, religiosos o simplemente mafiosos, hace más peligrosa la cobertura de los reporteros. No siempre son accidentales los muertos, o los heridos, en estas circunstancias. A veces ocurre que los beligerantes, aún perteneciendo a ejércitos regulares, toman como blanco a testigos incómodos. Está demostrado que, en los territorios ocupados de Palestina, donde varias decenas de periodistas han resultado heridos desde el comienzo de la Intifada, algunos fueron alcanzados intencionadamente por los disparos de soldados israelíes. Las demandas de sanciones, presentadas por Reporteros Sin fronteras, no han dado ningún resultado, a pesar de estar apoyadas en informes que no dejan ninguna duda acerca de las responsabilidades denunciadas. Nos encontramos con el eterno y lacerante problema de la impunidad que disfrutan, de forma casi general en todo el mundo, los autores de ataques y asesinatos de periodistas.

Por eso no somos capaces de establecer cuantas de esas "buenas noticias" son relativas. Si hemos empezado con ellas ha sido para no desanimar, desde el principio, a los lectores de este informe. Ha sido para demostrar que, incluso en los períodos más negros, en un mundo marcado a todos los niveles por enfrentamientos violentos, por sangrientas luchas por el poder y el control de las actividades, los territorios y los cerebros, todavía pueden marcar puntos los defensores de los derechos humanos en general, y del derecho a una información libre en particular.

La represión gana terreno pero no faltan razones para la inquietud y el desánimo. Con excepción del número de periodistas muertos, todos los demás indicadores están en alza, en relación con el año 2000, ya se trate de detenciones de periodistas (489), que aumentaron en un 50%, de amenazas y agresiones (716), un 40% más, o de actos de censura de los medios de comunicación (378), con un 28% de aumento. Cada vez hay más periodistas entre rejas por haber denunciado una malversación, criticado la gestión de un responsable o manifestado inquietudes de cualquier naturaleza; en suma, por haber cumplido con su oficio, lo que es suficiente, aunque el periodista haya dado prueba de la mayor prudencia, para denunciarles por atentar contra el honor de un dirigente, o contra la moral de la nación. A finales de 2001, el número de los encarcelados se elevaba a 110, frente a los 74 de un año antes, es decir un aumento de cerca del 50%.

Cerca de las dos terceras partes de los habitantes del planeta siguen viviendo en países en los que, pura y simplemente, todavía no está reconocida la libertad de prensa. Es, particularmente, el caso de los últimos países comunistas en los que el partido, único, destinado a encarnar las aspiraciones de todo el pueblo, decreta soberanamente lo que hay que escribir, decir y mostrar. China, con mil trescientos millones de habitantes, se encuentra con holgura a la cabeza de esta categoría. Es cierto que ha experimentado una liberalización económica, que ha llevado a la multiplicación y el desarrollo de los medios de comunicación. Pero, aunque se autorizan algunas libertades a la prensa, especialmente en materia económica, en lo relativo a materia política y social continúa estando sometida a la severa férula de los dirigentes del Partido Comunista.

El régimen de Pekín, animado por su integración en la Organización Mundial del Comercio, la obtención de los Juegos Olímpicos de 2008 y su adhesión a la cruzada contra el terrorismo, lanzada por George W. Bush tras el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, tiene más que nunca vía libre para proseguir su ocupación del Tibet y reprimir a los grupos religiosos, a los movimientos de oposición y a las minorías étnicas contestarias. Se dedica a reforzar el control sobre los medios de comunicación, y especialmente sobre las publicaciones regionales. Vigila Internet de cerca y vela, todo lo posible, para que por la Red sólo circulen informaciones "ortodoxas". En 2001, dieciséis ciberdisidentes pagaron con su libertad esa política, uniéndose a los doce periodistas que permanecen en la cárcel.

Siguiendo el ejemplo de los países comunistas, un determinado número de gobernantes ejerce un control absoluto sobre la información, tanto en regímenes de partido único, como Siria e Irak, como en dictaduras militares, como Birmania, o en monarquías absolutas, como Arabia Saudí.

Decorados de cartón piedra y leyes represivas En los restantes países del mundo, se proclaman solemnemente los principios de libertad de expresión en general, y de prensa en particular. Pero son muy pocos los que las practican realmente. Muchos Estados, en todos los continentes, se dotan de todas las apariencias de una democracia, pero a menudo se trata solamente de decorados de cartón piedra, destinados a engañar a los países realmente democráticos y a las grandes instituciones internacionales, que hacen como que se lo creen. Es, por ejemplo, el caso de Túnez, donde el régimen policial del presidente Ben Alí controla los medios de comunicación, privados y públicos, con mano de hierro, ejerce una represión total y se hace pasar por víctima cada vez que se le acusa.

Para salvar las apariencias, los dirigentes "legalizan" la represión, creando leyes represivas, que aplican una policía y una justicia a sus órdenes. En Panamá, varios textos todavía prevén penas de cárcel por "difamación" o "atentado al honor", lo que permitió a los agentes del Estado plantear 70 querellas. En Guatemala, una ley llamada de "colegio obligatorio", aprobada en diciembre, prevé la radiación de la profesión y, por tanto, la prohibición de trabajar para los periodistas que tengan "una conducta moral incorrecta en el ejercicio de sus funciones". En Africa, muchos países se han dotado de leyes de prensa que permiten sancionar, con grandes condenas de cárcel, delitos tales como "la difusión de noticias falsas", "los atentados contra la moral del ejército" o las "injurias al jefe del Estado". Cuando se les critica, hacen valer que han copiado las disposiciones de... la ley francesa de 1881, lo que es cierto con matices porque esas penas de cárcel no las dictan los tribunales franceses desde hace mucho tiempo. En 2001, Reporteros Sin Fronteras consiguió que se modificara la ley de 1881, suprimiendo las penas de cárcel y dejando sin coartada a los dictadores africanos... que no han seguido el ejemplo.

El recurso a la represión "legal" no quiere decir que desaparezca la violencia. En Colombia, donde fueron asesinados tres periodistas, las guerrillas por una parte, y las milicias paramilitares por otra, se dedican a acallar todas las voces que les molestan. Condenados a muertos, muchos periodistas eligieron el camino del exilio. Pero también allí los asesinos actúan con total impunidad.

Los grados de censura, de violencia, de control de los medios de comunicación, varían mucho de un país a otro. Las situaciones fluctúan. Hay que constatar que después de los progresos reales de los últimos años, la represión ha regresado a muchos países, como Bangladesh, Eritrea, Haití, Nepal o Zimbabue, mientras que han sido muy pocos los países que han hecho el camino inverso. También en las grandes Es necesario constatar también que, en las grandes democracias, en América del Norte, en Asia, en Europa, se multiplican los atropellos. Incluso en la Unión Europea, a pesar de ser puntera en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión han aparecido, o se han agravado, nuevas amenazas para el pluralismo y la libertad de información, en varios de los principales Estados miembros. Ocurre así en Italia donde el jefe del Estado, Silvio Berlusconi, controla la mayor parte de los medios audiovisuales del país, tanto privados como públicos, y donde la represión de las manifestaciones organizadas contra la globalización ultraiberal, durante la cumbre de Genova, causó un muerto y muchos heridos, entre ellos 19 periodistas. Asesinatos por grupos armados, en España y en el Reino Unido, en el marco de los conflictos vasco e irlandés; revisiones y condenas en Francia y en Alemania; concentraciones de la prensa escrita, e intervenciones políticas sobre el audiovisual público en Austria; hechos todos ellos que ponen de manifiesto que también el "Viejo Continente" se encuentra metido en una inquietante espiral.

Existen razones para temer que las cosas se degraden. Todavía no se han terminado las consecuencias de los atentados cometidos el 11 de septiembre en Nueva York. Varias leyes adoptadas para luchar contra el terrorismo son inquietantes y debilitan el principio fundamental de la libre circulación de la información. En Canadá y en Estados Unidos se han aprobado medidas que ponen en cuestión el secreto de las fuentes y refuerzan la vigilancia en Internet. En la guerra emprendida contra "las fuerzas del mal", la administración Bush se preocupa poco de los medios empleados. Los medios de información deben elegir su campo, y la propaganda le gana terreno a la verdad. Hay que amordazar al adversario y aniquilar a los medios de comunicación "rebeldes". Ante tal maniqueísmo hay motivos para sentirse preocupados.

La libertad de prensa en las Américas - Principales amenazas:
la violencia en el Sur, las leyes antiterroristas en el Norte

Los efectos del 11 de septiembre sobre la libertad de prensa se han dejado sentir sobre todo el América del Norte. Primera consecuencias de los ataques contra el World Trade Center para la prensa: la muerte de un fotógrafo, que se precipitó dentro de una de las torres durante el incendio, y la de ocho colaboradores de los medios de comunicación, que trabajaban allí. Después, por razones de seguridad, las autoridades limitaron el acceso de los periodistas al lugar. Se trataba de impedir que tomaran imágenes de los cadáveres, lo que podría tener un efecto devastador sobre la opinión pública norteamericana. Apenas fueron atacadas las torres, Estados Unidos planeó operaciones militares en Afganistán y emprendió una guerra mediática contra el enemigo nº1 de América, muchas veces en detrimento de la libertad de prensa. La administración del presidente Bush multiplicó las recomendaciones a los medios de comunicación norteamericanos, acerca de la utilización que debían hacer de las grabaciones de Ossama Bin Laden. Siguiendo el ejemplo de los regímenes árabes autoritarios, el Departamento de Estado norteamericano presionó al canal de televisión qatarí Al Jazira, acusado de "animar sentimientos anti-norteamericanos" en Oriente Medio. La compra, por el Pentágono, de todas las imágenes del satélite Ikonos, capaces de dar una idea precisa del impacto de los ataques norteamericanos en Afganistán, es otra forma de censura. Finalmente, la adopción de la ley antiterrorista "Patriot", constituye un retroceso para los partidarios de la confidencialidad en Internet. Da poder al Federal Bureau of Investigation (FBI) para interceptar los mensajes recibidos y enviados por personas sospechosas de terrorismo, sin tener que pedir una autorización judicial previa. En Canadá, la reforma de la legislación, para proporcionar a la justicia los medios necesarios para luchar contra el terrorismo, terminó con la adopción, en diciembre, de la ley C-36. Entre otras cosas, contiene varias disposiciones que cuestionan gravemente el secreto de las fuentes.

En Latinoamérica, ningún país parece quedar definitivamente al margen de la violencia contra la prensa. Después de Uruguay en 2000, Costa Rica, otro país tradicionalmente pacífico, ha conocido el asesinato de un periodista. En total, nueve periodistas, y tres colaboradores de los medios de comunicación, murieron en no menos de siete países diferentes: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití y Paraguay. En muchos casos, se trata de asesinatos políticos o de periodistas muertos por sus revelaciones sobre la corrupción. Si el número de asesinatos ha progresado (un 50% más, en relación con 2000), la lucha contra la impunidad en cambio progresa con dificultad. En México, los asesinos de dos periodistas, muertos en 1997, fueron juzgados y condenados, pero a los autores intelectuales no se les ha molestado en absoluto. En Paraguay, el asesino de Salvador Medina, abatido en enero de 2001, fue condenado a veinticinco años de cárcel, nueve meses más tarde, pero los presuntos autores intelectuales fueron absueltos, por falta de pruebas. En Costa Rica, las autoridades siguen sin identificar a los asesinos de Parmenio Medina, autor de unas sulfurosas revelaciones sobre la radio católica Radio María de Guadalupe. Finalmente, en Colombia, persiste la impunidad. En la Fiscalía General, están convencidos de que se presionó a los jueces que absolvieron, en abril, a los presuntos asesinos de Nelson Carvajal. En septiembre, la evasión de su "residencia vigilada" del diputado Carlos Alberto Oviedo, sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas, pone de manifiesto la magnitud de los progresos que quedan por hacer. En total, cuarenta periodistas han muerto en Colombia, desde 1991.

En Haití, todas las instituciones del Estado participan del clima de impunidad. Lo demuestran los obstáculos que ponen trabas a la investigación sobre el asesinato de Jean Dominique, ocurrido en abril de 2000. La policía se ha negado a aplicar varias órdenes de detención dictadas por el juez. Igualmente, está implicada en la muerte de dos importantes sospechosos, poco después de ser detenidos. El Senado se ha negado a levantar la inmunidad parlamentaria del senador Dany Toussaint, que es el principal sospechoso. El Ministro de Justicia nunca ha facilitado, al juez encargado de la investigación, los medios necesarios para garantizar su propia seguridad. En cuanto al presidente Jean-Bertrand Aristide, multiplica las declaraciones tranquilizadoras pero no hace nada más que tapar la actitud de la policía, del Senado y de su gobierno, en este asunto. Los seguidores del partido Fanmi Lavalas (en el poder), convencidos de poder disfrutar de la misma complacencia, han multiplicado las agresiones y las amenazas contra los periodistas críticos, a los que identifican con la oposición para poder justificar mejor la represión. Esta escalada de violencia termino con el otro asesinato de un periodista, a principios de diciembre, y la salida hacia el exilio de una decena de periodistas, después de un supuesto intento de golpe de Estado, el 17 de diciembre.

En menor medida, la situación también se ha degradado en América Central. Para empezar, Costa Rica donde, aparte del asesinato de Parmenio Medina, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han contestado una condena por "difamación", validada por la Corte Suprema, porque ven en ella un peligroso precedente. En Panamá, orgullosos de una legislación que todavía prevé penas de cárcel para los delitos de "calumnia e injuria" o de "delito contra el honor", los agentes del Estado, a quienes sigue sin gustarles las críticas, ejercen un constante acoso judicial sobre los medios de comunicación. Se presentaron setenta querellas. En Honduras, el presidente Flores Facussé es sospechoso de haber intervenido, con la dirección de dos medios de comunicación tradicionalmente críticos con él, para conseguir el despido de seis periodistas. Finalmente, durante su último año de mandato, el presidente Arnoldo Alemán también multiplicó los actos hostiles contra la prensa, en Nicaragua: agresión de una periodista, retirada de la publicidad pública a uno de los principales diarios, presentación de proyectos de leyes liberticidas, adopción de una ley que obliga a los periodistas a pertenecer a un colegio profesional, so pena de cárcel, etc.

Igualmente, en Guatemala, se adopto en diciembre una ley llamada de "colegio obligatorio". Prevé la radiación de la organización y la prohibición de trabajar, para los periodistas que "han incurrido en notoria conducta moralmente incorrecta en el ejercicio de su función"; y, eso, en el momento en que la prensa asume mejor que nunca su papel de contrapoder. Por otra parte, los periodistas han pagado muy caras sus revelaciones sobre la corrupción de la clase política. Cerca de una decena fueron amenazados y agredidos. Otro, Jorge Mynor Alegría Armendáriz, murió tras haber implicado a un concejal en desvíos de fondos. En Paraguay, Salvador Medina también fue ultimado por haber denunciado la presunta relación entre elementos de la clase política local y unos delincuentes, en un asunto de tráfico de maderas preciosas, en el centro del país. Pocos meses más tarde, entraban en vigor dos leyes de acceso a la información, que pueden poner trabas al trabajo de investigación de los periodistas. Se trata de unos textos considerados allí como "leyes de autoprotección", adoptados por la clase política.

En Cuba, el régimen del presidente Fidel Castro está protegido por una Constitución, que confía al Estado la totalidad de los medios de comunicación. Cuba, última dictadura en el continente americano, es también el único país de la región donde todavía se encarcela a los periodistas. Aunque dos de ellos salieron en libertad en 2001, resulta sin embargo difícil hablar de flexibilidad del régimen. El presidente Fidel Castro, muy cuidadoso de su imagen, ha optado por una represión más discreta, pero muy eficaz, cuyo objetivo es ante todo mantener el monopolio del Estado sobre la información. En ese contexto, un centenar de periodistas independientes intentan transmitir sus artículos a la comunidad cubana en el exilio que, posteriormente, los difunde en sus páginas de Internet, a las que los cubanos no tienen acceso, teniendo en cuenta el estricto control que ejerce el gobierno sobre la Red. Incluso en esas condiciones, los periodistas independientes son objeto de un constante acoso, destinado a disuadirles de continuar con sus actividades: detenciones, escuchas telefónicas, amenazas de procesos, citaciones policiales, presiones sobre sus familias...También los corresponsales extranjeros presentes en La Habana trabajan bajo la estrecha vigilancia del gobierno. "Para dar ejemplo", Pascal Fletcher, corresponsal de Reuters y del Financial Times, fue víctima de una campaña de descrédito en los medios de comunicación gubernamentales, que le obligó a abandonar la isla. "Limpio" de esta manera, el espacio mediático cubano está ocupado por la prensa oficial, que solo publica informaciones que hayan recibido el imprimatur del Departamento de Orientación Revolucionaria.

Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, gran admirador de Fidel Castro, inquieta. Sus incendiarias declaraciones contra la prensa plantean la cuestión de saber si el ex militar, autor de un fallido golpe en 1992, cederá a la tentación autoritaria. A las amenazas verbales de los años precedentes, se han sumado en 2001 nuevas formas de intimidación: amenaza de retirar la licencia de emisión a un canal de televisión, amenaza de rectificación fiscal, proyecto de adopción de una ley liberticida. En Brasil como en México, la amenaza no llega de la cúspide del ejecutivo sino, sobre todo, de los concejales y los grupos mafiosos. En el Estado de Bahía (este de Brasil), el diario A Tarde denunció las presiones económicas, ejercidas sobre la prensa, por la familia del ex gobernador Antonio Carlos Magalhaes. En el Estado de Rio Grande do Sul, la justicia adoptó, en dos ocasiones, sanciones que parecían de otros tiempos, contra algunos periódicos. En México, el asesinato de José Luis Ortega Mata, en el Estado de Chihuahua, subraya una vez más los peligros que corren los periodistas que investigan sobre los tráficos que tienen lugar en la frontera con Estados Unidos. Por otra parte, se reseñaron una veintena de casos de amenazas, agresiones y presiones. Los métodos utilizados recuerdan, muchas veces, los de los regímenes autoritarios.

El 2001, con tres periodistas y un colaborador de los medios de comunicación muertos, es un nuevo año negro para Colombia. La causa principal es la guerra que libran los grupos armados paramilitares y las guerrillas comunistas. Esta guerra es también una guerra de la información. Regiones enteras, como Caqueta o Nariño, disputadas por los grupos armados, se han vuelto así particularmente peligrosas para los representantes de la prensa. Diputados y organizaciones criminales se suman a la lista de los agresores. En esas condiciones, resultan insuficientes los medios destinados al programa gubernamental de protección de periodistas. A pesar de los progresos realizados en los últimos años, el ministerio público todavía se ve ampliamente desbordado para investigar a fondo cada uno de los asesinatos de periodistas. El clima de inseguridad provocó que marcharan al exilio otros ocho periodistas.

Sin embargo, en ese contexto de degradación generalizada de la situación de la libertad de prensa en 2001, algunos países ofrecen motivos para la esperanza. La situación de la prensa, correcta en Uruaguay, en Ecuador y en Salvador, ha mejorado claramente en Perú y en Chile. En este país, finalmente fue derogado el célebre artículo 6b de la Ley de Seguridad Interior del Estado, adoptada en 1958. Establecía hasta cinco años de cárcel para quienes "injurien" o "calumnien" a altos representantes del Estado. En total, sobre una treintena de persona pesaba la amenaza de que se les aplicara este artículo, desde la vuelta a la democracia en 1990. En Perú, se ha pasado definitivamente la página de la "era Fujimori". La prensa, liberada de la presión de los servicios de información y de una justicia a las órdenes, de nuevo puede hacer su papel de contrapoder, sin temor a represalias. En cambio, se han multiplicado las revelaciones sobre las sumas percibidas, de manos de Vladimiro Montesinos, la ex eminencia gris de Alberto Fujimori, por los directores de algunos canales de televisión. Entre las sanciones previstas, la retirada de licencias a esos canales. Un asunto espinoso para el gobierno del nuevo presidente, Alejandro Toledo, sospechoso de querer aprovechar la ocasión para conceder esas licencias a personas cercanas a él.


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