Sala de Prensa

41
Marzo 2002
Año IV, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Situación de la libertad
de expresión en Honduras

El presente informe sobre libertad de expresión en Honduras se centrará en los siguientes aspectos fundamentales: 1) La situación de censura, amenazas, hostigamiento e intimidación que sufren los periodistas independientes; 2) incompatibilidad de varias leyes hondureñas con las leyes internacionales que protegen el derecho de libre expresión y el derecho a la información; 3) Las limitaciones al ejercicio de la profesión por medio de la colegiación obligatoria de periodistas; y 4) Las restricciones al derecho a la información por medio del soborno a periodistas.

CONTEXTO GENERAL ACTUAL

En Honduras hay muchas limitaciones para el ejercicio de un periodismo independiente, debido a la existencia de varias leyes incompatibles con la normativa internacional en materia de libertad de expresión y derecho a la información y por las sistemáticas intervenciones del sistema político y económico en la actividad periodística, básicamente por conflictos de intereses de los propietarios de los medios de comunicación y por la corrupción y falta de capacitación profesional de los periodistas.

Aunque en el país existen cuatro periódicos nacionales, varias estaciones de televisión y numerosas radioemisoras, hay un oligopolio que ejerce un control en las políticas informativas, y que últimamente se ha intensificado por pactos en el seno de la Asociación de Medios de Comunicación, integrada por los principales dueños de medios de comunicación del país, que, a su vez, constituyen parte decisiva del poder político y económico del país.

En ese contexto, los miembros de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, han logrado colocarse en la cima del poder político, a tal grado que su influencia y sus intereses son determinantes en la selección de los candidatos a los cargos de elección popular de los partidos tradicionales, en la formulación de las políticas de Estado y en la elaboración de las leyes atinentes a los asuntos económicos, monetarios y financieros.

Esta situación conlleva la manipulación y falseamiento de la información relativa a la administración pública, al funcionamiento de los partidos políticos, a la administración de la justicia y, en fin, a todo lo que concierne a la interacción de las fuerzas reales del poder dentro del sistema hondureño.

En materia de libertad de expresión, en el último año han ocurrido varios despidos de periodistas independientes, hostigamiento e intimidaciones, censura y un incremento de la concentración de los medios de comunicación en manos del mismo sector elitario.

I. AMENAZAS, HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIONES
CONTRA PERIODISTAS INDEPENDIENTES

En el curso del año 2001, cinco periodistas fueron despedidos por presiones del gobernante Carlos Flores Facussé, por haber mantenido una actividad periodística independiente, con continuos señalamientos de irregularidades en la gestión pública y por integrar un grupo de periodistas independientes que en febrero del mismo año presentó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe sobre violaciones a la libertad de expresión.

La periodista Thelma Mejía, quien desde 1997 fungía como Jefa de Redacción de Diario El Heraldo, que se edita en la ciudad capital, fue obligada a renunciar el 15 de abril del año 2001, bajo el argumento de que había diferencias sobre la conducción de la política editorial del periódico.

La periodista Thelma Mejía, en una entrevista en el programa "Desayuno del Canal 63, denunció que su salida del periódico fue por presiones del presidente Carlos Flores sobre el dueño del diario, Jorge Canahuati, a quien mantenía acosado para que se publicaran determinados enfoques de la acción oficial, destacar algunas noticias y silenciar otras, a lo que ella, como Jefa de Redacción siempre se opuso.

Roger Argueta, reportero de Diario El Heraldo, fue despedido porque hizo una llamada telefónica a un programa del Canal 63, para solidarizarse con quien había sido su Jefa, Thelma Mejía. El mismo día en que intervino en el programa, Roger Argueta fue separado de la cobertura de sus fuentes informativas habituales, y un día después le fue comunicado el despido. Argueta dijo que el subdirector del periódico argumentó que el despido se debía a que había vertido opiniones de resentimiento en perjuicio de la compañía editora a través de otros medios y que hubo versiones de que él andaba indagando sobre los negocios del dueño del periódico.

Manuel Torres Calderón, Jefe de las Páginas de Opinión de Diario El Heraldo, fue despedido también, coincidiendo con la separación de la Jefa de Redacción, Thelma Mejía, bajo el argumento de que había discrepancias sobre las políticas editoriales. El periodista Torres Calderón dijo que en los últimos meses varios de sus editoriales habían sido censurados, al igual que artículos de los columnistas bajo su coordinación, lo que lo indujo a enviar varias notas de protesta al dueño del periódico. Como respuesta final recibió el despido.

La periodista Isolda Arita Melzer, quien trabajaba para el diario El Heraldo como editorialista, tuvo que renunciar el 16 de mayo del 2001. La periodista explicó que los cambios en la línea editorial e informativa del periódico, con los despidos del Jefe de las Páginas de Opinión, Manuel Torres Calderón, y de la Jefa de Redacción, Thelma Mejía, le indicaban que para poder continuar con su labor tendría que recurrir a la autocensura, a fin de no contradecir la nueva visión del periódico.

Jorge Canahuati, presidente del Consejo de Administración del Diario El Heraldo y principal propietario, tiene negocios con el Estado como proveedor de medicinas para los hospitales públicos e intermediario en la venta de armas para la policía.

César Omar Silva, quien trabajaba como reportero del Centro de Noticias de Canal 63, fue despedido el 30 de abril por presiones de la Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ana Belén Castillo, sobre los dueños del canal, quienes licitan obras de construcción para la Ciudad Universitaria y dirigen negocios de seguros con el Instituto de Previsión de los Trabajadores Universitarios. El periodista César Silva divulgaba en forma constante, denuncias sobre actos de corrupción en la Universidad.

Cuatro periodistas del Centro de Noticias de Canal 63, Félix Antonio Molina, Melisa Amaya, Juan Carlos Sierra y Lilian Bonilla, recibieron preaviso de despido en el mes de agosto pasado, medida que prácticamente dejaba desarticulado el equipo de periodistas del Centro de Noticias de Canal 63, con el que iniciaron los servicios noticiosos de la estación desde su fundación, bajo la dirección del periodista Renato de Jesús Alvarez, quien también fue despedido, dos meses después.

Por petición de los afectados, la empresa reconsideró el despido de tres reporteros, Melisa Amaya, Juan Carlos Sierra y Lilian Bonilla, pero una vez que fueron notificados del reintegro tuvieron que ponerse a las órdenes del gerente del canal, José Joaquín Torres, para recibir instrucciones sobre políticas de cobertura noticiosa.

Los despidos en Canal 63 tuvieron como antecedente la divulgación de una noticia sobre una orden de captura en contra del empresario Víctor Bendeck, diputado al Parlamento Centroamericano y propietario de una estación de televisión, Canal 13, y de una emisora, Radio Reloj. Bendeck fue acusado en los tribunales por la fiscalía por el delito de estafa a causa de la quiebra dolosa de un banco del que era el principal accionista.

Por la divulgación de esa noticia, Renato de Jesús Alvarez fue reprendido por los propietarios del canal, Ivis López y Rafael López, advirtiéndole que la principal empresa del grupo (Banco Capital) estaba en proceso de intervención por la Comisión de Bancos y Seguros, y que un nuevo comentario suyo contra los Bendeck iba a desatar una campaña contra el grupo desde el Canal 13 y Radio Reloj, con el consecuente desplome del Banco Capital. En la misma semana, Renato Alvarez fue enviado a vacaciones "forzadas" para sacarlo de la programación, hasta que fue despedido oficialmente en la primera semana de octubre.

Los despidos de periodistas coincidieron con la obtención, por parte del grupo empresarial del Canal 63, de varios contratos del Estado: un millonario contrato para la venta de 35 megavatios de energía térmica y se concretó la venta de uno de los bienes inmuebles del grupo empresarial, el Coliseo Nacional de Ingenieros, a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes.

El periodista Félix Molina calificó los despidos como resultado de una componenda entre el grupo económico de Canal 63 y el titular del Poder Ejecutivo, que es muy sensitivo e intolerante a la crítica. El Centro de Noticias de Canal 63 era prácticamente el único medio de comunicación que mantenía una apertura a los diferentes sectores de la sociedad para que se expresaran libremente sobre los asuntos de Estado.

En el mes de agosto, al periodista Marvin Ponce Sorto, quien colaboraba ad-honorem para el programa "América Latina Joven", de una radio católica de la ciudad de Comayagua, le dijeron que no necesitarían más sus servicios porque recibieron reclamos a raíz de comentarios vertidos en el programa sobre el candidato presidencial del partido en el gobierno y presidente del Congreso Nacional, Rafael Pineda Ponce.

Las quejas fueron porque Ponce Sorto dijo en el programa que Rafael Pineda Ponce fue quien ordenó el desalojo violento de un grupo de campesinos que protestaban frente al edificio del legislativo. El tema que abordó el periodista en ese programa se llamaba "¿Es la iglesia instrumento de liberación o de opresión?". El caso de los campesinos desalojados fue expuesto para contextualizar el tema, según explicó el periodista afectado.

Cuatro de los periodistas despedidos, Thelma Mejía, Manuel Torres Calderón, Félix Antonio Molina y Renato Alvarez son parte del grupo de periodistas que en febrero de 2001, en una audiencia privada con la CIDH-OEA, presentó una denuncia sobre sistemáticas violaciones a la libertad de expresión en Honduras.

Esa comparecencia ante la CIDH-OEA desató en Honduras otras acciones de hostigamiento contra los periodistas del grupo responsable de la denuncia, constituidos en el Comité por la Libertad de Expresión (C-LIBRE), y contra las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que la respaldaron.

Solamente un periódico hondureño, Diario Tiempo, se hizo eco del informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH del año 2000, en el que señalaba que "el ejercicio del periodismo en Honduras presenta una serie de limitaciones que estarían coartando la libertad de expresión".

Los directivos del Colegio de Periodistas (CPH), que por representar al gremio periodístico estarían llamados a ser los primeros en levantar la bandera de defensa del derecho de libre expresión, más bien salieron en defensa del gobierno. Elán Reyes Pineda, presidente del CPH, reaccionó ante el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión diciendo que "hay un grupo de periodistas que quieren magnificar una supuesta crisis en materia de libertad de expresión" y que "por dos o tres casos no hay una crisis generalizada". Elán Reyes Pineda es reportero del noticiero televisivo Abriendo Brecha, cuyo director, Rodrigo Wong Arévalo, es asesor del gobierno en un proyecto de educación.

El 3 de mayo del 2001, la Asociación de Medios de Comunicación, respondió en forma virulenta a más de 30 honorables ciudadanos que en una carta pública, de fecha 25 de abril, expresaron su preocupación porque "son varios los periodistas que han sido presionados, denigrados y perseguidos por el poder y que han terminado saliendo de sus medios", a la vez que demandaban de la prensa "informaciones objetivas y veraces, con independencia del poder político y sin interferencia de intereses económicos de personas o grupos".

La Asociación de Medios, en su respuesta divulgada en todos los periódicos nacionales y en sincronía en los principales medios electrónicos, calificó la carta pública de los ciudadanos de "documento calumnioso" escrito "por una parte de esa vieja resaca de resentidos que dejó la guerra fría".

Muchos de los firmantes de esa carta, que representaban a organizaciones de la sociedad civil, fueron eliminados como fuentes de noticias de los principales medios de comunicación.

La Junta Directiva de la Asociación de Medios de Comunicación la preside actualmente José Rafael Ferrari, un empresario que desde 1997 es el representante de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO). Ferrari ha integrado también varias Comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo para tratar asuntos de Estado.

El periodista Nahum Valladares, ministro asesor, sin cartera, del gobierno, es el secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Medios de Comunicación, quien pese a sus funciones en el gobierno sigue siendo el gerente general de Emisoras Unidas, grupo empresarial de varias radios, del que José Rafael Ferrari es uno de los principales socios.

El periódico Librexpresión, que salió a luz pública en la primera semana de abril, como parte de un programa de capacitación a periodistas patrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tuvo una efímera vida: sólo salió el primer número y no volvió a circular. Las presiones gubernamentales y del Colegio de Periodistas fueron tan fuertes que ya no se podía cumplir con los objetivos para los cuales se había creado, por lo que los periodistas independientes a cargo del proyecto mejor desistieron de su publicación. El periódico tenía como objetivo convertirse en una tribuna de reflexión y debate sobre el ejercicio periodístico y el derecho a la información.

Sin embargo, después de estos acontecimientos, una destacada delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se trasladó a Honduras para entregarle un reconocimiento al presidente de la República, Carlos Flores Facussé, por "el buen papel del gobernante hondureño al permitir la libre emisión del pensamiento y opinión a través de los diferentes medios tomando en cuenta que también es propietario de un rotativo". La delegación también entregó a los dueños de periódicos, la Declaración de Chapultepec, colocada en un vistoso marco. En la ceremonia de entrega del reconocimiento al gobernante participó el abogado Edgardo Dumas Rodríguez, representante de Honduras ante la SIP, quien fue ministro de Defensa hasta principios del año y es socio co-fundador del periódico del presidente.

En Junio del presente año, por medio del servicio de fax llegó a todos los medios periodísticos un libelo contra 15 periodistas, 10 de ellos del Comité de Libre Expresión, que en el escrito injurioso fueron bautizados como "La Docena Maldita del Periodismo". En el libelo se repudiaba a los periodistas que en febrero de 2001 presentaron ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH una denuncia sobre violaciones a la libertad de expresión. Al parecer los libelos habían sido despachados desde algún teléfono de servicios de seguridad, porque las hojas de fax, no registraban ningún teléfono remitente.

En el caso del periodista Julio César Pineda, quien sobrevivió a un atentado criminal en el año 2000, en El Progreso, Yoro, en el norte del país, no hay ningún avance en las investigaciones de las autoridades. La CIDH-OEA dictó medidas cautelares a favor del periodista, pero las autoridades sólo se limitaron a entregarle el número de teléfono del coordinador de la Dirección General de Investigación Criminal en San Pedro Sula.

La periodista Rossana Guevara, ex directora de los noticieros de Vica Televisión, ha denunciado la negación de justicia en su demanda para que le paguen la indemnización laboral. Guevara se dio por despedida, a mediados del año 2000, porque estaba siendo hostigada por las propietarias del canal, a causa de presiones del presidente Flores. Dos tribunales, de primera y segunda instancia, han fallado negándole el derecho a indemnización, no obstante que el Ministerio de Trabajo levantó una Acta donde consta que la empresa ejecutó un despido indirecto porque disminuyó beneficios laborales. El juicio está en Casación en la Corte Suprema de Justicia.

II. INCOMPATIBILIDAD DE LA LEGISLACION HONDUREÑA CON LA NORMATIVA
INTERNACIONAL DE PROTECCION A LA LIBERTAD DE EXPRESION

En la legislación hondureña existen varias contradicciones y ambigüedades que limitan la libertad de expresión.

La Constitución de la República, promulgada en 1982, garantiza en su artículo 72, la libre emisión del pensamiento, sin previa censura, pero otro precepto de la misma Carta Magna, el artículo 75, establece que "la ley que regule la emisión del pensamiento podrá establecer censura previa, para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud".

Está vigente en el país un Reglamento de Espectáculos Cinematográficos, aprobado en agosto de 1987 por el Ministerio de Gobernación y Justicia. Por medio de este Reglamento se creó una Comisión Nacional de Censura Cinematográfica, que tiene como atribuciones "la autorización, calificación y control del material cinematográfico en todas sus formas".

La "Ley de Emisión del Pensamiento", aprobada por Decreto No. 6 del 26 de julio de 1958, también contiene normas que restringen el derecho a la libre expresión.

El artículo 6 de la "Ley de Emisión del Pensamiento" en abierta violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece: "No es permitida la circulación de publicaciones que prediquen o divulguen doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del Estado o de la familia y las que provoquen, aconsejen o estimulen la comisión de delitos contra las personas o propiedad".

El Código Penal, en el Título de los "Delitos contra la Administración Pública", artículo 345, incluye la ley de desacato, que sanciona con "reclusión de dos (2) a cuatro (4) años a quien amenace, calumnie e injurie, insulte o de cualquier otro modo ofenda en su dignidad a una autoridad pública con ocasión del ejercicio de sus funciones, ya de hecho, de palabra o por escrito. Si el ofendido fuere el presidente de la República o algunos de los altos funcionarios a que se refiere el artículo 325 anterior, la reclusión será de tres (3) a seis (6) años".

El artículo 160 del Código Penal tipifica como delito de difamación la injuria o calumnia que se hiciere por medios de divulgación. El citado artículo dice textualmente: "Se incurre en difamación, y se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en un tercio, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medios de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio o el desprecio público".

El Título VI del Código Penal, sobre "Faltas Relativas a la Emisión del Pensamiento" establece en el artículo 415 que "incurre en prisión de sesenta (60) a noventa (90) días y multa de ochocientos (L.800.00) a mil lempiras (L.1000.00, quien divulgue noticias falsas de las que pueda resultar algún peligro para el orden público o daño a los intereses o al crédito del Estado (...)".

El Estado proyecta la aprobación de más restricciones al ejercicio periodístico.

El proyecto de nuevo Código Penal introducido en el Congreso Nacional, en el artículo 372, pretende vedar el derecho a la información al contemplar la pena de prisión a quien revele secretos sobre asuntos de Estado.

El citado artículo dice textualmente: " La persona que revele hechos, informes o documentos que deban permanecer en secreto por referirse a asuntos políticos, de la economía nacional, militares, la seguridad o defensa del Estado, incurre en pena de cuatro (4) a siete (7) años de prisión y multa de mil ochocientos (1800) a tres mil (3000) lempiras".

En el primer trimestre del 2001, la Secretaría de Seguridad presentó en el Congreso Nacional, una iniciativa de ley para la aprobación de la "Ley Especial Contra el Crimen Organizado y Otras Formas de Delincuencia", que contiene algunas normas atentatorias contra la libertad de expresión.

El artículo 7 del anteproyecto, dice textualmente: " En los juicios relacionados con los delitos a que se refiere el artículo 2 no podrá invocarse el secreto profesional como excusa para no colaborar con el esclarecimiento de los hechos". El contenido del artículo 2 es la lista de delitos sujetos a la aplicación de esta Ley Especial, y que incluye el terrorismo, lavado de dinero, secuestro, tráfico de menores, fabricación, comercialización y tenencia de armas de fuego, entre otros.

El artículo 50 del citado anteproyecto, es también atentatorio a los derechos humanos. El mismo dice: "Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones que se realicen en forma oral, escrita, por signos o señales, o mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, sistemas o equipos informáticos, así como cualquier medio o forma, previsto ni imaginado por ahora, que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno o varios receptores".

III. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA PROFESION POR
MEDIO DE LA COLEGIACION OBLIGATORIA DE PERIODISTAS

El Estado de Honduras hizo caso omiso de la observación del Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH-OEA, en su informe de abril de 2001, sobre la situación de limitaciones al ejercicio de la profesión periodística debido a la existencia del Colegio de Periodistas.

El Congreso Nacional más bien ratificó la existencia de colegios de periodistas, con la aprobación de una reforma a la Ley del Colegio de Periodistas de Honduras, que autoriza la creación de otros colegios de periodistas.

La reforma fue a petición de los directivos del Colegio de Periodistas, en un intento de mostrar una aparente democracia gremial y acallar las críticas en su propio seno, ya que los dirigentes del Colegio de Periodista han sido siempre afines al gobierno. El presidente del Poder Legislativo y candidato presidencial del partido en el gobierno, Rafael Pineda Ponce, dijo en una entrevista que la reforma fue aprobada porque así se lo pidieron los directivos del gremio.

Simultáneamente a esta reforma, El Colegio de Periodistas de Honduras, intensificó su campaña de persecución contra periodistas que ejercen sin tener licencia o bien por estar en condición de morosidad con la organización.

El 8 de junio de 2001, el CPH publicó en un periódico nacional un listado de periodistas suspendidos por un año en el ejercicio profesional. El 18 de septiembre fue publicado otro listado.

En Septiembre de 1999, el CPH presentó denuncia en la Fiscalía del Ministerio Público contra 152 periodistas, por ejercicio ilegal de la profesión. La Dirección de Fiscales cerró el expediente hace unas semanas, basándose en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas, del 13 de noviembre de 1985

Dos periodistas independientes, Juan Ramón Durán y Miguel Martínez, fueron recriminados por el Colegio de Periodistas por haber participado el 26 de mayo, con motivo de la celebración del Día del Periodista, en un programa de la emisora Radio América, en el que criticaron la corrupción en el periodismo y la indiferencia de la organización gremial ante el problema de falta de capacitación de los comunicadores.

IV. CORRUPCION DE LOS PERIODISTAS

El soborno a periodistas sigue siendo en Honduras el medio de control más expedito para impedir que la población tenga acceso a información objetiva y veraz sobre los funcionarios y la administración pública.

El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Elán Reyes, en una entrevista publicada en Diario Tiempo el 26 de mayo de 2001, admitió que existe una gran corrupción en el gremio de periodistas, que ha llegado a niveles vergonzosos e intolerables.

Un ejemplo: A mediados del año 2001, circuló en el gremio periodístico un listado de 107 periodistas que reciben cheques del Tribunal Nacional de Elecciones, supuestamente por servicios publicitarios. Muchos de los que reciben pagos no tienen programas propios y otros ejercen en medios de comunicación en los que reciben un salario por su trabajo.

En el hipotético caso de que los pagos del Tribunal Nacional de Elecciones a estos periodistas fueran estrictamente por servicios de publicidad, queda evidenciado como el comportamiento profesional de los periodistas de Honduras, al ser informadores y al mismo tiempo gestores de publicidad, les crea un conflicto de intereses que necesariamente se verá reflejado en la información que transmiten al público.

En los tres poderes del Estado, hay extensas listas de periodistas que reciben sobornos, ya sea para silenciar, destacar, manipular o falsear información. Según lo manifestado por varios funcionarios, el gobierno de Carlos Flores "es el gobierno de los periodistas", porque nunca antes en el país había habido un presidente tan "sensible" a la crítica.


* Informe presentado el 15 de Noviembre de 2001 en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.


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