Sala de Prensa

41
Marzo 2002
Año IV, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


RSF: Informe de misión en Colombia

La prensa, objetivo "militar"

Régis Bourgeat e Iván García *

Introducción

El proceso de paz emprendido por el gobierno con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) va acompañado de una radicalización de la actitud de los grupos armados, en relación con la prensa. En primer lugar, los paramilitares, deseosos de verse invitados a la mesa de negociaciones. Después, la guerrilla, que acusa a los medios de comunicación de sabotear el proceso de paz, con la forma en que están informando de las negociaciones.

Aunque, desde siempre, los grupos armados han atacado a la prensa, la situación se ha degradado todavía más. Son los nuevos enemigos declarados de la libertad de prensa, después de los narcotraficantes en los años 1980 y 1990. La guerra que enfrenta a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares) con las guerrillas de las FARC y del ELN (Ejército de Liberación Nacional), también es una guerra de información. "No puedo aceptar que el periodismo se convierta en un arma al servicio de uno de los actores del conflicto", ha explicado Carlos Castaño, el jefe de las AUC, para justificar los asesinatos de periodistas. Aunque este grupo armado es hoy el más peligroso para los profesionales de la información, los grupos de Manuel Marulanda, líder de las FARC, y de Nicolás Rodríguez Bautista, jefe militar del ELN, también han declarado a periodistas como "objetivos militares".

Los ejemplos de los departamentos de Nariño, o de Caqueta, ponen de manifiesto que en las regiones disputadas o controladas por esos grupos, prácticamente no existe prensa independiente. Una situación mucho más trágica porque los narcotraficantes, políticos, funcionarios corruptos y miembros de las fuerzas del orden hostiles contra la prensa, continúan persiguiendo a los profesionales de la información. El balance hoy es muy fuerte: una cuarentena de periodistas asesinados durante los diez últimos años, medio centenar secuestrados desde 1999 y cerca de otros treinta obligados al exilio.

Una delegación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF), ambas organizaciones miembros de la "Red RSF" , viajó a Colombia, del 22 al 30 de octubre de 2001, para investigar sobre las condiciones de trabajo de los periodistas y sobre la impunidad que disfrutan los autores de los asesinatos de los profesionales de la información. Esta delegación se ha entrevistado con una cincuentena de periodistas, director de medios de comunicación y defensores de la libertad de prensa. También ha podido entrevistarse con representantes del gobierno para hacer balance sobre las iniciativas adoptadas, así como con el presidente Andrés Pastrana, para trasmitirle unas primeras observaciones.

"Ten mucho cuidado con lo que escribes porque leemos lo que publicas"

En un comunicado, publicado el 9 de noviembre de 2001, el grupo de las AUC del departamento de Nariño, acusa a Germán Arcos, camarógrafo de Caracol Televisión, Oscar Torres, jefe de redacción del periódico Diario del Sur, Cristina Castro, corresponsal del Noticiero RCN, y Alfonso Pardo, antiguo corresponsal del semanario comunista Voz y comisionado para la paz, de cubrir el conflicto "de manera deshonesta". El grupo armado exhorta a los periodistas abandonar la profesión en menos de 48 horas, de lo contrario serán "ajusticiados".

Tres semanas antes, la guerrilla de las FARC había acusado al diario El Tiempo, y a los grupos RCN y Caracol, de ser "enemigos del proceso de paz", porque supuestamente criticaban la actitud del grupo armado sin explicar los problemas de fondo del país.

Sospechosos de apoyar "al otro campo", los periodistas se encuentran permanentemente en medio del fuego cruzado de los grupos armados, alguno de los cuales no ha renunciado a su poder para sembrar el terror. Aparte de las AUC y las FARC, la guerrilla del ELN, el tercer grupo armado del país en cuanto a sus efectivos (5 mil hombres), en marzo de 1999 declaró "objetivo militar permanente" los medios de comunicación masivos que "(facilitan) sus recursos tecnológicos a la propagandización de la política paramilitar". Lo mismo que los periodistas, las redacciones también son objeto de ataques: siete atentados, o intentos de atentados con bombas, contabilizados desde 1995. Dos de ellos tuvieron lugar en 2001: un intento, reivindicado por las AUC, dirigido contra el órgano del Partido Comunista; un atentado, atribuido al ELN, que destruyó los locales de Radio Caracol en Medellín.

Los testimonios recogidos por IPYS y RSF dan cuenta de la intolerancia de los grupos armados en relación con la información publicada. "Ten mucho cuidado con lo que escribes porque leemos lo que publicas", se le ha advertido al corresponsal de un diario. Desde el 1 de enero de 2001, 20 periodistas han sido declarados "objetivos militares", o se han visto acusados de "apoyar a la guerrilla". A veces, la confusión es tal que los periodistas no pueden identificar a los autores de las amenazas. A veces también, los grupos armados desmienten ser los autores de los atentados en comunicados que, sin embargo, llevan el emblema de su frente local. El 29 de mayo de 2001, cinco periodistas de Cali fueron así declarados "objetivos militares" en un comunicado firmado por el "Frente Farallones", el grupo local de las AUC. "De acuerdo a nuestras averiguaciones hemos establecido que en le departamento del Valle, hay medios de comunicación y periodistas al servicio de la guerrilla", decía el comunicado. Los jefes del grupo armado, contactados por la dirección de los medios concernidos, negaron la autenticidad del comunicado.

Un conflicto que llega hasta las salas de redacción

En un contexto tan complejo como hostil, a menudo los periodistas prefieren autocensurarse. Sobre todo porque, al carecer de una organización fuerte de defensa de la libertad de prensa y de solidaridad profesional, se sienten aun más vulnerables. Los medios de comunicación se movilizan muy raramente para defender a un colega, o seguir las investigaciones sobre asesinatos de periodistas. Hay que decir que, como lamentaba el director de un periódico, "el conflicto ha llegado hasta las salas de redacción". Por ejemplo, algunos reporteros que están cubriendo el proceso de paz con la guerrilla se han visto calificados, con dudoso humor, por sus compañeros que cubren las fuentes militares de "jefes de prensa de la guerrilla". Sea como sea, la falta de movilización sólo puede servir para animar a los autores de la violencia. Por otra parte, actualmente, sólo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se dedica exclusivamente a la defensa de la libertad de prensa. Pero la mayor parte de sus esfuerzos están dedicados a un programa de protección de periodistas, cuya eficacia se basa en la discreción. Por eso, la FLIP es todavía poco conocida. Sin embargo, esta asociación colombiana de defensa de la libertad de prensa, confió a los representantes de RSF y el IPYS que esperaba poder reforzar muy pronto su actividad de denuncia pública de los ataques contra la prensa. Para María Teresa Ronderos, presidenta de la FLIP, la prioridad está en "que los que amenazan sepan que no les saldrá gratis amedrentar".

Según la asociación Medios para la Paz, que organiza talleres de formación, las prácticas y las actitudes de los periodistas también ponen en peligro su vida. Algunos de ellos no respetan las más elementales reglas de la deontología en las relaciones con sus fuentes, habiendo llegado a la situación de ir a pasar sus vacaciones con los miembros de algún grupo armado. "Por eso, el espíritu de Medios para la Paz es considerar la profesionalidad como la primera medida de protección", explica Gloria Moreno, directora de la organización que también denuncia la responsabilidad de las redacciones que, ávidas de exclusivas, harían que sus reporteros corran riesgos desconsiderados. Y cita el ejemplo de la corresponsal de un noticiero de televisión en Barrancabermeja a la que, después de despedirla, le propusieron volver a la redacción si conseguía encontrar los primeros rastros de un avión secuestrado por el ELN. La periodista lo consiguió después de atravesar dos localidades en las que se enfrentaban el ejército y la guerrilla... Aunque fundadas, las denuncias de falta de profesionalidad de los periodistas, o la irresponsabilidad de algunos director de medios de comunicación no deben, sin embargo, hacer olvidar que el uso de la violencia contra la prensa es injustificable e inaceptable. Lo mismo que estas autocríticas sólo podrían desalentar la movilización del gremio en favor de sus representantes.

Los paramilitares: primera amenaza contra la libertad de prensa

Desde 1999, veintisiete periodistas emprendieron el camino del exilio. La mitad de ellos, las atribuyen a los paramilitares. "Las Autodefensas ejecutan más fácilmente sus amenazas", explica un reportero de la prensa escrita. Entre los catorce casos de periodistas asesinados por razones profesionales desde 1999, ocho son imputables a ese grupo armado. Uno de los casos de exilio más conocidos es el de Ignacio Gómez. Entre febrero y mayo de 2000, el periodista de El Espectador recibió, al menos, cincuenta y seis cartas amenazadoras. En un artículo, había revelado que una masacre de cuarenta y nueve campesinos fue cometida por paramilitares, con el apoyo de miembros del ejército. Después de escapar, el 24 de mayo, a un intento de secuestro en las calles de Bogotá, Ignacio Gómez se refugió en Estados Unidos, el 1 de junio de 2000. Regresó a su país un año más tarde. También han regresado otros tres profesionales de la información, otros efectúan regularmente viajes de ida y vuelta, entre el país de acogida y su tierra natal. A diferencia de los regímenes dictatoriales que persiguen a sus opositores y pueden obligarles a un exilio durante largos años, la situación en Colombia, donde la amenaza no proviene del Estado, no prohibe a los periodista un regreso puntual al territorio.

Muchos profesionales de los medios de comunicación, preguntados por RSF e IPYS, coinciden en decir que la violencia de las AUC se ha convertido en el principal impedimento para la libertad de prensa. Carlos Castaño, buen comunicador, se prodiga desde hace dos años en entrevistas en la prensa nacional e internacional. De esta forma intenta convencer de que las masacres cometidas por sus hombres están justificadas por su objetivo: defender a la clase media contra la guerrilla. En una entrevista concedida al diario francés Le Monde, en la primavera de 2001, reconocía que las AUC habían ejecutado "a dos periodistas locales que eran, de hecho, guerrilleros". "No puedo aceptar que el periodismo se convierta en un arma al servicio de uno de los actores del conflicto", explicaba. Pocos días después de la publicación de este artículo, la policía conseguía neutralizar una bomba de 250 kilos de TNT (Trinitrotolueno), colocada ante el local del semanario comunista Voz, en Bogotá. Una acción reivindicada, poco después, por Carlos Castaño.

En sus relaciones con la prensa, la guerrilla está muy lejos de demostrar la misma voluntad para convencer. Como respuesta a las preguntas de enviados especiales, llegados para preguntar sobre la presencia de su grupo armado en el Putumayo, un subcomandante de la guerrilla se limitó a exhibir un comunicado oficial e invitó a los periodistas a que lo copiaran. Encerrada en su retórica, la guerrilla desconfía de los patrones de la prensa "al servicio de los grandes monopolios", y acusa a los medios de comunicación de ser "los principales causantes de gran parte de los males de Colombia". El comunicado del 18 de octubre, en el que las FARC acusan a El Tiempo, y a los grupos RCN y Caracol, de ser "enemigos del proceso de paz", es también testimonio de que el grupo armado se siente maltratado por los medios de comunicación. En febrero de 2001, Nicolás Rodríguez Bautista, jefe del ELN, justificaba los secuestros de periodistas por la discriminación de que, afirma, es víctima su grupo en los medios. Varios observadores, preguntados por IPYS y RSF, cuentan que, en efecto, la prensa nacional denuncia con más interés las exacciones cometidas por la guerrilla que las de los grupos paramilitares. Aunque menos grave que el de los paramilitares, el balance de las FARC y del ELN en materia de represión de la libertad de prensa, no resulta menos elocuente: tres periodistas asesinados desde 1999 y otros seis amenazados, obligados a exilarse. En total, las FARC y el ELN han secuestrado, a veces solamente durante algunas horas, a cincuenta y seis periodistas desde 1998. Normalmente con el objetivo de obligar a los medios de comunicación a difundir un comunicado de prensa, o a denunciar las exacciones cometidas por el ejército o los paramilitares. En el caso de Henry Romero, secuestrado por el ELN en octubre de 1999, el grupo armado lo que quería era juzgar al fotógrafo de la agencia Reuters, por haber publicado imágenes en las que aparecían los guerrilleros con la cara descubierta. Fue liberado después de siete días de detención.

Los reporteros que cubren el conflicto cuentan que, en ocasiones, las fuerzas del orden son igual de intolerantes que los grupos armados en relación con la prensa. "¿Y este? ¿Está con nosotros o con los otros?", preguntó un oficial refiriéndose a un periodista. La organización Human Rights Watch, en varias ocasiones ha acusado a determinadas brigadas del Ejército, de colusión con los grupos paramilitares. Un coronel acusó a Carlos Pulgarín, corresponsal del diario El Tiempo en Montería, de ser un "vocero de la guerrilla", antes de verse agredido por presuntos miembros de las AUC. El periodista había publicado informaciones sobre las pérdidas sufridas por ese grupo, en los combates. Además del ejército, a veces se cuestiona a la policía y a los guardias de las cárceles. El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, de El Espectador, fue secuestrada en la misma entrada de la cárcel La Modelo, de Bogotá, ante los ojos de los vigilantes. Un año y medio después, todavía no se conocen las conclusiones de la investigación efectuada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La periodista quedó en libertad unas diez horas más tarde, después de haber sido golpeada, drogada y después violada. Algunos días antes, había publicado un artículo sobre asesinatos cometidos en la cárcel por miembros de las AUC, detenidos en ese establecimiento.

Regiones particularmente peligrosas

Los ataques contra los periodistas de El Espectador en 2000, y los recientes atentados con bomba contra Voz y Radio Caracol, demuestran que la violencia de los grupos armados también va dirigida contra los medios de comunicación de las grandes ciudades.

Sin embargo, es sin duda mucho más difícil la situación en las provincias, por tres razones fundamentales. Ante todo, porque los periodistas de los medios pequeños están más aislados. Después, porque los grupos armados están mucho más presentes. Algunas regiones se encuentran completamente bajo su control, como es el caso de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba (Noroeste), feudo de las AUC, o de la zona desmilitarizada concedida a las FARC, en el departamento de Caqueta (Sur). Finalmente porque, en numerosos lugares, los grupos armados se disputan el control de la región: departamentos de Nariño (Suroeste), de César (Noreste), de Magdalena (Norte), del Putumayo (Sur), de Norte de Santander (Norte), de Arauca (Este), etc.

Dos regiones se han distinguido tristemente, durante los últimos meses, por sus múltiples atentados contra la libertad de prensa: el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, y el de Caqueta. En el interior de éste último, hay que distinguir entre la zona de distensión y la región de Florencia, capital del departamento. De ésta última hablaremos en el capítulo dedicado a la impunidad.

El departamento de Nariño, situado en la frontera con Ecuador, con una larga costa en el océano Pacífico, es estratégico para el tráfico de armas y de droga. Grupos paramilitares, guerrillas y narcotraficantes se disputan el control de esta provincia y, en particular, del puerto de la región, Tumaco. En septiembre de 2000, los paramilitares llegaron a la ciudad portuaria y emprendieron "limpiarla". Un artículo publicado en El Espectador, cuenta que, después de haber asesinado a los delincuentes y los mendigos, los paramilitares se dedicaron a perseguir a los líderes obreros y a las voces independientes. Carlos Lozano, director del semanario Voz y miembro del Partido Comunista, revela que entonces recibieron amenazas los militantes de izquierda de la región. Varios de ellos abandonaron la región a comienzos del año 2001. El 27 de abril, Flavio Bedoya, corresponsal de Voz en Tumaco, fue asesinado después de haber publicado un artículo denunciando las exacciones de ese grupo armado. También había recibido amenazas. Colaboraba igualmente en una publicación local, El Faro, en la que denunciaba asuntos de corrupción. El responsable de esta publicación también se vio obligado a abandonar la región. Un programa de radio, "La Caja de Pandora", conocido por su independencia, ha desaparecido de la parrilla de programación. En ocho meses, en la ciudad se han cometido treinta y nueve asesinatos políticos.

Las fuerzas de La Marina, presentes en la región, están acusadas de encubrir esos atropellos. Los periodistas que intentan investigar se exponen a recibir amenazas. En el aeropuerto, un militar filma a los recién llegados cuando bajan del avión. La prensa de Pasto, la capital del departamento, también ha sido atacada. El 19 de abril, fue objeto de un atentado el semanario El Otro. Dos granadas, lanzadas contra sus locales, destruyeron una parte de las instalaciones. El director de la publicación, Ricardo Romero, ha declarado que ni él, ni los periodistas del semanario, habían recibido amenazas. Sin embargo, piensa que el atentado está relacionado con las denuncias publicadas en el periódico. Poco después, Ricardo Romero, ex miembro de la guerrilla M19 (Movimiento del 19 de Abril), y cuatro periodistas de El Otro, se vieron obligados a esconderse. Según dos periodistas de Pasto, ese atentado se inscribe también en una política sistemática destinada a amordazar a los medios de comunicación independientes. La publicación, el 9 de noviembre, de un comunicado del frente local de las AUC, amenazando con atacar a cuatro periodistas acusados de cobertura "deshonesta", es el último ataque contra la libertad de prensa.

En la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados, concedida a las FARC, la problemática es diferente. Paradójicamente, los periodistas que han trabajado en San Vicente del Caguán, principal localidad de la "zona de distensión", fueron amenazados antes por las AUC que por las FARC. Estas últimas, responsables de la zona, se han mostrado relativamente respetuosas con la libertad de prensa, en el interior de su territorio. En cambio, varios periodistas llegados para cubrir el proceso de paz, han sido señalados como sospechosos de hacer el juego a la guerrilla. Amenazados, al menos tres ellos se han visto obligados a abandonar el país: Martín Movilla y William Parra, del canal Caracol Televisión, y Eduardo Luque Díaz, de RCN Radio. Los dos primeros fueron acusados, en llamadas anónimas, de ser "amigos de la guerrilla". El último, cubría el conjunto del departamento de Caqueta. También recibió amenazas Hollman Felipe Morris, por sus reportajes en el canal de televisión RCN TV. A su vez, en septiembre de 2000 se vio obligado a exiliarse después de haber publicado, en el diario El Espectador, artículos sobre el proceso de paz y sobre las exacciones cometidas por los paramilitares.

Actualmente, los periodistas más amenazados son los originarios del departamento de Caqueta que están cubriendo el proceso de paz desde sus inicios. Definitivamente, han sido equiparados con "portavoces de la guerrilla" por las AUC. María Luisa Murillo, corresponsal de El Tiempo, Luis Alfonso Altamar Gaitán, colaborador de varios medios y director de su propia estación de televisión, y Efraín Jiménez, corresponsal de RCN Radio y periodista de la radio comunitaria Ecos del Caguán, no pudieron acudir a una entrevista concertada con los representantes de RSF e IPYS porque los paramilitares controlan las carreteras que unen San Vicente con Bogotá. Cuando está en cuestión la existencia de la zona de distensión, los tres periodistas quieren hacer patente su temor a que los paramilitares invadan el territorio. El asesinato de "Lelo", el 10 de octubre de 2001, fue considerado como una advertencia. Era el chófer habitual de los corresponsales de la prensa internacional, llegados para informar de las negociaciones. Su cadáver se encontró, con una bala en la boca, junto a su taxi carbonizado. Fue asesinado por cuatro presuntos paramilitares, que se presentaron como periodistas.

En el interior de la zona de distensión, las FARC no han cometido ningún atentado grave contra la libertad de prensa. Ex corresponsales en la región cuentan que las negociaciones han sido la primera oportunidad para que aprendieran a conocerse la prensa y el grupo armado, salido de la clandestinidad. Los ataques de los guerrilleros contra la prensa han sido sobre todo verbales, y dirigidos contra los grandes medios de comunicación o los patronos de la prensa. Regularmente les acusan, como en el comunicado del 18 de octubre, he hacer fracasar las negociaciones con la cobertura que le están dando. Aunque parece que el grupo armado no se ha molestado nunca en formular reproches, o comentarios directamente sobre los periodistas, faltan los casos de amenazas o problemas. "He podido escribir todo lo que quería sobre las FARC, e incluso denunciar, sin exponerme a represalias, la masacre de una veintena de personas, acusadas de ser paramilitares, por parte de este grupo armado", cuenta un ex corresponsal. Sin embargo, un reportero ha confiado a RSF que ha sido puntualmente víctima de actos de intimidación, por parte del grupo armado.

La respuesta de las autoridades:
el Programa de Protección a Periodistas

Para responder a las situaciones de inseguridad a las que tienen que enfrentarse los periodistas, el gobierno adoptó, el 10 de agosto de 2000, el decreto 1592 que instauró el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales. Este programa está pilotado por el Comité de Reglementación y Evaluación de Riesgos, dependiente del viceministro del Interior. Representantes de diversas instituciones del Estado, entre otras la policía y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, servicios de seguridad colombianos), se sientan junto a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y organizaciones de la prensa.

Entre ellas, la FLIP tiene un papel destacado: el de realizar una investigación preliminar para determinar si el periodista, que acude en busca de ayuda, ha sido amenazado por razones profesionales. Los servicios de seguridad, policía nacional o DAS, efectúan después un estudio de seguridad. Sobre esta base, se le hacen propuestas al periodista afectado, para reforzar su seguridad: desde la entrega de un teléfono móvil, para contactar en caso de emergencia con el Comité, hasta el pago de un billete de avión, para irse a la capital o salir del país.

En el caso de que el periodista decida refugiarse en Bogotá, puede recibir una ayuda mensual de 850.000 pesos (435 euros, 385 dólares) durante tres meses, renovable excepcionalmente por un período de la misma duración. La FLIP intenta establecer colaboración con embajadas u otros organismos, para facilitar la salida hacia el extranjero o la integración de los periodistas en Bogotá. Ha llegado a un acuerdo con un instituto para permitirles seguir unos cursos de periodismo, acuerdo que es muy loable porque, a veces, los periodistas de provincias son autodidactas. Por otra parte, y en coordinación con el IPYS, se ha creado en Lima una Casa de Refugio, para acoger a los que están más amenazados. Esta iniciativa, apoyada por varias organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, parte del principio de que el exilio, en un país cultural y geográficamente cercano, puede resultar menos difícil de sobrellevar que la expatriación a Estados Unidos o a Europa.

Desde su creación, el Programa de Protección a Periodistas ha examinado setenta peticiones de ayuda. En cuarenta y uno de los casos, se llevó a cabo un estudio de seguridad. Diecinueve profesionales han recibido ayuda, seis de ellos para abandonar el país. El Ministerio del Interior juzga "preocupante" el aumento del número de periodistas amenazados. Los que se benefician del programa son, esencialmente, periodistas de las provincias en las que imperan los grupos armados, narcotraficantes y autoridades corruptas. Entre marzo y octubre de 2001, el Comité registró veintiocho amenazas contra medios de comunicación y periodistas.

Amenazas a periodistas que acudieron al Programa (por autores)
(marzo-octubre 2001)

AUTOR DE LA AMENAZA NÚMERO DE AMENAZAS
Paramilitares (AUC) 12
Autoridades/funcionarios locales 5
Fuerzas del Orden 3
Grupos guerrilleros (Farc, ELN) 2
Desconocidos 6
Fuente: Programa de Protección a Periodistas, del Ministerio del Interior.

El programa se topa con dificultades. Ante todo, está limitado por su presupuesto, que se eleva a 300 millones de pesos (alrededor de 150.000 euros, 135.000 dólares), mientras que el costo de una protección de las llamadas "dura" (adjudicación de un automóvil blindado con dos guardaespaldas) está estimada en 120 millones de pesos al año. Por tanto, el Programa no está en condiciones de proponer al periodista protección en su lugar habitual. Cuando la amenaza es muy seria, el profesional de la información es trasladado a la capital regional, o a Bogotá. Una solución insatisfactoria incluso para algunas de las organizaciones que integran el Comité. Estiman que "desembarazarles del periodista es seguir el juego de los autores de las amenazas"". Y más aun porque los periodistas prefieren pasar desapercibidos y piden que no se haga pública su situación. Una decisión que el Comité respeta siempre, pero que le priva de un medio de presión sobre los autores de las amenazas. Porque, aunque los beneficiarios del programa tienen que presentar una denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra ellos, normalmente se niegan a llevarla adelante por temor a represalias, o porque están convencidos de la inutilidad de la gestión.

Otro problema: la participación de la policía y el DAS en el programa. Probablemente inevitable genera, sin embargo, la desconfianza de quienes se ven amenazados precisamente por miembros de las fuerzas del orden. Finalmente, si hoy el Programa sólo se ocupa de una ínfima parte de los casos de periodistas amenazados, es también porque, iniciado hace solamente un año, todavía es poco conocido por los periodistas.

Periodistas asesinados:
el balance más grave del continente americano

En un contexto en el que no faltan argumentos "sensibles" (lucha armada entre paramilitares y guerrillas, corrupción, narcotráfico...), no resulta sorprendente que Colombia tenga hoy la cifra más elevada de periodistas asesinados, en todo el continente americano.

Sin embargo, en Colombia, las cifras de los periodistas asesinados deben examinarse con prudencia. Los asesinatos no siempre están motivados por la actividad periodística de sus víctimas. Por una parte, porque los periodistas, frecuentemente por necesidad, tienen que ejercer varias actividades, que son otros posibles motivo de asesinato. Por otra parte, porque en este país se considera periodista al titular de un diploma de periodismo, aunque no trabaje para un medio de comunicación. Finalmente porque, como el conjunto de los colombianos, los periodistas pueden ser víctimas de la importante delincuencia común. A esas dificultades se añaden el miedo a declarar de los familiares y las frecuentes contradicciones entre las fuentes de información, que hacen todavía más difícil la determinación exacta de los móviles de cualquier asesinato.

Desde 1991, RSF ha establecido cuarenta casos de periodistas asesinados por sus opiniones, o en el ejercicio de su profesión. IPYS y RSF consideran que, en más de una veintena de los casos, esos asesinatos son imputables a los grupos paramilitares o a las guerrillas. En segundo lugar, los periodistas pagan con su vida sus revelaciones sobre la corrupción y el crimen organizado que ponen en entredicho a la clase política local, a los narcotraficantes y a las mafias. Finalmente, en los restantes casos, las que quedan en entredicho son las propias fuerzas del orden, la policía, el ejército o los servicios de inteligencia.

Desde 1999, y en paralelo con el proceso de paz, se asiste a un recrudecimiento de los asesinatos por parte de los grupos armados, sospechosos en once de los catorce casos reseñados por RSF, desde esa fecha. De estos once casos, ocho son imputables a los paramilitares de las AUC, y los tres restantes a las FARC. Esos grupos armados intentan así reducir al silencio a los periodistas que consideran sospechosos de apoyar al otro campo, o a los que denuncian sus atropellos.

Doce periodistas asesinados en 2001

A 22 de noviembre de 2001, el balance de lo que va de año es de doce periodistas asesinados. IPYS y RSF estiman que, en cuatro de los asesinatos, no se puede hablar de atentado a la libertad de prensa, en la medida en que las víctimas, aunque poseedoras de un título de periodismo, no trabajaban para un medio de comunicación. Se trata de los casos de Carlos Alberto Trespalacios, asesinado el 1 de mayo en Medellín, Edgar Tavera Gaona, asesinado el 17 de mayo en Guepsa (departamento de Santander), Wilson Peña, abatido por cuatro asesinos a sueldo el 7 de septiembre en Gigante, en el departamento de Huila, y Heriberto Cárdenas, asesinado en Buenaventura (Centro Oeste) el 14 de noviembre.

Por otra parte, continúan investigándose los casos de otros cinco periodistas, a falta de poder establecer una relación con el contenido de sus programas o artículos:

Yesid Marulanda, periodista deportivo del noticiero "Notipacífico", emitido por el canal de televisión regional Telepacífico, con sede en Cali, fue asesinado el 3 de mayo, por dos asesinos a sueldo. Según su familia y sus compañeros, no había recibido ninguna amenaza.

Eduardo Estrada Gutiérrez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Comunicación y la Cultura de San Pablo (Adecosan), fue asesinado el 16 de julio en San Pablo (departamento de Bolivar), cuando su asociación estudiaba poner en marcha una emisora comunitaria. Una fuente, que quiere permanecer en el anonimato, ha declarado a RSF que Eduardo Estrada Gutiérrez fue asesinado porque iba a participar en una mesa de diálogo entre la sociedad civil y el ELN. Sin pronunciarse sobre el móvil, la Asociación de Radios Comunitarias del Magdalena Medio (Aredmag), a la que está afiliada Adecosan, recuerda el trabajo de democratización, para el acceso a los medios de comunicación, realizado por el periodista. Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el simple hecho de trabajar para una radio comunitaria le ha costado la vida a Eduardo Estrada Gutiérrez. Los grupos armados presentes en la región consideran a estas emisoras como un reto, e intentan controlarlas para reforzar su presencia.

Aunque se ignora lo que decían en antena, otros dos periodistas de las radios comunitarias, Pablo Emilio Parra Castañeda, asesinado el 27 de junio, y Arquímedes Arias Henao, asesinado el 4 de julio, podrían haber muerto por la misma razón. El primero era propietario y locutor de la emisora Planadas Cultural Estéreo, así como responsable de la Cruz Roja en la localidad de Planadas, desde hace más de dos años. El segundo, director de Fresno Estéreo, había creado otras emisoras en la región y seguía siendo propietario de una de ellas, Armonía FM Estéreo, con sede en Palocabildo. Los dos trabajaban en el departamento de Tolima, donde están presentes la guerrilla de las FARC y los grupos paramilitares.

Omar de Jesús Castañer Jaramillo, periodista de Chinchina, localidad situada en el Departamento de Caldas, fue asesinado el 17 de agosto. Esta información ha sido facilitada a los representantes del IPYS y de RSF por la FLIP, que todavía no disponía de informaciones sobre el medio de comunicación para el que trabajaba, ni sobre los móviles del crimen.

Tras la investigación, IPYS y RSF consideran que, en tres casos, es más creíble la hipótesis de un asesinato motivado por el trabajo del periodista: se trata de los casos de Flavio Bedoya, Jorge Enrique Urbano Sánchez y José Duviel Vásquez.

Flavio Bedoya, corresponsal del semanario Voz en Tumaco (Departamento de Nariño, sudoeste del país), fue asesinado por sicarios el 27 de abril de 2001. De cincuenta y dos años de edad y padre de tres hijas, el periodista del órgano del Partido Comunista Colombiano había recibido amenazas de muerte tras publicar, el 4 de abril, un artículo sobre las exacciones cometidas cerca de Tumaco por los paramilitares, acompañado de una entrevista con un comandante de las FARC. En el artículo, criticaba la incapacidad de la policía para capturar a los criminales. Según la redacción de Voz, el periodista fue asesinado por los paramilitares (ver, arriba : "Regiones particularmente peligrosas").

El 8 de julio, Jorge Enrique Urbano Sánchez, fue asesinado, de cuatro disparos, por dos desconocidos en moto. Un amigo del periodista también resultó herido durante la agresión. Jorge Enrique Urbano Sánchez había denunciado la inseguridad imperante en Buenaventura, una ciudad portuaria del departamento del Valle (Oeste). Trabajaba para la radio Mar Estéreo, perteneciente al grupo Todelar, y en el programa "Amanecer Porteño", emitido por el canal de televisión local Telemar. Sus denuncias estaban estrechamente relacionadas con su trabajo de responsable de una organización encargada del mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. Dos meses antes, fue amenazado por haber participado en las operaciones de desalojo de drogadictos y del traslado de los vendedores ambulantes de un parque público.

Dos días antes, había sido asesinado José Duviel Vásquez. Era entonces el tercer periodista de La Voz de la Selva, una emisora de la ciudad de Florencia (Caqueta), asesinado en el espacio de ocho meses. También fue el último. La Fundación Jorge Eliecer Gaitán, propietaria de la radio, decidió vender la emisora.

La Voz de la Selva:
la voz de los Turbay se ha extinguido en Florencia (Caqueta)

El 30 de noviembre de 2000, fue asesinado Guillermo León Agudelo. Era el gerente administrativo de La Voz de la Selva. Según diversos testimonios, no había recibido amenazas y nada de lo que decía en antena puede explicar su muerte. El asesinato, quince días más tarde, de Alfredo Abad, director de información de la emisora, fue interpretado entonces por el diputado del Partido Liberal, Diego Turbay, como un "campanazo" proveniente de la guerrilla de las FARC. Cree que, a través de la radio, a quien se quiere atacar es a la familia Turbay. La Voz de la Selva fue creada por instigación del padre de Diego Turbay, Hernando Turbay, que en los años 1970 y 1980 fue un destacado opositor a la presencia de la guerrilla en la región. Desde entonces, los Turbay han estado en el punto de mira de las FARC. El hermano de Diego, Rodrigo Turbay, murió en 1997 a manos de este grupo armado, que le tenía secuestrado desde hacía dos años. Después de la muerte de Guillermo León Agudelo, también fue asesinado Andrés Paez, un diputado que había apoyado a Diego Turbay. Finalmente, el 29 de diciembre de 2000, Diego Turbay fue asesinado, junto a otras seis personas, entre ellas su madre, en una carretera de Caqueta, por un presunto comando de las FARC. Caqueta, zona estratégica para el tráfico de la droga, ha adquirido aún mayor importancia desde que alberga la zona de distensión, concedida por el gobierno a las FARC.

Según un miembro de la Asociación de Periodistas de Caqueta, citado en la edición del 8 de enero de 2001 del semanario Semana, no termina ahí el tributo pagado por los periodistas de Caqueta a la lucha que enfrenta a la familia Turbay con sus enemigos. "A los asesinatos se les suma el exilio forzoso por amenazas de otros cuatro periodistas en el último semestre (...) Es muy coincidal que casi la totalidad de los periodistas muertos y los amenazados sean personas que tiene algún tipo de relación con la familia Turbay, o que, en otros casos, no utilizaban la profesión para atacar a los Turbay."

Según Omar García, el asesinato, siete meses más tarde, de José Duviel Vásquez, que sucedió a Alfredo Abad en la dirección de la emisora, podría tener un origen diferente. Omar García, que también trabajaba en La Voz de la Selva, acompañaba a José Duviel Vásquez cuando fue asesinado. El mismo resultó herido durante la agresión. En un testimonio publicado en el semanario Semana, con fecha del 29 de octubre, recuerda los asuntos importantes que había denunciado su compañero. En febrero de 2001, había revelado un asunto de corrupción y chantaje, denunciando a la antigua alcaldesa de Florencia, Lucrecia Murcia, y a varios consejeros municipales. La redacción de la radio también estaba investigando acerca de la responsabilidad del gobernador de Caqueta, Pablo Adriano Muñoz, en la posible malversación de fondos, y denunciaba las importantes sumas que pagaba para garantizar su seguridad. Posteriormente, un conflicto enfrentó a Duviel Vásquez con el gobernador. El periodista se había denunciado Pablo Adriano Muñoz por "calumnia e injuria", después de que le acusara de poner en peligro su vida, con sus repetidas críticas. Algunos días antes de su muerte, José Duviel Vásquez confió a varias personas que se sentía amenazado. Carlos Alberto Beltrán, el abogado que había elegido para llevar adelante su querella, y que también era responsable administrativo de La Voz de la Selva, tuvo que abandonar la ciudad tras escapar a un intento de asesinato.

Cuando colaboraba en la investigación sobre la muerte de su compañero, Omar García fue amenazado de muerte en varias ocasiones, tanto en la calle como por teléfono. Se ha acogido al Programa de Protección a Periodistas. Después de haber sido trasladado a Bogotá, donde tampoco estaba garantizada su seguridad, se ha visto obligado a buscar refugio en el extranjero. Una persona próxima a La Voz de la Selva cuenta que, tras el asesinato de Duviel Vásquez ningún periodista de la región se atreve a criticar al gobernador. En la primavera de 2001, Ricardo Calderón, enviado especial del semanario Semana en Florencia, se vio obligado a abandonar precipitadamente la región, después de darse cuenta de que le seguían. En un artículo sobre el asesinato de Diego Turbay, publicado algunos meses antes, este periodista recordó que Adriano Muñoz fue encarcelado en el marco de la investigación sobre el secuestro de Rodrigo Turbay, y más tarde puesto en libertad por falta de pruebas.

La impunidad arraigada

En Colombia, el índice de impunidad es mayor del 95%. "Un nivel tal, que después del narcotráfico, la impunidad se ha convertido en el segundo factor de criminalidad", constata amargamente un magistrado. Un porcentaje que, desgraciadamente, también es válido para los asesinatos de periodistas. Sin embargo, durante los últimos cinco años, se multiplican los ejemplos de investigaciones que han permitido identificar, e incluso detener a los asesinos.

En el seno de la Fiscalía General de la Nación se creó, en 1991, una Unidad de Derechos Humanos, que investiga sobre los casos de amenazas o asesinatos de sindicalistas, de personas cuyo estatuto depende del Derecho Internacional Humanitario, de miembros de la Unión Patriótica (intento de integración de la guerrilla en la vida política, a principios de los años 1980, y del que han sido asesinados varios de sus miembros) y de periodistas. En total, 1.100 investigaciones se encuentran en manos de la Unidad de Derechos Humanos. En julio de 1999 se creó una sub-unidad para investigar exclusivamente sobre los asuntos referidos a los periodistas, con cuatro fiscales. Actualmente, tienen confiados treinta y cinco casos, entre ellos treinta investigaciones sobre asesinatos ocurridos entre 1986 y 2001.

Sólo en un caso de asesinato, el de Ismael Jaime Cortés, director del diario La Opinión, ocurrido el 6 de mayo de 1992 en el departamento del Magdalena (Norte), algunos de los autores materiales de la muerte fueron condenados de forma definitiva, con una pena de cárcel confirmada en segunda instancia. En otros cinco casos, los presuntos asesinos fueron detenidos, pero no han sido juzgados o el proceso se encuentra todavía en curso. Por otra parte, tres casos han sido reasignados a otros servicios, porque los asesinatos no guardaban ninguna relación con un trabajo periodístico. En los veintiún casos restantes, a los que hay que añadir otros casos de asesinatos de periodistas muertos a causa de su trabajo, pero que no han sido entregados a esta sub-unidad, no se ha detenido a ningún sospechoso.

Varios factores contribuyen a explicar el mantenimiento de una impunidad casi generalizada. El elevado nivel de la criminalidad: con quince asesinatos diarios solamente en la ciudad de Cali, los fiscales tienen la sensación "judicializar la guerra", o sea de estar tratando una situación de guerra con los medios judiciales de un país en paz. Se lamentan de la falta de medios y creen que la respuesta del Estado es insuficiente. Así, en algunos departamentos, un único juez tiene que pronunciarse sobre todos los casos. Es, entre otros, el caso de Valledupar. En esta ciudad, capital del departamento de César (Noreste), el proceso de Libardo Prada Bayona, presunto asesino de la periodista Luz Amparo Jiménez Payares, ultimada el 11 de agosto 1998, se retrasó en siete ocasiones para iniciarse finalmente el 10 de julio de 2001, casi dos años después de la primera fecha fijada. Antigua periodista de la televisión, Luz Amparo Jiménez Payares había informado, en 1996, de la expulsión por los paramilitares de los campesinos que ocupaban la propiedad de un antiguo ministro, Carlos Arturo Marulanda.

Al problema de los medios hay que añadir las presiones e intimidaciones a que se ven sometidos los magistrados, los testigos y los abogados. Citado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo de la Hoz, abogado de la parte civil en el caso de Luz Amparo Jiménez Payarés, afirma que cinco o seis abogados de Libardo Prada Bayona han renunciado a la defensa, después de recibir amenazas. "En los mismos tribunales penales de Valledupar, he recibido la sugerencia de que no asista a la audiencia", informa De la Hoz acerca de su propia situación. Según Diana Calderón, responsable de la Unidad de Reacción Rápida, una unidad de la SIP encargada de investigar los asesinatos de periodistas, las presiones sobre los testigos amenazan tanto las instrucciones porque las demostraciones de los investigadores se basan normalmente en testimonios. "Existe una gran debilidad en el aporte de pruebas materiales o basadas en expertizajes", precisa. Una afirmación compartida por el Fiscal General de la República, Luis Camilo Osorio.

Porque, a veces, las amenazas se cumplen. Carlos Alberto Oviedo, ex diputado de Armenia, ciudad del departamento de Quindio (a 300 kilómetros al oeste de Bogotá), y presunto autor intelectual de los asesinatos de Ernesto Acero Cadena y Jairo Elías Márquez, tenía fama de matar a los asesinos a sueldo. En el marco de la única investigación sobre la muerte de Jairo Elías Márquez, fueron asesinadas dos personas: un testigo y uno de los presuntos asesinos. Ernesto Acero Cadena, periodista de la revista El Informador Socioeconómico, asesinado en diciembre de 1995, lo mismo que Jairo Elías Márquez, propietario del bimensual El Marqués, asesinado el 20 de noviembre de 1997, habían denunciado al diputado en asuntos de corrupción.

Frente a las presiones locales, la Fiscalía deplora que la Constitución colombiana establezca que el proceso debe celebrarse en el departamento en que ha tenido lugar el crimen. Una reforma de la justicia que autorice la centralización de los procesos, para evitar a los jueces las presiones locales, ha chocado siempre con el rechazo del tribunal supremo, guardián de la Constitución. Sin embargo, algunos funcionarios del ministerio público se manifiestan convencidos de que el resultado de dos procesos de presuntos asesinos de periodistas, habría sido diferente si las audiencias se hubieran celebrado en Bogotá. Recuerdan el caso de Juan Carlos Henao, el presunto asesino de Ernesto Acero Cadena, absuelto en primera instancia, el 14 de junio de 2000, por un tribunal de Armenia. El fiscal, presumiblemente víctima de fuertes presiones, no recurrió a pesar de haber solicitado la culpabilidad del acusado. En abril de 2001, la confirmación en apelación, por el Tribunal Superior de Neiva (departamento de Huila), de la absolución de los presuntos asesinos del periodista Nelson Carvajal, también provocó la irritación de la Fiscalía. Aunque generalmente los jueces siguen las indicaciones del ministerio público, el tribunal consideró insuficientes las pruebas y poco creíbles los testimonios, prefiriendo una hipótesis descartada por los investigadores. Informada de que, durante la instrucción, uno de los investigadores había sufrido presiones, RSF había pedido a las autoridades que "velen por la total independencia del fallo del Tribunal".

Finalmente, prácticamente jamás se molesta a los autores intelectuales. Algunos de ellos se han convertido en intocables, como Carlos Castaño, el jefe de las AUC. Se han dictado contra él varias decenas de órdenes de detención, pero el hombre se encuentra al frente de un verdadero ejército de 8.000 hombres. Entre otras, es objeto de una orden de detención desde julio de 2000, por haber ordenado el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Hasta el momento, sólo han sido detenidos el presunto asesino y el hombre acusado de conducir la moto. Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999. Según los investigadores, Carlos Castaño acusaba al humorista de intervenir, como intermediario, en la liberación de personas secuestradas por la guerrilla. Descartan la hipótesis de que determinados sectores del ejército, igualmente molestos por las iniciativas del humorista según varios testimonios, hayan podido participar en el crimen. Por otra parte, la evasión de Carlos Alberto Oviedo, a principios de septiembre de 2001, fue una nueva demostración de la impunidad que disfrutan los asesinos. Al parecer, el ex diputado corrompió a sus carceleros para poder escapar. Acusado de cerca de una decena de asesinatos, entre ellos los de dos periodistas, Carlos Alberto Oviedo fue finalmente detenido, y luego condenado a treinta y nueva años de cárcel, por homicidio. A pesar de la gravedad de la pena, disfrutaba de un régimen de favor y se encontraba en situación de residencia vigilada. Al día siguiente de la evasión, el Ministro de Justicia ordenó la apertura de una investigación penal y disciplinaria contra diez funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entre ellos su ex director. Los resultados de la investigación no se han dado a conocer.

Para paliar la falta de medios de la Unidad de Derechos Humanos, en octubre de 2001 se decidió crear sub-unidades regionales de los Derechos Humanos, en todo el territorio. Se deben crear veinticinco unidades que, bajo el control de la oficina de Bogotá, se encargarán de una parte de las investigaciones. Ya existen tres sub-unidades en Neiva, Villavicencio y Cali. Según la Fiscalía, en esta última ciudad ya se han conseguido resultados en la investigación sobre una masacre. Sin embargo, esta reforma no se ha llevado a cabo por unanimidad. Varios defensores de los Derechos Humanos temen que la descentralización exponga, a su vez, las investigaciones a las presiones locales.

Proyecto de censura de la Comisión Nacional de Televisión

El 23 de octubre de 2001, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), institución pública encargada de regular el contenido de los programas televisados, hizo público un proyecto de regulación, según el cual los canales de televisión "no podrán presentarse entrevistas, declaraciones y comunicados de quienes se identifiquen como miembros, voceros o representantes de grupos alzados en armas u organizaciones criminales". Dicho de otra manera, "se puede dar la información respectiva pero no transmitir imágenes de esas personas", ha precisado Sergio Quiroz, presidente de CNTV. El proyecto también prohibe la emisión de imágenes que "vulneren los derechos humanos" e intenta, en nombre "del derecho fundamental a la intimidad y a la dignidad de las víctimas", prohibir "los primeros planos sobre hechos violentos". La CNTV es una institución compuesta por cinco miembros (dos designados por el gobierno, y otros tres por los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil), independiente del gobierno.

Debería archivarse el proyecto de la CNTV. Según Eduardo Cifuentes, defensor del Pueblo (ombudsman), ninguna institución en Colombia tiene poder para restringir la libertad de prensa, protegida por el artículo 214 de la Constitución, incluso en estados de excepción. Aunque una parte de la profesión lamenta que la competencia entre los canales de televisión haya dado lugar a una puja para la difusión de imágenes crudas del conflicto, todos los profesionales de la información coinciden en decir que solo los periodistas deben decidir lo que se debe informar. El presidente Andrés Pastrana, también ex periodista, desaprobó el proyecto. Durante la entrevista que concedió a los representantes del IPYS y de RSF, se pronunció a favor de una "autorregulación" de los medios de comunicación.

Sin embargo, en un editorial publicado en el semanario Semana, la periodista María Isabel Rueda, pone en tela de juicio el papel del gobierno en este asunto. Afirma que Sergio Quiroz es el "delegado personal" de Andrés Pastrana, y subraya que no hace nada "sin el permiso de arriba". Según el diario El Tiempo, el proyecto de la CNTV podría formar parte de una serie de iniciativas del gobierno, destinadas a preparar los ánimos para el final del proceso de paz. En el momento en que el gobierno cuestiona el estatuto de interlocutor de las FARC, los grupos armados se verían privados de acceso a la pequeña pantalla.

En dos ocasiones, tras la llegada al poder de Andrés Pastrana, han intervenido la CNTV, o altos funcionarios, para pedir a los canales de televisión que no emitieran un reportaje o una entrevista. En 1997, la CNTV fue utilizada por la Administración del presidente Ernesto Samper (1994-1998). En aquel momento, el presidente, criticado por la prensa por la presunta financiación de su campaña por el Cartel de Cali, consiguió que las concesiones, inicialmente atribuidas a los telenoticieros hasta 2004, fueran revisadas cada año por la CNTV.

Conclusión: luchar contra la impunidad

Cuarenta periodistas asesinados desde hace diez años, medio centenar secuestrados en los tres últimos años, cerca de una treintena obligados a exiliarse... Colombia posee el triste record de violencias de todas las categorías. Violencias que proceden, ante todo, de los grupos armados y, en primer lugar, de los paramilitares de las AUC. En varias regiones controladas, o disputadas, por las AUC, las FARC o el ELN, la libertad de prensa es prácticamente inexistente, bien porque la prensa independiente ha sido laminada, o bien porque se ha instalado la autocensura. Es la razón por la que Carlos Castaño, Manuel Marulanda y Nicolás Rodríguez Bautista forman parte de los treinta y nueve más peligrosos predadores de la libertad de prensa en el mundo. Esta violencia la ejercen también los narcotraficantes, los concejales corruptos y los miembros de las fuerzas del orden, temerosos de que salgan a la luz sus "negocios".

La impunidad cierra, sobre la prensa, el círculo vicioso de la violencia y el miedo. Los periodistas, no sólo pueden difícilmente publicar o difundir sus informaciones, sino que ni siquiera pueden denunciar las presiones de que son víctimas, para acabar con ellas. Son muy loables los esfuerzos del gobierno para garantizar la protección de los periodistas o reforzar los medios de la Fiscalía, pero continúan siendo muy limitados, especialmente en el aspecto financiero. En este contexto, los periodistas no tienen más opciones que la autocensura o poner en peligro su vida. Por eso, RSF y el IPYS están convencidos de que la prioridad del gobierno debe ser la lucha contra la impunidad. Durante la entrevista concedida a los representantes de ambas organizaciones, el presidente Andrés Pastrana declaró que compartía esta preocupación e hizo una llamada a la comunidad internacional para que apoye económicamente el programa de protección de periodistas.

IPYS y RSF recomiendan:

1- al gobierno:

  • que emprenda una reforma de la justicia que permita juzgar, a los presuntos asesinos que apelan, en Bogotá, al margen de las presiones locales,
  • que aumente los medios destinados al Programa de Protección a Periodistas, para que sea capaz de ofrecer a los profesionales de la prensa una protección sobre el terreno, y garantizar así el ejercicio del periodismo en la mayor parte del territorio,
  • que haga todo lo posible para que los resultados de las investigaciones del INPEC sobre el secuestro, en mayo de 2000, de Jineth Bedoya, y sobre la evasión, en septiembre de 2001, de Carlos Alberto Oviedo, se hagan públicos en el menor plazo de tiempo.

2- a la comunidad internacional que proporcione ayuda financiera al programa de Protección de Periodistas, y a la lucha contra la impunidad.

3- a la CNTV, que no siga con su proyecto de regulación que intenta prohibir la difusión de imágenes de miembros de grupos armados o de organizaciones criminales, o de las que "vulneren los Derechos Humanos".

4- a la prensa, que se movilice para defender la libertad de prensa:

  • siguiendo de cerca las investigaciones y los procesos por los asesinatos de periodistas, en particular el caso de Amparo Leonor Jiménez, cuyo proceso se encuentra actualmente en fase de deliberación, y el de Jaime Garzón, del que muy pronto deberían hacerse públicas las conclusiones de la investigación.
  • apoyando la acción de la FLIP, tanto en sus publicaciones como económicamente.

* Régis Bourgeat, es miembro de Reporteros sin Fronteras, e Iván García, del Instituto Prensa y Sociedad. Esta es una investigación de la Red RSF,elaborada tras la misión en Colombia, realizada del 22 al 30 de octubre de 2001.


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