Sala de Prensa


40
Febrero 2002
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Entrevista al expresidente de la CIDH, Claudio Grossman

"Los problemas de Venezuela son reales,
y la prensa su radiografía"

El especialista en derechos humanos observa con preocupación la situación del país, y considera que el presidente Hugo Chávez ha tenido un papel determinante en la conflictividad que refleja la nación, debido a la concentración del poder, la exacerbación de los ánimos y un discurso polarizante

Desde su oficina en la Universidad Americana de Washington, Claudio Grossman habla con tranquilidad. El 31 de diciembre dejó de ser presidente —por segunda vez— de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ahora se dedica a tiempo completo a la academia, como decano de la Facultad de Derecho. "Me expreso a título personal", aclara. Grossman, con más de una década de trabajo jurídico en el sistema interamericano de derechos humanos, ha visto progreso en las actuales democracias latinoamericanas. Sin embargo, el talón de Aquiles sigue siendo la fragilidad de las instituciones. "Algo que vemos con preocupación en el caso venezolano", dice.

—En ese contexto de fragilidad y amenazas soterradas a la democracia fue aprobada la Carta Democrática de la OEA, en septiembre pasado.
—Precisamente antes de llegar a un golpe de Estado se concretan esas amenazas soterradas, que son un camino resbaloso. 

—¿Cree usted que Venezuela está cercana a un campanazo en relación con la cláusula democrática?
—No quiero referirme a si Venezuela clasifica o no para que invoquen la cláusula democrática. Lo que quiero decir es que ella no incluye sólo golpes de Estado para que sea invocada. Esa fue la contribución de la OEA frente a situaciones como la ocurrida en Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori. Un gobierno puede calificar para que se le invoque si representa un riesgo para la democracia de ese país. Lo central de la Carta es que amplió los criterios y las categorías. Si Venezuela califica, no me pronuncio. 

—Durante sus dos gestiones, entre 1996 y 1997, y 2001, ¿cómo vio la evolución de Venezuela?
—Veo la situación de Venezuela con gran preocupación. No hay duda de que siempre caben las críticas al sistema de partidos, la corrupción y la distribución del ingreso. Pero frente a estas situaciones puede que haya respuestas democráticas o autoritarios y populistas. Se puede reaccionar centralizando el poder o profundizando la democracia. Es muy importante que prevalezca lo segundo, con una separación marcada entre los poderes. Pero en Venezuela hemos visto cómo se ha ido a lo primero, a la concentración del poder, con una exacerbación de los ánimos y con un discurso político polarizante. La democracia implica el mejor ambiente para el progreso de la gente y los derechos humanos. No se puede pensar que se tiene la razón todo el tiempo ni que el otro está equivocado todo el tiempo. Allí juega un papel muy importante el Ejecutivo. La polarización de este conflicto, y la naturaleza del debate político, ha sido estimulada por el Poder Ejecutivo. Ese ha sido el problema desde el comienzo del gobierno de Chávez.  

—La libertad de prensa ha sido vapuleada en este proceso, porque de alguna manera, con el antiguo sistema bipartidista fuera de juego, comenzó a jugar un papel político. ¿Eso es legitimo y ético, o es contraproducente?
—Soy partidario de muy pocas regulaciones hacia los medios. El problema es la existencia de una entidad nacional burocrática, que no viene de la Luna, que va a dictaminar según sus intereses políticos y económicos. Considero que jurídicamente, con base en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no debe existir la censura previa. La prensa tiene que decir lo que quiera decir. Los gobiernos son muy poderosos. Claro que hay situaciones en que la prensa exagera, pero el peligro de vivir con una prensa silenciada y no agresiva es mucho más grande que reaccionar contra exageraciones de la prensa. Cuando el gobierno amordaza a la prensa no es para decir "nos están criticando frente a la corrupción o concentración del poder". Mas bien dice: "estamos amordazándola porque esta mintiendo". De la prensa libre digo lo mismo que dijo Winston Churchill de la democracia: "Es el peor sistema de todos salvo los demás".  

—En ese sentido se aplican las medidas cautelares a los diarios El Nacional y El Universal.
—Sí. El artículo 13 de la Convención prohíbe la censura previa. No es mi convicción personal, sino un compromiso adquirido por el Estado de Venezuela cuando ratificó libremente la Convención.  

—¿Cómo ve el debate sobre la libertad de expresión?
—Cuando la situación es tan polarizada y fuera de control, no hay que echarle la culpa a la prensa. Hay que ponerse un espejo en la cara y preguntarse por qué se ha llegado a esta situación. La prensa es un barómetro de lo que pasa en un país. Es como un enfermo que tiene fiebre y decide destruir el termómetro para atribuirle el problema al instrumento. El problema no es la prensa, sino que hay una polarización tremenda y puede llegar a un punto en que la situación cambie completamente.  

—¿Pero a veces la prensa no exagera a su favor?
—El problema no es la libertad de expresión. El problema es subyacente. Eso de echarle la culpa a la prensa de inventar a su favor, de manipular, requiere una imaginación increíble. Los problemas de la sociedad venezolana son reales, y la prensa es su radiografía. 

—¿Cuáles son?
—Debilitamiento de instituciones, concentración de poder, falta de separación de los poderes, creer que se tiene la razón todo el tiempo, falta de responsabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo. 

No a la censura

—¿Conoce el alcance de la ley de contenidos que se está debatiendo en Venezuela?
—No, pero la Convención prohíbe la censura previa sin perjuicio de responsabilidades ulteriores. En el caso de calumnias e injurias, una persona puede ser calificada de responsable, pero la Convención ha señalado en varios fallos que nunca puede haber responsabilidad penal ni criminal por criticas a funcionarios del Estado. Eso es denominado desacato. A nuestro juicio, los gobiernos están al servicio de la gente. Quien ejerce la función pública está más expuesto a la crítica que si no tiene la responsabilidad. Además, quien está en el gobierno puede utilizar mecanismos estatales, como fiscales, para defenderse personalmente. Por lo tanto, la posición de la CIDH, no en relación con el caso de Venezuela, sino mucho antes de que fuera elegido Chávez, es que no se aceptan las leyes de desacato en el hemisferio. Violan la convención Americana. Lo único que puede haber son responsabilidades de carácter civil, es decir, monetarias. Y éstas tienen que ser proporcionales, porque si no se corre el riesgo de silenciar el debate político a través de responsabilidades civiles exageradas.  

—Le planteo un caso hipotético: un gobierno x implementa una ley de contenidos para regular a la prensa. ¿Un individuo que apele a la CIDH tiene entonces el sistema hemisférico de derechos humanos a su favor?
—Estoy en contra de leyes de contenido y de burocracias que determinen lo que usted y yo, todos venezolanos, mexicanos y chilenos, puedan leer, escribir y pensar. Eso es crear un mecanismo de censura previa. ¿Quiere saber que va a decir la prensa? Espérese al día siguiente a que salga publicado en el diario. Si hay responsabilidades de carácter civil, usted las puede hacer efectivas, siempre que sean proporcionales. Esa ley de contenidos significa simplemente que alguien va a decir: "no me gusta esto, y no se va a publicar". 

—¿Cómo ha sido la historia de este tipo de leyes en América Latina?
—Hay una tendencia clara hacia el cumplimiento del artículo 13. En general, no hay leyes de censura previa en el continente. No sólo porque está la Convención, sino también porque lo reflejan las aspiraciones de la gente. Nadie quiere que le estén censurando lo que lee. Muchos países cambiaron sus leyes de desacato. Argentina y Chile la desecharon, ambas desde la época de la dictadura. Los países que las tienen no las implementan.  

Sistema lento, pero seguro

—¿Cómo ha evolucionado el sistema interamericano de derechos humanos? La CIDH se ha convertido en los últimos años en un importante receptor de demandas que no han sido resueltas en los países correspondientes.
—En los años 70 el instrumento principal de la CIDH eran las visitas in loco, viajes a un país para verificar situaciones de violación de los derechos humanos. La CIDH esta invitada a ir a Venezuela en los próximos días. Estuvo invitada antes, pero no se pudo concretar la visita. 

—¿Por qué, negligencia de alguna parte o falta de tiempo?
—No hubo acuerdos sobre fechas, cambio de embajadores, etc. La culpa no es de nadie, lo importante es que se concrete la visita ahora. La segunda manera de actuar que tiene la CIDH es a través de peticiones individuales, transformadas en quejas jurídicas que pueden tener una solución amistosa o una acusación contra un Estado. Si un Estado no cumple, se puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la apertura democrática en la región, esas peticiones individuales se han despegado. Cuando fui presidente durante 2001 informé que se había dictado 158 casos, que es bastante. Además, en caso de peligro inminente se puede pedir medidas cautelares para evitar el cierre de un diario o que maten a una persona. Esto se hace sin prejuzgar el fondo. 

—¿Ese número es sintomático de la debilidad de las instituciones en América Latina?
—Sí y no. Hay distintas razones. Hay países en los que, dada su expansión democrática, la gente ejerce su derecho con más fuerza. Si hay una sentencia que no les satisface, entonces acuden a la CIDH. Eso sucede mucho en las cortes de la Unión Europea. Otra razón por la cual ha despegado ese número es que hay situaciones complicadas en algunos países, como en Venezuela.  

—¿No es lógico que si las instituciones mejoran, descienda ese alto nivel de apelación a una institución supranacional como la CIDH?
—No, aun cuando mejoren, siempre habrá casos que llegarán a la CIDH. Existe una regla internacional que sostiene que estos casos se aceptan en estos organismos supranacionales cuando se agotan las instancias internas de los países. Pero esa regla se aplica cuando es razonable, porque si el sistema judicial no es independiente no hay razones para esperar un trámite interno prolongado.  

—¿La apelación y el dictamen constante ante la CIDH no implican una pérdida de soberanía, al menos judicial?
—Ese es un falso argumento, por varias razones. Todas estas acciones se basan en tratados soberanamente ratificados por los Estados. Es como si alguien que se casó dice luego que no acepta los compromisos del matrimonio.  

—¿Es la OEA un elefante blanco? ¿Tiene la celeridad necesaria para responder a los problemas de la región?
—La OEA es una institución que debe generar consenso, y por eso se mueve a un ritmo muy lento para mi gusto. Pero la CIDH funciona con otros tiempos, es un órgano independiente elegido por la Asamblea General, no sigue las instrucciones de nadie y trabaja en la tradición jurídica.


* Esta entrevista se publicó el 1 de febrero en el diario venezolano El Universal, y se reproduce con la autorización expresa de sus editores.


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