Sala de Prensa


37
Noviembre 2001
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


D O C U M E N T O

Principios básicos de la Iniciativa de
Ley de Acceso a la Información Pública en México

El proyecto de Iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública elaborado por la Comisión Técnica integrada para cumplir con los acuerdos que se establecieron en la Declaración de Oaxaca, desarrolla los aspectos básicos de una adecuada y eficaz normatividad en la materia y responde a los siguientes principios básicos:

1.- Derecho Humano universal

El proyecto de ley permitirá hacer efectivo el derecho humano universal de acceso a la información pública, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948.

2.- Máxima publicidad de los poderes públicos

El proyecto de ley se apoya en el principio de la máxima publicidad posible de los poderes públicos, y consiste en que toda la información en posesión de los poderes públicos federales, organismos constitucionales autónomos, entidades de interés público y organismos privados que realicen actividades con cargo al presupuesto público, deberá ser pública y estar disponible, salvo aquella que la ley prescriba como información reservada.

3.- La iniciativa le corresponde a las personas

Corresponde a las personas decidir cuál información les interesa conocer y qué uso le quieren dar a la misma. Quienes soliciten información en poder de cualquiera de los órganos del Estado no necesitan acreditar su interés en ella.

4.- Obligación de entregar y publicar información

El derecho de acceso a la información pública se refiere al derecho de las personas a investigar y solicitar información, y como contraparte, recibir información veraz, oportuna y completa de parte de los órganos del poder público responsables de otorgarla. Las entidades públicas deberán difundir por los medios más eficaces la información a que les obliga la ley.

La aprobación y aplicación de la ley no implicarán una erogación adicional significativa. La reorientación de los recursos ya disponibles permitiría atender de manera sistemática y adecuada las obligaciones legales en materia de información.

La Ley no obliga a la autoridad a elaborar documentos públicos a solicitud del interesado. Obliga a los órganos del Estado únicamente a entregar aquella información cuya existencia es previa a la solicitud.

5. Procedimientos sencillos para solicitar y recibir información y a costos mínimos

Si la información existe y está a disposición del órgano a quien se le requiere, éste no tiene por qué diferir su entrega. La labor de búsqueda y recopilación no tiene por qué exceder el parámetro internacional de diez días hábiles.

La autoridad hará del conocimiento del interesado los aspectos técnicos que se utilizarán y los costos mínimos a cubrir para recibirla. La pauta general será la gratuidad.

En caso de negativa, obligará a la autoridad responsable a fundar y motivar las razones de su negativa.

6. Mínimas excepciones a la norma

La ley desarrolla el principio de que toda la información es pública. Sin embargo, determinada información podrá considerarse como reservada. El tipo de información, el tiempo, la autoridad responsable, los valores jurídicos a proteger y los procedimientos para determinar la reserva de información serán establecidos por la ley.

La reserva de información será temporal y susceptible de desclasificarse una vez que se cumplan los plazos legales o antes, si la autoridad correspondiente así lo decide.

Las excepciones se definirán con claridad en materia de seguridad nacional, seguridad pública, política exterior, secretos científicos, industriales y bancarios, entre otros. Así como para respetar los derechos preexistentes de las personas en relación a su intimidad, honor y propia imagen.

7.- Organismo autónomo para promover apertura y resolver controversias

Para evitar conflictos de intereses, la ley considera la creación de un organismo autónomo con participación ciudadana, que será responsable de promover el derecho de acceso y resolver las controversias derivadas de la aplicación de la ley. Tendrá atribuciones precisas para establecer sanciones administrativas eficaces a quienes incumplan la norma. La apertura será obligatoria por ley. En caso de que persista la negativa, quedará a salvo el derecho de los solicitantes a recurrir ante un juez federal para exigir el cumplimiento efectivo de su derecho de acceso a la información pública.

8.- Promoción del conocimiento y ejercicio del derecho de acceso

Para transitar de un sistema cerrado y discrecional a un sistema abierto, es necesario promover el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la información y capacitar a los servidores públicos para que cumplan con su obligación de entregar en tiempo y forma la información solicitada. Esta será un tarea fundamental del organismo autónomo.

9.- Apertura para seguir la pista del dinero público

Todas las entidades públicas o privadas que reciban recursos de los contribuyentes estarán obligadas por ley a hacer pública la información bajo su responsabilidad, así como aquellas entidades privadas que realicen funciones que habitualmente correspondan al Estado.

10.- Congruencia jurídica y promoción del federalismo

En el apartado de artículos transitorios se hará referencia a las leyes y normas jurídicas específicas, susceptibles de derogarse por su oposición a la Ley de acceso, así como aquellas leyes que deberán reformarse en etapas sucesivas, como son los casos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Federales, entre otras.

El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública constituye un punto de partida que puede ser considerado para fomentar la deliberación y regulación de la materia en el ámbito de las entidades federativas y municipios con respeto a los principios del federalismo y en el tiempo y forma que determinen los congresos locales.


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