Sala de Prensa


35
Septiembre 2001
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


C O S T AR I C A

Cinco proyectos legislativos


LEY SOBRE DERECHO A LA INFORMACIÓN
(Colegio de Periodistas)

Expediente No. 14448.
Asamblea Legislativa:

El Colegio de Periodistas de Costa Rica busca el efectivo cumplimiento de postulados básicos comprendidos en el derecho a la información: la búsqueda, la difusión y la recepción de información veraz, sin obstáculo alguno, que beneficie tanto a los y las periodistas como a la sociedad. Para cumplir con este propósito, de una manera equilibrada, se hace necesario establecer nuevas normas y reformar o derogar algunas de las existentes que regulan esta materia o se relacionan con ella.

EL SECRETO PROFESIONAL DEL PERIODISTA
Los periodistas necesitan contar con el respaldo de una ley para mantener el secreto profesional, al igual que otro tipo de profesionales, en razón de que en el ejercicio de su profesión muchas veces reciben confidencias trascendentales y reveladoras, a cambio de la promesa de no revelar el nombre o la identidad del informante. Al publicar la investigación, el periodista se ve expuesto a ser llamado por los fiscales o jueces que conocen de la causa o bien, por los abogados que participan en el proceso, en razón del conocimiento que tienen del asunto. Por esta razón, ya algunos periodistas han debido acudir a rendir declaración ante los tribunales de justicia. En esa coyuntura, los profesionales se han excusado de rendir su testimonio argumentando razones de "secreto profesional" y los jueces lo han aceptado, aunque no existe como tal en una ley. La realidad es que en tal situación un periodista se arriesga a ser acusado de desobediencia o de falso testimonio. Lo mejor para la sociedad y para los profesionales del periodismo es que tal protección quede amparada por esa ley, y de esa manera puedan cumplir de mejor forma su deber de informar.

LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA .
Esta normativa existe en varios países de Europa occidental, como Francia o España, y en América Latina, en Chile. Miguel Urabayen al comentar el caso francés escribió: "Por primera vez la legislación francesa admitía explícitamente un derecho moral peculiar al trabajo de los periodistas. Se reconocía que quien escribe en un periódico no sólo contribuye con su habilidad profesional, su esfuerzo y su tiempo. Existe también en su labor un aspecto que toca a sus opiniones, a la parte más íntima de su personalidad, a lo que llamamos conciencia".

Por su parte, el diputado francés Emile Brachard, un antiguo periodista, que llevó adelante el proyecto de ley de la cláusula de conciencia hasta lograr su inclusión en el Código de Trabajo, en 1935, señaló en su exposición de motivos: "Lo que nosotros llamamos la “cláusula de conciencia” es una de las disposiciones que los periodistas tienen por esenciales y sin las que no podría haber salvaguarda eficaz para su dignidad. ¿Qué entienden con esa designación? Un diario cambia de dirección. Ese cambio puede tener las causas más diversas, muerte, herencia, quiebra, cesión.

Sin cambiar de manos, cambia de política y puede incluso suceder que ese deslizamiento, realizado por medio de ingeniosos escalones, no sea ni confesado ni aparente. Bastaría con evocar aquí algunos recuerdos para mostrar que no nos hallamos en el terreno de lo inverosímil.

El redactor que ha servido bien a sus empresas durante quince años puede tener las razones morales más fundadas para no aceptar a los nuevos propietarios y en este caso se comprende que le sea imposible sostener doctrinas o una táctica que él reprueba. Entonces se plantea para él el caso de conciencia. En el estado actual de la legislación no tiene otro recurso que irse. ¿Es justo? ¿Tiene acaso la menor responsabilidad en la cesión de su diario o en la orientación nueva que acaba de recibir? ¿Puede admitirse que él lleve el peso y pague por transformaciones en las que nada ha tenido que ver? ¿No le dejaremos elegir más que entre la rendición de su conciencia y los riesgos que suponen una dimisión? Esta es la razón por la que después de otros países que han admitido la cláusula de conciencia, encontremos equitativo que una dimisión basada en tales condiciones otorgue al interesado un derecho igual al que obtiene de un brusco despido."

El Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile se refiere a esta figura en su artículo vigesimoquinto: " En el ejercicio profesional, el periodista deberá actuar siempre de acuerdo con su conciencia y no podrá ser sancionado por ello. Consecuentemente, deberá luchar por el establecimiento de la cláusula de conciencia en su relación con las empresas periodísticas. Una vez alcanzado este objetivo, deberán velar por su estricto cumplimiento por parte de las empresas, entidades o personas naturales propietarias de medios de comunicación". La ley 19773 de Chile, del 4 de junio del 2001, sobre "libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo", establece la cláusula de conciencia en su artículo 8: "El periodista o quien ejerza la actividad periodística no podrá ser obligado a actuar en contravención a las normas éticas generalmente aceptadas para el ejercicio de su profesión".

Una norma como la propuesta garantizaría al trabajador no ser despedido a causa de sus opiniones ni de ser forzado a trabajar contra su conciencia y las normas éticas. Si decide no trabajar en un medio hostil, irá al desempleo, pero lo hará con la dignidad del que supo defender su conciencia y las normas éticas, aparte de salir con cierta suma de dinero por concepto de prestaciones sociales. A la par de ello, es importante tener claro que la información no es propiedad de la empresa, sino que pertenece al público. Sobre este punto, Alfonso Nieto ha escrito que:

"la propiedad de un medio de comunicación no conlleva el derecho de propiedad de la información (...) El titular del poder de la información es el pueblo."

Los casos de persecución o represión a periodistas y comunicadores en Costa Rica, a causa de sus comentarios, críticas e informaciones por parte de las empresas informativas en las que laboraban, ameritan que se legisle en este campo. Patricia Sánchez, con Canal 13, en 1993; José Miguel Fonseca, con la revista Actualidad Económica, en 1994; José Rodolfo Ibarra, con Canal 4, en 1999 y Parmenio Medina, con Radio Monumental, en 2001, son algunos ejemplos recientes. Hay un número indeterminado de periodistas despedidos de sus empresas, "por reorganización administrativa", que podrían haberse defendido mejor si hubieran contado con esta figura de la cláusula de conciencia.

EXCLUSIÓN DE DELITO
Con el fin de garantizar la función fiscalizadora de la prensa se hace necesario dotar de mayores garantías a los periodistas y a las empresas informativas, cuando está de por medio el interés público, como es en el caso propuesto de los funcionarios estatales o de quienes aspiren a serlo, sobre todo en puestos de elección popular. Por eso es importante rescatar el espíritu del artículo 12 de la Ley de Imprenta, que permitía un mayor nivel de investigación y crítica.

Lo que busca una norma como la sugerida es que permite retomar ese nivel crítico, alejándose de la autocensura que impera hasta el momento en los medios a causa de posibles demandas, asunto reconocido por numerosos periodistas, en publicaciones recientes.

LEY VIGENTE
El artículo 151 del Código Penal, llamado "Exclusión de delito", establece: "No son punibles como ofensa al honor los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional; el concepto desfavorable expresado en cumplimiento de un deber o ejerciendo un derecho siempre que el modo de proceder o la falta de reserva cuando debió haberla, no demuestren un propósito ofensivo.

JURISPRUDENCIA:
La Sala Constitucional, en un fallo del 25 de junio de 1991, de las 16 horas, treinta minutos, dispuso anular varios artículos de la Ley de Imprenta que establecían el procedimiento para juzgar los delitos por la prensa, que son delitos contra el honor: calumnia e injuria. La razón de este fallo era que contradecían los principios establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos relativos a la posibilidad de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Una de las normas anuladas, el artículo 12, contemplaba la siguiente causal atenuante, que es perfectamente rescatable para garantizar un régimen crítico, por parte de ciudadanos y periodistas: "Cuando la publicación acusada se dirigiere contra quienes ejerzan funciones de la República o sean candidatos a las mismas, y del contexto y ocasión de aquella apareciere que el autor ha procedido sin otro móvil que el interés público, se estimara que en el caso existe una atenuante muy calificada y aún podrá el Tribunal absolver al acusado".

ARCHIVO DE RADIO Y TELEVISIÓN
Mediante una adición a la ley 1758 y sus reformas, Ley de Radio y Televisión, se crearía un archivo transitorio en las estaciones de radio y televisión de los programas y noticieros que se emitan, a fin de que las personas afectadas o aludidas en dichas emisiones, puedan imponerse de su contenido y ejercer las acciones legales que estimen correspondientes, como podrían ser el derecho de respuesta, una rectificación o una querella. Actualmente no hay ninguna norma que obligue a las empresas de radiodifusión o televisivas a mantener en archivo un tiempo determinado los programas emitidos, pese a ser empresas que realizan una actividad de interés público.

El Colegio tiene conocimiento de quejas de personas afectadas que han acudido a esas empresas en busca de una copia de los programas citados y no los encuentran, pues les argumentan que los casetes o videos fueron borrados y usados de nuevo. Para garantizar el derecho a informarse de lo que se publicó y difundió, se propone el plazo de quince días para mantener tales programas, sin borrarlos.

DEROGACIÓN DEL DESACATO
El delito de desacato está contemplado en el artículo 307 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que ofendiere el honor o decoro de un funcionario público o lo amenazare a causa de sus funciones, dirigiéndose a él personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica.

La pena será de seis meses a tres años, si el ofendido fuere el Presidente de la Nación, un miembro de los Supremos Poderes, Juez, Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Contralor o Subcontralor General de la República".

El recordado periodista (q.d.D.g.) Bosco Valverde fue condenado por este delito en julio de 1994, al criticar a unos jueces utilizando una frase popular: que (los jueces) eran como "indios repartiendo chicha".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1994, se refirió a esta cuestión y solicitó que las naciones parte derogaran esta figura penal, por ser incompatible con la libertad de expresión, expresada en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señaló la Comisión que "la protección de la libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o las ideas favorables, sino también a aquéllas que ofenden, resultan chocantes o perturban (...) Resulta evidente que el derecho a la libertad de expresión y pensamiento garantizado por la Convención está indisolublemente vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática. Es más, la plena y libre discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para las tensiones y fricciones que destruyen las civilizaciones. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquélla que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma".

"La aplicación de leyes de desacato para proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial les otorga injustificadamente un derecho a la protección del que no disponen los demás integrantes de la sociedad", agrega el informe.

Con base en las anteriores consideraciones, sometemos a conocimiento de los señores y las señoras diputadas el siguiente proyecto de Ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY SOBRE DERECHO A LA INFORMACION

CAPITULO 1
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1 - Fines

La presente Ley tiene como fin proteger el secreto profesional, en razón del ejercicio de su profesión.

Artículo 2 - Ambito de aplicación

La aplicación de esta ley es para los periodistas y otro tipo de profesionales, que en el ejercicio de sus funciones, reciben información confidencial, trascendentales y reveladoras, a cambio de la promesa de no revelar el nombre o la identidad del informante.

Artículo 3 - Objetivo

El objetivo de la presente Ley es desarrollar el marco normativo relativo a la al secreto profesional, la cláusula de conciencia y otras figuras vinculadas al ejercicio de la función periodística.

CAPITULO 2
“CLAUSULA DE CONCIENCIA”

Artículo 4 - Del trabajo de los periodistas

En todo contrato de trabajo de los (as) periodistas se incluirá una cláusula llamada de conciencia. Esta cláusula consiste en la protección que tendrá el o la periodista de no ser obligado a realizar trabajos contrarios a su conciencia o a normas éticas generalmente aceptadas en el ejercicio de su profesión, y a no sufrir sanciones por parte de los directores o patronos a causa de sus opiniones o informaciones en el desempeño profesional. Cuando tal situación se produzca, el trabajador (a) podrá invocar esta cláusula para permanecer en su puesto o para dar por roto el contrato de trabajo por justa causa, con la garantía de recibir las indemnizaciones y prestaciones legales previstas en el Código de Trabajo.

Artículo 5 - Casos para Invocar la cláusula

El o la periodista podrá invocar la cláusula de conciencia para dar por finalizada su relación laboral cuando la empresa para la cual trabaja cambie la política informativa, por diferentes razones, y la nueva orientación editorial que se le dé a la empresa riña con sus valores y creencias.

Artículo 6 - Plazo para solicitar la cláusula

El plazo del o la periodista para acogerse a la garantía establecida en los artículos anteriores será de seis meses, contados desde el momento en que se produjo el hecho que se considere violatorio. Los tribunales de trabajo serán los competentes para conocer de las violaciones a las anteriores normas.

Artículo 7 - Sanción a las empresas de radio y televisión

A las empresas de radio o televisión, y a las empresas independientes arrendatarias de ese tipo de espacios, que incumplan su obligación de preservar una copia del material transmitido, según lo establecido en el artículo 9 de esta ley, se les impondrá una multa equivalente a cinco salarios mínimos de periodista. En caso de reincidencia, la multa será el equivalente a diez salarios mínimos, la segunda vez y de quince salarios mínimos las veces posteriores.

Artículo 8 - Sede jurisdiccional

Los procesos para conocer y juzgar las infracciones en lo dispuesto por el artículo anterior se tramitarán según lo previsto en el Código Procesal Penal, en los Juzgados de Contravenciones, del Poder Judicial.

CAPITULO 3
“REFORMAS Y DEROGATORIAS”

Artículo 9 - Adición a la Ley de Radio y Televisión

Adiciónese un artículo 12 bis, a la “Ley de radio y televisión”, Ley 1758, del 19 de junio de 1.954 y sus reformas, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 12 Bis.-

Los servicios de radiodifusión sonora o televisiva de libre recepción y los servicios de televisión por cable o satélite, respecto de sus programas de origen nacional, estarán obligados a dejar copia o cinta magnetofónica y a conservarla durante quince días, de toda noticia, entrevista, charla, comentario, conferencia, disertación, editorial, discurso o debate que haya transmitido".

Artículo 10 - Reforma al Código Procesal Penal

Refórmese el artículo 206 del Código Procesal Penal, Ley 7594, del 10 de diciembre de 1.996, para que se lea de la siguiente manera:

"Artículo 206- Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre Secretos de Estado.

Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención.

Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada".

Artículo 11 - Reforma al Código Penal

Refórmese el artículo 151 del Código Penal, Ley 4573 y sus reformas, del 15 de noviembre de 1.970, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 151- Cuando los juicios e informaciones desfavorables u ofensivas publicadas se dirijan contra quienes hayan ejercido, ejerzan o aspiren a ejercer cargos públicos, y del contexto y ocasión de las manifestaciones se deduzca que el autor procedió en la defensa de un interés público legítimo al darlas a conocer y que no fueron hechas con el ánimo de ofender o dañar, el Tribunal competente está facultado para absolver al querellado de toda pena".

Artículo 12 - Derogatoria

Deróguese el artículo 307 del Código Penal, Ley No. 4573 y sus reformas, del 15 de noviembre de 1.970.

Rige a partir de su publicación.

Alicia Fournier Vargas
Diputada

Sonia Villalobos Barahona
Diputada

José Merino del Río
Diputado

Carlos Villalobos Arias
Diputado

Justo Orozco Alvarez
Diputado

 

LEY DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA
(Directores de medios)

Expediente No. 14447
Exposición de motivos

La legislación aplicable a las libertades de expresión y prensa en Costa Rica, así como su desarrollo jurisprudencial, colocan al país en una situación de lamentable atraso en relación con las normativas imperantes en las democracias más avanzadas.

Esa situación daña el prestigio democrático de nuestra nación, bien ganado en tantas otras materias, y restringe el derecho de los costarricenses a informarse e informar. Y, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "…es posible afirmar que una sociedad que no está plenamente informada no es plenamente libre."

Lo que se requiere no es eliminar los límites que el honor fija a la libertad de expresión y prensa, sino señalar que ambos valores o derechos se limitan recíprocamente y su equilibrio debe tomar en cuenta circunstancias diversas, en particular, los casos en que media interés público y –de forma general-- la función indispensable que la libertad de expresión desempeña en la dinámica de la democracia. Así, la responsabilidad del informador debe surgir cuando no medie interés público y cuando actúe con manifiesta mala fe.

También cabe señalar que el derecho de réplica, incluido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional (11 de octubre de 1989) estableció un mecanismo sencillo, expedito y eficaz (el amparo) para que cualquier ciudadano rectifique informaciones "inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio". De este modo, y aunque a veces ha sido esgrimido como mecanismo de presión contra la prensa, ha garantizado legalmente lo que era una práctica bastante generalizada en los medios de comunicación más responsables del país: abrir su tiempo y espacio al debate, la discrepancia y las aclaraciones.

Los fallos de la Sala IV se han encargado, a lo largo del tiempo, de fijar puntos de referencia más claros para el ejercicio de esta figura.

Por sus características procesales y la rapidez de resolución, el derecho de réplica es un instrumento eficaz para tutelar el derecho al honor o el buen nombre; además, hace más compatible esa tutela con un clima de discusión pública intenso y sano, como necesita cualquier democracia.

Para calibrar el rezago de Costa Rica en cuanto a la legislación aplicable a la prensa, basta comparar su actual situación con la de Argentina, cuyo Código Penal inspiró la legislación vigente en nuestro país. Argentina dejó atrás las normas que nuestro Código Penal conserva y promulgó la legislación más abierta y avanzada de América Latina.

Otra muestra del anacronismo es la supervivencia de la Ley de Imprenta de 1902, al amparo de la cual, no hace mucho, se cometía el exceso de condenar penalmente a los directores de medios sin examinar su participación en la comisión del delito y mucho menos su intencionalidad. Se aplicó así la responsabilidad objetiva en lo penal, a la usanza del Medioevo, hasta el año 1988.

Mientras muchas democracias de avanzada abrazan el principio de que los posibles abusos cometidos en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa no son materia del derecho penal, en nuestro país rige una legislación restrictiva, de índole penal, que limita con fuerza la posibilidad de difundir informaciones, ideas y opiniones.

La despenalización de las faltas cometidas en el ejercicio de estas libertades fundamentales tiene una larga tradición en el derecho anglosajón, que se pronuncia por la reparación civil del daño. Eso sí, aun la responsabilidad civil sólo surge cuando la conducta reprochada se aparta de normas muy claras sobre la exclusión de toda responsabilidad, al amparo del interés público, la ausencia de dolo y otras causas de justificación.

El principio se extiende ahora a países que siguen otras tradiciones jurídicas, y no es casualidad que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos recomendara la despenalización cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa le consultó un proyecto de ley que pretendía introducir reformas en la materia. En forma idéntica se ha expresado la Relatoría especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, el atraso de nuestro país es tal que, antes de plantear el profundo debate de la despenalización y las garantías que aún en el ámbito civil deben otorgarse a las libertades de expresión y prensa, urge una reforma sencilla que incorpore a los procesos penales normas mínimas y casi universalmente aceptadas en el mundo democrático para garantizar la amplitud del debate público y el examen minucioso de los asuntos de interés general.

Muchas de esas normas asoman en la legislación vigente, pero no están definidas con claridad y su evolución jurisprudencial las ha vaciado de funcionalidad.

Por eso, esta propuesta de ley replantea esos principios de manera que el texto de la ley ayude a una recta interpretación jurisprudencial en beneficio de las libertades de expresión y prensa, cuyos límites se fijan cuidadosamente en virtud de su significado para la democracia.

Por las mismas razones, conviene evitar la tentación de redactar una ley de prensa cuando muchos de los problemas existentes pueden ser corregidos por vía de la reforma. Las leyes específicas de prensa tienden a introducir más restricciones de las que eliminan y, por su naturaleza, crean regímenes especiales distanciados del meollo del tema. No se trata de crear privilegios o estatutos especiales para la prensa como institución o los periodistas como profesionales, sino de ampliar el ejercicio de un derecho humano fundamental a todos los ciudadanos. Las normas resultantes deben ser aplicables a los periodistas y a cuantos utilicen los medios de comunicación, sin que importe cuán esporádicamente lo hagan.

Sólo así adquirirán plena vigencia las garantías del artículo 29 de la Constitución Política y los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En fin, como señala el autor estadounidense Paul K. McMasters, citado por el constitucionalista costarricense Dr. Rubén Hernández Valle: "Libertad e independencia para la prensa no son un privilegio especial para los periodistas. Es una protección especial para el pueblo".

En virtud de las anteriores consideraciones se plantean las reformas a un limitado grupo de artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil, que a continuación se explican:

Reforma al artículo 149 del Código Penal
La norma vigente sobre la prueba de la verdad contenida en este artículo opera, en la práctica, como una inversión del principio constitucional de presunción de inocencia. En efecto, a tenor de este artículo, los acusados de cometer delitos contra el honor son culpables hasta que demuestren lo contrario. Reiterada jurisprudencia nacional deja en claro que lejos de constituir una eximente de responsabilidad, la prueba de la verdad se ha convertido en una inadmisible inversión de la carga de la prueba.

En la práctica judicial, la prueba de la verdad (o la falta de esa prueba) ha tomado precedente sobre toda otra causa válida de exclusión del delito o justificación, como el interés público y la ausencia de dolo, aunque el artículo vigente hace clara referencia al "puro deseo de ofender" o "espíritu de maledicencia".

Por otro lado, el interés público aparece en el artículo vigente como condición para que sea admisible la prueba de la verdad y no como un elemento independiente que ayude a configurar la ausencia de "animus injuriandi" (deseo de ofender).

En los ordenamientos modernos, la prueba de la verdad coexiste con otras causas de exclusión del delito o justificación, como la defensa de un "interés legítimo" en la legislación alemana o el "derecho de crónica" en la italiana, además del cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho. La virtud de estas causas de exclusión del delito o justificación independientes es que, aun en presencia de un error o ante la imposibilidad de probar la verdad, la conducta del informador puede ser considerada justificada o no constitutiva de delito.

Es común en las democracias que la prensa denuncie los actos de corrupción cuando comienzan a aflorar y no pueden ser probados a plenitud. También ocurre que un informador posea plena prueba de su dicho al momento de la publicación, pero cuando enfrenta la causa por injurias o calumnias, el documento ha desaparecido o el testigo ocular varía su declaración, recibe amenazas, deja el país o muere. Así se cae en el injusto supuesto de que una conducta totalmente ajustada a derecho resulta punible por causas fortuitas.

Por otra parte, los ordenamientos modernos dan a la verdad un trato bien distinto. Aceptan que las pruebas, revestidas de la certeza necesaria en el procedimiento penal, no siempre pueden ser exigidas al periodista sin menoscabo de la libertad de expresión y su útil función democrática.

Esos ordenamientos también reconocen que el informador puede equivocarse o desconocer la falsedad del hecho divulgado porque confió en documentos o fuentes con historial de fiabilidad o posiciones de relevancia.

En España, por ejemplo, reiterada jurisprudencia exige, solamente, la "veracidad ex ante" (es decir, al momento de realizarse la publicación), basada en el cumplimiento de la diligencia debida, que permite al informador una creencia racionalmente fundada en la veracidad de la información, aunque luego no resulte verdadera. El Tribunal Constitucional español ha sido aún más explícito al manifestar: "De imponerse la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio".

En Italia, se ha hablado de la "verosimilitud" para extender la protección del derecho de crónica a quien informe de un hecho que luego resulte falso. A su vez, en Estados Unidos, la célebre sentencia del caso Sullivan vs. New York Times declaró, en 1964, que la amplitud del debate democrático exige tolerar un grado de falsedad cuando no sea mal intencionada.

Pero en la práctica costarricense ocurre que a falta de prueba de la verdad, la consideración del dolo o la existencia del interés público pierden toda relevancia en estrados judiciales. Pese a la doctrina casi unánime de que estos delitos sólo son punibles a título de dolo directo, como se entiende el "animus injuriandi".

Este desafortunado desarrollo práctico de la norma vigente hace indispensable adoptar una redacción que asigne la carga de la prueba a quien le corresponde según la disposición constitucional y los principios generales recogidos por la doctrina del Derecho Penal. También es importante que la normativa recoja, como causas independientes de justificación o exclusión del delito, la existencia de interés público y la ausencia de "animus injuriandi" o dolo.

Reforma al artículo 151 del Código Penal
Precisamente, este artículo, de restringida aplicación en nuestros tribunales por las razones citadas, recoge como causas de justificación independientes el interés público, el ejercicio de un deber, el ejercicio de un derecho o de la crítica.

La redacción propuesta en esta reforma sólo aclara que en presencia de estas causas de justificación, no hay punibilidad ni conducta ilícita, y define con mayor amplitud las materias objeto de la norma para que las causas de justificación operen donde hay interés público.

La inexistencia del ilícito, en este caso, es de suma importancia para excluir consecuencias civiles igualmente lesivas para la libertad de expresión.

De esta forma, es de esperar que el artículo reformado cumpla la útil función asignada a la "defensa de un interés legítimo" en la legislación alemana.

"La función que la defensa de intereses legítimos tiene en el derecho alemán es distinta, y de primerísima importancia para el periodista; entra en juego cuando la prueba de la veracidad de la imputación injuriosa no se puede hacer, no porque no es admitida sino por la falta de medios probatorios idóneos o, inclusive, porque la imputación injuriosa simplemente es falsa", dice el Dr. Kurt Madlener, del Instituto Max Planck de Derecho Penal, en un interesante artículo que contrasta la legislación alemana con la costarricense.

Reforma al artículo 152 del Código Penal
La norma vigente se contrapone, frontalmente, al principio de reproducción fiel aceptado en las legislaciones modernas. Este principio exime de responsabilidad a quien sólo preste los medios materiales necesarios para difundir el mensaje que a posteriori resulte antijurídico, o a quien sólo reproduzca, en el marco de una información u opinión sobre temas de interés público, el dicho de terceros.

El prestigioso constitucionalista Rubén Hernández Valle explica el problema y la solución adoptada por los tribunales españoles en los siguientes términos: "También hay que hacer alusión a la denominada doctrina del reportaje neutral, que es aplicable a aquellos casos en que un medio de comunicación se limita a dar cuenta de declaraciones o afirmaciones de terceros, que resultan ser atentatorias contra los derechos al honor y a la intimidad. En estos casos, el Tribunal Constitucional español ha entendido que el deber de diligencia se cumple "con la constatación de la verdad del hecho de la declaración ", pero no se extiende en principio a la constatación de veracidad de lo declarado pues tal responsabilidad sólo sería exigible, por lo general, al autor de la declaración".

En ausencia del reconocimiento de esos principios, ninguna otra norma de nuestro ordenamiento jurídico es responsable de tantos casos de censura previa. Los medios de comunicación se debaten entre el cumplimiento de la ley, que desplaza hacia ellos la responsabilidad por los delitos contra el honor surgidos de manifestaciones de terceros, y la garantía constitucional que prohíbe la censura previa.

La norma también se contrapone a la lógica de los fueros especiales otorgados a funcionarios públicos para garantizar la amplitud del debate democrático. Vale señalar que, en este momento, las amplias garantías de expresión otorgadas a los diputados en el Plenario no cumplen función alguna de cara a la ciudadanía, pues la norma de comentario impide que las manifestaciones de los legisladores trasciendan el recinto del Congreso.

Los costarricenses tampoco son libres de manifestarse mediante espacios pagados en la prensa nacional sin que un censor, obligado por ley, haga una revisión previa y un juicio sumario del potencial difamatorio o injurioso de sus expresiones.

Reforma al artículo 307 del Código Penal
El desacato es la más desacreditada limitación a la libertad de expresión de cuantas sobreviven en los ordenamientos jurídicos menos avanzados del mundo democrático.

La institución, de fuerte raigambre autocrática, otorga el odioso privilegio de un fuero especial a los funcionarios públicos, cuando la doctrina moderna más bien aconseja que el rango del escrutinio a quienes ejercen cargos públicos sea más amplio que el permitido sobre el ciudadano común.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que las leyes destinadas a proteger el honor de los funcionarios públicos en sus actuaciones oficiales les otorgan una injustificada protección, que no se concede a los demás miembros de la sociedad.

La norma vigente tipifica dos conductas distintas: la que confiere al funcionario público un régimen de excepción frente a posibles ofensas, y la que le brinda una protección ampliada ante las amenazas.

Este último elemento parece razonable y debe ser el único contenido del tipo penal. Se eliminaría así la excepción vigente a favor de quienes sirven al público.

Reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal
El secreto profesional otorgado por nuestra legislación a quienes ejercen actividades que les permiten conocer secretos y datos confidenciales debe ampliarse a los periodistas, para garantizar el derecho a recabar e investigar informaciones.

No se trata, como se ha mal interpretado, de un derecho que exime al periodista de la obligación de fundamentar sus informaciones. Se trata del derecho a reservarse el origen de los datos utilizados en esas informaciones y garantizar a las fuentes que no sufrirán las consecuencias de su publicación.

El uso de fuentes no identificadas en el periodismo sólo es admisible cuando se cumplen condiciones, como el peligro grave e inminente para la persona que ofrece la información y la imposibilidad de atribuirla a otra fuente documental o personal que pueda ser identificada. Aun en esos casos, el uso de la fuente no identificada sólo subraya y agrava la responsabilidad del periodista si lo publicado resulta reprochable para el Derecho Penal.

Reforma al artículo 380 del Código Procesal Penal
Esta norma otorga un plazo angustioso de cinco días para contestar querellas por delitos contra el honor, oponer excepciones, ofrecer pruebas, recusar a los funcionarios judiciales, si procede, e impugnar la acción civil resarcitoria, oponiéndole excepciones y ofreciendo pruebas.

Los litigios en esta materia generalmente tratan asuntos complejos; llevan aparejada la necesidad de recabar pruebas dispersas y hacer un cuidadoso análisis de la querella y la publicación que le da origen. El perentorio plazo fijado por la norma vigente arriesga crear indefensión e introduce un importante desequilibrio en favor del querellante. Éste goza de un plazo de prescripción de dos años para promover la acusación, mientras el querellado tiene cinco días para defenderse.

La ampliación del plazo a 15 días, propuesta en esta reforma, garantiza la defensa del querellado y es conforme con el artículo 8, inciso c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pide garantizar al inculpado el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, pues reconoce a toda persona el derecho de ser oído "dentro de un plazo razonable…".

Reforma al artículo 31 del Código Procesal Penal
El nuevo Código Procesal Penal reformó las reglas de la prescripción aplicables a los delitos contra el honor. Hasta ese momento, las reglas incorporadas al Código Penal establecían un plazo de un año para la extinción de la acción penal y la pena. Hoy, a tenor del artículo 31 inciso b) del Código Procesal Penal, el plazo se amplió a dos años, que se interrumpen con la presentación de la querella, a partir de la cual corre un nuevo plazo de un año.

El plazo general de dos años fijado para las contravenciones y los delitos que no tienen pena privativa de libertad no contempla, como excepción, el caso de los delitos de prensa.

Empero, el trato diferenciado es totalmente justificable. En el caso del periodismo, la amenaza del proceso judicial, que en sí mismo implica fuertes erogaciones y la inversión de tiempo, amén de las reservas necesarias para enfrentar el posible resultado adverso, se presta para ejercer presiones sobre la labor informativa; especialmente cuando los querellados son medios de comunicación pequeños y financieramente vulnerables.

Por otra parte, por la naturaleza misma de los delitos contra el honor cometidos mediante la prensa, el conocimiento del hecho es inmediato y el ejercicio de las acciones que correspondan, si existe interés del afectado por iniciar la acción, puede hacerse, perfectamente, en el curso de un año.

El Dr. Santiago Cantón, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), señala sin ambages entre los métodos utilizados con más frecuencia para coartar la libertad de expresión, además de los asesinatos, amenazas e intimidaciones, "la utilización de la legislación interna para entablar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación..."

Esa forma de coacción adquirió una vida jurídica extendida a partir de la vigencia del Código Procesal Penal, que abandonó el plazo más razonable fijado por la legislación anterior.

Derogatoria del artículo 7 de la Ley de Imprenta
Este artículo sanciona a los responsables de delitos de calumnia e injuria cometidos por medio de la prensa con una pena de arresto de uno a ciento veinte días, que sufren conjuntamente los autores de la publicación y los editores responsables del medio. Si no existiere un editor responsable, se tiene como tal al director del medio.

Esta norma, se alega, está derogada por los delitos tipificados posteriormente en el Código Penal, pero la Sala Constitucional determinó que ese problema de vigencia en el tiempo respecto a los artículos 145, 147 y 152 del Código Penal, es una cuestión de ilegalidad y no de constitucionalidad (voto 2996 –92). Por considerar que esta materia debe ser regulada en el Código Penal, proponemos la derogatoria de este artículo 7, pues conduce a la censura previa prohibida por la Constitución Política.

Adición de un artículo 1048 bis al Código Civil
Poco desarrollo legislativo explícito existe en materia de reparación civil del daño causado mediante el posible abuso de las libertades de prensa o expresión. Las reparaciones en ese ámbito deben estar sujetas a similares principios que los expuestos para la legislación penal, pues si el fin es proteger la amplitud del debate democrático, un tratamiento dispar en el derecho civil podría anular los avances logrados en el ámbito penal.

En ese sentido, el proyecto de "Ley de libertad de prensa" presentado por el diputado Belisario Solano propone la creación de un artículo 1048 bis del Código Civil, que define las reglas de la reparación siguiendo los lineamientos del interés público, el principio de reproducción fiel y el "animus injuriandi".

La armonización de esos principios en el ordenamiento penal y civil es deseable para que operen a plenitud y se ensanchen las libertades de expresión y prensa. Por eso, esta propuesta recoge, en esencia, la del diputado Solano.

El presente proyecto de ley fue presentado ante la Oficina de Iniciativa Popular por los directores de los medios de comunicación y acogido por varios señores diputados.

Por los motivos expuestos, se presenta a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley:

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Decreta:
Ley de libertad de expresión y prensa

ARTÍCULO 1.- Refórmase el artículo 149 del Código Penal, que se leerá así:

"Artículo 149

Elementos probatorios

En asuntos de interés público solo existe injuria, difamación o calumnia si se demuestra que los hechos divulgados por el querellado son falsos y que, además, esa divulgación se hizo con evidente menosprecio por la verdad y por el puro deseo de ofender".

ARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo 151 del Código Penal, que se leerá así:

"Artículo 151

Exclusión de delito

No constituyen ofensas al honor las informaciones, las expresiones humorísticas y las opiniones o juicios desfavorables difundidos en el cumplimiento de un deber, en el ejercicio de un derecho o de la crítica profesional, literaria, artística, histórica, científica, política, deportiva o de cualquier otra actividad o disciplina de interés público.

ARTÍCULO 3. - Refórmase el artículo 152 del Código Penal, que se leerá así:

Artículo 152

Reproducción fiel

No delinque quien reproduzca fielmente informaciones u opiniones emitidas por un tercero, ni quien solo facilite al autor el medio necesario para la publicación, difusión o venta de las manifestaciones calificadas como injuriosas, calumniosas o difamatorias. Solo será responsable cuando tenga conocimiento de que la información es falsa o fue emitida por el puro deseo de ofender.

ARTÍCULO 4.- Refórmase el artículo 307 del Código Penal, que se leerá así:

"Artículo 307

Desacato

Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que amenazare a un funcionario público a causa de sus funciones dirigiéndose a él personal o públicamente o mediante comunicación escrita, telegráfica o telefónica o por la vía jerárquica".

ARTÍCULO 5.- Refórmase el artículo 206 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

"Artículo 206

Deber de abstención

Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre secretos de Estado".

Sin embargo, estas personas, con excepción de los ministros religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención.

Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada.

ARTÍCULO 6.- Refórmase el artículo 380 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

"Artículo 380

Querella y traslado

La querella será presentada ante el tribunal de juicio, que dará audiencia al querellado para que, en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación de todos los querellados, si fueren varios, manifieste lo que considere conveniente en su defensa, ofrezca la prueba conforme a las reglas comunes, y oponga las excepciones y recusaciones que estime conveniente. Cuando se haya ejercido la acción civil, en esa misma oportunidad se le dará traslado".

ARTÍCULO 7.- Adiciónese un inciso c) al artículo 31 del Código Procesal Penal, que se leerá así:

"Artículo 31 Plazos de prescripción de la acción penal.

Si no se ha iniciado la persecución penal, la acción prescribirá

Después de transcurrido un plazo igual al máximo de la pena, en los delitos sancionables con prisión; pero, en ningún caso, podrá exceder de diez años ni ser inferior a tres.

  • A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones.

  • Al año, en los delitos contra el honor cometidos por medio de la prensa".

ARTÍCULO 8.- Derógase el artículo 7 de la Ley de Imprenta No. 32 del 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley No. 7 del 15 de mayo de 1908 y sus reformas.

ARTÍCULO 9.- Adiciónase un artículo 1048 bis al Código Civil, que se leerá así:

"Artículo 1048 bis

Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.

La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés público que puedan afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo del autor. Solo se entenderán reunidos esos extremos cuando el agraviado demuestre la falsedad de los hechos y el dolo con que fueron difundidos pese al conocimiento de su falsedad por el autor, o su temerario desinterés por la verdad.

La formación o difusión, por cualquier medio, de juicios de valor referidos a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de responsabilidad civil. Se consideran también juicios de valor las expresiones humorísticas.

Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero y cuarto, se limiten a la reproducción fiel de información vertida por otros medios de difusión, autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si ésta se mantuviere en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto".

Rige a partir de su publicación.

ACOGIDO PARA SU TRÁMITE POR LOS DIPUTADOS:
Belisario Solano Solano Ovidio Pacheco Salazar
Abel Pacheco de la Espriella Otto Guevara Guth
DIPUTADOS


LEY DE LIBERTAD DE PRENSA
(Belisario Solano)

Expediente Nº 14.342

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Pese a su papel en la sociedad, la prensa nacional se siente reprimida, principalmente por una legislación anticuada que necesita ser reformada cuanto antes.

Este criterio es respaldado por organismos internacionales como Freedom House, el cual ubica a Costa Rica entre los países con una libertad de expresión parcial, o la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual advierte la urgencia de impulsar reformas legales en el país.

Para la UNESCO en toda sociedad, la libertad de información es fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas, el buen gobierno y el imperio de la ley. Su supresión acarrea consecuencias funestas para la cohesión y la estabilidad sociales. Cuando se renuncia a esta libertad, independiente de las razones que se aduzcan para ello, lo más probable es que se produzca un conflicto.

Un editorial del Washington Post de 23 de noviembre de 1999, apuntaba que "en muchas partes del mundo, ser independiente es peligroso".

Tan riesgosa es esta profesión que 218 periodistas han sido asesinados en once años en América Latina y en la casi totalidad de los casos los culpables siguen sin castigo.

El Presidente del Banco Mundial, James Walfensohn, ha declarado categóricamente que "la prensa libre no es un lujo".

La libre emisión del pensamiento es uno de los temas más ampliamente debatidos en los últimos años. El desacato, los delitos de expresión, la responsabilidad de los medios, el secreto profesional, la malicia real y la censura han figurado en la agenda de discusión a lo largo de varias décadas.

En Costa Rica, normas jurídicas como la injuria, la difamación y la calumnia vienen a tutelar el honor de las personas respecto a su imagen y estima.

Sin embargo, han quedado barreras que a juicio de la prensa constituyen elementos por los cuales en nuestro país no se puede hablar de una verdadera libertad de expresión.

Distintas organizaciones han manifestado la necesidad de que el país apruebe legislación que elimine las restricciones a la prensa, en concordancia con el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos que establece: "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y difundirlas, sin limitación de frontera por ningún medio".

Aunque también el artículo 29 de nuestra Constitución Política consagra la libertad de expresión y la libertad de prensa, lo cierto del caso es que se requiere reformas urgentes para garantizar este principio.

No basta con las buenas intenciones de reformar la normativa vigente con el fin de establecer principios que favorezcan la libre emisión del pensamiento y la protección a la libertad de prensa, pues las iniciativas hasta ahora planteadas no han contado con el respaldo de los sectores.

Es por ello que hoy se presenta a consideración de los señores diputados un proyecto de ley que busca eliminar algunas limitaciones a estos derechos fundamentales en toda sociedad democrática.

La iniciativa es muy simple y pretende reformar el Código Penal, el Código Civil y el Código Procesal Penal.

  1. Se busca reformar el artículo 151 del Código Penal para que no sean punibles las informaciones o juicios de valor difundidos sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, personalidades públicas o particulares, cuando estos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.

  2. En el caso de publicación de ofensas se pretende exonerar de responsabilidad penal a quien reproduzca fielmente informaciones o juicios de valor ya vertidos por otros medios, o las manifestaciones críticas formuladas en público por cualquier persona.

  3.  
  4. En materia civil se establece que el perjudicado debe probar la supuesta falsedad de las informaciones y el dolo o culpa del autor. Asimismo se pretende incluir a los periodistas entre los profesionales que pueden alegar el secreto profesional con el fin de proteger su fuente.

  5.  
  6. La iniciativa busca la reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal para que los periodistas sean incluidos dentro de los profesionales que pueden alegar el derecho al secreto profesional.

  7.  
  8. Se plantea la derogatoria del artículo 309 del Código Penal para que se elimine la figura del desacato.

Por los motivos antes expuestos me permito presentar a consideración de los señores diputados el presente proyecto de ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE LIBERTAD DE PRENSA

ARTÍCULO 1.- Derógase el artículo 7 de la Ley de Imprenta Nº 32 de 12 de julio de 1902, revalidada por la Ley Nº 7 de 15 de mayo de 1908 y sus reformas.

ARTÍCULO 2.- Adiciónase un párrafo segundo al artículo 151 del Código Penal, que se leerá de la siguiente manera:

"Artículo 151.-

(…)

Tampoco será punible la difusión por cualquier medio, de informaciones o juicios de valor que versaren sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Se entiende por juicio de valor también las expresiones humorísticas."

ARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo 152 del Código Penal, que se leerá de la siguiente manera:

"Artículo 152.- Publicación de ofensas. El que a sabiendas de su carácter injurioso o calumnioso reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de injurias o calumnias de que se trate, salvo que se dieren las circunstancias definidas en el párrafo segundo del artículo 152.

No serán punibles quienes reproduzcan fielmente informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público ya vertidas por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, o por un particular.

No serán punibles las manifestaciones críticas formuladas en público por cualquier persona siempre que dichas manifestaciones tengan las demás características señaladas en el párrafo segundo del artículo 152."

ARTÍCULO 4.- Adiciónase un artículo 1048 bis al Código Civil, que se leerá de la siguiente manera:

"Artículo 1048 bis.- Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.

La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés público que pueda afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos se dará si el afectado por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo o culpa grave del autor. Solo se entenderán reunidos en esos extremos cuando quien se sintiere agraviado demostrare la falsedad de los hechos, la real malicia con que fueron difundidos pese al conocimiento de esa falsedad por el autor o su temerario desinterés por la verdad.

La formulación o difusión por cualquier medio, de juicios de valor referidos a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de responsabilidad civil. Se entiende por juicios de valor también las expresiones humorísticas.

Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero y cuarto se limiten a la reproducción fiel de información ya vertida por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si ésta se mantuviere en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto."

ARTÍCULO 5.- Refórmase el artículo 206 del Código Procesal Penal, para que en adelante se lea:

"Artículo 206.- Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión los ministros religiosos, abogados y notarios, periodistas, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y demás auxiliares de las ciencias médicas, así como los funcionarios públicos sobre Secretos de Estado.

Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.

En caso de ser citadas, estas personas deberán comparecer y explicar las razones de su abstención.

Si el Tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará la declaración mediante resolución fundada."

ARTÍCULO 6.- Derógase el artículo 309 del Código Penal, sobre el tipo penal del desacato.

Rige a partir de su publicación.

Belisario Solano Solano
DIPUTADO
3 de mayo del 2001, dr.- (Solamente se le dio formato)
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.


MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL LEY No. 7135 DEL 11 DE OCTUBRE DE 1989
(José Merino del Río)

Expediente No.
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El derecho de rectificación y respuesta es una garantía fundamental que deriva del derecho que deben tener todas las personas en un Estado democrático a expresar libremente sus ideas sin ser perseguidas por ello.

En nuestro país el derecho a la libertad de expresión se encuentra consignado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual señala que todos pueden "comunicar sus pensamientos de palabra y por escrito y publicarlos sin previa censura", así como en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José que establece que toda persona tiene "libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento o elección."

Este derecho es además una garantía para el sostenimiento y el fortalecimiento de todo régimen verdaderamente democrático, en la medida que permite la coexistencia y la libre manifestación de una pluralidad de ideas y formas de pensamiento.

Es por lo anterior que una grave amenaza para la democracia se constituye no sólo cuando la libertad de expresión es cercenada por el Estado, sino también, cuando los medios de comunicación colectiva formadores de opinión pública, bajo el control de determinados grupos de poder, monopolizan el libre acceso a la difusión masiva del pensamiento, difundiendo únicamente ciertas posiciones o líneas de pensamiento, sin darle la oportunidad a quienes piensan de forma distinta o son afectados en sus derechos por determinada publicación, a manifestar otros puntos de vista.

Frente a esta amenaza, es justamente que surge el derecho de rectificación y respuesta. Como un mecanismo que le permite a personas, grupos o movimientos sociales, que sufren las consecuencias de publicaciones relacionadas directamente con ellos que sean erróneas o inexactas, o que contengan ataques o comentarios ofensivos y agraviantes, y que no cuentan con el poder económico o político necesario para incidir sobre los medios de comunicación, exigir que se publiquen sus aclaraciones y rectificaciones, y que sus puntos de vista también sean difundidos.

De acuerdo con el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos toda persona que se sienta afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por medios de difusión "tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley."

No se trata únicamente de una garantía para la persona agraviada, ya que también lo es para todos los miembros de la comunidad que así tienen la posibilidad de conocer criterios diversos y formarse una opinión estando más ampliamente informados.

Para la Sala Constitucional el derecho de rectificación y respuesta "tiene por finalidad principal, la efectiva protección de la honra y reputación de la persona, frente a publicaciones indebidas, por ser ‘inexactas o agraviantes’ transmitidas a través de los medios de comunicación colectiva. Nace este derecho por necesidad de proteger estos principios, y de lograr un mayor equilibrio entre el poder de los medios de información colectiva en la formación de opinión, y los mecanismos efectivos de defensa que tiene el particular para la protección de sus derechos fundamentales. No constituye este derecho, como algunos lo han pretendido, un límite a la libertad de prensa, sino por el contrario, nace como consecuencia de su mal uso o abuso, y es uno de los mecanismos legales de defensa que posee el ciudadano, -el más rápido y efectivo-, para restablecer su buen nombre y reputación (...)" (Sala Constitucional, Voto No. 8509-97)

En Costa Rica el principal instrumento para hacer efectiva la rectificación se encuentra contemplado en el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual establece que procede la interposición del recurso de amparo por toda persona, para exigir este derecho frente a publicaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por los medios de difusión que se dirijan al público en general. Mediante la interposición de este recurso, los ciudadanos pueden lograr la publicaciones de sus respuestas o aclaraciones cuando el medio de comunicación, previa solicitud hecha por la persona agraviada, se ha negado ha realizar dicha publicación.

Sin embargo, a pesar del gran avance que representa la consagración de esta garantía en nuestra legislación, existe una omisión en la redacción del artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional que ha impedido en la práctica, el amparo y la protección jurisdiccional del derecho de rectificación y respuesta en todos los casos en que debería estar garantizado.

Efectivamente, cuando el artículo 66 mencionado hace referencia a los supuestos en que cabe la interposición del recurso de amparo señala que éste es procedente por "informaciones inexactas o agraviantes", sin hacer referencia a los artículos o "columnas" de opinión.

Esta omisión ha sido interpretada restrictivamente por la Sala Constitucional, la cual ha señalado en su jurisprudencia que al referirse el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional a "informaciones", esto debe entenderse como reportajes o publicaciones periodísticas de carácter informativo, excluyéndose por tanto los artículos o comentarios de opinión que se publican en los medios informativos dirigidos al público en general.

Así por ejemplo, en su Resolución No. 5856-97 de las 15:42 horas del 19 de setiembre de 1997 la Sala señaló que de conformidad con la ley el derecho de rectificación y respuesta procede únicamente respecto a "hechos publicados" de carácter inexacto a agraviante y no contra "ideas u opiniones personales de su autor -buenas o malas, se las comparta o no-".

Sin embargo, no cabe duda de que un artículo de opinión puede contener expresiones igual o hasta más ofensivas y agraviantes en perjuicio de las personas que una publicación de carácter meramente informativo. Los ejemplos sobran en nuestro medio.

Es más, por la naturaleza misma de los artículos o las columnas de opinión, es decir justamente, porque se trata de "ideas u opiniones subjetivas" que no requieren un señalamiento de las fuentes o las "pruebas" en las que se sustentan, es mucho más fácil que estos sean utilizados por quién tiene acceso a publicarlos, para difundir comentarios o manifestaciones agraviantes que afecten los derechos, la imagen o la reputación de otras personas físicas o jurídicas.

No se cuestiona, el derecho que tiene todo ciudadano de manifestar libremente sus criterios y opiniones sobre cualquier tema. Por el contrario, se busca fortalecerlo, de manera que quienes han sido directamente aludidos por los comentarios publicados también tengan la posibilidad de difundir las suyas.

Fortalecer el derecho de respuesta es esencial para fortalecer la democracia. En el caso de los artículos de opinión, en la medida que contribuyen a formar criterio en la ciudadanía sobre un determinado asunto de interés público, con mucha más razón es indispensable que no impere un "pensamiento único" acomodado a los intereses de algún grupo de poder.

Por otra parte, es falso que únicamente las publicaciones periodísticas de carácter informativo difundan "hechos" que puedan ser inexactos. Es muy común que las columnas de opinión hagan referencia a hechos o sucesos, y también puede ocurrir (y ciertamente ocurre) que esta referencia sea inexacta o falsa, por lo que no existe razón para restringir el acceso al derecho de rectificación y respuesta en estos casos.

En este sentido, se propone modificar el artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con el objetivo de fortalecer el derecho de rectificación y respuesta tutelado en nuestra Constitución Política y en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica, estableciendo que este derecho también puede ser ejercido por personas afectadas por artículos o columnas de opinión con contenidos inexactos o agraviantes emitidas en su perjuicio por medios de difusión que se dirijan al público en general.

En virtud de las consideraciones expuestas presento ante la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL LEY No. 7135 DEL 11 DE OCTUBRE DE 1989.

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo 66 de la ley de la Jurisdicción Constitucional Ley No. 7135 del 11 de octubre de 1989 para que se lea de la siguiente forma:

"ARTICULO 66.- El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones o artículos de opinión inexactos o agraviantes emitidos en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta ley.

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido."

Rige a partir de su publicación.

JOSÉ MERINO DEL RÍO
DIPUTADO


PROYECTO DE LEY REFORMA AL LIBRO II, DELTITULO II,SECCION I, DEL CODIGO PENAL
(DELITOS CONTRA EL HONOR)
Frantz Acosta Polonio (Diputado)

Reforma al Libro II, del Título II, Sección I,
del Código Penal (Delitos contra el Honor).
Expediente No._________
Asamblea Legislativa:

Vivimos en tiempos de cambio. Poco a poco, los conceptos jurídicos van evolucionando hacia nuevas dimensiones.

Se ha abierto un debate generalizado acerca de las reformas que deben aprobarse en materia de libertad de prensa, dentro de las cuales, indudablemente, ocupa un especial lugar el tema de los delitos en contra del honor.

Es en este aspecto que creemos en que las modificaciones deben ir encaminadas a esa evolución, sin permitir un clima de libertinaje o de represión; de responsabilidad pero no de intimidación.

Los delitos contra el honor nacen por el honor mismo, en tiempos en que la dignidad de las personas justificaba cualquier acción tendiente a mantener una reputación intachable: el honor por el honor. Hoy, el concepto debe ser más racional; nos referimos, entonces, a que los delitos en contra del honor tutelan algo más que intereses personales, van dirigidos a proteger la convivencia pacífica en la sociedad. Así, adquiere especial importancia la defensa del ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin poner en peligro la convivencia social.

Es en esta dirección que presento esta iniciativa, en la que se busca una modernización de las figuras de la calumnia y la difamación, la responsabilidad de los directores de los medios de comunicación, contemplando conceptos como los de "hechos falsos" y de "juicios de valor", ampliando el principio de la prueba de la verdad, para que tenga una verdadera y razonable aplicación.

Por estas consideraciones, me permito presentar a consideración de la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de ley:

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Decreta:

Reforma al Libro II, del Título II, Sección I,
del Código Penal (Delitos contra el Honor).

Artículo 1: Para que se corra la numeración y se incluyan después del Art. 149) del Libro II, del Título II, Sección I, del Código Penal (Delitos contra el Honor); los artículos que se leerán de la siguiente manera:

"Artículo -------. Salvaguardia de Derechos o intereses legítimos.

Carecen del carácter de antijuridicidad, salvo que no se haya observado al hacerlas el deber de informarse debidamente sobre los hechos o que el modo de proceder o la falta de reserva cuando debió haberla demuestren un propósito ofensivo:

  1. Los juicios desfavorables de la crítica literaria, artística, histórica, científica o profesional.

  2. El concepto o juicio desfavorable expresado en cumplimiento del deber o en el ejercicio de un derecho.

  3. Reprensiones o reclamos del jerarca respectivo al subordinado.

  4. Las denuncias, sentencias o resoluciones de un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

  5. Juicios desfavorables o imputación de hechos que resultaren falsos realizados en defensa de un derecho o en defensa de un interés legítimo.

Quien defiende un derecho público o un interés legítimo perteneciente a la comunidad se encuentra en la situación descrita en este inciso."

"Artículo -- . Responsabilidad del director de un medio de comunicación colectiva. El autor de los artículos querellados o de las expresiones, propias o reproducidas de un tercero, es el autor del hecho punible. El director de un medio de comunicación colectiva no responde de artículos o expresiones lesivas al honor publicadas en el medio de comunicación colectiva, por acción o por comisión por omisión, salvo que:

  1. El artículo o la expresión aparezca sin la firma responsable de un periodista o de un tercero.

  2. Pueda probarse que él, conociendo la falsedad de las imputaciones o las expresiones lesivas al respecto debido al ofendido haya approbado su publicación, caso en el cual se aplicarán las reglas comunes sobre participación criminal. La aprobación de lo publicado por el director del medio de comunicación colectiva no se presume, por lo que tiene que ser probada por el querellante.

Artículo 2: Refórmense los artículos 146), 147), 148) y 149), para que en adelante se lean de la siguiente manera:

Artículo 146. Difamación. Si los hechos no constituyen el delito indicado en el artículo 147), es autor de difamación quien, afirme, en presencia del ofendido o en comunicación dirigida a él, o propale hechos falsos concernientes al mismo, que lesionen su derecho al respeto merecido o que sean aptos para poner en peligro el crédito de que goza y seá sancionado con pena de multa de veinte a sesenta días.

Existe el delito de difamación, a pesar de la verdad de los hechos propalados, cuando su propalación no se hace en defensa de un interés público actual o en salvaguardia de un derecho o de un interés legítimo, sino por puro deseo de ofender o por espíritu de maledicencia.

Igual pena sufrirá quien exprese "juicios de valor" que lesionen el derecho al respeto que merece una persona, sea en su presencia o en comunicación dirigida a él, sea ante terceros.

Artículo 147: Calumnia. Será sancionado con cincuenta a ciento cincuenta días multa el que atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho delictivo.

Artículo 148. Ofensa a la memoria de un difunto. Será castigado con la pena de multa de diez a cincuenta días, quien atribuya a un difunto haber realizado dolosamente en vida cualquiera de los hechos a que se refieren los artículos anteriores o exprese juicios de valor que lesionen su memoria.

Artículo 149. Prueba de la verdad. La prueba de la verdad de los hechos atribuidos excluye el carácter típico de la acción en los delitos anteriores, con la salvedad prevista en el párrafo segundo del artículo 146) (Difamación) o del artículo que le correspondiere a éste.

Sin embargo, en la prueba de la verdad se observarán las siguientes reglas:

  1. Si el delito de calumnia, la existencia de una sentencia penal firme, anterior o posterior a la expresión o propalación de los hechos, hará cosa juzagada si ella decide sobre la existencia o inexistencia del hecho o sobre la participación del querellante. En este caso, el proceso por el correspondiente delito contra el honor quedará suspendido hasta que en el proceso en que se conozca el hecho sea fallado con sentencia firme. En el delito de calumnia y ofensas a la memoria de un difunto, la ausencia de un proceso penal o la prescripción de la acción penal, no impedirá la prueba de la verdad, salvo que se trate de delitos de acción o de instancia privada y que éstas no hubieran sido promovidas por su titular.

  1. En el delito de difamación y ofensas a la memoria de un difunto, cuando la existencia del hecho dependa de un proceso de carácter no penal, la sentencia que se dicte será un elemento de libre valoración del juez para apreciar la verdad o falsedad del hecho imputado. El proceso por el delito contra el honor quedará suspendido hasta que en el otro proceso se dicte sentencia firme.

Artículo 3: Fuero especial. Refórmase La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997, artículo 96) inciso 3, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

"Los Tribunales penales de juicio estarán conformados al menos por cuatro jueces y se integrarán en cada caso con tres de ellos, para conocer de los siguientes asuntos:

  1. De los procesos por los delitos de calumnia, difamación y ofensas a la memoria de un difunto y de los asuntos pendientes calificados como injurias, realizadas por cualquiera de los medios de comunicación colectiva, se trate de prensa escrita, radiofónica o televisiva, así como de los delitos contra el honor cometidos mediante la utilización de la red de INTERNET.

La calificación de los hechos corresponde al tribuanl, con independencia de la calificación que le haya dado el querellante o que quieran darle las partes. La violación dolosa de esta garantía para los medios de comunicación colectiva por parte de un funciionario judicial, será sancionada con destitución, con independencia de otras responsabilidades legales que puedan corresponderle".

Artículo 4: Deróguese el artículo 153 del Código Penal.

-Rige a partir de su publicación.

Lic. Frantz Acosta Polonio
Diputado


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