Sala de Prensa


35
Septiembre 2001
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


P A N A M A

Los riesgos de los periodistas en democracia

Octavio Amat *

Hay riesgos que viven los periodistas en democracia, que algunas dictaduras envidiarían.

Distinguimos dos grandes categorías de riesgo, una de naturaleza legal y otra fuera de ese marco que llamaremos extra legal. Pasamos a abordar uno y otro:

I. RIESGO LEGAL.

RIESGO PENAL O DE CARCEL

Bajo la denominación de delitos contra la honra u honor, es decir, aquellos que afectan el patrimonio moral o afectivo de una persona, la legislación contempla diversas figuras penales que son castigadas con penas de cárcel. En Panamá dichas figuras son la calumnia y la injuria.

El Código Penal tiene por calumnia la imputación falsa de un delito a otro ( art. 172) y por injuria la ofensa a la dignidad, honra o decoro (art. 173).

Las penas contempladas cuando el delito se cometa a través de un medio de comunicación son de 18 a 24 meses de prisión en caso de calumnia y de 12 a 18 meses en caso de injuria (art. 173 ibidem).

Con mal criterio, los tribunales panameños y los agentes del Ministerio Público encargados de la investigación de los delitos, suelen hacer extensivas las responsabilidades penales inherentes a estos delitos, - aun cuando las publicaciones se hagan bajo firma responsable ajena al medio -, al Director del medio de comunicación, sus representantes legales; y en los casos de radio y televisión en el dueño o concesionario de la frecuencia (en este último caso por virtud del art. 205 del Decreto No.189 de 13 de agosto de 1999), con el agravante de que no es constitucional crear penas por decreto siendo una facultad exclusiva, ésto es del poder Legislativo.

En todo caso, una mala práctica tribunalicia ha hecho que los jueces y agentes del Ministerio Público condenen o califiquen adversamente al periodista por el mero hecho de considerar errada una publicación, con entera exclusión de si hubo o no mala fe o dolo, y sin consideración alguna a la fuente identificada, en lo que hemos llamado un fenómeno de objetivización de la calumnia e injuria.

Como resultado, a la fecha, 72 periodistas panameños, - uno de cada tres reporteros en ejercicio -, está siendo procesado por estos delitos, en su 70% promovido por funcionarios que se han sentido afectados por noticias.

El actual sistema no contempla la tendencia moderna de proteger en menor grado a los funcionarios y figuras públicas que a ciudadanos comunes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado despenalizar la calumnia y la injuria en casos que involucre a funcionarios.

RIESGO PECUNIARIO CIVIL

Además de la responsabilidad de pagar con cárcel la comisión del delito, los responsables por calumnia o por injuria deben indemnizar daños y perjuicios civiles por el dolor moral inferido (daño moral) y por los daños materiales causados (daño material).

La jurisprudencia nacional a partir de 1995 ha venido reconociendo cuantías cada vez más altas en concepto de daño moral. Sabemos de un fallo de 30 de abril de 1993 del Primer Tribunal Superior de Justicia, que fijó una indemnización por ese concepto de B/.3,000.00. Sin embargo, en otra del mismo grado de 19 de enero de 1994 se establecía una condena por B/.40,000.00; otra de 15 de septiembre de 1995 por B/.100,000.00; otra de 5 de marzo de 1996 por B/.125,000.00, confirmada esta última por la Corte Suprema de Justicia en fallo de 21 de agosto de 1998; y una más reciente confirmada por la Corte Suprema de Justicia el año pasado, que viene del Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá desde el 9 de mayo de 1997, establece una indemnización por B/.75,000.00.

Paralelo a los daños morales han de sumarse los daños materiales, los cuales deben probarse en términos de merma en el patrimonio del agraviado directamente relacionado con la calumnia o la injuria (por ejemplo, ingresos dejados de percibir por pérdida de empleo o clientela, gastos de abogados, sicólogos, etc.).

Las condenas pecuniarias de alto monto son un peligro, en la medida que pueden tener resultados confiscatorios o comprometer la viabilidad económica del medio de comunicación. Un ejemplo actual de esto lo tenemos con la condena dictada por los tribunales y la Corte Suprema de Costa Rica el año pasado contra el diario La Nación, por cuantía de un millón de dólares, a la que sumó las penas de cárcel y la obligación de publicar la sentencia de condena por difamación en la primera plana del diario, lo cual tuvo lugar a raíz de una causa criminal interpuesta por un diplomático local destacado en Europa, a quien se le imputó en una noticia ciertos cargos.

La reparación moral que implica la publicación de la sentencia de condena contra el medio está también presente en la legislación panameña, por virtud del artículo 1644a del Código Civil.

RIESGO DE MULTA Y SUSPENSION DE LICENCIA

El artículo 578 del Código de la Familia prohíbe la divulgación de hechos de la vida privada que puedan causar perjuicios u ocasionar graves molestias al afectado, aun cuando no sean calumniosos ni injuriosos, previendo para ello una sanción de cinco a quince días multa, la suspensión del ejercicio de la profesión o de la licencia respectiva por tres a seis meses, y la reparación de daños y perjuicios civiles.

CENSURA LEGAL

Los periodistas están expuestos a diversas formas de censura amparada bajo las leyes vigentes, entre las cuales nos permitimos destacar las siguientes:

  1. La Junta Nacional de Censura tiene facultad para autorizar, clasificar y prohibir películas, espectáculos, publicaciones, transmisiones radiales y televisadas (Decreto de Gabinete No 251 de 6 de agosto de 1969).
  2. El Tribunal Electoral exige el registro previo a su publicación de las fichas técnicas de las encuestas electorales (art. 177 del Código Electoral).
  3. Es prohibido publicar encuestas electorales dentro de los 10 días previos a la elección (idem). Del mismo modo es prohibido publicar encuestas a la salida de urnas antes de las 3 horas siguientes al cierre de una votación (art.179 ibidem). En contraste, la Corte Suprema de Justicia de Canadá sentenció en 1998 la inconstitucionalidad de una restricción de publicar encuestas electorales en las 72 horas previas a la elección, dando por asumido que los votantes tienen suficiente madurez para no dejarse manipular por consultas amañadas.
  4. El Código Judicial obliga a guardar reserva del nombre y señas del imputado hasta que haya condena firme, bajo el principio de presunción de inocencia (arts. 2067 y 2099a, Código Judicial). También existe una norma similar en materia de menores de edad, respecto a los cuales ni siquiera puede publicarse la condena (art. 817 No.7 ibidem). La infracción de esta prohibición expone al periodista a una condena por calumnia, sin que sea válido invocar como defensa la excepción de la verdad.
  5. El Código de la Familia prohíbe publicar fotografías de personas, aún en lugar público, sin su consentimiento, excepto cuando se haga con fines noticiosos, de interés público y cultural ( art. 577).
  6. Se omitió de la prohibición las publicaciones de índole histórica y la consideración de figura pública de ciertas personas (por ejemplo, artistas y deportistas famosos).

RIESGO DE DESACATO

Existen diversas normas legales que facultan a altos funcionarios (jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público y funcionarios con mando y jurisdicción) para imponer sanciones de multa y arresto sumario a personas que a su juicio les falten el respeto. La Constitución de la República prevé esta potestad cuando el irrespeto tenga lugar "en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo".

No obstante, en la práctica, se han dado casos de sanciones por desacato aplicadas contra periodistas sin que el acto (publicación) que las motivó se haya producido en audiencia o al calor del desempeño del cargo por el funcionario. Tal fue el caso del Director del diario El Siglo, Carlos Singares, que el año pasado fue sancionado con arresto por el Procurador General de la Nación José A. Sossa, por causa de una publicación que consideró injuriosa.

Entre las normas citadas se destacan los artículos 386 del Código Judicial, 45 y 827 del Código Administrativo, el 307 del Código Penal y el 33 de la Constitución.

RIESGO DE NEGATIVA AL ACCESO A LA INFORMACION

Otra de las grandes paradojas a que se enfrentan los periodistas panameños es la negativa al acceso a las fuentes de información oficial. Porque el mismo funcionario que los denuncia por publicaciones inexactas es el que le niega la información, provocando las inexactitudes.

Carecemos de una ley de acceso a la información pública. Y lo ideal al respecto sería transplantar el sistema norteamericano según el cual toda información oficial es pública, salvo que se diga previamente lo contrario.

Un buen ejemplo de que en Panamá caminamos en sentido opuesto lo constituye el art. 70 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, por el cual se regula el procedimiento administrativo.

En dicha norma se limita el acceso a los expedientes administrativos a los funcionarios que lo tramiten, a las partes interesadas y a los terceros interesados.

Las autoridades han dicho que dentro del concepto de "terceros interesados" se incluye a los periodistas, lo cual no es correcto porque la doctrina jurídica ha desarrollado ese concepto limitándolo a aquellas personas que sin ser parte de una causa, coadyuvan con una u otra de las partes.

La misma norma limita dicho acceso, "siempre que no se trate de información confidencial o de reserva que obedezca a razones de interés público, que pueda afectar la honra o el prestigio de las partes interesadas, conforme a las disposiciones legales vigentes".

La norma citada limita la obtención de copias y certificaciones sobre información confidencial, a las que sean pedidas por alguna autoridad, el Ministerio Público y los tribunales sobre asuntos bajo su competencia.

La amplitud del concepto de información confidencial o de reserva es tal, que muy poco margen deja para el trabajo investigativo del periodista o los ciudadanos comunes.

RIESGO DE RESTRICCION PROFESIONAL

Aunque de capa caída en el mundo, el riesgo de que el derecho de informar sea restringido o condicionado por requisitos académicos, profesionales, gremiales o por licencia oficial siempre existe y asoma de cuando en cuando en legislaciones obsoletas que ignoran que la libertad de información es un derecho humano.

II. RIESGO EXTRA LEGAL

Entre los riesgos ajenos a la legislación que deben confrontar los periodistas, nos permitimos enumerar los siguientes:

CENSURA EDITORIAL

Esta se refiere a las restricciones que pudieran confrontar los periodistas que trabajan para medios de comunicación, para abordar temas de interés personal ajenos a la política editorial del medio.

El remedio para este problema radica en la riqueza de diversos medios de comunicación de orientaciones distintas.

Debe asímismo mantenerse abiertas las secciones de opinión para dar cabida a criterios discrepantes de los periodistas.

AUTOCENSURA

Este peligroso fenómeno hace que el periodista se abstenga de hacer su trabajo por temor a represalias externas o internas al medio en que labora.

Este mal debe ser combatido por medio de una política editorial bien definida y abierta a discusión.

AMENAZAS

Las amenazas personales, económicas y pecuniarias, sea contra el medio o directamente contra el periodista, pueden inhibir el buen desempeño de la labor de informar.

El año pasado, 53 periodistas fueron asesinados en el mundo, 19 de ellos en América Latina y de éstos, 10 en Colombia, lo cual ilustra la magnitud de la amenaza. Quizás ninguna profesión u oficio en el mundo aporta tantos mártires a nombre de sus principios.

CONCENTRACIONES

La concentración de varios medios en manos de unos pocos, con menoscabo y exclusión de otros, aunque sea formalmente legal, constituye un atentado a la libertad de expresión; y una amenaza para el trabajo del periodista en su diversidad de criterios.

Eso puede evitarse con una legislación que proteja y procure la diversidad en el mundo de los medios de comunicación.


* Copyright 1995-2001, Derechos Reservados EPASA, Editora Panamá América, S.A. Este texto se publicó el lunes 28 de mayo de 2001 en el diario El Panamá América y se reproduce con autorización expresa de sus editores.


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