Sala de Prensa


35
Septiembre 2001
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Terror panóptico y secreto administrativo
frente al periodismo de rastreo informático en España

La democracia débil
ante el populismo de la privacidad

José Luis Dader *

"La inspección: éste es el principio para establecer el orden y para conservarle (...) Estar incesantemente a la vista de un inspector, es perder en efecto el poder de hacer el mal, y casi el pensamiento de intentarlo".
Jeremy Bentham, El Panóptico, (ed. 1979:35-37)

Jacques Necker, ministro ilustrado de Luis XVI, inauguró la era de las democracias contemporáneas, mediante un acto posiblemente más revolucionario que todos los escritos de su época: Abrió a la contemplación pública los "arcana imperii" de las cuentas del Estado y estableció la obligación de su propio ministerio de Hacienda de comunicar públicamente los presupuestos generales de la Administración1. A partir de ahí nada fue igual para desgracia del rey de Francia y para el resto de gobernantes, enfrentados a la creciente ola de reivindicación de los "regímenes de opinión" y la soberanía de la ciudadanía.

Las democracias liberales paulatinamente surgidas de aquel cataclismo establecieron una intrincada red de derechos de los gobernados ante los poderes del Estado, cuyas libertades más emblemáticas –de expresión, asociación, participación-, giraban siempre en torno al principio de la transparencia de la vida pública. El grito de los demócratas ilustrados de ¡luz y taquígrafos! guió las conquistas de la libertad de prensa. La conciencia de indefensión del individuo aislado frente al silencio y ocultismo de los gobernantes, fomentó la configuración de una opinión pública activa que ejerciera de voz y de fiscal frente a los posibles abusos de los poderes institucionales. Y las corrientes de opinión, tanto de la élite como las populares, de las nuevas sociedades democratizadas se decantaron de forma natural hacia la petición de progresivos avances del derecho a saber del público respecto a los asuntos administrados por los representantes y sus burocracias. Las Administraciones públicas fueron cediendo muy poco a poco los inmensos territorios de potencial corrupción y privilegio cubiertos por el manto protector de la Razón de Estado y los Secretos Oficiales. Pero aun en su lentísimo repliegue, eran todavía unos tiempos en que el fantasma del "Gran Hermano" no había aparecido en el imaginario colectivo paralizando los deseos populares de una opinión pública robusta y escrutadora de los asuntos de interés público general.

Una democracia fuerte

La democracia ideal, tal y como se concibe en el pensamiento ilustrado y su desarrollo paulatino a lo largo de todo el siglo XIX, se asienta en el principio de la soberanía popular; cristalizada ésta en una opinión pública permanentemente atenta a los asuntos de incidencia sociopolítica de repercusión institucional y colectiva. Aunque el ejercicio real de ese protagonismo de la opinión pública estuviera restringido en la práctica a una minoría de grupos activos y en unos pocos países, el más genérico clima de opinión subyacente –en términos intelectuales y populares-, de la cultura occidental post-ilustrada, estaba imaginariamente orientado hacia dicha concepción de las relaciones entre los ciudadanos, constituidos en ‘públicos’, y de éstos con los poderes e instituciones de la organización social.

En términos ideales, al menos, la opinión pública ejercería una función de vigilancia crítica de cuantos asuntos o comportamientos, individuales o colectivos, pudieran resultar susceptibles de responsabilidad cívico democrática. Para ello, determinadas instituciones de alcance muy restringido todavía –el Parlamento, la prensa, los clubs políticos o las tabernas populares2-, ejercían a diario de plataformas revitalizantes de una enérgica –y turbulenta- esfera pública. La opinión pública proyectada y circulante por dichas arenas del espacio público total respondía así a lo que Sampedro y Jerez (Ibid.2000:12 y ss.; Sampedro, 2000) denominan opinión pública discursiva. Esto es, una forma siquiera deliberativa e intelectualmente activa de seguir a relativa distancia –pero con organicidad propia y potencialidad autónoma de presión-, los asuntos de repercusión sociopolítica general propuestos, protagonizados o controlados por las élites institucionales y políticas.

Al mismo tiempo, los ámbitos de la vida pública y la vida privada (Arendt:ed.1967, Sennett:ed.1978) se mantenían estructuralmente diferenciados, sin que hubieran empezado a detectarse los síntomas que Habermas (v.o. 1962, cfr. eds. 1994: 172 y ss. y 1988:149 y ss.) identifica como avance paulatino, pero inexorable a lo largo de los siglos XIX y XX, de la recíproca interpenetración, ensamblamiento o contaminación entre los espacios de lo público y lo privado. Tampoco había sucedido aún –según una visión idílica retrospectiva, quizás, pero en cualquier caso lúcidamente reivindicativa de unos valores democráticos imprescindibles-, que la opinión pública crítica hubiera quedado arrumbada o casi totalmente sustituida por una opinión pública masificada (Habermas, Ibid.), o simplemente agregada (Sampedro y Jerez, 2000). Este último sucedáneo reflejará en cambio la mera inclusión de los ciudadanos individuales en unas corrientes y climas de opinión de identificación o aquiescencia pasiva; donde mayoritarios contingentes de aislados espectadores/consumidores de información se limitarán a manifestar reacciones estereotipadas ante unas mediciones de opinión institucionalmente concebidas (‘opinión pública estadística’).

El ideal de opinión pública que ha estado culturalmente vigente desde el asentamiento de los principios de la "Era Revolucionaria" (Sabine, ed. 1974:489) –al margen de su mayor o menor ejercicio real-, remite, pues, a la percepción de un colegio activo de ciudadanos que deliberan entre sí, interpelan a sus dirigentes y exigen o buscan afanosamente la información necesaria para comprender y sancionar con su aprobación o su rechazo la marcha de los asuntos que afectan a la totalidad social. Para dicho proyecto quedan al margen (o para otros ámbitos de conversación e interés), las cuestiones de incidencia sólo particular o particularizada relativos a los múltiples ámbitos privados o simplemente mundanos. Lo público, en dicho contexto, se interpretaba sólo como el territorio del interés sociopolítico general; de ahí que por simple contaminación semántica se acabara habitualmente identificando los ‘asuntos públicos’ con los propios de la Administración, los relativos a la institucionalización estatal, etc. Pero al mismo tiempo, el proyecto democrático de responsabilidad de los ‘poderes públicos’ ante la opinión pública/soberanía popular requería y reclamaba que todo lo público (sin incluir en tan genuino concepto otras adherencias espurias) fuera sometido a la vigilancia radical de una transparencia extrema.

Vigilancia democrática o inspección totalitaria.

En dicho ambiente de valores sociales y políticos dominantes resulta coherente que los ideólogos de la democracia liberal reclamaran una cúpula de cristal para el conjunto de ese espacio público estrictamente político-ciudadano (al margen de las restantes actividades sociales o particulares de esos mismos individuos). Jeremy Bentham, uno de los exponentes más representativos de ese espíritu, reclamaba la publicidad completa de todos los actos oficiales, que deberían ser presentados ante lo que él llamó "el tribunal de la opinión", como forma de evitar el mal gobierno y para proponer reformas legislativas (cfr. Speier, ed. 1972:103). En el paroxismo de tales ideales aplicados a todo tipo de ámbitos, el citado pensador utilitarista dio a conocer, desde 1787 a 1791, una serie de escritos reunidos bajo el título genérico de "The Panopticon Writings" (Bentham, ed. 1979): Se trata de la utópica propuesta de construcción de nuevos edificios penitenciarios que, dentro del conjunto de revisiones legales sugeridas por este iniciador del reformismo liberal en apoyo de la nueva sociedad progresista3, llevara al terreno práctico de las prisiones una organización material y un tipo de edificación carcelaria que permitiera la vigilancia extrema y permanente de los encarcelados por parte de los carceleros –sin ningún tipo de ocultamiento visual posible-.

Desde la mentalidad contemporánea tal avidez inquisitorial evoca todo lo contrario de un espíritu progresista y "liberal", según denota el comentario, más adelante considerado, de Foucault al opúsculo benthamiano. Sin embargo, en el sistema ideológico utilitarista-liberal, la transparencia total será considerada como una forma mucho más benévola y racional del imprescindible control social, en contraposición a los abusos arbitrarios y despóticos del secretismo incontrolado4. Asimismo, y en opinión de diversos especialistas (Sabine, ed. 1974:496 y ss.; M.J. Miranda, 1979), la filosofía jurídico política de Bentham se asienta en la combinación de los principios de la transparencia con la solidez institucional, entendiendo que el gobierno liberal no puede confundirse con el gobierno débil. Su sentido de lo colectivo, situado siempre en un orden superior a lo particular, le hace mostrarse preocupado antes por los intereses del público general que por los beneficios particulares de los presos. Lo cual sin embargo se hacía compatible con la propia mejora de las condiciones de vida de los encarcelados, al entender que haciendo realidad una especie de ojo divino penitenciario al que no podría escapar ningún comportamiento, su mera omnipresencia simbólica haría desistir a los potencialmente vigilados de otros comportamientos antisociales o delictivos. De manera automática se dulcificaría así la vida de los encarcelados y se convertiría en innecesario el tradicional recurso de la represión violenta. La combinación de ambos beneficios queda expresada en el encabezamiento de la versión abreviada del Panóptico remitida finalmente por Bentham a la Asamblea Legislativa francesa en 1791, en la que presenta su iniciativa como,

un "establecimiento propuesto para guardar los presos con más seguridad y economía, y para trabajar al mismo tiempo en su reforma moral, con medios nuevos de asegurarse de su buena conducta..." (Bentham, ed. 1979:33).

En el pensamiento de éste y otros autores de esa época, la nueva sociedad política se concibe, en definitiva, basada en un espacio público que ha de producirse a la vista de todos los ciudadanos, superiores o inferiores en la jerarquía del poder. Las instituciones penitenciarias no son más que una de las arenas en que se ejerce, o debiera ejercerse, la acción pública, y por ello es lógico que, de poderse desarrollar la tecnología adecuada –diseños arquitectónicos para aquel entonces-, el pensamiento ilustrado-liberal reclame una transparencia perfecta. Pero no sólo en el sentido primario de que los individuos allí encerrados puedan ser ‘vistos’ permanentemente sin ningún tipo de intimidad personal o arquitectónica. Sino en el sentido, mucho más relevante socialmente de que lo que allí dentro ocurre, no pueda quedar reducido a lo que –en terminología goffmaniana- llamaríamos ahora una "trastienda" o "patio trasero" de la democracia. Las prisiones son instituciones públicas –aunque Bentham sugería incluso una concesión administrativa de las mismas a empresarios privados-, y habrían de ser consideradas como lugares públicos en un sentido casi tan literal como un parque público o una plaza pública5. Ello evitaría desde luego, como ya se ha advertido, los posibles abusos internos, pero además estimularía una educación y reflexión cívica sobre los valores y deberes de la vida en sociedad. Precisamente la reforma radical propuesta por Bentham no se contentaba con la imaginería panóptica que tantos terrores va a desencadenar en la postmodernidad. Sino que identificaba expresamente las prisiones con un "teatro moral" y un "espectáculo patente a todo el mundo" (Bentham, ed. 1979:42 y 53) al que los ciudadanos decentes debieran periódicamente acudir a observar –preservando si se quiere la vergüenza personal de los reclusos mediante "máscaras"-, pero que, en último término permitiera un recíproco reconocimiento entre los desviados y los integrados, que impidiera el desarraigo de los primeros e impulsara el mejoramiento moral de ambos sectores (por vía del "ejemplo" recíproco).

"La publicidad –escribe Bentham (Ibid:53)- es la primera de las fianzas: ella lo perfecciona todo, y es el mejor medio de poner en acción todos los motivos morales, y todos los recursos intelectuales".

Pero esa exigencia de total publicidad tampoco se detiene en los aspectos del control o seguimiento de la vida cotidiana dentro del panóptico carcelario: Asimismo exige que los propios inspectores profesionales puedan ser inspeccionados en todo momento (el alguacil alguacilado) para evitar sus abusos. Para ello Bentham concibe, tanto un sistema de visitas aleatorias y sin previo aviso de los magistrados, como un sistema institucionalizado de fiscalización, no sólo ante las autoridades del Estado, sino ante el propio público general:

"Para aumentar la fuerza de esta sanción se le obligará (al director o responsables de la prisión) a publicar todas sus cuentas, todo lo que ha hecho, todos los pormenores de su gobierno, en una palabra, toda la historia de su prisión: y esta cuenta será jurada, y se someterá a un examen contradictorio" (Ibid.:34).

En dicha concepción, por consiguiente, no es el poder central de un gobierno autoritario quien vigila, sino el conjunto de los ciudadanos, a través de sus delegados; sometidos éstos a su vez al constante control democrático del propio espacio público.

Pero aquel entendimiento de las relaciones públicas en un estado democrático y de derecho parece haber llegado muy desvirtuado hasta nosotros. La eficacia coercitiva de cualquier tecnología o procedimiento de observación de los individuos ha ido asociándose cada vez más a la terrible posibilidad de maquinarias totalitarias de dominación y destrucción de la libertad. Los ejemplos históricos de los totalitarismos de todo signo y el preocupante avance de tecnologías verdaderamente panópticas ya convergieron en la denuncia, de gran éxito popular, del inminente advenimiento de sociedades apocalípticas donde el Gran Hermano escrutador reduciría a cenizas cualquier intimidad individual y la propia posibilidad de asociaciones de resistencia entre las personas sometidas. La novela "1984" de George Orwell (1949), al parecer inspirada en parte en otra fábula similar, "Nosotros", escrita por el ruso Eugene Zamiatin en 1920 (cfr. Whitaker, 1999:42), ha acabado convirtiéndose para varias generaciones en el emblema del terror panóptico:

Los individuos de las postrimerías del milenio han quedado intensamente convulsionados por las metáforas de una sociedad con techo de cristal en la que la penetración de la mirada sólo se imagina de manera unidireccional, desde la cúspide de un poder externo, extraño y aniquilante, que se enseñorea de una masa de súbditos amorfos, atomizados y lobotomizados mediante esa paralizante mirada omnipresente, capaz de anticipar el más mínimo gesto y reprimir la más leve insinuación de disidencia. Como Whitaker (1999:43) señala, las citadas novelas describen una sola comunicación posible: "monodireccional, jerárquica, dominante y reguladora", y respecto al éxito popular de dichas imágenes de un estado totalitario absoluto, el mismo autor aventura que ello se mantiene de manera tan nítida en el imaginario colectivo "seguramente porque es una oscura parábola de lo que suponemos que es el poder" (Ibid.:43).

Pero ¿acaso no cabe un poder de otra naturaleza?, o dicho de otra forma, ¿el poder democrático no es esencialmente distinto y no pretende ser un contrapoder disuasor y supresor del poder totalitario? ¿Cabe suponer el poder basado en la opinión pública y la soberanía popular como igual de abominable que el poder totalitario de una pequeña casta o de una inasible e incontrolable ‘nomenklatura’? Y si se piensa así, ¿de qué concepto de opinión pública y de soberanía popular estamos hablando?

Nutridos sectores de nuestros contemporáneos parecen haber caído en tal confusión en la que cualquier poder es idéntico a cualquier otro en su legitimación y procedimientos, por lo que la mera posibilidad de similares instrumentos (tecnologías de la transparencia, en el caso que nos ocupa) sólo podrá deparar idénticos efectos. Entre las causas principales de tal episteme política está sin duda el olvido del concepto originario de opinión pública y espacio público políticos, sepultados por ese otro sucedáneo de meros agregados manipulados. Pero antes de desgranar algo más tal idea, merece la pena detenerse en un vívido ejemplo de intelectual contemporáneo para quien la absoluta transparencia sólo equivale a poder absoluto totalitario, sin importar quienes la ejerzan. Me refiero a Michel Foucault.

El conocido filósofo de las contraculturas vanguardistas de los sesenta se ocupa expresamente (ed. 1976 y ed. 1979) de las propuestas de Jeremy Bentham sobre los sistemas penitenciarios transparentes y califica burlonamente al reformista británico como "el Fourier de una sociedad policial". Foucault se concentra, en efecto, en todo lo que el proyecto benthamiano tiene de evocador de un Estado represor y totalitario, precisamente porque identifica cualquier tipo de vigilancia con represión6. Lo curioso es que Foucault es capaz de percibir que Bentham, al igual que los enciclopedistas y los posteriores reformistas utilitaristas o liberales, estaba obsesionado por la "proyección de claridad" frente a todo tipo de oscurantismo u oscuridad política7. E incluso es consciente de que tales reformas a favor de la claridad y la transparencia se presentan en nombre y a beneficio del espacio público y plural de los ciudadanos:

"Este reino de "la opinión" que se invoca con tanta frecuencia en esta época, es un modo de funcionamiento en el que el poder podría ejercerse por el solo hecho de que las cosas se sabrán y las gentes serán observadas por una especie de mirada inmediata, colectiva y anónima. Un poder cuyo resorte principal fuese la opinión no podría tolerar regiones de sombra" (Foucault, ed. 1979:16).

Pero, en lugar de subrayar los valores progresistas de la utopía benthamiana y el proyecto democrático en que en definitiva se inserta (al margen de los detalles ingenuos o incluso repudiables que por anacronismo sin duda también captamos en ella), Foucault se aferra al temor de que la eficacia del control social sólo pueda significar supresión de la libertad individual, social y política. Precisamente porque en su concepción del control social ha desaparecido la referencia del espacio público abierto y plural y de la necesidad y posibilidad de un control social autogestionado por los ciudadanos. Es decir, un control social democrático, como alternativa al control social externo y totalitario. Desde el fácil ingenuismo de una comunidad libertaria sin control social de ningún tipo (¿regida tal vez por la ley de la fuerza en el choque de las pulsiones espontáneas?), Foucault se limita a desear la ausencia de vigilancias de ningún tipo como la ausencia de poderes fuertes de cualquier naturaleza. Su rechazo del Panóptico se apoya expresamente en la afirmación de que tal modelo de sociedad implica que "cada uno, según su puesto, está vigilado por todos los demás (...) se está en presencia de un aparato de desconfianza total y (...) la perfección de la vigilancia es una suma de insidias" (Ibid.:20).

La fuerza expresiva de esta última frase, tan típica de ciertos ensayismos más espectaculares que rigurosos, puede resultar persuasiva en un primer impacto. Pero olvida por completo que precisamente la democracia liberal y todo su sistema de protección de los débiles ante los fuertes, de los individuos frente a las instituciones, y de unos poderes frente a otros, se basa en la desconfianza previsora y anticipadora que establece todo un complejo mecanismo de "check and balances" y de equilibrio de poderes recíprocamente vigilantes y desconfiados. Porque más vale haber previsto los procedimientos de detectar y erradicar los abusos en lugar de confiar en unos "buenos salvajes", confiados y benéficos, incapaces de ceder a pasiones corrompedoras de ningún tipo.

A la hora de desterrar cualquier tipo de ingenuidad utópica es necesario también coincidir al menos con Foucault cuando dice que aquellos enciclopedistas, revolucionarios y reformistas democráticos...

"no percibieron los componentes materiales y económicos de la opinión. Creyeron que la opinión sería justa por naturaleza, que se extendería por sí misma y que sería una especie de vigilancia democrática" (Ibid.:24).

Indudablemente la opinión colectiva tampoco es justa y benéfica por naturaleza y ya Alexis de Tocqueville (v.o. 1835-1840) y Stuart Mill (v.o. 1859) nos advirtieron cumplidamente sobre los peligros de la "tiranía de la mayoría"8. Pero al menos esa opinión, debatida y pluralmente negociada en un espacio público abierto y transparente, resulta menos rígida y totalitaria que cualquier otro principio de legitimación político y social que se pretenda instaurar en su lugar.

Lo Público en promiscuidad.

Que ese espacio público genuinamente político y genuinamente democrático –y sólo desde esa legitimidad, radicalmente escrutador o inspector de lo único que con claridad le concierne-, aparezca hoy como una amenaza totalitaria más, sólo puede ser debido a lo que varias décadas atrás Habermas ya advirtió sobre el confuso solapamiento de las esferas pública y privada. El concepto de "ciudadano" ha perdido su significación precisa y ha pasado a ser simplemente una variante lingüística del de "consumidor" o "gente".

Cuando Habermas denuncia la disolución psicosociológica de los conceptos de opinión, de público y de la propia opinión pública (Habermas, ed. 1988:246 y ss.), está planteando entre otras cosas que las expectativas o demandas propias de la vida privada se presentan revestidas de la misma trascendencia y solemnidad que los asuntos político-institucionales de mayor repercusión colectiva:

"La misma esfera pública recobra un carácter privado en la conciencia del público consumidor. En efecto, la esfera pública se convierte en la esfera en la que se hacen públicas las biografías privadas: ya sea porque se dan a la publicidad los destinos fortuitos de ese que se denomina el hombre de la calle, o el de las celebridades fabricadas conforme a estrategias comerciales, o sea ya porque los procesos y decisiones de importancia pública queden travestidos bajo una representación que les confiere un aspecto privado, desfigurándolos hasta ser irreconocibles por culpa de la personalización de que son objeto. (Habermas, ed. 1988:179-180

Y más adelante apostilla:

"Las reivindicaciones de orden ‘privado’ –coches, frigoríficos-, son catalogadas bajo la categoría de ‘opinión pública con la misma entidad que cualquier otro comportamiento de no importa qué grupo social, y desde ese momento el poder y la administración del Estado-social pueden utilizarlas u ocuparse de ellas en el ejercicio de sus funciones". (Ibid: 254).

En tan magmática integración de las esferas públicas y privadas, el interés general pierde su sacralización como aquello que objetivamente afecta al conjunto de los ciudadanos constituidos en público o cuerpo compacto socialmente constitutivo de una comunidad, y pasa a ser simplemente el conjunto de los intereses subjetivos –y probablemente triviales y efímeros-, que en un momento dado ‘interesan’ emocionalmente a una mayoría de gentes o consumidores.

Algo muy distinto era lo que concebían como interés público y ámbito de lo público los ilustrados y reformistas democráticos del XVIII y principios del XIX. Y sólo sobre ese territorio específico de la publicidad era sobre el que reclamaban una aplicación radical de la claridad o la transparencia. Es evidente que aquel territorio reducido -y al mismo tiempo exclusivo, en la práctica, para un pequeño número de terratenientes ilustrados-, planteaba una rígida separación del espacio público frente a las restantes esferas de lo social y lo privado. Como una vez más nos recuerda Habermas (ed. 1988:248):

"El liberalismo quería preservar –en el seno de un espacio público desintegrado-, la comunicación de un pequeño círculo interno de representantes respetuosos del principio de publicidad y formadores de opinión. Dicho de otra forma, el liberalismo quería preservar un público que hiciera uso de la razón dentro (pero al margen: este añadido es mío) del gran público apelado con fines meramente aclamativos".

Desde esta perspectiva resulta saludable que progresivamente aquella separada esfera pública se haya ido ensanchando y contaminando por las restantes esferas comunicativas, hasta hacer factible una democracia deliberativa que, sin ser perfecta, haga más flexible y fluida la relación de los sujetos entre sí y de ellos con las instituciones. En ese sentido, los efectos positivos del mestizaje comunicativo y la integración entre Estado y sociedad han llevado recientemente al propio Habermas a rectificar en profundidad su vieja percepción pesimista de la democracia de masas y sus problemas, tal como la había formulado en 1962 en su "Strukturwandel der Öffentlichkeit". Su nueva visión –menos simplista, según sus propias palabras- de las conexiones entre los públicos políticamente activos y los otros públicos "replegados en una mala privacidad", pone el acento en la legitimación democrática de unos procedimientos deliberativos genuinos. Si se aplican y respetan las condiciones de tales procesos deliberativos racionales, y hay evidencias empíricas de que, al menos en parte, así se desarrollan hoy día, aplicados a cualquier tipo de controversias, cabe esperar todavía la obtención de "consensos de los argumentos". Gracias a éstos, "una decisión legítima no representa la voluntad de todos, pero es algo que resulta de la deliberación de todos". Todo ello teniendo presente, además, que los participantes estarán entrando y saliendo de diferentes esferas públicas, sociales o privadas y estarán viéndose afectados simultáneamente por fenómenos de ambivalente naturaleza crítica o manipulada (cfr. Habermas, ed. 1994, y especialmente p. 26).

El nuevo Habermas pone, por tanto, el énfasis en el cómo o condiciones de los procedimientos de la discusión en la esfera pública. Pero los temores que páginas atrás hemos visto que suscita la radical transparencia pública, obligan a replantearse una cuestión no abordada en toda su plenitud por el pensador alemán: Me refiero a que además de un cómo para lo público democrático, parece urgente delimitar un qué de lo público específicamente cívico-democrático, sobre lo que recuperar y reinsertar con total radicalidad la vieja categoría ilustrada de la transparencia.

Fisgoneo popular en el espacio público privatizado.

La actual interrelación entre Estado y sociedad; entre las fuerzas del mercado y la política, de la vida institucional y la cotidiana de los individuos, de los resortes del sistema social y del "mundo de la vida", de la cual también habla Habermas, resulta sin duda saludable bajo cierta perspectiva. Pero desde otro punto de vista nos ha conducido a vaciar de un significado específico y estrictamente de interés general objetivado, la noción de Espacio Público. En su lugar sólo nos queda entender la opinión pública o el espacio público como "el condensador de la atención pública de una sociedad", en un momento determinado, y en cualquiera de las acepciones psicosociales, culturales, comunicacionales o políticas que pudieran desencadenar dicha condensación, tal y como yo mismo expresaba en un trabajo anterior (Dader, 1992:179 y 143, entre otras).

La discusión popular generalizada sobre un partido de fútbol o sobre un programa de televisión constituyen así, desde un enfoque sociológico, fenómenos de opinión pública tan nítidos o genuinos, en la arena del espacio público, como la discusión electoral o la consideración de un escándalo político. Pero los tradicionales valores que la teoría de la democracia elaboró para su aplicación en el ámbito constituyente de la comunicación política –como libertad de información, derecho a saber de todos los ciudadanos y transparencia pública-, es imposible (o muy arduo de aclarar) que se puedan aplicar ya a unos asuntos sí, pero no a otros, de ese nuevo espacio público híbrido y promiscuo. Los ciudadanos-consumidores de hoy tenemos derecho a ver/saber de todo y en todo momento; no importa ya si en calidad de ciudadanos, de consumidores o de simples "voyeurs". El propio periodismo, que en su formulación contemporánea nació de la mano de la nueva conciencia de la discusión política democrática, reproduce de forma convulsa esa amalgama: No es capaz de distinguir con facilidad entre la legitimidad de revelar un fraude en las cuentas del Estado y la de airear un encuentro amoroso en el Despacho Oval; no es capaz de determinar muy bien qué diferencia hay entre un reportero de investigación y un "paparazzi".

La potencia moral de los genuinos derechos políticos a saber y clarificar se ha expandido y enseñoreado de todo ese nuevo espacio público. Y si además, los valores del mercado dirigen la definición empírica de lo que sea en cada momento el ‘interés general’, resulta bastante lógico, en la era del infoentretenimiento, que el interés por saber y ver se condense más en los vestigios biológicos de los vestidos de Monica Lewinsky o en la exhibición del "experimento sociológico" de un programa televisivo que se autotitula de "Gran Hermano".

Las nuevas tecnologías de la observación sensorial y la inspección virtual (cámaras, micrófonos, rastreo informático de datos) han ido paralelamente facilitando toda la parafernalia más sofisticada para el impulso fisgón más incontinente9; sin importar ya que la voluntad fiscal verse sobre asuntos de incumbencia cívica o de esferas privadas. Y como toda invasión masiva, la posibilidad de la escrutación universal ha generado ya poderosos anticuerpos. Dichas reacciones –que como veremos a continuación, pueden resultar tan ‘reaccionarias’ o febriles como los excesos que intentan parar-, se llaman defensa de la privacidad y de la intimidad.

Resulta incluso conveniente que las amenazas de trepanación absoluta –y a menudo indetectable- de nuestras esferas estrictamente personales, (desde ordenadores que navegan por el tráfico informático, desde satélites que hacen de cristal el techo de nuestros hogares, o desde cámaras ocultas en los baños de los hoteles para comercializar luego la pornodomesticidad), provoque un enérgico movimiento social de rechazo. La protección de la privacidad y la intimidad son en último término derechos democráticos tan fundamentales e irrenunciables como la libertad de expresión y asociación o los derechos a la información y la transparencia política.

Pero esa promiscuidad intelectual, denunciada antes, que asola el concepto de espacio público, conlleva que se reivindiquen con la misma intensidad la intimidad a ultranza y la vigilancia a ultranza: la necesidad social de instalar cámaras en las calles para proteger a la ciudadanía contra la delincuencia o el gamberrismo y la eliminación de tales cámaras por considerarlas un abuso contra el supuesto derecho personal a no ser identificados en ningún lugar público por ningún ojo electrónico vigilante. Ambas posturas se argumentan desde presupuestos que reclaman para sí todo el respaldo de los derechos universales y, lo que es más irónico, se llegan a reclamar con la misma radicalidad por las mismas personas o grupos, en función de sus circunstancias cambiantes: Quienes se alegran de que unas cámaras municipales -o de entidades comerciales- identifiquen en la vía pública a unos terroristas o atracadores, tal vez demandarían judicialmente a una televisión que en una retransmisión deportiva hubiera ofrecido un plano corto de ellos mismos, acompañados de alguna novia o novio ‘políticamente incorrecto’.

El temor a la vigilancia, o terror panóptico, está sin duda incrementándose en los climas de opinión de nuestras sociedades. En la misma medida en que los instrumentos de la transparencia indiscriminada hacen sentirse más frágiles y vulnerables a los individuos. Pero no nos engañemos, las mismas gentes que acusan ese terror son las que devoran los "culebrones" fabricados con esas mismas herramientas panópticas. Por otra parte, y como advierte el citado Whitaker (1999), no es tanto –o solo- un Estado panóptico, jerárquico y totalitario, realizador de las metáforas de Bentham, Zamiatin u Orwell, lo que viene instaurándose; sino una sociedad panóptica, en la que la vigilancia se desarrolla mucho más en manos de entidades comerciales y grupos particulares, desembarazados de cualquier consideración cívico-democrática: los bancos instalaron sus cámaras de vigilancia mucho antes que los gobiernos municipales (y sin provocar un susurro siquiera de protesta) para defender su negocio; las compañías de seguros recurren al cruce estadístico de los datos de los asegurados para perfeccionar sus ganancias; y así un largo etcétera que crece sin aflorar al espacio público en forma de polémica. Por el contrario, cuando desde enfoques cívico-políticos se plantea que la Administración elabore bancos de datos con las huellas genéticas de los delincuentes sexuales, o que dichos datos puedan ser consultados por cualquier familia preocupada por la tranquilidad del entorno de sus hijos, surgen con fuerza movimientos de protesta que reclaman la protección de la intimidad también para ese tipo de personas.

La confusa mezcolanza entre los deseos de privacidad o intimidad y de garantías democráticas de la Administración pública lleva, por ejemplo, a un creciente número de estudiantes españoles a reclamar una universidad más justa y sin abusos de poder y, al mismo tiempo, a exigir la "protección de su intimidad" mediante la prohibición de que las notas académicas se puedan colocar en tablones públicos con la identificación de nombres y apellidos, o de que cualquier persona pueda acceder a los expedientes académicos de cualquier estudiante, vía Internet, salvo el propio interesado. La vieja conquista del ‘Estado de Derecho’ de que los exámenes universitarios incluso fueran orales y públicos para que todos los compañeros pudieran tener la garantía de ausencia de tratos de favor, ha sido sustituida en los movimientos de opinión estudiantil por el sarpullido intimista, que parece preferir el retorno o el refuerzo del "clientelismo": Es decir, de un sistema de relaciones verticales individualizadas entre el profesor o el jefe y cada uno de sus estudiantes-empleados-súbditos, cuyos resultados son ignorados por el resto de los iguales, privados de unas garantías de comunicación horizontal10.

Ante tal caldo de cultivo, el propio Estado o los administradores públicos con tentaciones despóticas pueden sacar tajada del miedo de esos ciudadanos confusos. Y así las demandas de protección a la intimidad o la privacidad pueden ser aprovechadas por la Administración, como coartada, para decretar el regreso a la censura y las regiones de sombra, justamente en todos aquellos campos en los que la máxima de la luz y los taquígrafos empezaba a hacer realidad, a duras penas, el viejo sueño de una vida pública transparente y democrática. En aras del paternal desvelo del Estado por la intimidad de sus súbditos, se establece entonces que los expedientes de los estudiantes no pueden ser consultados más que por el propio interesado (y los profesores y burócratas que mantienen así el control secreto de elaborarlos o rectificarlos mediante pacto con cada 'interesado' particular); se regula también que las declaraciones de Hacienda gozarán de la misma protección (por lo que nadie podrá averiguar qué porcentaje o sectores del fraude fiscal son voluntariamente consentidos por las autoridades), y así sucesivamente.

Existen unas claras consecuencias perversas que la reacción antipanóptica produce en los principios del gobierno democrático y del necesario espacio público transparente. El citado Whitaker, en medio de su estremecedor relato de las intromisiones padecidas por la intimidad y la privacidad que las nuevas tecnologías facilitan, tiene sin embargo que reconocer –aunque no llega a desarrollar esta cuestión con el mismo énfasis-, que "de nuevo esa transparencia es monodireccional, ya que el Estado se mantiene celosamente escondido gracias al secreto administrativo" (1999:59). A lo que más adelante añade (Ibid:192):

"...en la práctica, muchos de los que han intentado acceder a ciertos archivos gubernamentales se han encontrado que las barreras más infranqueables se legitiman ahora mediante la denominada ‘protección de la intimidad’ de la sociedad civil, irónico recurso si tenemos en cuenta que tanto las leyes que protegen la libertad de información como las que protegen la intimidad de los ciudadanos han sido promovidas por grupos de la sociedad civil para limitar el poder del Estado burocrático".

La investigación sobre la Administración y el periodismo de rastreo informático de datos.

Los principales inspiradores intelectuales de la democracia estadounidense inculcaron, en efecto, en su sociedad política, desde el primer momento, que la libertad de acceso a toda información comunitariamente relevante constituiría un punto neurálgico de su superación de un Viejo Régimen. Así, James Madison, cuarto Presidente de Estados Unidos, (citado por Jaffe y Spirer, 1987:203) dejó escrito que:

"Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para adquirirla está ya en la antesala de una farsa o de una tragedia; o quizá de ambas cosas".

Y esa misma idea es considerada por los periodistas de investigación contemporáneos de aquel país como un referente crucial para la legitimación de su trabajo, porque como expresa Elliot Jaspin (citado en Bender, 1991:55) uno de los propulsores determinantes del actual "periodismo de rastreo informático de datos" (o "CAR: Computer-Assisted Reporting"),

"Con la ayuda de los ordenadores cobra sentido en el campo de la información gubernamental que los ciudadanos del siglo XX puedan seguir y supervisar las actividades del Gobierno, de la misma forma que lo hicieron los granjeros ilustrados del siglo XVIII".

Este sofisticado tipo de periodismo de investigación se sirve, en efecto, de las mejores armas de la escrutación panóptica, que no son precisamente los teleobjetivos de los "paparazzi", sino el análisis estadístico y el cruce de palabras clave o cualquier otro código alfanumérico en o a partir de las grandes bases de datos de la Administración nacional o de las diferentes entidades regionales o municipales. Gracias a esos cruces el periodismo estadounidense viene sistemáticamente revelando a sus ciudadanos las conexiones entre los donativos privados a las campañas electorales y los beneficios legislativos obtenidos por diferentes grupos de presión, la relación estadística entre la construcción de edificios en épocas de relajamiento de normativas de edificación y los mayores destrozos en momentos posteriores de desastres naturales...Y así un larguísimo etcétera. (Cfr. entre otras exposiciones casuísticas de síntesis, Dader:1997, DeFleur:1997, Garrison:1998).

Pero además del apoyo en el adiestramiento socioestadístico y las innovaciones tecnológicas, este tipo de periodismo requiere para subsistir y desarrollarse un consenso social sobre la necesidad democrática de vigilancia ciudadana radical de los actos administrativos. Sólo a partir de la reivindicación popular del principio de acceso a la información archivada por las autoridades de cualquier nivel, se puede arrancar a los gobiernos un desarrollo legal que facilite esa tarea (para los periodistas o para cualquier grupo de ciudadanos interesados). Pero lamentablemente, los temores apocalípticos, orientados con astucia desde el poder o miopemente enarbolados por muchos líderes sociales, parecen más bien apuntar –en muchas sociedades como la española, al menos-, a un cautelar secretismo que beneficia en exclusiva a ese mismo Estado que la teoría democrática declara sometido al control popular. Bien es cierto que, a menudo, los excesos de frívola intromisión en muchas intimidades, injustamente maltratadas, son los que faciliten al Poder ocultante la coartada perfecta para mantener tantas barreras de supuesta protección de la privacidad de los indefensos individuos. Como ya advertía Philip Meyer (ed. 1993:293) al inicio de la gran eclosión norteamericana del periodismo de rastreo informático, si muchos periodistas se empeñan en utilizar las nuevas herramientas para husmear en los asuntos sentimentales o estrictamente personales de algunas gentes, en lugar de concentrarse en las impersonales cuestiones de la irregularidad o la corrupción administrativa –eso sí, identificando a sus protagonistas, célebres o anónimos-, este periodismo será visto como una amenaza irresponsable y las propias víctimas de la corrupción y la desigualdad apoyarán una legislación oclusiva, contra sus propios intereses.

La reivindicación del derecho a una vigilancia social, que no sea patrimonio cerrado de las instituciones del Estado, plantea, por otra parte, contradicciones o riesgos de confusiones peligrosas para la salvaguarda de unos valores genuinamente democráticos. El principio de exclusivo ejercicio de la violencia coactiva por los poderes del Estado –condición sine qua non de los Estados con racionalidad burocrática, desde la teorización de Max Weber-, ha de ser conjugado con una concepción participativa de la democracia en la que los ciudadanos tienen derecho a saber por sí mismos y a decidir por sí mismos –incluso en ciertos ámbitos de la prevención y autoprotección-, sin estar reducidos al papel de súbditos tutelados que deban sólo confiar en el buen hacer de sus instituciones político-administrativas. La combinación de ambos principios requiere una demarcación de límites o juego de equilibrios nada fácil de establecer, pero crucial para el futuro de nuestras democracias, como ilustran un par de casos recientes:

En el verano del 2000 ha concitado atención pública internacional la campaña de varios periódicos sensacionalistas británicos divulgando los listados policiales o judiciales con los nombres y direcciones de los pederastas condenados del Reino Unido que tras cumplir sus correspondientes penas viven ya en libertad o gozan de libertad vigilada11. Esta campaña de prensa se puso en marcha además, tras la violación y asesinato de una niña de ocho años, a mediados de julio, al sur de Inglaterra. El dominical "News of the World", iniciador de la campaña, ha querido así facilitar a los ciudadanos particulares, con el respaldo de muchas familias británicas, el derecho a saber y detectar un peligro concreto para los niños, ante un tipo de delincuencia donde el riesgo de incidencia es muy superior y más incontrolable que en otros ámbitos. Pero como también era fácil de prever, la fiebre popular de detección y presión a los sospechosos ha conllevado errores lamentables, climas de linchamiento y hasta dos suicidios de personas acusadas. A todo ello hay que añadir la queja de la policía y de asociaciones especializadas en reinserción que señalan cómo tales señalamientos públicos quiebran el trabajo de recuperación social de estos delincuentes, que procurarán ahora huir y pasar a la marginalidad, en lugar de esforzarse por la integración en sus barrios, con una discreta vigilancia institucional (cfr. La Razón, 5-8-2000, p. 25; El Mundo, 9-8-2000, p. 24; El País, 10-8-2000, p. 32; Crónica-Domingo, El Mundo, 13-8-2000, p. 5). Ante tales hechos, el tono de los periódicos no sensacionalistas y del pensamiento autoconsiderado progresista propende con facilidad a descalificar este tipo de iniciativas, aportando de paso una excelente coartada a las autoridades institucionales para seguir reclamando la custodia secretista de muchos otros dominios informativos, en aras supuestamente de la protección de las intimidades individuales. Pero, en mi opinión, tal descalificación sin matices pasa por alto el deterioro de otras libertades igualmente progresistas, antes apuntadas, como es el derecho de los ciudadanos a vigilar y presionar por sí mismos, evitando tratos de favor de las instituciones para con algunos individuos o el ejercicio relajado o inepto de las funciones que dichas instituciones tienen encomendadas.

El siguiente caso seleccionado mostrará hasta qué punto resulta miope y demagógica la petición radical de vigilancia sólo institucionalmente delegada, mostrando de paso cómo las valoraciones que en este tipo de cuestiones suelen hacerse –con un reparto facilón de etiquetas de "reaccionarios" y "progresistas"-, se asocian mucho más al sujeto protagonista y al contexto, que a las cuestiones de fondo: Me refiero ahora a la iniciativa desarrollada en España en la primavera del 2000 por la Asociación Contra la Tortura, en colaboración con diversos grupos de la izquierda ideológica, que presentó en una página de Internet listados de policías y funcionarios españoles condenados en tribunales por delitos de torturas o malos tratos policiales. La acción de esta asociación fue seguida de una intervención fulminante de los poderes del Estado (por vía de la "Agencia de Protección de Datos"), para clausurar de inmediato dicha plataforma electrónica de información, ejerciendo además actuaciones penales y administrativas contra la asociación encausada que, en el momento de finalizar este artículo, aún siguen su curso12.

La intervención de los poderes del Estado contra la divulgación masiva de una información indiscutiblemente pública (condenas firmes contra unos funcionarios, del mismo modo que antes eran sentencias penales contra unos delincuentes) fue contextualizado por los movimientos de defensa de los derechos humanos como una actuación represiva y censora, de intolerable afrenta al derecho a la información en una sociedad democrática13. Pero si se piensa así –y personalmente soy de los que así piensan-, habrá que preguntarse cómo se puede reclamar para un tipo de casos y no para otros, el derecho de los ciudadanos a comprobar por sí mismos el cumplimiento de ciertas sentencias judiciales, junto con el disfrute de la publicidad de los actos públicos (sentencias o resoluciones administrativas) para el ejercicio de consecuentes reacciones individuales lícitas (repudio personal de los penados). Si pensamos que cualquier ciudadano tiene derecho a saber si su vecino pudo ser autor de sevicias en una comisaría, antes de decidir libremente si le niega el saludo o le otorga su particular crédito de reinserción moral, no se puede entonces negar esa misma alternativa al padre de familia que desea saber a qué atenerse cuando alguien de su barrio saluda muy afectuosamente a sus hijos (obviamente, en ambos casos, la defensa de la publicidad democrática no sirve para justificar los hostigamientos populares, de la misma manera que el derecho natural de toda persona a intentar la seducción sexo-afectiva no justifica tampoco el acoso sexual o la violación).

La oclusión informativa sobre actuaciones de la Administración que se ha ejercido en el caso de la iniciativa de la Asociación Contra la Tortura se ha ratificado meses más tarde con una idéntica censura ejercida por la Agencia de Protección de Datos contra el intento de la Asociación del Defensor del Paciente de revelar en Internet el listado de médicos españoles condenados, con sentencia firme, por negligencias profesionales (cfr. entre otros, La Razón, 23-8-2000, p. 27; El Mundo, 23-8-200, p. 34 y 26-8-2000, p. 22). Tales actuaciones muestran asimismo otra sectaria tendencia de los poderes públicos a la hora de tratar los derechos de información, cuando se enarbola populistamente el terror panóptico frente a las nuevas tecnologías: Según alegaron los representantes de la Asociación Contra la Tortura, ellos se limitaron a recopilar y editar en Internet una base de datos a partir de las noticias ya publicadas de manera dispersa en diferentes periódicos sobre diferentes sentencias, más los datos aportados por víctimas de malos tratos y torturas, personadas en los procedimientos judiciales. Ocurre así que la copia de las sentencias judiciales, facilitada por abogados o "interesados" puede ser revelada libremente por el periodismo convencional. Pero cuando la potencia relacional de la electrónica se pone al servicio de la misma libertad informativa, el poder estatal alega entonces violación de la privacidad14. Parece así que es la eficacia del control ciudadano –mucho más certero mediante el rastreo informático de datos-, lo que unas instituciones que se dicen democráticas no están dispuestas a tolerar. La publicidad de las identidades privadas existe desde el momento en que un proceso judicial se culmina y la prensa lo divulga. Pero es evidente que el alcance de esa publicidad restringida, discrecionalmente tutelada y efímera, preocupa bastante menos a las autoridades. ¿Es entonces la intimidad o privacidad de los ciudadanos individuales lo que se quiere proteger, o el secular privilegio de los operarios del Gran Hermano para considerar la Administración de la sociedad como 'cosa nostra'?

La reorientación de la transparencia: Hacia un espacio público cívico-político modificador de situaciones periodístico-administrativas como la española

La situación que sobre el particular anterior muestra el marco legislativo español resulta altamente preocupante para quienes, al modo benthamiano, entendemos que una democracia liberal debe establecer con firmeza un territorio de visibilidad para la 'res pública'. Razones de espacio aconsejan dejar para otro lugar la descripción pormenorizada del arbitrario, demagógicamente pro-intimidad y clientelar desarrollo legislativo de las regulaciones españolas en materia de acceso a la información pública. Baste señalar ahora que la reciente Ley de Protección de Datos (1999), como la decisiva Ley Orgánica del Poder Judicial (1994) y sus reglamentos -en lo que afectan a la publicidad de la Administración de Justicia-, la Ley de Procedimiento Administrativo (1992 y reforma parcial en 1999), o la más ignorada pero igualmente vigente Ley de la Función Estadística Pública (1989), entre otras15, muestran una generalizada tendencia a ocultar de la mirada ciudadana las potenciales irregularidades de la Administración, al socaire siempre de un clima de opinión popular sugestionado por el terror panóptico muy unilateralmente focalizado.

Resulta muy revelador, por ejemplo, que varias de esas leyes establecen entre sus principios inspiradores el de la publicidad de los actos públicos administrativos, pero circunscriben sibilinamente dicho derecho a "los interesados", especificando más adelante –por vía de reglamentos o de resoluciones del Tribunal Supremo-, que un 'interesado' es sólo aquella persona que está relacionada con el proceso o el expediente administrativo solicitado. Para el resto de los ciudadanos que hipotéticamente desearan acceder a los documentos completos, como sentencias judiciales, expedientes de una convocatoria de concursos de la Administración, etc., la ambigüedad jurídica, cuando no la costumbre heredada de una burocracia dictatorial, tienden a provocar la simple negativa verbal al acceso remitiendo a otras instancias difusas o distantes la expresión oficial de dicha negativa. El funcionario español muestra así idéntico recelo a revelar información archivada bajo su jurisdicción como a asumir su propia responsabilidad en dicha negativa. Asimismo, estos funcionarios tienden a justificar verbalmente sus rechazos mediante inconcretas apelaciones a la regulación sobre protección de la intimidad, que demuestran de paso su ignorancia inaceptable de la regulación aplicable a su propia función16. Sencillamente, la facilitación del acceso a la información sigue sin formar parte de la mera percepción de las subfunciones comprendidas en el ámbtio de la función pública en España.

El señuelo de la protección de la intimidad es, según ya se ha reiterado, el gran paraguas que de modo indeterminado ayuda legal y culturalmente a mantener esa densa cortina sobre la vida pública española17, como seguramente también sucede en todas aquellas otras democracias demasiado apegadas a los vestigios clienterales o tentadas de incorporarse al mismo derrotero por la desazón despertada por las amenazas ultrapanópticas de las nuevas tecnologías. Pero incluso así, resulta paradójico que las trabas empleadas para negar a periodistas o ciudadanos corrientes el derecho a acceder de forma clara a los archivos administrativos, o incluso a elaborar sus propias bases de datos relacionales, desaparecen, en ocasiones, cuando los implicados son grandes agrupaciones del sector empresarial. Esto ha sucedido por ejemplo en la reciente Ley de Protección de Datos, que, ampliando el ya preexistente derecho de los 'listados de morosos' de las entidades financieras, expresamente reconoce ahora a las compañías de seguros la capacidad de mantener e intercambiar sus bases de datos con un gran número de identificaciones personales de los individuos asegurados. En cambio no contempla en ningún momento algo parecido para respaldar el trabajo de investigación de relevancia democrática de los medios de comunicación o de asociaciones ciudadanas (Cfr. LPD, 1999, arts. 29 a 31 y Disposición Adicional Sexta). Bien es cierto que, mientras los "lobbies" empresariales han mantenido toda la atención posible para defender sus intereses ante la nueva legislación, los periodistas de este país de países suelen ser los primeros en sucumbir ante la acrítica adormidera de la defensa (?) de la intimidad a ultranza. Por ello corean con espíritu 'progresista' los temores populares ante cualquier facilitación de circulación pública de datos personales básicos (desde acceso electrónico a registros de la propiedad, archivos hospitalarios y un largo etcétera), y sólo cuando en su trabajo de indagación de una irregularidad o incompetencia administrativa chocan con esas mismas barreras que vienen fomentando, empiezan a visualizar la antidemocrática repercusión de su propia mentalidad.

Queda dicho también que el respaldo al principio de la transparencia cívica no puede amparar la desprotección de cualquier parcela de privacidad o intimidad, incluso para el caso de las personas revestidas de celebridad o responsabilizadas de tareas públicas. Pero una sociedad moralmente robusta y políticamente madura no puede debatirse en la esquizofrenia pendular de, o bien secretismo oficial hasta para los datos civiles más elementales, o la alternativa del "voyeurismo" compulsivo sobre mentes, glándulas o epidermis, o la confusa mezcolanza de ambas cosas.

Urge, por ello, delimitar un concepto cívico-político de espacio público, estrictamente diferenciado, en contenidos y criterios articulares, de ese otro espacio público más genérico o sociológico que alude a cualquier tipo de concentración psico-comunicativa de la atención pública. De lo contrario, no dejaremos de incurrir en un cruzado ejercicio de categorías por el que la protección de la corrupción pueda revestirse de respeto a la intimidad y la transparencia e inspección crítica del interés general sean tildadas de fascismo policial. Ese espacio público cívicamente genuino estaba ya perfectamente delimitado en las mentes de los padres fundadores de nuestras democracias contemporáneas. Su ámbito era tan nítido que ni siquiera consideraban necesario describir tal obviedad. Pero el sincretismo postmoderno parece haber generado tan lechoso batido ideológico que alcanza a ser moda la exhibición de los ombligos hasta en actos sociales "de etiqueta", mientras causa un rubor insoportable que una guía telefónica de acceso electrónico aporte los datos de domicilio y profesión de los listados. De forma bien distinta, aquel espacio público sin el cual no cabe imaginar una democracia no es otra cosa ni tiene otros componentes que lo que los clásicos denominaban los asuntos de 'la res pública'. ¿O es que acaso el desorden panóptico que percibimos podría dar lugar a una Democracia sin República?

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Notas:

1 En realidad, y como aclara Speier (ed. 1972:103), "la costumbre de someter el presupuesto a los representantes populares, si no al público en general, fue establecida en Inglaterra durante la época de la Revolución de 1668 y en Francia en la época de la Revolución Francesa de 1789". Con respecto a Jacques Necker, citado directamente de su A Teatrise on the Administration of the Finances of France, (3ª ed. London. 1787), el mismo Speier recuerda que dicho ministro de finanzas de Luis XVI implantó la "franqueza y publicidad" en la política fiscal al considerar que "la buena opinión del pueblo" respecto a su actividad política dependía de tal claridad, a diferencia del rey o de otros ministros, cuya buena imagen podía basarse en los símbolos o tradiciones asociados a su posición de poder. Como concluye el citado Speier (ed.1972:108): "La gran contribución de Necker a la historia de la opinión pública no fue tanto que haya escrito sobre su poder, sino más bien la importante innovación que hizo al publicar declaraciones fiscales (compte rendu), de modo tal que los méritos y los defectos de la política del gobierno en este campo pudieran ser analizados en público. Lo hizo (según cita directa de Necker) ‘para calmar al público que empezaba a desconfiar de la administración de las finanzas y temía que el ingreso del tesoro no ofrecía ninguna seguridad al capital y a los intereses de sus acreedores’".

2 Recuérdese a este respecto cómo Richard Sennett (ed. 1978:266-67) describe que en las ciudades francesas y británicas del siglo XIX, la clase trabajadora solía deliberar y conspirar políticamente en los cafés y bares de sus vecindarios y cómo las autoridades preferían el alcoholismo, que quiebra la comunicación, a la sospecha de lucidez de las conversaciones sobre los asuntos de la jornada, por lo que "cuando se clausuraba un café o una taberna, la causa no era provocada por el desenfreno en la bebida, sino por la evidencia de que las gentes en los cafés estaban sobrias, furiosas y conversando". (El subrayado es mío).

3 No en balde, la preocupación de Bentham por la reforma de las prisiones es sólo algo posterior a la de Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria y su célebre "De los delitos y las penas" (1764), considerándose ambos influidos por el enciclopedista Helvetius (Cfr. Sabine, ed. 1974:497).

4 La preocupación de Bentham por los derechos individuales de los presos y por la humanización de las condiciones de vida en las cárceles es semejante a la de Beccaria, y al mismo tiempo dicha mejora para los presos es más fácil de obtener, según Bentham, por la vía de la vigilancia extrema. Tal idea queda muy patente en la siguiente afirmación del autor británico (Bentham ed. 1979:37): "En las prisiones ordinarias un preso maltratado por sus guardas no tiene medio alguno de apelar de esto a la humanidad de sus superiores, y si es mal cuidado u oprimido tiene que sufrir con paciencia; pero en el panóptico los ojos del superior están en todas partes; y allí no puede haber tiranía subalterna, ni vejaciones secretas".

5 La idea Benthamiana de cárcel panóptica acaba literalmente de ponerse en marcha en Estados Unidos, según revela una noticia difundida por el canal televisivo "Antena 3" (Noticiario de las 21.00 horas, 25-8-2000): Una prisión ha instalado, con el consentimiento de los reclusos, cámaras electrónicas por toda la prisión, que podrán ser seguidas a través de Internet por cualquier curioso. El director de la cárcel plantea el deseo de que ésta sea la única forma de visita que la gente tenga que realizar a una cárcel alguna vez en su vida.

6 Escribe expresamente que Bentham "ha encontrado una tecnología de poder específica para resolver los problemas de la vigilancia" (ed. 1979:11), añade que "plantea la cuestión en términos de poder: la población como blanco de las relaciones de dominación (ibid.:14) y remacha afirmando que el británico "plantea el problema de la visibilidad, pero pensando en una visibilidad totalmente organizada alrededor de una mirada dominadora y vigilante (...) en provecho de un poder riguroso y meticuloso" (ibid.:15).

7 "Un miedo obsesivo ha recorrido la segunda mitad del siglo XVIII: el espacio oscuro, la pantalla de oscuridad que impide la entera visibilidad de las cosas" (Foucault, ed. 1979:16).

8 Tocqueville dedica un capítulo completo a la "omnipotencia de la mayoría", mencionando expresamente también el riesgo de su "tiranía", escribiendo entre otras cosas que "la mayoría posee, en los Estados Unidos, un inmenso poder de hecho y un poder de opinión casi tan grande como aquél; y cuando está formada sobre una cuestión, no hay obstáculos, por así decir, que puedan, no diré detener, sino siquiera retrasar su marcha, y dejarle tiempo para escuchar las quejas de aquellos que aplasta al pasar", (Tocqueville, ed. 1969:154). Y añade: "Cadenas y verdugos eran los instrumentos que usaba antaño la tiranía; pero en nuestros días, la civilización ha perfeccionado incluso el despotismo, que, sin embargo, parecía no tener nada que aprender". (Ibid. 163-164). Por su parte Stuart Mill dirige su alegato contra "la poderosa y permanente levadura de intolerancia que siempre existió en la clase media de este país" (ed. 1970:93), y contra "el fanatismo" y la "policía moral" que todo grupo dominante parece de inmediato poner en marcha frente a sus disidentes (Ibid. 93 y 166, entre otras). Denuncia asimismo el temor que sienten muchos intelectuales ante la opinión mayoritaria, por lo que "consideran prudente dejar encerrados en su pecho los principios generales y los fundamentos de sus convicciones, y cuando se dirigen al público procuran amoldar todo lo posible sus conclusiones a premisas que interiormente repudian" (Ibid.:96).

9 La relación actualizada de sistemas de espionaje, inspecciones por el ciberespacio, robots y "ciborgs" de una sombría vigilancia total, que describe minuciosamente Reg Whitaker en El fin de la privacidad (1999), resulta sin duda apabullante.

10 Refiriéndose a los medios de comunicación en los países del sur de Europa y en Iberoamérica, Daniel Hallin (2000) ha argumentado recientemente que es el concepto sociopolítico de "clientelismo", el que mejor las describe. Este autor muestra en dicho trabajo que las relaciones verticales y de información compartimentada entre el poder y cada grupo o institución intermedia son típicos de las sociedades "clientelares" o caciquiles y constituyen un modelo de espacio público que las democracias más avanzadas hace tiempo que sustituyeron por criterios de transparente racionalidad universalista y uniforme.

11 Semanas más tarde, el mismo tipo de iniciativas y por idénticas motivaciones surgieron en medios de Luxemburgo y de Italia (cfr. por ejemplo, El País, 24-8-2000, p. 24 y 26-8-2000, p. 26 y El Mundo, 10-8-2000, www.elmundo.es y 24-8-2000, p. 24).

12 La noticia de la intervención de la Agencia de Protección de Datos apareció en el Diario ABC el jueves 16 de marzo, un día antes de que la Asociación contra la Tortura recibiera la comunicación oficial de cierre de su página en Internet. En realidad, según menciona el diario EL MUNDO (28-8-2000, p. 11), la inspección de la APD inició el expediente informativo el 8 de marzo, tras la denuncia de un sindicato policial. Hubo amplia referencia en todos los medios a partir del 30 de marzo (cfr. despacho de la agencia EFE en diversos periódicos de dicho día). El tema vuelve a recordarse en los medios en agosto, al relacionarse con otras intervenciones de la Agencia de Protección de Datos por iniciativa de difusión electrónica de listados de médicos condenados por errores profesionales. Se recuerda así que la Asociación Contra la Tortura sigue pendiente de una petición de multa de hasta 100 millones de pesetas (Cfr. por ej. El Mundo, 20-8-2000, www.elmundo.es).

13 Cfr. por ejemplo el Comunicado nº 3, de 20 de marzo del 2000, de "Nodo50" (www.nodo50.org), el colectivo de asociaciones que agrupa entre otras a la Asociación Contra la Tortura. En dicho comunicado se califica la medida de atentado contra los derechos humanos elementales y, dentro del de expresión, reivindican el derecho a "expresar, comunicar, almacenar, procesar y compartir datos con total libertad".

14 Dicha idea queda corroborada cuando la misma lista de funcionarios condenados por malos tratos o torturas era publicada poco después en un libro impreso ("Informe sobre la tortura en el Estado Español, 96, 97 y 98"), editado por la misma asociación denunciante. Ante la petición de algunas voces de que esta publicación también fuera retirada de la circulación, un portavoz de la Agencia de Protección de Datos expresa, según publica el diario EL MUNDO (28-8-2000, p. 11), que "la difusión de esa misma información en un libro excede de sus competencias, limitadas únicamente a aquellos datos que sean publicitados mediante soporte informático".

15 Las leyes citadas son: L.O. de Protección de Datos, de 1 de diciembre de 1999 (BOE, 14-12-99); L.O. 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con modificación parcial aprobada por el Congreso el 4-1-99; L.O. 6/85, con modificación parcial en L.O. 16/94 del Poder Judicial; y L.O. 12/1989 de la Función Estadística Pública. Cfr. también Reglamento 5/95 de desarrollo de la L.O. del Poder Judicial, sobre aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en donde se matizan criterios sobre el carácter público de las sentencias.

16 Pequeños trabajos exploratorios de campo realizados por estudiantes de la asignatura "Periodismo de Precisión", propuestos por el autor de este artículo, a lo largo de los cursos 1998-99 y 1999-2000, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, refrendan de forma contundente esta afirmación: Solicitantes personados ante organismos tan diversos como Juzgados de Primera Instancia, Oficinas Municipales de Información al Consumidor, Secretarías de Facultades de Universidad, Jefaturas de Policía o Delegaciones Territoriales de la Administración Autonómica, incluso en diversas ciudades, han generado un rosario de negativas confusas, y hasta peregrinas, para sistemáticamente evitar el acceso a expedientes o copias siquiera de información global acumulada en sus correspondientes bases de datos.

17 En otro lugar (Dader, 1998), aporto un desarrollo casuístico de esta idea.

__________
Referencias:

Arendt, Hannah (ed. 1967) Sobre la Revolución, (v.o. 1963) Madrid. Revista de Occidente.

Bender, J. (1991) "Computer Access", en Ullman, J./Colbert, J. (eds.) The Reporter’s Handbook. An Investigator’s Guide to Documents and Techniques. New York. St. Martin Press.

Bentham, Jeremy (ed. 1979) "El Panóptico", (v.o. 1787, ed. inglesa reciente en Miran Bozovi, ed. 1995. London. Verso,) en VV.AA., El Panóptico. Madrid. Ed. La Piqueta. (Repr. de la traducción de 1822. Madrid. Impr. Fermín Villalpando), (ed. cast. Reciente en Madrid. Endymion. 1989).

Dader, José Luis (1998) "La libertad de investigación periodística sobre bases de datos frente a la coartada de la defensa de la intimidad: Problemas jurídicos y de mentalidad en el ejercicio del "Periodismo de Precisión" en España". Ámbitos: Revista Andaluza de Comunicación (Fac. CC. Información. Universidad de Sevilla), Vol.1:37-50.

Dader, José Luis (1992) El periodista en el espacio público. Barcelona. Bosch.

Dader, José Luis (1997) Periodismo de precisión. La vía socioinformática de descubrir noticias. Madrid. Síntesis.

DeFleur, Margaret (1997) Computer-Assisted Investigative Reporting. Mahwah, NJ. LEA: Lawrence Erlbaum Assoc.

Foucault, Michel (ed. 1979) "El ojo del poder", en VV.AA. El Panóptico. Madrid. Ed. La Piqueta.

Foucault, Michel (ed. 1976) Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. (v.o. 1975) Méjico. Siglo XXI.

Garrison, Bruce (1998) Computer-Assisted Reporting. Mahwah, NJ. LEA: Lawrence Erlbaum Assoc. 2ª edición ampliada.

Habermas, Jurgen (ed. 1994) Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública. (v.o. 1962: Strukturwandel der Öffentlichkeit). Barcelona. G. Gili. 4º ed.

Habermas, Jurgen (ed. 1988) L’espace publique. Archeologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise. (v.o. 1962: Strukturwandel...) Paris. Payot. Ed. 1988.

Habermas, Jurgen (ed. 1994) "Prefacio a la nueva edición alemana de 1990 de Strukturwandel der Öffentlichkeit", en Habermas, ed. 1994, op. cit.

Hallin, Daniel (2000) "Political clientelism and the Media: Southern Europe and Latin America in Comparative Perspective", Comunicación presentada al Congreso de la Latin American Studies Association. Miami.

Jaffe, A.J./ Spirer, H. (1987) Misused Statistics: Straight Talk for Twisted Numbers. New York. Marcel Dekker.

Meyer, Philip (ed. 1993) Periodismo de precisión. Nuevas fronteras para la investigación periodística. (v.o. 1991). Barcelona. Bosch.

Mill, Stuart (ed. 1970) Sobre la libertad. (v.o. 1859) Madrid. Alianza.

Miranda, María Jesús (1979) "Bentham en España", en VV.AA. El Panóptico. Madrid. Ed. La Piqueta.

Sabine, George H. (ed. 1974) Historia de la teoría política (v.o. 1937). Madrid. Fondo de Cultura Económica.

Sampedro, Víctor (2000) Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid. Itsmo.

Sampedro, Víctor/ Jerez, Airel (2000) Televisión y urnas. Políticos, periodistas y publicitarios. Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Edición Restringida. ISBN 84-699-2599-7.

Sennett, Richard (ed. 1978) El declive del hombre público. (v.o. 1974). Barcelona. Península.

Speier, Hans (ed. 1972) "El desarrollo histórico de la opinión pública" (v.o. 1950), en Steinber/Bluem (eds.) Medios de masas y comunicación. Méjico. Roble.

Tocqueville, Alexis de (ed. 1969) La democracia en América. (v.o. 1835-40). Madrid. Guadarrama.

Whitaker, Reg (1999) El fin de la privacidad. Cómo la vigilancia total se está convirtiendo en realidad (v.o. 1999). Barcelona. Paidós.


* José Luis Dader es profesor titular de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, y colaborador de Sala de Prensa. Este artículo se publicó originalmente en la revista Analisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, nº 26, pp. 145-168, 2001, de la Facultad del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y fue cedido por el autor para su reproducción en SdP.


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