Sala de Prensa


34
Agosto 2001
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


La prensa en Uruguay

Informe sobre la información

Hugo Machín *

Cuando "Bitácora" me invitó a ofrecer la visión de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) sobre el tema, lo hago consciente de la necesidad que existe en el Uruguay de informar sobre la información, tomando el título del conocido trabajo de Manuel Vázquez Montalbán.

Ya en 1999 los trabajadores de los medios de comunicación vivíamos uno de los peores momentos laborales de las últimas décadas en los sectores de prensa y radio, y así se consignó en la Memoria y Balance Anual y Ejercicio 1998-1999.

Esa situación caracterizada por "la persistente pérdida de trabajo y envíos al seguro de desempleo, se suma a la creciente precarización del trabajo con contratos por períodos cada vez más breves y en la mayoría de los casos con pérdida de beneficios legales de aguinaldo, salario vacacional e indemnizaciones por despido. Las horas extras difícilmente se remuneren de acuerdo a los términos de la ley vigente" se sostenía en esa oportunidad.

Lamentablemente para el Derecho a la Información de la ciudadanía y para Libertad de Expresión, los hechos se agravaron durante el año 2000.

De unos 1.800 puestos de trabajo que existen aproximadamente en Montevideo, cerca de 300 se perdieron entre trabajadores despedidos y/o enviados al seguro de desempleo. APU no cuenta con un detalle de la situación en el interior aunque maneja que se han perdido decenas de puestos de trabajo.

Nueve empresas periodísticas cerraron durante el año pasado: El Diario, La Mañana, Guambia, el semanario El Día, el vespertino Primera Plana, Prensa de los Viernes, semanario Causa Abierta y las revistas semanales Tres y Posdata. Por el momento, la emisora CX 44 Panamericana dejó de constituir una fuente laboral.

En muchas empresas se aplicó la rebaja salarial que en algunos casos llegó hasta un 50% de los sueldos y en otras empresas se impuso a gran cantidad de trabajadores la contratación mediante la modalidad de empresas unipersonales que, en numerosos casos, fueron derivados desde la situación de empleados a esta modalidad que se traduce en precarización de puestos de trabajo, cese de derechos laborales, contratos por tres meses y pérdida de beneficios jubilatorios.

EL diario Ultimas Noticias envió al seguro de paro a casi cien trabajadores, el diario La República envió a 25 trabajadores al seguro de desempleo, el diario El País, entre despidos y seguro de paro, desafectó a más de veinte trabajadores y aplicó una rebaja salarial.

Agresiones

La APU dio a conocer en conferencia de prensa realizada el miércoles 17 de enero el primer Relatorio sobre agresiones a la libertad de prensa y a los derechos de información y de libertad de expresión.

La APU creó en enero del 2000 la Comisión de Libertad de Prensa que recopiló puntualmente los hechos denunciados o no, ante la comisión y que incluyeron asesinato, atentado, agresiones físicas, amenazas, coacciones y censuras.

Con el advenimiento del nuevo gobierno en marzo del 2000, de verificó una evolución positiva en el clima de libertad en el ejercicio de la función periodística y un compromiso mayor con la plena vigencia de los Derechos Humanos. Salvo alguna excepción sobre la que se le pidió reserva a APU por parte de los involucrados no se registraron denuncias de presiones directas desde el gobierno sobre periodistas o medios de comunicación. como las que debió considerar APU en el pasado y que son de publico conocimiento

El marco jurídico atentatorio contra libertad de prensa sigue sustentado en la existencia del delito de Desacato, en aspectos de la Ley de Prensa (Nro. 16.099) en la inexistencia de Habeas Data y en la distribución irregular de la publicidad oficial.

También en el sector radio Nuevotiempo redujo fuentes laborales con reducción temporal de salario, en Setiembre FM, hubo envíos al seguro de paro y reducción salarial, en El Espectador reducción salarial, en Radio Nacional envíos al seguro de desempleo y retraso en el pago de haberes. En Sarandí, el año terminó con el despido de doce trabajadores constituyendo un caso especial ya que esta empresa había realizado su ajuste en el año 1999 con numerosos despidos y rebaja salarial, cambió de dueños en el verano anterior y había logrado durante el año 2000 reposicionarse en materia de audiencia con publicidad satisfactoria, según lo difundió la propia empresa.

En televisión el impacto fue menor, aunque hubo cinco despidos en Canal 5 en el informativo 7 A.M., emprendimiento privado que se emitía por canal oficial, cinco despidos en Señal 1y hubo dos despidos en Teledoce.

La única variable de ajuste -salvo muy pocas excepciones- ha sido la masa salarial cuya reducción notoriamente decreció.

Derechos amenazados

Para la APU este panorama atenta contra el mejor ejercicio del Derecho a la Información por parte de la ciudadanía y también incide negativamente sobre la Libertad de Expresión. La inestabilidad laboral se traduce en perdida de independencia profesional por la incertidumbre y la amenaza latente de la desocupación. Las habituales presiones sobre la prensa adquieren mayor peso, terminan por lesionar seriamente la independencia de las empresas y esta consecuencia negativa se traslada a los periodistas.

En forma paulatina se reducen las áreas de cobertura informativa con lógico deterioro del producto periodístico, la información es trabajada por menor numero de difusores y consecuentemente se restringe la pluralidad de información y de opinión.

¿Qué hacer?

APU es consciente de la recesión económica que se vive en el país a la que se suma el recorte en la publicidad privada -caída total del 27%- y reducción en un 50% de la publicidad estatal1, pero también sostenemos desde el gremio que así como lo hicimos los periodistas mediante un censo en Montevideo2, tanto el Estado como las empresas periodísticas deben hacer transparente el mercado en lo atinente a mediciones de audiencias y tirajes como a la real situación financiera de las diferentes empresas. Es la base para encarar posibles caminos que detengan esta sangría y recuperar un periodismo que corre el riesgo de perecer con el consiguiente peligro para la democracia uruguaya.

Si el Estado ha considerado a la Salud, la Educación y la Justicia como servicios esenciales y tomó parte en la solución de las crisis existentes en esos ámbitos de la sociedad, APU entiende que la información y la comunicación no son menos importantes. Reclamamos la instalación de una mesa tripartita (Estado, empresarios y trabajadores) que ofrezca transparencia al mercado, libertad y competencia, traducidas en mejores productos periodísticos, pero también en garantías laborales cuya pérdida hasta hoy ha sido el mayor costo de la crisis de la prensa.

______
Notas:

(1) Una crisis detrás de las noticias. El Observador, suplemento Café & Negocios, 17 de diciembre del 2000.

(2) Primer Censo de Periodistas de Montevideo, realizado con la Universidad de la República. 1997.


* Hugo Machín es vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya-Sindicato de Trabajadores de la Comunicación Social (APU-STCS). Este texto se publicó en Bitácora, suplemento del diario uruguayo La República, y se reproduce en Sala de Prensa con la autorización expresa de su editor, Carlos Santiago.


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