Sala de Prensa


21
Julio 2000
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Recuento del estado de la
libertad de expresión en Paraguay

Sindicato de Periodistas del Paraguay *

Para el análisis del ejercicio de la libertad de expresión en el país durante 1999 se abarcaron dos sectores, por un lado los hechos que afectaron al ámbito empresarial de los medios de comunicación, y por el otro, la de los periodistas, tanto durante el gobierno de Raúl Cubas Grau y el del Jefe de Estado actual, Luis González Macchi.

MIRADA A LOS PERIODISTAS

Los periodistas soportaron luego de asumido el gobierno de González Macchi los mayores pisoteos a sus derechos humanos por el ejercicio de su labor profesional, en su mayoría en respuesta a la difusión de trabajos periodísticos. Durante el gobierno de Cubas Grau, los trabajadores de prensa sufrieron, sobre todo, agresiones físicas.

En el denominado Marzo Paraguayo, del 23 al 28 de dicho mes, sobresalió el aporte de los comunicadores sociales en pro de la democracia, cumpliendo intensas jornadas de trabajo a fin de transmitir paso a paso a la ciudadanía los hechos que iban aconteciendo ante la delicada situación política que se vivía en el país.

  • Sentencia judicial contra periodistas

La ex corresponsal del diario Ultima en Ciudad del Este Dolly Galeano, recibió el22 de diciembre de 1998 una sentencia judicial de pagar una multa de unos 10 millones de guaraníes, por un comentario realizado en 1994 sobre las ganancias de la empresa constructora Conempa y las falencias del área salud en los grupos habitacionales de Itaipú Binacional.

A la periodista no se le dio la oportunidad de la presentación de la prueba de la verdad, y la defensora de reos pobres que tomó el caso, Mara Ladan Samcevich, antes que defender a su representada se limitó a tener por ciertas las acusaciones de la querella.

Esta es la segunda sentencia desfavorable al ejercicio profesional de los periodistas que se produce en esta década. El anterior, de 1994, fue para Ricardo Canese, querellado por el mismo grupo empresarial, por comentarios hechos sobre la participación del ex presidente Juan Carlos Wasmosy como integrante de la empresa Conempa- en la obra hidroeléctrica de Itaipú. Ambos casos están en las instancias de apelación.

  • Querellas a periodistas

. A nivel de querellas presentadas contra periodistas, el corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Cándido Figueredo fue querellado en lo criminal el 26 de agosto por Clarns Ufoch Odumodu, supuesto narcotraficante africano. La presentación se produjo luego de que el periodista se acercó a fotografiar e investigar el hipotético arribo de un cargamento de cocaína en la casa del extranjero.

. También se procesó en diciembre de 1998 por difamación y calumnia al periodista Jorge Villalba Dígalo, del diario Ultima Hora, debido a una querella criminal promovida por los sindicalistas Eduardo Pérez Avid y Jorge Alvarenga a raíz de las denuncias hechas por el periodista de que dichos sindicalistas avalaron prestamos irregulares y que llegaron al vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT).

  • Atentados contra periodistas

. Dos hechos de atentados a periodistas ocurrieron en 1999. Uno de los casos fue en setiembre, cuando desconocidos balearon en la madrugada del 9 de setiembre la residencia de los periodistas Marlene Franco y Esteban Areco, integrantes del área Investigación del diario Noticias. Se desconoce el tema que originó este ataque con arma de fuego.

Atentados que afecten a periodistas no se producían en el país desde hace seis años.

. Otro hecho ocurrió el 24 de agosto cuando miembros del equipo de Investigación del diario La Nación, Ana Bolaños, Carlos Juri y Aldo Espínola fueron perseguidos y recibieron tiroteos de parte de personal de Senad-organismo antidrogas del país-. Fue cuando dicho equipo estaban investigando frente a la casa de Claudio Luis Elias Weil, ciudadano argentino, supuesto nexo con narcotraficantes.

  • Periodistas detenidos

En 1999, después de ocho años volvió a registrarse la detención de periodistas a raíz del ejercicio profesional. Todos ellos acontecieron en el interior del país, donde surgen indicios de que los magistrados excedieron en sus funciones ante las críticas recibidas por la labor desempeñada, pisoteando las garantías constitucionales que amparan la libertad de opinar.

. El primer caso de arresto fue el 14 de mayo y afectó a Camilo Cantero, periodista de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, y corresponsal del diario Ultima Hora en esa ciudad, donde el juez Mario Ignacio Maidana ordena la detención del periodista a raíz de un accidente de tránsito ocurridos meses atrás donde ya había un acuerdo de compensación de daños. Se cuestionó que este juez atendiera el expediente considerando su enemistad con el periodista por las críticas que éste realiza al accionar del magistrado.

. Luego el mismo juez Maidana ordena el 28 de mayo la detención de Gerardo Balbiani, director del semanario La Jornada y de su administrador Gerónimo Ruíz, bajo el argumento de emisión de cheques sin fondo, que habían sido sustraídos y anulados. Según los afectados la orden fue dada porque el semanario mantiene una postura crítica contra el juez.

. Otro caso en perjuicio de la labor periodística se produjo en Villarrica, el 22 de junio, ocasión en que la jueza Norma Jara de Benítez dispone el arresto disciplinario de los periodistas Norma Acuña y Secundino "Nino" Silguero, de Radio Panambí Verá, por haber cuestionado algunas decisiones de la magistrada. Esta medida, considerada un abuso de la jueza, se encuentra en etapa de apelación.

  • Intimidación a periodistas

. La jueza Norma Jara de Benítez, dispuso el 2 de julio que se grabara por tres meses, de julio a setiembre, el programa de la tarde del periodista Secundino Silguero, de Radio Panambí Verá como parte de un expediente judicial del cual no forma parte el hombre de prensa. Aquí hubo una autorización del fiscal Carlos Alvarenga, quien como agente fiscal debió defender los intereses de la sociedad, en este caso el derecho a expresión. Esta decisión judicial fue a pocas semanas de haberse ordenado el arresto del mismo Silguero y de Norma Acuna, de Radio Panambí Verá.

. Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, en un vehículo de dicha institución, interceptaron el 17 de diciembre a Catalino Ibarra, corresponsal del diario ABC Color en Paraguarí. Fue frente al domicilio del corresponsal y le acorralaron para cuestionarle fuertemente por haber publicado que con máquinas de dicha institución del Estado realizan trabajos en casas particulares.

. El 29 de diciembre, el periodista Alberto Ledesma al salir de su lugar de trabajo en su vehículo particular fue perseguido en un automóvil por Luis Panza, uno de los integrantes del grupo de adherentes al Partido Colorado que agredió a periodistas el 30 de noviembre, entre ellos Ledesma. Esta persecución fue por varias cuadras y fue protagonizada por una persona que estuvo en la carcel y está con libertad condicional a raíz de la agresión protagonizada en contra de Ledesma y otros siete periodistas.

  • Amenazas a periodistas

Las amenazas de muerte afectaron a periodistas de la ciudad capital y en especial del interior, y hasta a una corresponsal en el exterior. Todos fueron durante el gobierno de González Macchi. Los casos fueron:

. El periodista de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, Camilo Cantero así como otros funcionarios de la radio, recibieron el 31 de marzo amenazas telefónica anónimas de muerte, presumiblemente por la posición de la radioemisora por promover las movilizaciones ciudadanas en repudio al gobierno del ex presidente Raúl Cubas Grau y de Lino Oviedo.

. El periodista de Radio Uno de Asunción, Víctor Oporto, fue otro de los que recibió el 10 de agosto amenazas anónimas de muerte, que luego extendieron a su esposa, en estado de gravidez. Aconteció luego de difundir informaciones sobre la investigación del asesinato del vice presidente de la República.

. En Ciudad del Este, César Palacios, corresponsal, y Gustavo Nuñez, reportero gráfico, ambos del diario Noticias fueron amenazados por un desconocido en la vía pública, el 10 de octubre, de que verán las consecuencias en caso de que no cesen de publicar casos de corrupción en la aduana de Ciudad del Este, en especial de tabacos y electrodomésticos.

. La corresponsal del diario Noticias en Buenos Aires, Argentina, Maricarmen Almada recibió el 26 de julio en el vecino país, amenazas de muerte por teléfono luego de difundir de las actividades políticas que desarrollaba el ex militar golpista Lino Oviedo en su asilo en Buenos Aires.

  • Agresiones a periodistas

Todas la agresiones a periodistas durante el ejercicio de su labor informativa se produjeron en la ciudad capital, en su mayor parte. También hubo algunos casos en el interior del país.

. Durante la vigencia del gobierno de Cubas Grau, partidarios del General Lino Oviedo que estaban manifestándose a favor de Radio Montecarlo agredieron el 8 de febrero a la periodista de Radio Uno, Carolina Oddone y un reportero gráfico que se acercaron al lugar a realizar la cobertura.

Luego, durante el gobierno de González Macchi se registra el mayor número de agresiones a trabajadores de prensa. Los afectados fueron:

. Fernando Ruíz Díaz, de Radio Uno, y Beatriz Maldonado, de Radio Cardinal, fueron agredidos el 31 de agosto por guardaespaldas del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, e impidieron que los mismos realicen una cobertura en el local del movimiento de Reconciliación Colorada del Partido Colorado. El hecho fue frente al Ministro, quien no reaccionó.

. Efectivos policiales y guardaespaldas del Ministro del Interior, Walter Bower que estaban en el hospital Emergencias Médicas golpearon el 3 de setiembre los rostros de reporteros y destruyeron equipos de camarógrafos que estaban cubriendo un accidente que sufrió un alto jefe policial. Los golpeados fueron Miguel Angel Cazal,reportero gráfico de El Popular, Oscar Villalba y Emilio Méndez, camarógrafo y reportero respectivamente de Canal 4, Roberto Britos y Juan Ruíz Díaz, camarógrafo y cronista de Canal 13.

. Durante al Cumbre de Presidentes del Mercosur, el 15 de junio, los guardaespaldas del presidente argentino Carlos Menem con empujones impidieron el trabajo informativo de la reportera de Canal 9 de Asunción, Elizabeth Palma.

. El 21 de octubre, vecinos del barrio Costa Sosa de la ciudad de Luque agredieron físicamente a Miguel Espínola, corresponsal del diario Ultima Hora, y con un puñal destrozaron la rueda de su vehículo. Fue durante un acto de protesta de los vecinos por el traslado al barrio de la cárcel de menores y fue en reacción por un comentario del periodista en el diario en el que cuestionaba la postura intransigente de los vecinos.

. En la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyu, el 13 de noviembre hubo otra agresión a periodista. En esta ocasión el golpeado fue Cristino Peralta, de la radio del lugar. Los golpes lo recibió de parte del Gobernador César Alvarenga, quien además le destruyó su cámara fotográfica. Aconteció durante una cobertura de una intervención judicial en el local de la Gobernación, durante una manifestación de pobladores en la que se pidió la renuncia del Gobernador por malversación de fondos.

. El 30 de noviembre se produjo la agresión de mayor envergadura a trabajadores de la prensa. En la madrugada de ese día, un grupo adherentes al Partido Colorado, en estado alcohólico, agrede a golpes a 8 trabajadores de prensa que estaban esperando en la calle la finalización de una negociación de autoridades del Gobierno con dirigentes sindicales para tratar de postergar una huelga de trabajadores del Estado. Los agresores también destruyeron equipos de trabajo, como cámaras fotográficas y cámaras de filmación. Los golpeados fueron:

Carlos Sosa, periodista y Gustavo Quintana, reportero gráfico, del diario Ultima Hora, Alberto Ledesma, periodista de Noticias, José Cardozo, periodista de ABC Color, Julio Lezcano y Nivaldo Villalba, del Canal 4 Telefuturo, Juan Ruíz Díaz, de Canal 13, y Mario Bracho, de Canal 9. Los afectados, bajo patrocinio del SPP, iniciaron una querella contra los autores y cómplices de los hechos punibles contra la persona, la vida, la seguridad, integridad y bienes de las personas.

Entre los denunciados como integrantes del grupo de agresores están dos funcionarios del Ministerio del Interior, quienes luego convocaron a una reunión de prensa frente al local del SPP para desmentir que hubiesen participado de la agresión. Esta situación fue considerada como una provocación de estos funcionarios del Estado a crear incidentes con integrantes del SPP.

. El 7 de diciembre, a la noche, guardaespaldas del Presidente de la República, Luis González Macchi y del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, y grupos de "Servidores" de la Iglesia Católica, a empujones y golpes impidieron a trabajadores de prensa- camarógrafos, fotógrafos y periodistas- que cumplan con su tarea periodística durante la misa central en la Basílica de Caacupé, y a la vez evitaron que intentaran entrevistar a dichas autoridades al final de la misa.

. Gabriel Alfonso, corresponsal del diario Noticias en Ayolas fue agredido el 11 de diciembre por el Coronel Numan Arrechea en el momento en que sacaba algunas tomas fotográficas de una intervención policial y judicial a la estancia de dicho militar, en búsqueda de una pista ilegal de aviación.

. El cronista de Radio Cardinal y Canal 13, Domingo Delvalle fue agredido el 13 de diciembre por un directivo de la Liga Villetana de Fútbol, Alfonso Silguera. Fue durante la cobertura periodística de una fuerte discusión entre el público y dirigentes deportivos al término de un partido de fútbol en la ciudad de Luque.

  • Obstáculos a la labor informativa

En los últimos meses de 1999 se producen unos casos que apuntan a dificultar la labor de acceso a la información de parte de los periodistas. Casi todos tuvieron lugar en dependencias de las Fuerzas Armadas. Estas restricciones al trabajo de los periodistas se producen luego de más de un año, porque los últimos casos registrados tuvieron lugar a poco de asumir el gobierno de Raúl Cubas Grau, en agosto de 1998, que luego fueron dejados de lado ante la presión de los trabajadores de prensa. Las situaciones planteadas fueron:

. A pedido del Ministro de Defensa Nacional, Nelson Argaña, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente de la República, Luis González Macchi vuelve a poner en vigencia, el 28 de octubre, la disposición que prohibe a los militares en servicio activo a realizar declaraciones a la prensa sobre temas militares, sin la expresa autorización de su Comandante. Esta resolución volvió a ser aplicada luego de que un alto miembro de la justicia militar explicó a la prensa sobre la situación de algunos oficiales que habían sido reincorporados al Ejército por el Tribunal de Cuentas.

. Asimismo efectivos militares de la Guardia Presidencial desalojaron, el 24 de noviembre, a los periodistas acreditados para la cobertura diaria del Presidente de la República, de uno de los acceso laterales de la Casa Presidencial. Es un sitio donde los visitantes esperan su ingreso a la residencia. No dieron explicación alguna, dejando a los periodistas en un ambiente incómodo de trabajo, bajo el intenso sol.

. En la ciudad de Filadelfia, políticos del Partido Encuentro Nacional del departamento de Boquerón, expulsaron el 12 de noviembre a tres periodistas de una reunión de miembros del grupo político con el presidente de dicho partido y a la vez Ministro de Industria y Comercio, Euclides Acevedo. La reforma del Estado era uno de los temas que debían tratar estos políticos. Los periodistas afectados fueron Bernardo Coronel, corresponsal de Ultima Hora, Pablo Almada, de Radio Paí Pukú, y Marvin Duerksen, corresponsal de ABC Color.

. El comandante de la unidad de Artillería del Ejército prohibió el 25 de noviembre el ingreso de los periodistas al acto de egreso de alumnos de dicha unidad militar, en la ciudad de Paraguarí, si bien no hubo problemas para que ingresen los familiares de los egresados. Las restricciones a la prensa son frecuentes en las Fuerzas Armadas, que se caracterizan por guardar "secretos" a la sociedad civil.

. Guardaespaldas y funcionarios de protocolo asignados al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias obstaculizaron el 6 de diciembre la labor de cobertura de trabajadores de prensa de la reunión de Iglesias con lideres políticos.

. Efectivos de la Fuerza Aérea no permitieron el 13 de diciembre el acceso de trabajadores de prensa a las instalaciones de dicha unidad militar para la cobertura de un campamento de boys scouts.

. El 16 de diciembre, el Ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Fernández Estigarribia convoca a una reunión de prensa a los periodistas acreditados ante dicho ministerio, pero excluye de dicha convocatoria al periodista del diario ABC Color, Pablo Guerrero. Funcionarios explican extraoficialmente que este marginamiento es por la posición crítica de dicho periódico a la labor del gobierno nacional.

  • Vigilantes de la democracia

Cientos de trabajadores de prensa trabajaron intensamente del 23 al 28 de marzo, para llevar a la opinión pública nacional e internacional detalles de lo que ocurría en el país a partir del asesinato del vice presidente de la República y la masacre de jóvenes frente al Congreso Nacional, en la mayoría de los casos sin contar con las mínimas garantías para el desarrollo de las tareas profesionales.

Después de los jóvenes y campesinos, los periodistas fueron las grandes protagonistas del Marzo Paraguayo. Pese a la violencia que se vivía, periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y demás trabajadores de prensa, estuvieron transmitiendo desde la plaza frente al Congreso Nacional todo lo que acontecía y denunciando con pruebas el deliberado ataque a una población indefensa que pretendía vivir en democracia.

MIRADA A LOS MEDIOS

  • Querellas por difamación y calumnias

Los principales medios de comunicación y empresarios del sector resultaron con varias querellas y cuatro atentados que se produjeron tanto en la época del gobierno de Cubas Grau como durante el gobierno de González Macchi.

. El proceso judicial iniciado el 3 de febrero a Osvaldo Dominguez Dibb, director del diario La Nación, Alberto Vargas Peña, columnista del diario La Nación, Juan Carlos Bernabé, director de Radio Nanawa, y Raúl Melamed, conductor de un programa por Radio Montecarlo A.M. tuvo continuidad luego de la caída del gobierno de Cubas Grau, llegándose a concretar el arresto disciplinario aplicado a estos hombres de prensa por injuriar y agraviar la investidura del juez, menos Melamed que se encuentra prófugo.

Este proceso judicial fue promovido por parlamentarios como consecuencia del posicionamiento de estas personas en favor del rompimiento del Estado de Derecho, acompañando el plan desestabilizador de la democracia de personeros del gobierno de Cubas Grau, liderados por el ex militar golpista Lino Oviedo.

. La posición del SPP en favor del Estado de Derecho y el ejercicio de un periodismo responsable, llevó al diario ABC Color a intentar socavar en marzo la autoridad moral del sindicato y la imagen personal y profesional del entonces secretario general del SPP, Ignacio Martínez, quien tuvo que renunciar el 7 de abril como periodista de dicho diario, en protesta ante dicha campaña.

. Luego de la caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi, siguieron otros procesos judiciales (querellas por difamación, calumnia e injuria) a dueños de medios empresariales.

El director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo es el que mayor casos tiene acumulados, dos de ellos provenientes de personas con altos cargos en el actual gobierno, que son Juan Carlos Galaverna -presidente del Congreso Nacional- y Juan Ernesto Villamayor -Secretario General de la Presidencia de la República-, por habérseles imputado como responsables de los delitos económicos perpetrados en el Banco Nacional de Trabajadores (BNT).

. Otros casos de querellas por difamación, calumnia e injuria hacia el director de ABC, fueron de Jotvino Urunaga, gobernador de Alto Paraná, presentado a fines de agosto, a raíz de publicaciones que afectaron presuntamente su honor y reputación, y la de una madre, que demandó por difamación e injuria por difundir una foto de su hijo como un menor dedicado a pedir limosna, presentado el 24 de junio.

. También al director de ABC Color se le instruyó sumarios judiciales por publicar nombres y fotos de testigos que el juez quería mantener en reserva- que no lo estableció en forma explícita, en el caso del asesinato del vice presidente de la República, Luis María Argaña, y otro por haber publicado a fines de agosto desgrabaciones de fonopinchazos, violando una orden judicial que prohibía dicha publicación, en el caso que involucró al político Hermes Rafael Saguier en presiones ejercidas a un presunto testigo del asesinato de Argaña.

. Otra querella por difamación, calumnia e injuria contra el director de ABC Color, y periodistas de la redacción regional de Ciudad del Este, fue presentada en esa ciudad, el 7 de octubre, por el abogado Julio César Garay. Este había sido involucrado en dos artículos periodísticos de vender protección de autoridades a personas que realizan actividades comerciales al margen de la ley.

. En la misma Ciudad del Este, un ciudadano chino,Wu Wen Huan querella, en octubre, en el campo criminal al director de ABC Color por supuesto delito de injuria grave, a raíz de que dicha persona fue presentada en una publicación de contar con un título falso de doctor ad honorem de la Universidad Nacional del Este.

. Otro director de medio querellado por difamación y calumnia fue del diario La Nación, Osvaldo Dominguez Dibb con una acción presentada el 26 de agosto por parte de Claudio Luis Elias Weil, por ser presentado como implicado en el tráfico de drogas en los Estados Unidos.

. Otro de los querellados a nivel crminal fue el director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bo. Fue de parte de Reinaldo Dominguez Dib, empresario, el 11 de octubre, por publicaciones en dicho medio de comunicación que le afectaron el honor y la reputación, según la denuncia. Fueron artículos sobre la licitación de lotería y quiniela nacional donde se atribuyó que Dominguez Dibb se adjudicó dichos juegos en forma fraudulenta.

. En medio de este panorama, un juez sobreseyó el 18 de setiembre, en forma provisional, a los periodistas Humberto Rubín, Rodolfo Schaerer Peralta y Víctor Benítez, en un juicio abierto por comisión de delitos electorales al divulgar resultados de encuestas de "boca de urna" en 1996 antes del tiempo permitido. Esta decisión se tomó porque el Ministerio Público, que solicitó el procesamiento de los periodistas, luego no dió ningún impulso al expediente.

  • Sentencias

. A nivel de sentencias judiciales producidas durante 1999, Osvaldo Dominguez Dibb, director del diario La Nación fue condenado el 20 de setiembre por la Justicia a pagar una multa de 39 millones de guaraníes al ser encontrado responsable del delito de difamación cometido en 1997 en perjuicio del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, en un artículo titulado "Carta al pueblo paraguayo" donde se imputó al máximo organismo judicial de los delitos de corrupción en el Poder Judicial.

. Asimismo el 16 de setiembre, se condenó al director de La Nación a 20 meses de cárcel, pena sustituida en la misma sentencia por una multa de 227 millones de guaraníes. Fue como parte del juicio abierto el 20 de agosto de 1996 a raíz de una querella promovida por Carlos Darío Benegas Peralta, quien aseguró ser víctima de estafa, extorsión y chantaje, al no cobrar un premio de un sorteo organizado por el diario.

  • Amenazas

. Durante su habitual programa de la mañana, el 19 de noviembre, el director de Radio Ñandutí, Humberto Rubín recibió amenazas que le van a tirar de espalda no precisamente con un pequeño elemento. Lo hizo un oyente identificado como Coronel(retirado) Pedro Florentín. Fue por los comentarios hechos por Rubín sobre temas militares y sobre un capitán retirado que falleció en fecha reciente.

. El director del diario La Nación, Osvaldo Dominguez Dibb recibió el 9 de diciembre una amenaza de muerte. Sería a raíz de una serie de publicaciones sobre una estafa de la empresa brasileña Furnas en el suminisro de energía eléctrica a Paraguay.

  • Daños materiales

. En el presente año también hubo daños materiales a medios de comunicación, y durante el gobierno de Cubas los más perjudicados fueron los medios que no compartieron el rompimiento del Estado de Derecho que se alentaba desde el Poder Ejecutivo. Así, el 23 de febrero se tuvo un intento de sabotaje que iba a ser perpetrado contra el transformador de la planta transmisora de Radio Uno, en Chaco-í.

. En la noche de la masacre de jóvenes frente al Congreso Nacional (el 26 de marzo), móviles de los Canales 4 y 13 sufrieron destrozos, el de Radio Cáritas - de la Iglesia Católica- fue totalmente quemado, y se tiró una bomba molotov frente al diario Ultima Hora.

. Luego de asumido el gobierno de González Macchi, desconocidos efectuaron el 31 de marzo varios disparos de arma de fuego contra un móvil de Radio Ñandutí, sin impactar en el vehículo ni los ocupantes.

. Por su parte, el frente de la residencia del director de ABC Color sufre un atentado, hecho al que se sumó que durante algunos días, personas de civil rodearon del 8 al 12 de junio, en forma constante la casa del empresario, que según de la Policía fue como parte de la búsqueda del diputado Conrado Pappalardo, acusado de ser autor intelectual del asesinato de Argaña. Asimismo, el 18 de setiembre, la redacción regional del diario ABC en la ciudad de Pedro Juan Caballero sufre un ataque con piedras de parte de desconocidos, dañando el vidrio de un vehículo estacionado y las paredes del edificio.

. Al diario Noticias, el 25 de agosto se le roba una camioneta. Otro hecho fue que el 27 de agosto se lanza una granada al interior del estacionamiento del local de la Radio Montecarlo - 970 AM, sin causar daño a ninguna persona.

. En horas de la madrugada del 25 de noviembre se produce un atentado a balazos al edificio de Radio Nacional del Paraguay. No hubo víctimas, sólo daños en algunas partes del frente del edificio. No se pudo identificar a los autores. El hecho se produjo luego de haber finalizado una huelga de funcionarios en reclamo de la reposición de dirigentes sindicales despedidos y solicitando la renuncia del director. El sindicato de trabajadores negó toda participación en el hecho y recordó que ellos sólo buscan que sean escuchados en sus reclamos.

  • Interferencias

Cuando aumentó la violencia de los seguidores del gobierno de Cubas Grau y del ex militar Lino Oviedo, medios radiales y televisivos con posición crítica afrontaron dificultades técnicas, en especial interferencias. Los casos fueron:

. Momentos después del asesinato del vice presidente de la República, el 23 de marzo, dejó de funcionar por cuatro horas el servicio de telefonía celular de la empresa Telecel, dificultando la transmisión periodística de los hechos sucedidos con el magnicidio. También Radio Cardinal no pudo transmitir por algunas horas porque se interrumpió el servicio de energía eléctrica de la planta transmisora.

En la noche del 26 de marzo, durante la masacre de siete jóvenes frente al Congreso Nacional, sufrieron interferencias en sus transmisiones las emisoras Radio Cardinal, 1º de Marzo, Ñandutí y Radio Uno, así como las señales de Canal 9.

Luego durante el gobierno de González Macchi vuelven a producirse otras interferencias, sin que se tengan informes de investigaciones realizadas a nivel oficial y de sus resultados. Esos casos fueron:

. La radioemisora católica Radio Paí Pukú, ubicada en Teniente Irala, Chaco, soportó en julio, ya durante el gobierno de González Macchi, persistentes interferencias a sus transmisiones por varios días, en especial cuando emitían desde el Alto Paraguay las manifestaciones que realizaba la población para exigir la destitución del gobernador Oscar Alvarenga y el diputado Tarcisio Sostoa, por irregularidades administrativas y por acompañar el proyecto político de Lino Oviedo.

. La transmisión de la emisora Corazón del Norte, radio comunitaria del distrito de Lima, departamento de San Pedro, soportó interferencias en la tarde del 26 de agosto donde se amenazó al obispo Monsenor Fernando Lugo, a la senadora Elba Recalde y miembros de la comunidad que se estaban movilizando para frenar los hechos de violencia. Las interferencias habrían provenido de parte de personas vinculadas a la mafia que operan en la zona.

  • ¿Incursión política?

Todos estos hechos contra medios de comunicación acontecen en medio de situaciones que apuntan a mostrar la incursión de propietarios de medios en actividades políticas, o de estrechos acercamientos a las principales autoridades del gobierno, que se dan en especial luego de la caída del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi.

Así el director de La Nación Osvaldo Dominguez Dibb lanzó el 16 de julio una nueva corriente interna del Partido Colorado, ingresando en forma directa al campo político - partidario, y el ex presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, propietario del grupo Multimedia fue acusado el 5 de setiembre, por el presidente del PLRA, Julio César Franco de haber influido, a través de una campaña realizada por los medios de su propiedad, en la destitución del ex canciller liberal Miguel Abdón Saguier.

Igualmente surgieron hechos informativos que muestran al director del diario Noticias, Eduardo Nicolás Bó con una relación muy cercana con las principales autoridades del Poder Ejecutivo, ya que emplean el avión de su propiedad para viajes oficiales, y se produjeron permanentes reuniones de este empresario en Palacio de Gobierno.

  • Posición del SPP

Desde setiembre 1997, a partir de las elecciones internas del Partido Colorado, el SPP ha venido manifestando su preocupación porque casi todos los medios masivos entraron a formar parte del proceso de polarización que desbordó el ámbito político, yendo ese protagonismo político del sector empresarial de la comunicación de contramano con los fines de bien social de los medios de comunicación y puede perjudicar a la consolidación de la democracia de nuestro país.

  • Interrogantes

El cúmulo de acciones contra empresarios y medios de comunicación, abren interrogantes como: ¿son una reacción hacia los medios masivos por cumplir el papel crítico de contrapoder y se los está tratando de inhibir en el ejercicio del periodismo?, o ¿se puede considerar como respuesta del enfrentamiento entre los grupos de poderes fácticos?, o en el caso de las querellas , ¿se recurre a ella cada vez más para confrontar la falta de ecuanimidad de los medios empresariales?

PERSECUCION A RADIOS ALTERNATIVAS

Unos meses después de asumido el gobierno de González Macchi, hubo un desalojo de los adherentes al movimiento político de Lino Oviedo de la Asociación de Propietarios de Radios del Paraguay (APRAP), que durante mucho tiempo fue encabezada por Juan Carlos Bernabé, ahora con un proceso judicial por haber alentado a hechos de violencia durante el gobierno de Cubas Grau.

La nueva estructura de la APRAP encaró una fuerte campaña con el otro gremio de radialistas, la Asociación Paraguaya de Propietarios de Radios del Interior (APRI) para lograr la "moralización de la radiofonía paraguaya", que incluye que el organismo oficial de control, CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), clausure todas las radios ilegales. Sumaron a dicho listado unas 70 radios comunitarias que funcionan en el país y que desde 1995 buscan que CONATEL les otorgue lugares en el espacio electromagnético, y que se dé cumplimiento a la equidad de distribución de frecuencias que está garantizada en la Constitución, la ley de telecomunicaciones y los pactos internacionales.

CONATEL requisó equipos de varias radios comunitarias durante el gobierno de Cubas Grau. Durante el gobierno de González Macchi intentaron cerrar otras tantas, y no existen perspectivas alentadoras de que CONATEL reconozca el derecho de la sociedad civil organizada de acceder a las frecuencias de radio, porque el espacio electromagnético es un derecho de todos.

Se observa que la presión del sector privado para monopolizar las frecuencias de radio, que antes de daba en forma fragmentada, ahora se intensificó con la unión de los dos gremios empresariales. Esto no debe ser así, ya que el Estado debe distribuir las frecuencias entre todos los sectores de la sociedad que requieran de un medio de comunicación.

VIOLACION DEL ESTADO A DERECHOS LABORALES

. En el campo laboral del sector periodístico, organismos del Estados demostraron su violación a las leyes laborales, en perjuicio directo de la fuente de trabajo. El caso más grave fue de Radio Encarnación, donde el propietario, la compañía de teléfonos Antelco, dejó 7 meses de enero a julio- sin salario a sus trabajadores. La Antelco no demostró interés en solucionar la prolongada huelga en reclamo de los salarios, ni reactivar la emisora cuyos equipos eran obsoletos, y así dar continuidad a la radio que cumplía un importante rol de comunicación en la zona de Itapúa. Optó por cerrar la radio, sin pagar todo el salario adeudado a sus empleados ni las indemnizaciones, derivando el caso al Poder Judicial, donde llevará bastante tiempo tener una sentencia final.

. Luego en Radio Nacional del Paraguay despidieron el 1 de octubre a dirigentes de un recién formado sindicato de trabajadores, pisoteando hasta la ley laboral y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Estado Paraguayo, que garantizan la organización sindical. Asimismo impidieron a varios periodistas que sigan hablando en los programas de radio, como represalia por haber apoyado la creación del sindicato. Todas estas anormalidades fueron cometidas por el director de Radio Nacional, con el aval de la Presidencia de la República, administradora de la Radio, porque pese a los reclamos hechos, incluso del SPP, las máximas autoridades del gobierno no reaccionaron para solucionar el conflicto laboral.

Después de dos meses de movilizaciones de los trabajadores, la Presidencia de la República ordena en diciembre solucionar el conflicto, reincorporando a los trabajadores despedidos y la vuelta a las programaciones de la radio de los que fueron trasladados de sección.

CONCLUSIONES

  • El hecho de que la cantidad mayor de hechos de amenazas e intimidaciones contra el ejercicio de los periodistas se haya producido luego de la caida del gobierno de Cubas Grau y asumido el gobierno de González Macchi muestra la necesidad de que en el país, como parte de todo proceso democrático, asimile mejor la función de los comunicadores sociales y de la prensa, de modo a superar hechos que buscan amedrentar y censurar la labor periodística.
  • La libertad de expresión es la piedra angular de todo sistema democrático y el periodista debe tener garantías para informar a la sociedad sin intimidaciones.
  • Asimismo es necesario que los organismos de los Poderes del Estado muestren mayor interés, que hagan todos los esfuerzos por propia iniciativa, para esclarecer y sancionar a las personas que con detenciones, amenazas y atentados buscan coartar el derecho de información, opinión y de investigación del periodista, que al final beneficia a toda la sociedad civil.
  • Urge la implementación de la Defensoría del Pueblo para contar con una unidad independiente de los Poderes del Estado para dar seguimiento y solicitar acciones rápidas a las violaciones de los derechos humanos referentes a la libertad de expresión.
  • Cada vez se hace más necesario que las empresas periodísticas implementen mecanismos de protección a sus periodistas, dotándoles de seguros de vida, chalecos antibala y asumiendo las acciones legales que se requieran frente a las acciones de intimidación que se ejercen sobre los trabajadores de prensa. Este interés por la seguridad de los comunicadores sociales no sólo debe provenir del SPP, sino también de quienes explotan los medios de comunicación.

Otros desafíos para el campo de la libertad de expresión son:

  • Se necesita que los medios de comunicación reconozcan la necesidad de una regulación ética en el tratamiento de la información, y lo implementen, donde prime los intereses de la ciudadanía y no los intereses particulares. Los periodistas, a través del SPP, tienen asumido la importancia de un Código de Etica para mejorar la calidad del producto que se ofrece a la sociedad.
  • A fin de hacer frente a la desinformación y la manipulación informativa, los sectores ciudadanos organizados deben empezar a plantearse mecanismos que permitan salir de ese rol pasivo en la comunicación y pasar a un rol activo donde no sólo fiscalicen a los medios sino también logren una mayor inserción en el protagonismo informativo, y así llegar a contar con medios masivos con contenidos más pluralistas, responsables y ecuánimes.
  • Democratizar el acceso a las frecuencias de radios y televisión, donde el Estado debe terminar con el monopolio otorgado históricamente en favor de sectores privados, violando normas jurídicas nacionales e internacionales, y permitir el acceso igualmente de los sectores organizados de la sociedad civil.

Asunción - Paraguay, diciembre de 1999.


* Recopilación: Magdalena Riveros, secretaria de Derechos Humanos del SPP. Base de datos : Ezequiel Molinas. Texto enviado a SdP, para su difusión, por SPP


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