Sala de Prensa


18
Abril 2000
Año III, Vol. 2

WEB PARA PROFESIONALES DE LA COMUNICACION IBEROAMERICANOS

A R T I C U L O S

   
   


Perú

Abierto amedrentamiento

Cecilia Valenzuela Valencia *

Lima.- El gremio periodístico se encuentra polarizado en el Perú, el público distingue entre periodistas oficialistas o fujimoristas, y periodistas independientes o de oposición.

El acoso a los periodistas independientes en Perú se materializa de dos formas: con actos intimidatorios, cometidos por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional ( SIN ), del Ejército o autoridades locales del interior del país.

Y, en forma velada, a través del Poder Judicial, con procesos abiertos tanto a periodistas como a propietarios de medios de comunicación.

Las presiones judiciales pretenden acallar pesquisas periodísticas que ponen al descubierto corrupción en la administración pública, vínculos de autoridades y miembros de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico o violaciones a los derechos humanos perpetradas por los servicios secretos.

En 1999, la vigilancia e intento de amedrentar -con métodos menos sutiles- a los hombres de prensa en Perú tuvieron mayor rango estadístico en el interior del país. El desmesurado centralismo limeño y la fragilidad de las empresas periodísticas de las provincias convierte al periodismo en un oficio extremadamente vulnerable en estas zonas lejanas de la ciudad capital.

El caso de radio Marañón, en la provincia de Cajamarca, es el más notable de la larga lista de acontecimientos que ensombrecen el tema de la seguridad y las garantías de los periodistas en Perú.

En marzo del año pasado, el periodista de esa emisora, José Luis Linares, fue asaltado y abaleado en su domicilio por sujetos encapuchados. Días después sus colegas, Homero Marín Salazar y Olinda Pérez fueron asaltados y golpeados por desconocidos. El director de radio "Marañón", el sacerdote jesuita Luis Távara Martín, dijo que esos hechos forman parte de una retahíla de amenazas que recibieron –y que recrudecieron en julio del mismo año con persecuciones y seguimientos- en represalia por denuncias sobre atropellos contra los derechos humanos, corrupción y defensa del medio ambiente.

En septiembre del mismo año, el corresponsal en Cajamarca, del diario La República -uno de los periódicos más influyentes a nivel nacional- Juan Sausa Seclén, se vio obligado a abandonar su domicilio y permanecer en la clandestinidad, temporalmente, tras recibir recurrentes amenazas de muerte.

Las intimidaciones coincidieron con la publicación de un informe sobre Hugo Coral Goycochea, un integrante del grupo paramilitar "Colina" que trabajaba, con nombre falso, como el guardaespaldas del alcalde de la ciudad. El grupo paramilitar "Colina" fue acusado, sentneciado y casi inmediatamente amnistiado por el gobierno, por las matanzas de 15 personas en Barrios Altos ( Lima ) en noviembre de 1991 y de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle-"La Cantuta" en Lima, en julio de 1992.

En mayo de 1999, la policía del departamento amazónico de San Martín efectúo una serie de visitas a las radios de Rioja y Nueva Cajamarca, dos localidades del nororiente peruano. Sin mediar orden judicial alguna, los agentes exigieron a sus directores información de los propietarios y el personal que labora en dichas empresas periodísticas. La solicitud de datos incluía la "filiación política" de cada una de las personas requeridas.

El Jefe de la Policía Nacional de la zona, explicó luego que hubo un malentendido y que la acción sólo tenía como intención estrechar los lazos de la Policía de la región con los medios de comunicación.

En agosto, la Jefatura Político-Militar del departamento de Huancavelica, a 500 kilómetros al sureste de Lima, envió a las radioemisoras de su circunscripción un oficio que ordenaba a los propietarios, que remitan a esa autoridad todo el material informativo de sus espacios noticiosos, después de haber sido emitidos.

El documento, firmado por un capitán del Ejército, tenía el sello del Comando Político Militar de Huancavelica y decía textualmente: "...por disposición de nuestro escalón superior, debemos controlar todos los informativos emitidos en esta Zona de Emergencia".

En Lima, los más destacados periodistas de investigación de los medios de información independientes como los diarios La República, El Comercio, Caretas y algunos espacios televisivos, ahora desaparecidos, como Hildebrandt en Enlace Global" (Canal 13), "Aquí y Ahora" y "Sin Censura" (ATV) y "Contrapunto" ( Frecuencia Latina, 1997 ) fueron objeto de seguimiento personal, amenazas e interceptación telefónica.

César Hildebrandt, hoy director del diario "Liberación", fue el blanco del plan "Bermuda", un plan secreto elaborado por los servicios de inteligencia, que tenía como meta asesinarlo y que se denominó así, porque pretendía "ver muda a la prensa". El operativo fue desbaratado gracias a una revelación que hizo el reportero de investigación del diario "La República", Edmundo Cruz, un hombre de prensa que es vigilado al milímetro por sus reveladores reportajes sobre el manejo político del Ejército y específicamente, del SIN.

El ejercicio periodístico en el Perú es, permanentemente vigilado, un informe propalado por el programa televisivo de Frecuencia Latina, en 1997, puso al descubierto el entramado de las escuchas ilegales, de las interceptaciones telefónica, contra políticos y periodistas. La denuncia llegó a la Comisión de Defensa del Congreso del Perú, pero dos años después, un discutido dictamen, excluyó a las Fuerzas Armadas y al Servicio de Inteligencia de responsabilidad en el espionaje telefónico.

La denuncia se encuentra ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Alberto Fujimori, sin embargo, ha retirado al Perú, hace unos meses, de la Competencia Contenciosa de la Corte. La prensa peruana reclama garantías para ejercer con libertad.


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